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Observatorio de la Economía y la Sociedad de Panamá

DESCENTRALIZACIÓN, GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO LOCAL DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA. EVOLUCIÓN Y PARTICULARIDADES EN EL CASO DE PANAMÁ.

Yon Millán Albistegi
CIMAP
yonmillan@yahoo.es

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MARCO NORMATIVO Y PERSPECTIVA POLÍTICA DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN PANAMÁ

 

Desde el punto de vista político la descentralización es el proceso mediante el cual se transfiere desde el Organismo Ejecutivo a las municipalidades, y al resto de los niveles gubernamentales organizadas legalmente, con participación de las municipalidades, el poder de decisión, la titularidad de la competencia, las funciones, los recursos de financiamiento para la aplicación de las políticas públicas nacionales, a través de la implementación de políticas municipales y locales.

La descentralización es un proceso de carácter político, que demanda la distribución territorial del poder público entre entidades políticas dotadas de autonomía y de gobiernos propios elegidos libremente. Por lo tanto, es un producto de la democratización y un instrumento político idóneo para la planificación democrática del desarrollo, la reducción de la pobreza y la modernización del Estado.

En consecuencia, conforme el marco constitucional y legal vigente, el Organismos Ejecutivo promoverá, en primer lugar, la transferencia de funciones, recursos y toma de decisiones hacia los gobiernos municipales, conservando el gobierno central las funciones normativas y reguladoras; seguirá siendo responsable de la gestión estratégica de la política de desarrollo, la reforma y modernización de la administración pública, el establecimiento de normas de calidad para la prestación de servicios públicos y la supervisión de su cumplimiento.

El proceso de descentralización se materializará en sus primeros resultados en términos de la modernización de los niveles nacional y municipal de administración de gobierno, por la vía de una descentralización tecnocrática - administrativa. A mediano plazo se notará el impacto en la democratización del Estado y de la sociedad, a través de redistribución del poder y nuevas relaciones intergubernamentales entre la Administración Nacional y las municipales, mediante una concertada gestión descentralizada del territorio, en donde la participación ciudadana es consustancial, y determinante.

La gestión descentralizada del territorio hace evidente la necesidad de redefinir las competencias de la administración pública que permitirá, en el contexto del proceso de descentralización, y la transferencia de competencias al nivel municipal de gobierno, bajo criterios de eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.

La integración de las políticas sociales y políticas económicas, de manera que en lugar de enfrentarse y diluirse se complementen y se refuercen mutuamente es un elemento crucial de la estrategia de desarrollo humano sostenible. Esta circunstancia se enmarca en los nuevos modelos de desarrollo que armonizan la eficiencia económica con la equidad social. El enfoque integrado de la política económica y la social se sustenta en que la primera cumple también objetivos sociales por sus efectos en la creación de empleos y distribución del ingreso, mientras que la política social tiene incidencias económicas mediante la inversión en capital humano, el que contribuye a aumentar la producción y a elevar la productividad, ampliando la capacidad competitiva de la economía.

En este contexto es importante considerar las particularidades de políticas económicas de Panamá, dada la existencia de un sector dinámico, internacionalizado y altamente rentable, ofrece múltiples y muy atractivas oportunidades al resto de la sociedad. La existencia de este dinámico sector moderno, en especial las oportunidades de comercio económico internacional del Canal de Panamá, plantea también un conjunto extraordinario de oportunidades para integrar al desarrollo a segmentos crecientes de la población nacional.

El fundamento de la política social se sustenta en la promoción del desarrollo humano sostenible, y por tanto incidir en la reducción de la pobreza, la integración de los grupos excluidos del desarrollo y una distribución más equitativa de la riqueza.

Los lineamientos de la política social en Panamá se sustentan en la reducción de la pobreza de dos años porcentuales por año, de manera que para el año 2004 la proporción de la población pobre haya bajado del 37% al 27% .

En este período se abren una serie de objetivos marco en los que se engloban medidas tendentes a reducir en desempleo, cuestión en la que el ámbito municipal se convierte en el marco idóneo para la definición de las estrategias que den respuesta a los problemas del desempleo.


La micro, pequeña y mediana empresa se convierten en sujetos activos del proceso de dinamización del sector productivo para fomentar la comercialización de aquellos productos resultantes de los mercados locales.

La proximidad del ámbito de actuación garantiza en parte la mejora de la distribución y aprovechamiento de la tierra y la legalización de la propiedad. En este sentido hay que hacer hincapié en la importancia de fomentar la participación de la sociedad y las comunidades en la definición, priorización y la gestión de los programas sociales.

La política social constituye, un elemento central de cualquier estrategia de desarrollo económico que pretenda ubicar al país de manera favorable, y sostenible en las tendencias que prevalecen en la economía mundial.

La globalización presenta el riesgo de dejar al margen a aquellas sociedades que no sean capaces de participar activamente en la era del conocimiento, lo que supone niveles crecientes de productividad y flexibilidad ante el cambio, niveles cada vez más complejos de educación y formación. La política económica se convierte en un elemento central de la política social en la misma medida que ésta se constituye, a su vez, en un aspecto vital de la política económica.

La puesta en práctica de políticas de descentralización debe estar acompañada con la creación de nuevos espacios para una mayor participación de la sociedad. Así la descentralización del apartado del Estado, debe liberar el potencial democrático representado por los movimientos locales y regionales que operan al nivel de sociedad civil a fin de servir como suplemento de oportunidades para la participación popular, incluyendo la participación político-electoral proveídas por una democracia más participativa.

Los movimientos sociales que operan en el nivel de la sociedad civil necesitan el respaldo de la voluntad política de una eficiente administración y para ello esta relación se debe presentar en un modelo de participación popular. La participación popular, se restringe a la consulta, información y cooperación con la administración local, y no a los procesos de toma de decisiones, las cuales siguen siendo prerrogativas de los representantes electos en el proceso electoral.

Una estrategia de desarrollo nacional debe tomar en cuenta las necesidades locales y nacionales, sus particularidades y potencialidades, sus ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales. En este sentido el desarrollo nacional que promueve el desarrollo local y regional, debe avanzar en una doble perspectiva. Medidas para fomentar un desarrollo estructural con una amplia cobertura de arriba hacia abajo y esfuerzos de abajo hacia arriba que enfatizan las particularidades de las diferentes localidades y regiones.

El desarrollo de los proyectos para la transformación, siempre son modificados por las dinámicas gestadas por los actores. Los costos y beneficios derivados de las transformaciones políticas pueden ser compartidos por los diferentes agentes dentro de marcos institucionales que faciliten la participación ciudadana. La participación de los ciudadanos en la gestión pública es uno de los objetivos de los procesos de gobernabilidad democrática .

La construcción territorial del espacio de las decisiones públicas de abajo hacia arriba, que privilegia con una mayor autonomía al gobierno local, debe considerar la corresponsabilidad de competencias en la gestión pública .

La participación política de la ciudadanía en los gobiernos locales no debe reducirse exclusivamente a la elección de representantes. Pueden asumir la responsabilidad de la institucionalización de una política social y de servicios públicos que estén menos centralizados.

Una política de descentralización exitosa debe crear estructuras de auto-gobierno regional al mismo tiempo que permitir el desarrollo de actores sociales capaces de auto-administrarse y de desarrollar una identidad .

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