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DESCENTRALIZACIÓN, GESTIÓN
PÚBLICA Y DESARROLLO LOCAL DESDE UNA PERSPECTIVA COMPARADA. EVOLUCIÓN Y
PARTICULARIDADES EN EL CASO DE PANAMÁ. Yon Millán
Albistegi
CIMAP
yonmillan@yahoo.es
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LAS DINÁMICAS DE LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL
Como ya ha quedado reflejado en diversos
apartados del presente análisis, las transformaciones económicas, sociales,
tecnológicas y políticas están demandando una nueva forma de ejercer el
poder. El reparto de poder territorialmente es una respuesta, aunque no la
única, a este tipo de demandas. Aunque sea algo obvio, conviene recordar que
no es posible ejercer el poder si no existen condiciones de gobernabilidad.
La ingobernabilidad implica la incapacidad de definir y poner en marcha
decisiones políticas por parte del gobierno correspondiente. La
gobernabilidad implicaría, sin embargo, estabilidad y dirección. Ahora bien,
a efectos de este texto, no interesa la gobernabilidad sin más, sino la
gobernabilidad democrática. Y ésta ya requiere algo más que mero orden y
estabilidad, requiere que dicho orden se consiga con valores y
procedimientos democráticos.
La gobernabilidad democrática se podría definir como la capacidad de
presentar e implantar decisiones políticas respetando las reglas del juego
de la democracia y los principios fundamentales de su ejercicio –control
popular e igualdad política -. Pero ¿ cómo se consigue esto hoy en día?,
¿con gobiernos centralistas y jerárquicos?, ¿con nacionalismos étnicos y
xenofobia? Parece que no. Necesitamos una nueva forma legítima de gobernar,
no volver a los viejos errores.
La gobernabilidad democrática exige, así pues, legitimidad. La legitimidad
es un concepto confuso. No obstante, nos arriesgamos a defender que la
legitimidad parte de la existencia de unas normas y valores compartidos,
normas que generan unas reglas del juego, que deben ser respetadas por el
gobierno, y que dicha legitimidad se expresa en el consentimiento de los
ciudadanos , a ello añadiríamos que, para que todo ello cuadre, se debe dar
un cuarto ingrediente, el uso racional y eficaz del poder.
Los estudios sobre valores ciudadanos nos indican ciertos cambios de matiz,
frente a la sociedad de los años cincuenta - sesenta del siglo pasado, esos
cambios sutiles demandan unas adaptaciones en las reglas del juego, y marcan
unos criterios nuevos sobre qué se entiende por eficacia. Gobernar
legítimamente ahora exige crecientemente esa adaptación. Y esa adaptación es
lo que se entiende por gobernanza democrática: una forma de conseguir la
gobernabilidad democrática basada en el reconocimiento de la pluralidad de
actores, en la interdependencia, en la configuración de unos patrones de
conducta que faciliten la participación e interacción de los actores
sociales en los procesos de gobernabilidad democrática.
Esta reflexión me lleva a considerar que el sistema autonómico, más allá de
los rendimientos formales, se legitimará en la medida en que sea capaz de
generar unas actitudes y unas estructuras de intercambio e interacción
-entre los actores territoriales y entre éstos y la ciudadanía-
suficientemente colaboradoras y abiertas. En definitiva, en la medida en que
cree capital social y en que sea capaz de articularlo hacia el bienestar
colectivo y la convivencia de todo el Estado.
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