VII.2. Torcedura al Gran Viraje: la Revolución Bolivariana

Para 1998 el sub-sistema capitalista venezolano había dado importantes pasos hacia el esquema liberal ortodoxo de signo monetarista. La aspiración de superar la dependencia petrolera a través de la desnacionalización de la industria estaba tocando a su fin. La visión-objetivo formulada entre los think thanks y los liberales criollos, consistente en un modelo duro de acumulación basado en la propiedad privada y en el equilibrio funcional, tropezó finalmente con la insurgencia nacionalista. No es ninguna exageración afirmar que para ese año Venezuela ya era un enclave neocolonial casi típico, bastante lejos de cualquier ideal de motorización industrial capitalista. Las nuevas circunstancias globales estaban impidiendo el brote de nuevos actores autonomizados entre los pequeños países a la imagen de los tigres asiáticos, reasignando, en una dinámica vertiginosa, las áreas o nichos de producción, valorización y acumulación. Se formaron centros de maquila a lo largo y ancho de la periferia global, pero sólo China tuvo las condiciones apropiadas para materializar una asociación estratégica pari passu con el capital trasnacional, deviniendo en la última frontera de expansión del capitalismo global.

La profundización de las relaciones de dependencia en el contexto de un imperialismo casi primitivo pasó a caracterizar a casi toda la periferia. Ningún país neocolonizado podía entonces ni puede ahora pretender erigirse en un parangón de Corea del Sur. O es maquilador, abierto o encubierto, o es netamente proveedor de materias primas (commodities). La estrategia imperial procuró no sólo reducir al mínimo la renta petrolera fiscal, sino desbaratar los Estados nacionales en los enclaves proveedores, cosa que logró en los casos de Irak, Libia y Sudán, por mencionar algunos de los más relevantes. El capital trasnacional busca feudalizar todos los territorios del viejo mundo que suministran energía y materias primas para imponer una recolonización en el contexto del caos, destruyendo toda resistencia nacionalista y laica mientras suscribe alianzas con grupos delincuenciales que, bajo la figura de extremistas religiosos o jefes tribales, aseguran un control mínimo de suministros mientras exterminan toda resistencia y siembran terror. La imposición de la inestabilidad es el signo del nuevo esquema de recolonización, pues permite disfrazar el dominio directo empleando delincuentes junto a empresas mercenarias, evitando así incómodos intermediarios políticos, oprimiendo la población civil y extendiendo la miseria, lo que les proporciona adiciolamente fuerza de trabajo semi-esclava. Se trata de una inestabilidad programada, teledirigida desde Estados Unidos en coordinación con los grandes capitales que explotan productos primarios.

Esta estrategia de imperialismo a secas, directo, agresivo y sin escrúpulos, que cuenta con el apoyo orgánico del capital mediático corporativo, se estableció a partir del atentado de bandera falsa del 11 de septiembre de 2001. Pero ya se perfilaba desde antes de la invasión a Panamá, habiendo avanzado en África, y sus raíces vienen desde la crisis iraní de 1980, después de la cual convirtieron a Irak en un teatro de operaciones experimental exitoso por pasar la “prueba” de la comunidad internacional, una “comunidad” absorta, confundida y rendida a los designios imperiales. En este contexto, América Latina, (salvo los protectorados coloniales históricos -v. gr. Panamá, Honduras, Haití), presenta al imperialismo un área refractaria por la larga tradición republicana e institucional, por presentar pasividad religiosa, una relativa estabilidad étnica, mayor nivel de desarrollo y fronteras definidas en la mayoría de los casos. En esta región el imperialismo requiere todavía la intermediación del estamento político civil, que hace bien su trabajo en países clientes como México, Colombia o Perú. Además, el intervencionismo ejecutado a través de los ejércitos nacionales de ocupación “curó” a la región de una nueva resaca de tiranías de charretera. El esquema de penetración e intervención en América Latina en los 90 fue el de la zanahoria y el vasallaje, soterrado pero efectivo.

El problema comenzó a finales de 1998 con el triunfo de Hugo Chávez. Ya para 2001 el gobierno venezolano era una piedra en el zapato yanqui no sólo por la amenaza revolucionaria interna, sino por el acelerado impacto que estaba generando en el ámbito internacional, tanto en América Latina como en la periferia global. La docilidad y el entreguismo que caracterizaron los 80 y 90 empezaron a medrar con la creciente influencia de la Revolución Bolivariana en el seno de los pueblos latinoamericanos, así también en organizaciones como la OPEP. Esto último constituyó una amenaza seria, hecho que con mucha seguridad aceleró los planes imperiales desatados desde 2001 contra los regímenes petroleros enemigos, representados por Irán, Irak y Libia. El recorrido de Chávez por estos países fue el reto que asumió Estados Unidos para afincar la estrategia de intervención armada directa e indirecta en el Medio Oriente. En 2001 comienza el duelo entre el imperialismo y el frente multipolar progresivamente articulado por los duros de la OPEP más Rusia, Bielorrusia y China. El fortalecimiento de la OPEP, después de años de ostracismo, aunado a la creciente burbuja financiera mundial basada en la deuda norteamericana y la especulación inmobiliaria (en paralelo a la elevación del costo medio de operación), permitió el alza de los precios y con ésta una recuperación crecientemente significativa de la renta diferencial para Venezuela.

El lapso de tiempo transcurrido entre 1989 y 2001, año en que se promulga la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos1 , sucede todo lo necesario para la definición de las nuevas trincheras de combate en el terreno geopolítico. Chávez canalizó a lo interno la reformulación política mediante la constituyente, pero con sorprendente habilidad se movió en el medio internacional en la búsqueda de acuerdos y apoyos que han sido determinantes para la Revolución Bolivariana. Ya para las elecciones de 1989 la burguesía nacional reaccionó infructuosamente tratando de detener el desastre. Cerró filas también junto a los personeros políticos desplazados del poder para impedir la aprobación de la constitución de 1999. Habiendo fracasado de nuevo, impulsó el boicot contra las leyes habilitantes de 2001, otra vez sin éxito. Agotadas estas acciones, pasó a la orquestación del golpe insurreccional de 2002 que contó con la asesoría directa del Pentágono. Mientras tanto, la rápida recuperación de los precios comenzó a proporcionar poder financiero para garantizar estabilidad económica y social, la que se logró definitivamente a partir de 2004, una vez consumado el triunfo de Chávez en el referéndum revocatorio convocado por la oposición. Entre 2004 y 2012, año este último de la partida física del Comandante, el sistema socio-político venezolano disfruta de una relativa paz, sin desaparecer del escenario la constante y estéril campaña de desestabilización que sube el tono en los momentos electorales.

La constitución de 1999, social-liberal en sus principios, consagra sin embargo una disposición decisiva para orquestar la oposición radical de la burguesía y el imperialismo, que contribuye a desmontar todo el proceso desnacionalizador de la industria petrolera de los años 80 y 90: el artículo 302. Reza así: “El Estado se reserva, mediante la ley orgánica respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico.” La Ley Orgánica de Hidrocarburos consagra este mandato constitucional en el artículo 9: “Las actividades relativas a la exploración en busca de yacimientos de los hidrocarburos comprendidos en esta Ley, a la extracción de ellos en estado natural, a su recolección, transporte y almacenamiento iniciales, se denominan actividades primarias a los efectos de esta Ley. De conformidad con lo previsto en el artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las actividades primarias indicadas, así como las relativas a las obras que su manejo requiera, quedan reservadas al Estado en los términos establecidos en esta Ley.” El artículo 5 de la Ley de Nacionalización adquirió con la Revolución Bolivariana rango constitucional. Además, la Ley deposita en el ejecutivo todas las facultades estratégicas y políticas (artículo 8). Esto deja claro que PDVSA es sólo un ejecutor. El artículo 3 define indubitablemente la propiedad nacional de los yacimientos: “Los yacimientos de hidrocarburos existentes en el territorio nacional, cualquiera que sea su naturaleza, incluidos aquéllos que se encuentren bajo el lecho del mar territorial, en la plataforma continental, en la zona económica exclusiva y dentro de las fronteras nacionales, pertenecen a la República y son bienes del dominio público, por lo tanto inalienables e imprescriptibles.”

El segundo golpe insurreccional de 2002 tuvo como eje precisamente a PDVSA, epicentro de la conjura. En abril de ese año se vio claro el propósito de desconocer la constitución, es decir, derogarla por decreto y volver al statu quo anterior a 1999. No hay que pensar que los conjurados quisieran retornar a la IV república, su objetivo era reestablecer los fundamentos axiológicos y pragmáticos del Gran Viraje ante la grave torcedura propinada por Hugo Chávez. Para el imperialismo norteamericano significó un revés notable por la red de solidaridad internacional que suscitaron los hechos, agilizando el desarrollo del sistema multipolar, además del estímulo que provocó en varios países latinoamericanos. La primera década del siglo XXI guarda una contradicción in crescendo entre los exponentes pluripolares2 y la determinación imperial de centralizar el control e imponer la pax americana mediante el neofascismo. Chávez, líder capaz de poner el freno a las reformas liberales en Venezuela, se convirtió en un baluarte y símbolo de contención de la dominación imperial y del afán monopolizador de las corporaciones occidentales. La Revolución Bolivariana torció los planes de la alta burguesía criolla y el capital petrolero trasnacional, pero también desencadenó una compleja dialéctica interna ante la desarticulación de los fundamentos de la política económica liberal.