VII.3. La Revolución Bolivariana y la hegemonía capitalista

Habíamos dicho más antes que la diferencia clave dentro del plano económico entre los paradigmas liberal y bolivariano consiste en la estrategia respecto de la renta fiscal. Los aspectos centrales de los primeros años de gobierno bolivariano fueron principalmente políticos, antes que económicos. Ciertamente no hay elementos de juicio que permitan inferir claridad inicial en cuanto a la problemática de fondo del sistema económico-social, más allá de un tratamiento urgente de la exclusión y la pobreza. Es decir, la insurgencia bolivariana no contemplaba un programa detallado y formulado científicamente de transformación radical sistémica aparte de la concepción de principios transformadores, condensando el eje de acción en el rescate de la soberanía sobre los recursos y sobre el Estado. Realmente, para 1998, ningún exponente de izquierda tenía nada parecido a un plan revolucionario remotamente bien estructurado que apuntara a socavar las bases hegemónicas del sistema de dominación. Después de la debacle del marxismo-leninismo, la izquierda perdió todo norte en cuanto al qué hacer frente al nuevo derrotero del sistema capitalista global y su dinámica social.

El documento programático de Chávez para el momento de la investidura presidencial fue el Libro Azul, que contiene un conjunto de elementos teóricos y axiológicos, incluyendo algunos aspectos esenciales que habría de madurar y enriquecer más tarde. Están basados en las aportaciones de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, constituyentes del árbol de las tres raíces. No aborda un análisis sobre la realidad estructural fundada en el enclave petrolero, ni sugiere herramientas para transformarla, pero asoma planteamientos programáticos y éticos que habrían de sintetizar las acciones emprendidas en los primeros tres años de gobierno.

El Libro Azul proclama el Proyecto Nacional Simón Bolívar, con un horizonte temporal de 20 años. El primer aspecto fundamental es la necesidad de la asamblea constituyente: “[El modelo de sociedad original]… podrá lograrse a través de una Asamblea Nacional Constituyente de carácter plenipotenciario…” El segundo aspecto, de carácter esencial y raíz ética, es el concepto de la “democracia participativa y protagónica”. Chávez asimiló en esta propuesta el agotamiento del modelo de democracia representativa: “Se trata, entonces, de un verdadero y auténtico sistema democrático, cuyas instituciones trascienden con creces la minusvalía y el estado de sobrevivencia al que los gobiernos populistas llevaron la democracia en América Latina. `Todo el poder para el pueblo´ es una consigna perfectamente válida que debe orientar el proceso democratizador hacia la sociedad proyectada en el horizonte objetivo.” La primacía del poder constituyente sobre el poder constituido y la democracia participativa y protagónica, son dos pilares que configuran la dirección revolucionaria que irrumpe en 1998 e imprime la fisonomía de la Revolución Bolivariana.

Ya en el gobierno, Chávez fue permeable a la aportación teórica de intelectuales y revolucionarios del país y de todo el mundo, como István Mészáros o Celso Furtado. Nutrió su matriz cognitiva y evolucionó hacia un complejo programático forjado mediante el ensayo-error, que terminaría sintetizándose en el Plan de la Patria 2013-2019. La convocatoria a la Constituyente agrupó personeros de la izquierda histórica y también liberales no ortodoxos que atemperaron el ímpetu radical, pero plasmaron finalmente una doctrina de soberanía totalmente contraria a los designios imperiales. Las leyes habilitantes terminan por configurar el cuerpo jurídico temprano de la revolución, principalmente la Ley Orgánica de Hidrocarburos y la Ley de Tierras, formulada para combatir el latifundio. Todo este cuerpo constitucional y jurídico está enmarcado en la república liberal-burguesa, pero contiene aspectos que “pujan” hacia una democracia más radical, entre ellos, la participación democrática y protagónica del sujeto social.

Sin embargo, el recobro del dominio nacionalista sobre los hidrocarburos y el acrecentamiento de la renta fiscal encararon al ordenamiento sistémico de la economía, su basamento ideológico y su estructura de producción y distribución. La torcedura del Gran Viraje conllevó ciertamente a una reversión de la mayoría de los axiomas que lo sustentaron, entre ellos, la renacionalización de empresas. Ninguna de estas acciones fue revolucionaria en esencia, ni aplicada por primera vez, pero sí estuvieron sujetas a una línea de gobierno desmarcada de la incidencia directa de la burguesía y de Estados Unidos. Chávez se deslindó inmediatamente, imprimiendo plena independencia al ejecutivo de cualquier interés ajeno, hecho totalmente sin precedentes en la Venezuela republicana. El nuevo presidente se propuso el rescate social de las masas en situación de pobreza, para lo cual apeló a la distribución de la renta petrolera en tanto fuente soberana perteneciente al pueblo. Las políticas sociales adquirieron así carácter prioritario bajo la figura de las misiones, lo que fue ciertamente revolucionario en un país con millones de excluidos y explotados. La consigna, manejada por el ministro de economía Jorge Giordani, fue conocida como saldar la deuda social, que podríamos comprender como doctrina Chávez-Giordani de inclusión social, operativa a lo largo de la primera década del siglo XXI.

Lentamente se fue componiendo el marco de acción en sus diferentes aristas. La política económica avanzó a un esquema de administración de divisas conforme al gasto social, formulando programas de inversión de distinto signo, tanto directas del Estado como de promoción del sector privado. El presidente fue reconociendo la necesidad de encauzar la política pública hacia el dominio de lo económico en manos del Estado y la sociedad civil revolucionaria: los trabajadores urbanos y los campesinos. Este proceso fue impregnado de una dura lucha de clases desatada desde 2001 y agudizada con el segundo golpe insurreccional, que paralizó casi todas las actividades económicas. El ejecutivo se hizo consciente de la urgencia de tomar en sus manos áreas claves de la producción, de las importaciones de bienes de primera necesidad y de la distribución, especialmente para garantizar la seguridad alimentaria, mientras en muchas empresas los trabajadores exigieron el control directo o conjuntamente con el Estado para su nacionalización o expropiación. Esta fase de la Revolución Bolivariana antecedió al referéndum de la reforma constitucional de 2007. Paralelamente a la creciente entrada de divisas petroleras se estaba gestando a duras penas una matriz de colectivización, desatando un complejo de contradicciones, marchas y contramarchas.

Después del segundo golpe, PDVSA quedó en manos del Estado revolucionario, iniciándose una fuerte ofensiva por el control estatal en distintas áreas, fundándose diversas entidades (algunas adscritas a la estatal petrolera), como PDVAL (Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos), PDVSA Agrícola, y MERCAL (Mercado de Alimentos). Las entidades agroalimentarias se encargaron de distribuir ante todo alimentos importados, debido al incremento de una demanda desproporcionada respecto de la capacidad de producción. El presidente empezó rápidamente a explorar y experimentar con varias alternativas de organización colectiva, entre ellos, los SARAO (Asociaciones Rurales Auto Organizadas), los Fundos Zamoranos, las cooperativas (mediante Ley reformada en 2003), y las llamadas empresas de producción social (EPS). Adicionalmente se emprendió la re-nacionalización de entidades de electricidad (Electricidad de Caracas), comunicación (CANTV), aérea (Conviasa), SIDOR (Siderúrgica del Orinoco), entre otras. Se forma así la idea de un robusto sector público combinado con distintas entidades de derecho privado no-capitalista (cooperativas) y de coparticipación laboral (EPS), sin llegar a establecer para éstas un marco jurídico definido. Constitucionalmente este aparato habría de coexistir con el sector privado tradicional capitalista. La constitución, que garantiza la propiedad privada, es también la base de reiterados llamados del gobierno a los empresarios para que emprendan su rol productivo situándose al margen de cualquier beligerancia política.

Es largo mencionar todas las acciones e implicaciones de la política económica de la Revolución Bolivariana, cuyos aspectos estructurales llegaron a enmarcarse en el Plan Simón Bolívar 2007-20013, después de que Chávez difundiera el objetivo de la construcción del socialismo bolivariano en 2005: el socialismo del siglo XXI. Nos interesa aquí referir el contexto contradictorio desatado entre todas estas acciones y el régimen mercantil-capitalista en tanto sistema dominante, jugando un papel crucial el creciente peso de la renta petrolera. Entre los múltiples factores que entraron en este proceso debemos anotar la maduración del pensamiento del presidente hacia el socialismo y el impulso de la reforma constitucional de 2007. La derrota electoral de la reforma puso un punto y seguido a varios planteamientos fundamentales necesarios para dar los primeros pasos hacia una constituyente propiamente socialista, entre ellos la territorialización comunal, llamada a reemplazar hacia el futuro los arcaicos, corruptos e ineficientes municipios; y la figura de la propiedad social, directa e indirecta, superior a la noción común de la propiedad estatal sobre los medios de producción. El presidente se abocó al objetivo de construir el poder popular, un concepto central también madurado con la experiencia y con diversas aportaciones históricas, promoviendo la promulgación de 5 leyes que recogen lo más importante de la frustrada reforma, con excepción de los dispositivos eminentemente constitucionales, tales como el situado, que no pueden recibir las comunas. Estas fueron los últimos esfuerzos orientados a la transformación estructural antes de la formulación del II Plan Socialista o Plan de la Patria 2013-2019, esfuerzos que no han tenido al presente la eficacia esperada de contrapesar el dominio privado de la oferta de muchos rubros de primera necesidad.

El dinamismo transformador duró realmente un poco más allá de 2007. Luego sobrevino un período de estabilización que habría de concluir a finales de 2012. Es en este período cuando se asientan las definiciones del nuevo statu quo de la V República. Vamos a compendiar algunas de estas definiciones: a) se consolida la política central de construcción del estado de bienestar mediante las misiones, contando entre las más importantes la misión Barrio Adentro (salud), Vivienda, Alimentación, Amor Mayor (sistema de pensiones), Robinson (alfabetización), Ribas (completación de la educación básica), Sucre (acceso al subsistema educativo universitario), y Agro-Venezuela; b) se forma y consolida un estamento burocrático de Estado al frente de casi todas las sociedades públicas, entre ellas PDVSA; c) se emprenden importantes inversiones industriales públicas, adicionales a las re-nacionalizaciones, con una fuerte participación extranjera proveniente de las alianzas multi-polares, especialmente de China, Rusia, Bielorrusia e Irán; d) en el sector petrolero PDVSA emprende múltiples alianzas con el objetivo de elevar la producción, otorgando prioridad a la Faja Petrolífera del Orinoco, mediante empresas mixtas con participación mayoritaria del Estado representada por la CVP (Corporación Venezolana del Petróleo); d) en materia de política fiscal y monetaria, el Estado procura la estabilidad bajo controles directos (tipo de cambio, precios de productos regulados y subsidiados, tasas de interés), manejando un creciente nivel de subsidios como parte del apuntalamiento del estado de bienestar, incluyendo el subsidio de la divisa; e) en materia de política comercial no hubo cambios significativos respecto de los años 90, desestimando la contención proteccionista de la economía de puertos; f) en materia tributaria, se acometió una acción de recaudación interna similar a la planteada en el VIII Plan, que, como se vio antes, efectivamente ha elevado la recaudación no petrolera, pero apuntalada con absorción de renta. Igualmente permaneció vigente el IVA, una criatura dilecta del VIII Plan.

La política industrial llegó a descansar prácticamente en el sector público, afincándose casi en exclusiva en las alianzas internacionales, pero no se planteó una estrategia sustitutiva de importaciones ni de protección comercial selectiva. El alcance a la fecha de las inversiones públicas no es aquí evaluable, al no contar con la información necesaria, pero cabe sospechar que una parte considerable de la capacidad instalada neta aun no está en operaciones, es decir, está incipiente el ciclo largo de retorno. La confrontación con la burguesía y el escenario de beligerancia ha conducido a un contraste fuerte entre la evolución de las inversiones públicas y las privadas en el período comprendido entre 1999 y 2010. Para tener una idea, en 1999 la formación bruta de capital fijo del sector público participó con 32,4 por ciento sobre el total, mientas que para 2010 sobrepasó el 60 %. Es decir, la inversión bruta del sector público prácticamente se duplicó en 12 años. Pero no es todo. En 2010 la inversión bruta pública alcanzó 115 MMMBs., mientras que en 1999 fue de 40,4 MMMBs., a precios de 2010, arrojando una tasa de crecimiento para el período de 185 %. En cambio, el sector privado muestra 11 % negativo. El promedio de las tasas de crecimiento anuales, para ambos sectores, fue de 12,3 y 3,6 por ciento, respectivamente. El sector privado solo muestra altas tasas de inversión bruta en el bienio 2004-2005. Todo esto invierte el signo respecto de los 90, señalando la determinación de ensanchar el especio productivo público con fines de bienestar social, lo que ha evolucionado a una reasunción considerable del capitalismo de Estado. Pero más allá de las políticas estatistas, el sector privado se abstuvo estratégicamente de acometer inversiones por una razón fundamental, que tiene poco que ver con la reacción política ni el temor a riesgos de cualquier naturaleza: la expansión de las importaciones rentísticas, que ha permitido la migración de la esfera del interés privado hacia la ganancia comercial-financiera. El logro de altas tasas de ganancia con baja inversión es una combinación aberrante que sólo puede tener como correlato la fuga de capital y un incremento del consumo conspicuo (no productivo) por parte de los dueños del capital, grandes y pequeños.

La Revolución Bolivariana, al provocar la colisión frontal con el mundo burgués idílico prevaleciente hasta 1998, logra de-construir el paradigma neocolonial pero sin afinar aun el diseño de una estrategia de contención y supresión de la lógica funcional del capitalismo rentístico. Todas las acciones redistributivas enmarcadas en una emergente visión desarrollista, inscrita en el Plan de la Patria bajo el objetivo de Venezuela potencia energética, suceden dentro de la esfera dominante mercantil-capitalista, mientras los verdaderos esfuerzos por transformar las relaciones de producción discurren principalmente al margen de las políticas nodales del Estado, brotan principalmente como producto de la lucha de clases en una especie de ebullición caótica. La supresión de la lógica funcional del capitalismo rentístico significa, ni más ni menos, la supresión de la propia lógica del capital, para lo cual no fue planteado, hasta la formulación del Plan de la Patria, una ruta coherente de ofensiva contra-hegemónica. Esto sucede a pesar de que tras la doctrina Chávez-Giordani hubo formulación teórica para dimensionar la transición.

Para entender este atolladero es necesario ir a la fuente de la dirección económica del ejecutivo. En palabras de Giordani: “Nos llama a sorpresa que se califique de política explícita el hecho de fortalecer el Estado rentista, hecho que ocurre como necesario en una fase como la que estamos atravesando en cuanto a las insuficiencias de la producción interna y el grado de necesidades acumuladas como deuda social que aún no han sido canceladas y que en parte vienen a condicionar el avance de las fuerzas productivas del país…” Esta estrategia amerita una evaluación crítica que no cabe en este trabajo, pero pone de manifiesto los límites de la ofensiva revolucionaria bajo la preconcepción de una fase hacia la transición. La expansión de la renta, sin un replanteamiento radical de las relaciones de producción dominantes, debía conducir necesariamente a la reconstitución funcional plena del capitalismo rentístico. La síntesis del antagonismo medular no ocurre entre dos paradigmas metabólico-sociales, sino entre la contra-ofensiva pro-imperial de recolonización y el frente nacionalista radical revolucionario de liberación nacional, cuyo contenido histórico es policlasista y no necesariamente socialista. Esta puede ser concebida como lo esencial de la fase revolucionaria iniciada en 1998, lo que se halla efectivamente contenido en el Plan de la Patria bajo el objetivo histórico Nº 1: Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años: la Independencia Nacional. La independencia nacional es entonces un baluarte conquistado y un piso para lo que sigue. Pero la Revolución Bolivariana, que puso finalmente en cuestionamiento el ordenamiento capitalista-burgués, no ha activado de manera frontal, coherente y viable dispositivos de negación lógico-funcional del sistema hegemónico. No fue concebido en su origen y tampoco fue un tema de la Asamblea Constituyente.

La estrategia de saldar la deuda social postergó el ensamblaje de estos dispositivos por considerarlos prematuros, inconducentes respecto al estado de atraso de las fuerzas productivas. La estrategia central se resume en la apropiación fiscal de la renta petrolera para volcarlos a la cobertura de necesidades irresueltas que, por la propia situación de las fuerzas productivas, tenían que atenderse con importaciones. Este enfoque eminentemente economicista del problema desestimó la necesidad de sincronizar frentes con primacía táctica de prioridades, en previsión del impacto contraproducente de la avalancha de renta internacional. De inmediato entran factores objetivos y subjetivos que conspiran contra la posibilidad de una transición capaz de armonizar la construcción del estado de bienestar con la formación sostenida de nuevas relaciones de producción, que permita además ir reduciendo la riesgosa dependencia rentística del gasto social. Entre ellos, una dirección económica proclive a la pragmática keynesiana y un estamento funcionarial-burocrático con exponentes de poder político sinérgico con la esfera privada, que reproduce espacios comunes de interés lesivos a la integridad ética pública. Buena parte de la capacidad instalada sigue en manos de monopolios privados que no han sufrido mella ante la ofensiva del capitalismo de Estado, refrenando el dominio de la propiedad social y, muy particularmente, de la propiedad social indirecta fundada en el ejercicio colectivo democrático de la gestión.

El capitalismo rentístico se ha restablecido así en el contexto de la expansión del capitalismo de Estado y de la construcción de un robusto estado de bienestar como objetivo último de la inclusión social. He aquí la contradicción más importante de la insurgencia de la Revolución Bolivariana. La constitución radical-liberal de 1999, las reglas de juego enmarcadas en la continuidad y normalización de las relaciones mercantiles, la conformación de oligarquías de dirección político-económicas, tanto en el ámbito público como privado, devienen en calidad de fronteras histórico-concretas sobre la eficacia del radicalismo democrático-social de la revolución en su premisa meridiana, el poder popular, la democracia participativa y protagónica esbozada en el Libro Azul. Pero el acrecimiento de la renta es el factor objetivo clave y paradójico de la contradicción intestina pues, si de un lado ha servido para saldar deuda social y volcar recursos al bienestar de las masas otrora empobrecidas y al desarrollo de las fuerzas productivas, ejerce en paralelo de freno estructural ante la necesidad de transformación de las relaciones de producción y emancipación de clase.

La renta en manos del Estado revolucionario es un problema para las burguesías nacional y extranjera, pero es al mismo tiempo la fuente de estabilización funcional de la vida económica enmarcada en los valores burgueses, destrabando en sentido negativo la necesidad de resolver los antagonismos sociales inherentes al capitalismo gracias al relajamiento de las tensiones propias de sus relaciones de producción, hipertrofiando segmentos no laborales, estimulando la sociedad de consumo, el incremento del parasitismo social y la desconexión estructural de vastos sectores de la población que, aunque atendida por el nuevo estado de bienestar, no accede a una auténtica dignificación sustentada en el trabajo creador y emancipado. La renta petrolera sigue siendo, en un nuevo sentido, el excremento del diablo y un problema para el propio Estado revolucionario.

El efecto ambivalente de multiplicador y bloqueador del desarrollo que ejerce la renta en el marco del modelo capitalista, lo ejerce igualmente en cuanto al esfuerzo de emancipación sistémica. Adicionalmente, las contradicciones en juego hacen que la burguesía beligerante deba atentar recurrentemente contra la propia estabilidad interna, creando un bucle demencial entre la tendencia a la estabilización inducida por los altos ingresos petroleros y el boicot reaccionario, ingrediente que no existía antes de 1998. De allí que, a lo largo del proceso bolivariano, la restitución funcional del capitalismo rentístico no se haya sintetizado en una normalización entre estructura y superestructura, toda vez que la burguesía no detenta el poder político formal del Estado. El efecto objetivo moderador o supresor de la emergencia de nuevas relaciones de producción que induce la renta no permite resolver el antagonismo de fondo, impidiendo superar en sentido positivo al capitalismo rentístico, que se entroniza como respuesta reaccionaria pasiva ante la imposibilidad del capital de retomar el esquema neocolonial de los 90.

Lo que aquí se quiere significar es que la emergencia de las nuevas relaciones de producción no es un asunto que depende de la prioridad de un frente sobre otro o del despliegue de una etapa en una secuencia lógica; dichas relaciones son objetivamente impedidas por la sobreabundancia de renta petrolera en el medio mercantil-capitalista. El último gran esfuerzo realizado por Hugo Chávez para destrabar el estancamiento de la revolución es el Plan de la Patria 2013-2019, que contempla una síntesis programática mucho más definida de transición al socialismo, desplegada en el Objetivo Histórico Nº 2. Pero el cuadro evolutivo de la contradicción entre la Revolución Bolivariana y el capitalismo rentístico revitalizado, comporta el riesgo de estacionar peligrosamente al socialismo bolivariano en un erosionado esquema de bienestar colectivo anclado en la renta sin posibilidades objetivas ni subjetivas de transformación cualitativa del basamento metabólico social.