APROXIMACIÓN AL CAPITALISMO RENTÍSTICO VENEZOLANO

APROXIMACIÓN AL CAPITALISMO RENTÍSTICO VENEZOLANO

Alejandro Landaeta Salvatierra (CV)
PDVSA Servicios Petroleros, S. A.

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VII. Dos proyectos contrapuestos de superación del capitalismo rentístico

Venezuela ha transitado desde 1989 por dos paradigmas antitéticos de transformación radical del sistema económico, que explícita o implícitamente han pretendido superar la dependencia rentística: el llamado Gran Viraje, plasmado en el VIII Plan de la Nación; y el planteamiento madurado durante el proceso político liderado por Hugo Chávez a partir de 1998, que identificaremos como Revolución Bolivariana. Ambos paradigmas presentan diferencias de fondo sustanciales, pero es posible afirmar, a la luz de los resultados que hemos venido examinando, que en ningún caso, hasta el presente, puede hablarse de una modificación estructural determinante o definitiva de las bases funcionales del régimen capitalista asentado en la renta petrolera, si bien el primero avanzó en esa dirección. La diferencia clave entre ambos, en cuanto a lo económico, consiste en la estrategia respecto de la renta fiscal: el Gran Viraje apuntó a minimizar los ingresos fiscales de los hidrocarburos y privatizar renta bajo el pretexto de elevar proporcionalmente los tributos no petroleros; la Revolución Bolivariana, por el contrario, propugnó el rescate de los derechos fiscales rentísticos mediante la defensa de precios y el control soberano de los yacimientos. En buena medida, la Revolución Bolivariana reivindica lo medular del nacionalismo forjado a fuego lento en el transcurso de la asimétrica relación con las trasnacionales petroleras, truncado formalmente en 1989.

VII.1. La travesía liberal de El Gran Viraje

En la práctica, los personeros políticos y económicos que concibieron al Gran Viraje perseguían anular la renta fiscal y promover un capitalismo liberal que, en el contexto de la plena libertad de mercados, habría de fomentar el crecimiento orientado hacia las exportaciones no tradicionales, capaz a un tiempo de proporcionar bases tributarias suficientes para el funcionamiento de un Estado llevado a su mínima expresión. El marco estratégico fue el crecimiento sin inflación, plasmado en el VIII Plan de la Nación. Veamos: “Una política fiscal de equilibrio es el instrumento estratégico del plan de desarrollo que tiene por meta un crecimiento estable. La mejor política económica es la que crea condiciones a la iniciativa privada para que asuma su rol de motor del crecimiento.” 1 La reforma tributaria, y dentro de ella el impuesto al valor agregado, fue la medida idónea para ese planteamiento sistémico: “La introducción de un impuesto a las ventas tipo valor agregado constituye el eje fundamental de la estrategia de modernización tributaria.”2 Es así que las acciones llevadas a cabo entre 1989 y 1998 perseguían una regresión al régimen de pleno dominio de las corporaciones, proceso iniciado a principios de los 80, desmantelando derechos fiscales sobre los hidrocarburos y sustrayendo en los hechos el control estatal de los yacimientos, de la producción y la comercialización.

La transferencia de las propiedades estatales fue determinante entre los objetivos del Gran Viraje. Citamos: “Los aspectos prácticos incluyen la identificación de las oportunidades y la viabilidad de transferir empresas al sector privado, a través de distintas modalidades. La aplicación de estos criterios permitirá la selección de la racionalización más adecuada para cada empresa. Este esquema incluye transferencias directas de propiedad, transferencia de gestión, reestructuración de la propiedad y mejoramiento de la eficiencia de los entes.” 3 El sector petrolero formaba expresamente parte de este objetivo fundamental, a pesar de cierta moderación de lenguaje, procurando “promover una mayor participación privada en el negocio petrolero, sin la pérdida de control estratégico por parte de PDVSA.” 4 Ya comentaremos en qué consistió propiamente ese necesario “control estratégico de PDVSA”.

La estrategia de anulación de la renta fiscal estuvo sostenida por un conjunto de medidas bien estructuradas hacia esos objetivos, entre las cuales se pueden referir: a) dogma de la conveniencia de primar la oferta sobre los precios, con lo cual se hacía imperativo elevar la producción petrolera para garantizar mercados y competitividad; b) “internacionalizar” la industria, de modo que los bajos precios de los hidrocarburos significara en los hechos una transferencia de renta en los niveles de refinación y comercialización fuera del territorio, tanto a los socios estratégicos como a los Estados consumidores; c) neutralizar la influencia de la OPEP; d) reducir la presión fiscal sobre PDVSA y sus socios, incluyendo la reducción y en algunos casos la casi extinción de las regalías; d) captar inversiones extranjeras a través de la apertura petrolera; e) expandir la explotación de los extensos yacimientos pesados de la Faja del Orinoco clasificando al recurso yacente como “bitumen”, y comercializado el crudo como “orimulsión”, con lo cual se garantizaba el más bajo precio y un elevado margen entre los niveles de producción, mejoramiento, refinación y comercialización.

La reducción de la presión fiscal sobre PDVSA y sus socios fue expresa, formando parte clave de la reforma tributaria: “Venezuela ofrece una atractiva oportunidad de inversión para los capitales extranjeros, en particular en el área minera y petrolera. Sin embargo, para aprovechar las oportunidades, es necesario poner a un lado los mitos tributarios en relación a las actividades de este sector tan vital para el país. Hoy en día, las desproporcionadas tasas impositivas que soportan estos sectores han producido un desestímulo a la inversión, dando como resultado un desaprovechamiento de la riqueza que yace en nuestro subsuelo.” 5 Resumir en el concepto de mito tributario más de 70 años de evolución de la conciencia sobre los derechos fiscales petroleros, fue el modo de desembarazarse del incómodo pudor que significaba la regresión a un esquema primitivo de entreguismo, con el propósito de poner fin al desaprovechamiento de la riqueza que yace en nuestro subsuelo… por parte del capital monopolista trasnacional.

El conjunto de medidas maduradas en el ámbito petrolero a fines de los 80, compendiadas finalmente en el Gran Viraje, fue cónsona con la depresión de los precios del crudo, conllevando a disminuir en lo posible la participación fiscal sobre la ganancia bruta, anular la participación fiscal sobre la ganancia extraordinaria, lograr altos márgenes de comercialización en manos de PDVSA y sus socios, privatizar de facto los yacimientos y desmantelar la contraloría estatal. Era necesario armar toda la teoría capaz de atolondrar la tradición soberanista que pudiera conservarse resabiada en los partidos populistas y en funcionarios de la industria y el Estado. Eso se acometió agresivamente y con cierto éxito durante los dos gobiernos liberales de los 90, complementando, a lo largo de un proceso tortuoso y conflictivo, dichas medidas con aquellas atinentes a la reforma estructural interna. La internacionalización petrolera, que había iniciado con la propuesta del proyecto de reforma del artículo 5 de la Ley de Nacionalización en 1985, había sido la antesala de todos dispositivos puestos en marcha con el Gran Viraje. Sobre la internacionalización refiere Gastón Parra que “…después de que el Congreso Nacional había hecho el mencionado intento de reformar la Ley de Nacionalización, [el Ejecutivo] no esperó su asentimiento por parte de las cámaras legislativas y procedió bajo su responsabilidad, en enero de 1986, a la aprobación del convenio de la Veba Oel, de Alemania…”6 Es decir, la internacionalización había empezado de facto.

El sector petrolero tenía que volver a la condición de un enclave internacional disociado de la esfera económica interna, mientras ésta debía desenvolverse en forma espontánea de acuerdo a las premisas del take off liberal auspiciado por el FMI, mediante la desregulación arancelaria, la libre circulación de capitales, la absorción de inversión extranjera, la contención salarial, la flexibilización laboral, la privatización de empresas estatales, la “reconversión industrial” y el estímulo de las exportaciones no tradicionales. La reforma estructural de los 90 procuraba superar el capitalismo rentístico mediante el aislamiento del sector petrolero, como si tuviera que dejar de ser por siempre la fuente primordial de las divisas requeridas por el aparato productivo nacional. El esquema estaba claro: privatizar, internacionalizar y abrir el negocio petrolero junto a la transformación del sistema productivo en un bolsón capitalista tomado por las corporaciones extranjeras y focalizado hacia el sector externo. Para ello era menester, sobre todo, brindar a los inversionistas bajos salarios y relaciones laborales laxas. Según el VIII Plan “…la inversión extranjera se presenta como indispensable a los efectos de complementar el ahorro interno y tener un acceso a tecnologías avanzadas y mercados.”7

La estrategia iniciada con el Gran Viraje consistía así en separar de nuevo las dos aguas de la estructura económica, galvanizadas históricamente hasta cierto punto gracias a la creciente participación fiscal sobre la renta. Diríamos… al pan, pan y al vino, vino. La industria petrolera nacional debía hacerse de nuevo autónoma y libre de ejercer el control de la exploración, la producción, la refinación y la comercialización, junto a sus antiguos socios trasnacionales, determinando los planes de inversión y explotación al margen de los intereses del Estado y la nación, tanto dentro como fuera del territorio. La excusa de cuidar y ensanchar mercados, además de prepararse para un reñido escenario 8, eran las piedras angulares de la ideología de la internacionalización y la liquidación de la noción de soberanía, como lisa y francamente lo reveló Teodoro Petkoff. 9 Gastón Parra llegó a formular un cuestionamiento frontal: ¿cuál ha sido el papel de PDVSA? La estatal llamada a tomar en sus manos las riendas de la actividad vital de la economía venezolana, se erigió en la quinta columna del capital trasnacional. Dice al respecto Gastón: “Los hombres que iban a dirigir esa industria eran los mismos que hasta el 31 de diciembre de 1975 se encontraban en la mesa de negociaciones, discutiendo, aduciendo, dando argumentos a favor de las empresas trasnacionales…”10 Son los mismos hombres que conspiraron más adelante para derrocar al gobierno de Hugo Chávez. Continúa Gastón: “…PDVSA propalaba la tesis de que el Estado, en su interés por obtener mayores ingresos, estaba sacrificando a la `gallinita de los huevos de oro´… Se aducía que la carga fiscal era excesiva para PDVSA. Que era conveniente que el Estado venezolano disminuyera la carga impositiva para la industria petrolera…”11

Para hacernos de una idea de la disminución de la renta percibida por el Estado en el transcurso de la década de los 90, se elaboró un conjunto de cálculos cuyos resultados se exponen en la tabla VII-1. A decir verdad, lo plasmado en el papel ya estaba en ejecución desde que empezó la internacionalización. En las columnas superiores se muestran el ingreso bruto por exportaciones petroleras, los costos operacionales, estimados a partir de la estructura agregada del sector, el cálculo de la ganancia bruta, y la renta petrolera internacional, estimada de acuerdo al método del PODE12 aplicado a las cuentas nacionales. La RPI discurre claramente a la baja hasta 1993, aunque sus dimensiones más exactas las veremos adelante al observar los valores en bolívares ajustados por corrección monetaria. La contracción más drástica de los ingresos y la RPI ocurrió en 1998, al cerrar ésta en 6,2 miles de millones de dólares frente a un pico de 13,6 en 1996.

Las columnas inferiores destacan la ganancia normal (ganancia bruta 13 menos la RPI), la cual busca ensancharse hasta 1996, los ingresos fiscales petroleros y las ratios de los ingresos fiscales sobre la ganancia bruta y sobre la RPI. Ambas reflejan el comportamiento declinante de la participación fiscal sobre el excedente petrolero. Hasta 1992 la proporción es relativamente elevada, acusando una percepción fiscal de renta comprendida entre 93 y 104 % en el trienio. Pero, en adelante, la baja es continuada hasta 1996, en que ambas participaciones muestran, respectivamente, 44 y 51 %. Es decir, ya para 2006, de acuerdo a los cálculos efectuados, casi la mitad de la renta no fue enterada al fisco. En el bienio 97-98 se refleja una recuperación, pero es explicable por la propia subida de los ingresos. En la tabla VII-2 se puede ver el estimado de la distracción de RPI con el objetivo la internacionalizar y privatizar, acusando un máximo de 6.642 millones de dólares dejados de enterar al fisco, el 49 % ya señalado.

La distracción habría alcanzado 17 mil millones de dólares en el período. Esto representa el 106 % de la deuda renegociada en 1990.14 Sólo las amortizaciones netas públicas y privadas de todo el período alcanzaron 28 mil millones de dólares. Representa por otra parte el 101 % de la inversión extranjera recibida. La estrategia de los jerarcas de PDVSA dio sus frutos: aparte de una buena parte de la RPI, la ganancia normal quedó bastante lejos de gravamen, con la salvedad del bienio 91-92. La participación fiscal sobre la ganancia normal apenas refleja 2 % en el período. El propietario del recurso, al dejar de participar sobre la renta diferencial, puso en manos de la estatal & cía. con bastante comodidad toda la ganancia normal. Claramente PDVSA devino como instrumento para la recanalización de renta hacia las corporaciones. Llegó a fungir fácticamente y a plenitud como una entidad de derecho privado, dislocándose de la autoridad del Estado en el plano estratégico-político15 . El VIII Plan asignó a la corporación nacional carta blanca para establecerse como pivote de la reprivatización de una actividad reservada al Estado, violando el artículo 5 de la Ley de Nacionalización, facilitando adicionalmente la apropiación ilegítima de recursos hidrocarburíferos y la distracción de derechos fiscales conquistados históricamente 16.

De modo que, para liberar a la economía de la alta dependencia de los ingresos petroleros, la solución consistía nada menos que en privar al Estado y a la propia economía de dichos ingresos hasta donde fuera posible, soltarle la mano a la criatura para que aprendiera a desenvolverse con independencia y malicia en las cáusticas circunstancias de una globalización feroz. 17 Tal noción tenía que conducir necesariamente a un cuadro de economía neocolonial sujeta al dominio de los capitales corporativos extranjeros, para los cuales se dispusieron todas las ventajas de admisión. El enclave petrolero habría de estar complementado, como en los primeros tiempos, por una economía de orilla formada ahora por conglomerados financieros foráneos, capitales comerciales y de servicios, mientras se afianzaban las condiciones para la instalación de infraestructuras orientadas a la exportación.18 Como veremos, efectivamente hubo un estímulo a las exportaciones no petroleras que, no obstante, expresan un mayor peso, antes por la caída de la renta, que por expansión absoluta. La producción orientada al mercado interno dejó de ser prioridad, de tal suerte que al irrumpir la desregulación comercial, los segmentos capitalistas marginales o no vinculados a los intereses trasnacionales quedaron disociados de la nueva estrategia, debiendo adaptarse o desaparecer.

Entre 1990 y 1998, medida a precios constantes, la actividad manufacturera del sector privado disminuyó a una rata anual de 2,8 %, con una media anual de -2,4 %, mientras el producto agrícola hizo lo propio con -1,5 % interanual.19 Hay que señalar las incidencias de la crisis política del bienio 92-93 y la severidad de la crisis financiera de 1994 sobre todos los sectores, pese a lo cual el PIB de las instituciones financieras privadas registra una rata anual positiva de 4,1 %. La actividad de la construcción muestra un crecimiento anual de 3,4 %, destacando altas tasas, especialmente en el bienio 91-92. Pero el galardón del período aperturista lo gana el segmento de las comunicaciones, cuyo crecimiento interanual entre 1992 y 1998 alcanzó 10,4 %. La introducción de capitales en ese segmento, que incluyó la privatización de CANTV (1991), fue de los más importantes en el caudal de inversión extranjera.

No resulta fácil discernir, sin embargo, si el plan liberal de los 90 fracasó por inviabilidad intrínseca del reordenamiento capitalista en función de las premisas ortodoxas, o por la reactividad social, o por ambas cosas. No es complicado demostrar que las burguesías y pequeñas burguesías nacionales no llegaron a un consenso pleno o aceptación incondicional de las reformas, como se comentó atrás en una nota a pie de página. Concebidas para auspiciar al gran capital, en la medida que favorecieron por goteo a los modestos capitalistas, la conflictividad inicial fue moderando. La reforma de la Ley Orgánica del Trabajo fue clave en este punto, gracias a la eliminación de la retroactividad de la prestación de antigüedad.

Pero es innegable la seriedad y determinación que impuso la dirección política de las reformas, escudada tras la figura populista y algo patética de Carlos Andrés Pérez. El objetivo de privatizar de facto o de derecho la industria petrolera y conducir a un capitalismo “sano” fue realmente un propósito sincero de los elementos hallados detrás del VIII Plan, constituido por el FMI y los llamados “Chicago boys”, al margen de los beneficios personales contantes y sonantes negociados con la venta de la soberanía. Para destrabar al capitalismo de la dependencia de una renta que parecía encogerse para siempre como piel de zapa, los reformistas se concentraron en tres aspectos esenciales: activar de un todo los mecanismos de apropiación directa del grueso de la ganancia bruta petrolera; confinar al Estado a su mínima expresión; y “sanear” a lo interno el aparato de valorización para maximizar la formación de plusvalía. Hacia 1992 daban pasos firmes en esa dirección.

Reconvertir a Venezuela en un enclave neocolonial energético con una fisonomía y fisiología de fachada industrial pasaba así por erradicar la cultura populista de la socialdemocracia histórica,  la idea del welfare state y las prácticas keynesianas tropicalizadas. Esta visión general se hallaba en plena sintonía con lo que estaban impulsando globalmente las burguesías imperiales a través del FMI y otras instituciones de supragobierno, volcadas a una reconstitución planetaria del macro-sistema de valorización, basamento del nuevo orden mundial. El problema con el que tropezaron los Chicago boys fue que aun estaban lidiando en una democracia institucional y con un pueblo bastante díscolo, poco disciplinado y acostumbrado a décadas de paternalismo rentista. La resistencia de los estamentos burgueses locales no fue tan drástica como la reacción popular que empezó desde el mismo momento en que se decretó la primera etapa de las reformas ortodoxas. Los muchachos de Chicago debieron prever que para aplicar la integridad de las reformas necesitaban un émulo de Pinochet y no una república fundada en el sufragio universal. El esperpento populista que utilizaron para ganar las elecciones de 1998 y lubricar la introducción de las reformas no logró la estabilidad necesaria ni la domesticación de los vastos segmentos de desarrapados cuya situación económica se agravó.

La reacción política de la izquierda emergente, de los grupos nacionalistas civiles y militares, de representantes burgueses, organizaciones sindicales (CTV, CUTV), políticos socialdemócratas (Reinaldo Izaguirre, Escovar Salom, entonces Fiscal General), e intelectuales (Ernesto Mayz, Arturo Uslar), reunidos algunos de ellos en el grupo de “notables”, desbalanceó la buena marcha de los cambios, aunque no condujeron a su cancelación. El proceso de transformación liberal siguió su curso a pesar de la defenestración de Carlos Andrés y del ulterior triunfo electoral del ya senil Rafael Caldera, otro remozado populista de vitrina de la vieja guardia puntofijista,20 que con la “Agenda Venezuela” pretendió suavizar la severidad de los ajustes con algunos momentáneos paliativos “en retroceso”, como el control de cambios.21 La auténtica amenaza provino de los alzamientos militares de 1992, que catalizarían el freno del giro liberal en 1998. De allí que, antes que una liquidación del sistema rentista inherente a la llamada IV República, el ascenso al poder del Comandante Chávez fue principalmente la culminación de una reacción masiva frente a la imposición de la disciplina liberal.

Paradójicamente, la irrupción de la Revolución Bolivariana corta el progreso del esfuerzo de superación del capitalismo rentístico por imposición del propio capitalismo y, con una visión nacionalista para entonces rebelde y emotiva, dejó percolar algunos de sus elementos basales. Sin llegar a ser una restauración del Estado populista-rentista previo a 1989, lo que llamamos la V República termina por retrotraer al capitalismo rentístico, aun cuando el proyecto político madurado tras la Revolución Bolivariana es, en esencia, totalmente antitético al propugnar la superación del mismo capitalismo en cuanto sistema de enajenación. Comenta Baptista: “…¿qué cabe entrever de la importante experiencia de los años recientes, asociada a la ocurrencia de un gran auge rentístico que, hacia 1997, no era posible conjeturar que se daría, y lo más significativo, que toma el signo de una acción política cuya orientación se declara contraria a la propia práctica capitalista establecida.?”22 La paradoja recae en el hecho de que el segundo esfuerzo de superar al capitalismo rentístico mediante la construcción del socialismo bolivariano23 , ha servido involuntariamente de plataforma para reproducirlo. Esto haría reflexionar sobre la aparente exageración de la virulenta oposición antichavista iniciada en 2001. Pero la explicación obedece principalmente a dos aspectos cruciales: a) la amenaza latente de construir una verdadera democracia socialista; y b) la reconstitución de la renta estatal de los hidrocarburos a desdén de los intereses de las corporaciones y los Estados consumidores. 24 En estos aspectos radica la decidida reacción que la burguesía orgánica y los agentes imperiales han desatado contra los gobiernos de la Revolución Bolivariana.

Los fundamentos funcionales del capitalismo rentístico en realidad no quedaron suprimidos entre 1989 y 1998. La RPI entró en barrena, pero aun así, y a pesar de algunas modificaciones importantes, el sistema económico persistió en la deriva rentística, dándose como respuesta inflación y cuadros recesivos. La lectura que se propone aquí es que el sistema económico quedó al garete y no hubo el acople transicional hacia un esquema productivista desenganchado de la renta y volcado eficientemente hacia el sector externo. Hay cuatro factores endógenos, por lo menos, que entran en juego para hacer inviable la culminación de las reformas estructurales: a) la resistencia de la propia burguesía tradicional, adaptada históricamente a una cómoda y protegida configuración oligopólico-rentística, lo que alimentó la presión inflacionaria y las prácticas especulativas; b) la resistencia política de los elementos nacionalistas conscientes de la defensa de los derechos fiscales rentísticos; c) el agravamiento del cuadro social, ya bastante deteriorado para 1989, ensanchando la exclusión y la pobreza, poniendo el piso del descontento y la inestabilidad; y d) la insuficiencia de tiempo para terminar de imponer la disciplina de explotación laboral en el marco del enclave extractivo, proceso que necesariamente tenía que ir acompañado de una enérgica represión. 25 Las circunstancias internacionales tampoco soplaban a favor, pues difícilmente un enclave petrolero sería capaz de lograr la doble condición de proveedor energético y economía emergente receptora de inversiones volcadas al mercado mundial, especialmente cuando se estaba formando aceleradamente el portentoso atractor chino.

Veamos seguidamente algunas cifras. Las importaciones disminuyeron drásticamente en el bienio 89-90, y la recuperación ulterior fue moderada. Es claro que la dependencia estructural de las importaciones no se pudo modificar bajo las condiciones heredadas y en tan corto tiempo, pues como ya mostramos, los sectores manufacturero y agrícola permanecieron prácticamente estancados, y no hay registro a la mano de ningún evento sustitutivo de importaciones que permita inferir alguna activación creciente del motor autónomo.26 El crecimiento de las inversiones no petroleras deriva principalmente de los procesos privatizadores y la instalación creciente de capital extranjero, en especial en el segmento financiero y el de comunicaciones. Las estadísticas revelan una década de estancamiento con dos períodos de crecimiento y dos recesivos. En la tabla 3 aparecen algunas variables seleccionadas para evaluar el saldo general de las reformas estructurales, a precios constantes de 2010. Los datos enmarcados en los recuadros con líneas discontinuas corresponden a los períodos recesivos, primando el momento en que se desencadenó la crisis financiera (1994).

El balance de la serie da cuenta de un comportamiento deprimido del PIB con una tasa interanual de -1,2 %. La columna 2 contiene la RPI estimada, calculada conforme al método del PODE. Puede verse que pasa de un monto calculado en 112 mil millones de bolívares (MMM Bs.) en 1990 a 32 mil millones en 1998, con una tasa interanual de -13 %. Pese a ello, el PIB no rentístico muestra un crecimiento interanual de sólo 0,4 %. Es decir, la baja en la RPI no refleja una autonomización del PIB conforme a las expectativas de los reformistas liberales. Es cierto, sin embargo, que la economía experimentó un interesante período de dinamización en el trienio 90-92, que debe ser considerado. 27 La formación bruta de capital fijo (FBKF) registra un alza desde 83 MMM Bs. a 133 MMM Bs. La recepción de capital extranjero privado, según el registro de la balanza de pagos, pasó de 213 millones de dólares en 1989 a 1.919 millones en 1991. El saldo para 1998 asciende a 4.560 millones. Para tener una idea de la recepción de capitales durante el período aperturista, en la década de los 80 la cifra total registrada en la balanza de pagos alcanza 1.003 millones de dólares, contra 16.857 entre 1990 y 1989. Parte de estos capitales corresponden al remate de bienes públicos. El sector privado recibió asimismo más de 5 millardos de dólares en préstamos. En 1991 y 1992 el PIB privado registró tasas reales de crecimiento de 10,8 y 10,2 %. Antes de la crisis política de 1993, hubo un empuje privatista que se apoyó en la construcción, las comunicaciones y las finanzas. La manufactura privada registra una alta tasa (8 %) sólo en el año 91. En adelante, mostrará tasas negativas en casi todos los años del período.

Veamos ahora el estatus de las importaciones. Empezaremos observando las cifras FOB de la cuenta corriente en millones de dólares, expuestas en la tabla VII-4. Las importaciones no petroleras se recuperan sensiblemente entre 1990 y 1992, pasando de 5.868 millones de dólares a 11.778 millones. La crisis financiera de 1994 golpea la tendencia y se registra también una baja en 1996 por la devaluación de finales de 1995, pero el saldo del período alcanza 15.261 millones de dólares al cierre de 1998, gracias a la breve recuperación de la renta ocurrida en el bienio 96-97. Las importaciones rentísticas (Mr, respaldadas por la RPI), bajan sensiblemente respecto de la década anterior, hallándose un registro minúsculo en 1990, debido a la baja de las importaciones acusada hasta ese año. No obstante, a lo largo de los 9 años analizados las importaciones rentísticas representan una media de 19 % sobre las importaciones FOB no petroleras.
Por el lado de los ingresos, se destaca claramente el incremento más o menos sostenido de las exportaciones no petroleras, arrojando una tasa interanual de 5,1 % y una tasa promedio de 7 %, con lo cual el objetivo previsto en 1989 se encontraba ciertamente en proceso de ejecución, sin llegar a ser suficiente para dotar las divisas requeridas por los importadores. Las exportaciones no rentísticas, incluyendo la porción correspondiente a las exportaciones petroleras, asciende según una tasa anual de 10 % y una tasa media de 12 %, pasando de 5.715 millones de dólares en 1990 a 13.425 millones en 1989. Ese incremento va acompañado de la baja continuada de la RPI, deducida a partir del coeficiente derivado de los registros de las cuentas nacionales.
 
La tabla VII-5 revela la información proveniente de las transacciones externas corrientes del BCV en miles de millones de bolívares, ajustados a precios constantes de 2010. El comportamiento de las importaciones totales muestra la recuperación hasta 1992, para ser luego impactada por la crisis financiera del 94, pasando de 120 mil millones de bolívares en 1990 a 180 mil millones, en cifras redondas. El saldo de cierre en 1989 no varía significativamente del inicial, registrándose una tasa de crecimiento de 0,1 %. El comportamiento de las exportaciones no rentísticas (ingresos corrientes totales por exportación de bienes y servicios menos la RPI), no muestra un comportamiento al alza, antes por el contrario presenta una tendencia negativa, con una tasa de crecimiento de -2,9 %. Esta variable es prácticamente estanca, debido principalmente a la afectación que ejerce la constante depreciación de la moneda. Por su parte, las importaciones rentísticas (importaciones totales menos exportaciones no rentísticas) muestran el comportamiento de la columna Mr, siendo nula en 1990, con un promedio de 23 % sobre las importaciones totales hasta 1998. En el año 1992 las importaciones rentísticas estimadas alcanzan el pico del período con el 46 % sobre el total, reflejándose además un déficit respecto de la RPI por 16 mil millones de bolívares. La tendencia es decreciente, pero como se dijo, más por la baja de la renta que por el fortalecimiento de las exportaciones no petroleras. La RPI pasa de representar el 19 % del PIB en 1990 a sólo 6 % en 1998. La RPI se hace prácticamente insignificante en ese año, culmen de la acción desnacionalizadora sobre el recurso hidrocarburífero.

La crisis financiera de 1994, que obligó a retomar algunos controles, marca un hito del cual prácticamente ya no habría de recuperarse la economía, dándose una inflación mayor a tres dígitos en 1997 y una recesión severa al año siguiente, de -8 % del PIB. La importaciones rentísticas se hacen muy poco significativas, lo que ocurre a la par de la tendencia al alza de las exportaciones no petroleras; pero el daño que ocasiona el flujo declinante de la renta, sin el complemento de un contrapeso sólido en el motor productivo, impide ya sostener el proceso de reformas, perdiendo el necesario apoyo electoral en 1998. La pérdida de la palanca gubernamental condujo a la desbandada final y al desconcierto de los agentes liberales y políticos reformistas. El balance social del período de reformas es elocuente. Entre 1990 y 1989 la remuneración per-cápita a los trabajadores ocupados, medida a precios de 2010, pasó de 2.350 a 1.819 bolívares / mes28 , esto es, una pérdida de 23 % en el poder adquisitivo de la remuneración media. La tasa de explotación del sector privado ascendió desde 165 hasta 180 % en el período. La tasa de desocupación, estimada por el INE en 11 % en 1998, ascendió a 14,5 % para 1999. Según estadísticas de la CEPAL, la población en situación de pobreza pasó de 40 % en 1989 a 49,6 en 1999, 29 un incremento de 24 %.

1 VIII Plan de la Nación, presentación al Congreso Nacional, enero de 1990, pp. 25-26. El resaltado es propio.

2 VIII Plan de la Nación, ibidem, p. 41.

3 VIII Plan de la Nación, ibídem, p. 32. Resaltado propio. Obsérvese que estaba contemplada incluso la transferencia de gestión, entendiendo por tal la determinación de la estrategia privada en el ámbito público empresarial.

4 VIII Plan de la Nación, ibídem, p.34. Resaltado propio.

5 VIII Plan de la Nación, ibídem, p.39. Resaltado propio.

6 Parra Luzardo, Gastón. De la nacionalización a la apertura petrolera, citado supra, p. 145.

7 VIII Plan de la Nación, ibidem, p.69.

8 “La estrategia petrolera se enmarca en un mercado mundial donde aumentará la competencia entre los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, particularmente entre aquellos que poseen grandes reservas petroleras como Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Iraq y Venezuela.” VIII Plan de la Nación, ibídem, p.35.

9 Al respecto puede consultarse el libro Clientes negros: Petróleos de Venezuela bajo la generación Shell, de José Enrique Arrioja, edición de Los Libros de El Nacional, Caracas, 1998.

10 Parra Luzardo, Gastón. De la nacionalización a la apertura petrolera, derrumbe de una esperanza, Edición del Banco Central de Venezuela, Caracas, 2009, p. 233.

11 Parra Luzardo, Gastón. De la nacionalización a la apertura petrolera, derrumbe de una esperanza, Edición del Banco Central de Venezuela, Caracas, 2009, p. 235. Véase como muestra la siguiente opinión: “La disminución del gasto público se logra reduciendo los impuestos petroleros, no importando la modalidad que se use para ello. Ello redundaría favorablemente porque sería devolverle a Pdvsa la solvencia económica y financiera que necesita.” Alexander Guerrero, “Pdvsa, gasto público e inflación”, diario Economía Hoy, Caracas, 22/10/91.

12 El método comprende las siguientes fórmulas:

EEN pet. = (SSpet + CCF pet.). TNE no pet,

donde TNE no pet. = Tasa normal de excedente (economía no petrolera); EE no pet. = Excedente de explotación (economía no petrolera); EE pet. = Excedente de explotación (economía petrolera); EEN pet. = Excedente de explotación ‘normal’ (economía petrolera); SS no pet. = Sueldos y salarios (economía no petrolera); CCF no pet. = Consumo de capital fijo (economía no petrolera); SS pet. = Sueldos y salarios (economía petrolera); CCF pet. = Consumo de capital fijo (economía petrolera). Fuente: Apéndice de la nota metodológica del PODE 2005. Para obtener la RPI en divisas se aplica el factor interno a la ganancia bruta calculada.

13 Se recuerda que la ganancia bruta es tratada aquí como una categoría económica, no coincide con el concepto contable empleado por el ejecutor de la explotación, que la obtiene al descontar los costos operacionales y la renta absoluta (reunidos estos conceptos en los costos de producción).

14 La porción renegociada ascendió a 15.998 millones de dólares.

15 “Con la misma sorpresa general, real o fingida, con la que el mundo se enteró de la monstruosa deuda de los países del Tercer Mundo, hace un par de años, parece que vino a ser conocimiento global que la casa matriz de la industria venezolana de los hidrocarburos se había convertido en una trasnacional petrolera con todos los atributos, ventajas, diseños, volubilidad y potencia que ello infiere.” (Aníbal R. Martínez, “La conspiración contra PDVSA”, diario El Nacional, 19/11/1991).

16 “Tengo mi reflexión acerca del artículo 5 de la Ley. La mejor manera de estar claros como país sobre cuáles son nuestros intereses y defenderlos es ser realistas, dejar los mitos y los dogmas. Si lo que queremos es desarrollar la faja y se hace necesario modificar el artículo 5 se debe proceder, pues tal y como está en su redacción es cuesta arriba que las empresas extranjeras deseen invertir en algunas asociaciones manteniendo el Estado el control, cuando esas empresas tendrían mayoría accionaria.” (Humberto Calderón Berti, diario El Nacional, 09/12/1991). No obstante dijo Gustavo Roosen: “Conforme a la declaración de la Corte Suprema de Justicia, `control´ no es sinónimo de participación accionaria mayoritaria (SIC)” (Roosen, “Aplicando el artículo 5º”, diario El Nacional, 27/05/1993) Cosas veredes Sancho.

17 “Las nuevas condiciones cada vez más exigentes en el comercio internacional, y el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones de bienes finales, obligan a promover una mayor competitividad de la actividad local. (…) Se propiciará la competencia y con ello la eliminación de los monopolios estatales en los mercados internos y en las exportaciones, liberando además las empresas básicas de la limitación de cubrir con exclusividad la demanda nacional.” VIII Plan de la Nación, ibidem, pp. 56 y 34.

18 Nunca se habló de maquila, pero esto habría sido lo inevitable si las reformas estructurales hubiesen llegado hasta sus últimas consecuencias en el plano industrial, es decir, en ausencia de la reacción popular que se produjo durante toda la década y que llevó al desenlace político de 1998.

19 La actividad manufacturera privada muestra un empuje en el bienio 90-91 que es cortado en el 92. En ese bienio se produce una recuperación del PIB consolidado. Las desregulaciones de precios y las prerrogativas recibidas por el empresariado en materia laboral constituyeron con seguridad un estímulo a las inversiones, a pesar del impacto del desmontaje arancelario.

20 Este astuto demagogo del siglo XX venezolano logró la escalada electoral con el hábil giro dado en el Congreso Nacional ante la intentona de febrero de 1992. El hombre que habría de tomar el relevo de los objetivos liberales se dirigió al país en estos términos: “Yo quiero decirle desde esta tribuna, con toda responsabilidad al Presidente de la República, que de él, principalmente, aunque de todos también depende, la responsabilidad de afrontar de inmediato las rectificaciones profundas que el país está reclamando. Es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer…” (Diario El Nacional, edición del 5 de febrero de 1992).

21 En un artículo de mi autoría publicado en 1994, sostengo: “En líneas generales, de acuerdo a lo que ya hemos podido ver del nuevo Plan de Estabilización Macroeconómica, o Plan Corrales, éste no se aparta de los aspectos básicos de la estrategia económica inaugurada en 1989.” (A. Landaeta, “De regreso al gran viraje”, diario El Vigilante, 14/09/1994).

22 Baptista, Teoría económica…, op. cit.p. XXXV.

23 “No vamos a copiar ningún modelo…el nuestro será un socialismo cristiano, bolivariano, ecológico, zamorano…socialismo democrático, que debe sustentarse en la soberanía del pueblo y no en un soberano”. Hugo Chávez, Comité Socialista de Estudios, comitesocialista.blogspot.com.

24 En mi opinión, el mayor pecado de Chávez frente a las potencias imperiales fue haber logrado consenso en el seno de la OPEP para moderar la oferta, aprovechando a un tiempo la coyuntura especulativa de la economía de casino global, elevando así la renta para Venezuela. Un objetivo de la ofensiva imperial desde la segunda guerra de Irak ha sido precisamente acabar con la apropiación estatal de las rentas de hidrocarburos en las zonas productoras.

25 Es claro que los estamentos dominantes no lograron el consenso y la cohesión suficientes para articular un aparato represivo a la manera como sucedió en el cono sur. Las fuerzas armadas, especialmente después del Caracazo, habían cambiado hacia una postura menos represiva y menos complaciente con los estamentos civiles, tanto políticos como económicos, en buena medida gracias a la decadencia en la moral colectiva acentuada desde los años 80. Los reformistas liberales precisaban de un ejército 100 % adoctrinado por la Escuela de las Américas, sin escrúpulos, sin un ápice de nacionalismo y sin prurito por la institucionalidad democrática y los derechos humanos. En esto fallaron.

26 Tomando como condición de piso mínimo el PIB del año 92, al evaluar la elasticidad del PIB respecto de las importaciones, los resultados dan menos de la unidad, indicando que el motor autónomo no tuvo estímulos explicables por sustitución de importaciones.

27 Que en realidad no cubrió las expectativas de los reformistas, los cuales contemplaron en el VIII Plan el siguiente pronóstico: “la actividad productiva interna recuperará su dinamismo, al alcanzar una tasa de crecimiento promedio anual de 5,4 por ciento entre los años 1989 y 1993.” VIII Plan de la Nación, ibídem, p.119.

28 Cálculos realizados según estadísticas del BCV (remuneración a empleados de las cuentas consolidadas), y el INE (población ocupada total).

29 CEPAL – CEPALSTAT, Población en situación de indigencia y pobreza según edad y sexo del jefe de hogar y área geográfica. Jefe de hogar de ambos sexos, (15 años o más).