Organizándose para exportar: la producción de jitomate bajo invernadero en la ciénega de Zacapu, Michoacán

Fidencio Servín Juárez1

A principios del siglo XX, siendo presidente Porfirio Díaz, la ciénega de Zacapu fue desecada, usando técnicas hidráulicas basadas en canales y entarquinamiento [1] por parte de concesionarios españoles liderados por Alfredo Noriega. Esto permitió incorporar alrededor de 25 mil hectáreas de cultivo, de las cuales su propiedad (Hacienda de Cantabria) ocupaba más del 50% de la superficie desecada. Noriega apelaba a las leyes de colonización y baldíos (1883 y 1894) y al financiamiento hipotecario [2]. Los cultivos de maíz y trigo sobresalieron, y la ciénega se convirtió en el granero de México. La infraestructura productiva y las vías de comunicación se fortalecieron, en especial el ferrocarril y la energía eléctrica [3]. El derecho y uso del territorio prevaleció hasta 1934, cuando Lázaro Cárdenas del Río aplicó la reforma agraria, y las prácticas productivas asimiladas como peones en las haciendas, fueron establecidas después como ejidatarios.
La tierra fértil se ha visto mermada por el monocultivo del maíz, y los canales que drenan la ciénega se encuentran en mal estado. Cultivos como la lenteja y el garbanzo, que aparecieron en los años 70’s, ubican a la región como la principal productora de lenteja de México. El fenómeno migratorio en esta zona se remonta a 1942, cuando los primeros contratos temporales fueron expedidos con motivo de la segunda guerra mundial, proceso que se acelera en los 80’s. Durante la cosecha las leguminosas requieren gran cantidad de mano de obra, provista por trabajadores temporales que arriban a esta zona cada año en abril y mayo. Los costos de producción sobresalen a los ingresos [4], y el déficit es subsidiado con remesas desde los Estados Unidos. Los esfuerzos encaminados a fortalecer las cadenas productivas no han prosperado, y la exportación de lenteja es a través de intermediarios. La organización ejidal inconclusa durante el cardenismo, es re-conceptualizada cuando Lázaro Cárdenas Batel es electo gobernador del estado en 2002. La planeación en las 10 regiones del estado tenía como eje al Subcomité de Planeación para el Desarrollo Regional (SUPLADER) [5], donde se buscaba involucrar a la sociedad civil en los procesos de planeación regional y al desarrollo. Para la Ciénega, considerada la región 02, se delinearon estrategias de desarrollo [6] mediante programas y proyectos [7], asignándole un recurso inicial de 20 millones de pesos. Aunque en la región se desconocía la forma de producción en hidroponía, el proyecto con mayor impulso fue la producción de jitomate bajo invernadero, que incluía la exportación, y fue promovido por la empresa española ULMA2 . Para alcanzar los objetivos, los actores conformaron Sociedades de Producción Rural (SPR) y Uniones de SPR. En este trabajo se retoma la teoría del actor [8] mediante los estudios de caso [9] y la etnografía [10], analizando las redes [11] y [12] y los proyectos colectivos,  considerando la noción de redes socio-técnicas [13] y la de interfaces [14], a través del discurso [15]. El estudio es parte de una tesis doctoral y considera el periodo 2003-2005, abarcando distintos ámbitos y actores del proyecto de invernaderos.

Palabras clave: Actor-Red, Desarrollo Regional, Teoría del actor.

Introducción: actores, redes y proyecto

La interacción entre actores sociales y colectivos [11], en la región de la Ciénega [1] de Zacapu, Michoacán [2] y [3], se aborda desde la perspectiva del actor [7], como consecuencia de la puesta en marcha del proyecto de invernaderos destinado a producir jitomate para exportación, como estudio de caso [9]. Dentro de la normativa estatal y regional debería de figurar la participación ciudadana, como eje rector del desarrollo. Desde esta perspectiva se deberían atender las necesidades planteadas por las comunidades por los tres niveles de gobierno representados al interior del SUPLADER [5]. El nivel intermedio representado en el ámbito regional pretendía coordinar las acciones, avalando el impacto regional con la participación de dos o más municipios en los proyectos sometidos al SUPLADER. Los distintos proyectos individuales fueron asociados a grupos de trabajo en primera instancia, y luego con SPR’s que agrupadas conformarían una Unión de SPR. La figura constituida como Unión permitiría acceder a los recursos comprometidos, tanto del SUPLADER como de otras instancias incluidas en el esquema financiero; a través de la Unión se realizaría la comercialización. Para obtener mayor detalle se usaron técnicas etnográficas [10]. 

En el municipio de Numarán, Michoacán, la SEDAGRO3 había autorizado la construcción de 10 invernaderos de media hectárea, y los beneficiarios eran asesorados por el Despacho Consultor de Negocios representado por el Lic. Blázquez de nacionalidad española. Blázquez decía representar a ULMA. El presupuesto requerido para construir una nave de media hectárea era de 1’500,000 pesos. Al no prosperar las gestiones en Numarán, la SEDAGRO se compromete con el SUPLADER Zacapu con dos millones de pesos para el proyecto. La  autorización estaba destinaba para la Unión de Invernaderos Ruta de la Libertad. Para apalancar el proyecto, el delegado de la SAGARPA en Michoacán se compromete verbalmente para apoyar en las gestiones para equipamiento y capacitación, reduciendo las trabas ante Alianza para el Campo. El SUPLADER, por su parte, acuerda iniciar con las 10 naves distribuidas en los ocho municipios que lo conforman, destinando 500 mil pesos por nave. La propuesta consistía en fusionar los recursos de SEDAGRO, SUPLADER y Alianza para el Campo, los socios deberían estar constituidos como SPR de R.L.
Aunque un requisito para ser socio de una SPR, era no ocupar un puesto público, los ayuntamientos propusieron funcionarios públicos o allegados a ellos para que fueran beneficiarios e integrantes de las SPR, argumentando que la puesta de un invernadero ‘muestra’ en cada municipio, seriría como detonador en proyectos similares en el corto plazo.
El delegado de la SEPLADE Zacapu planteaba
el gobierno estatal ha dado “luz verde” en autorizar recursos para 10 grupos, y ver cómo funciona el proyecto con las naves ‘muestra’. Los ayuntamientos darán seguimiento a los invernaderos en sus respectivos municipios.
Por este motivo, la convocatoria no trascendió más allá de los ayuntamientos en turno, y la sociedad civil no fue convocada porque esto implicaba saltarse el reglamento del Subcomité. Esto se justificaba:
-Ellos podrán echar a andar el invernadero sin problemas, cuentan con el recurso económico para eso. Se busca generar un cambio tecnológico en la región. Que los campesinos vean que hay otras formas de producir [Rafa, técnico de la SEPLADE].
Bajo esta percepción, el proyecto debería implementarse para tener un impacto en la forma tradicional de producción, sin importar el medio por el cual se construyeran los invernaderos. El delegado en la región opinaba que
este proyecto [invernaderos] estaba destinado para beneficiarios que aportaran mínimo el 30%, con la intención de manejar un fondo revolvente, y generar un efecto multiplicador en la región.
       Los fondos comprometidos para el proyecto ascendían a 700 mil pesos para cada nave, se esperaban 450 mil pesos por Alianza para el Campo y 150 mil pesos por parte de FIRCO en forma de garantía liquida respalda por FIRA para capital de trabajo. El resto sería aportado por los beneficiarios, iniciando con 150 mil pesos por grupo. Las naves serían independientes y estarían situadas en terrenos propiedad de cada SPR, para lo cual deberían contar con agua de buena calidad, asegurando el abasto para el invernadero. Para gestionar los recursos se debería contar con un proyecto, que incluyera cartas compromiso de comercialización, corridas financieras, plan de negocios para proyección de una integradora. También la capacitación debería ser provista por un Prestador de Servicios Profesionales (PSP) certificado para validar el proyecto. El denominado “Despacho Consultor de Negocios”, representado por J. Blázquez, al enterarse del proyecto ofreció sus servicios a los grupos en conformación. Blázquez contaba con el apoyo de algunos funcionarios del gobierno estatal y federal que representaban a SEDAGRO, SAGARPA, FIRCO y FIRA. En el despacho colaboraban técnicos certificados como PSP. Blázquez, de unos 50 años edad, piel clara y vestido formal de traje, quién al momento de expresarse inspiraba confianza en su discurso, articulaba adecuadamente el uso del lenguaje apoyándose con gesticulaciones y ademanes. Este despacho promocionaba el cambio tecnológico en la modalidad de hidroponía e inocuidad bajo techo. Proponía que fueran adquiridos en un paquete, donde se incluía desde la gestión de recursos, la adquisición de la tecnología, la puesta en marcha y la comercialización, llamándole ”llave en mano”. Las SPR bajo este esquema, aportaría un terreno accesible de media hectárea, que tuviera luz eléctrica y agua. La producción estimada por ciclo productivo era de 680 ton/ha. El despacho aseguraba:
 Es necesario cambiar la mentalidad del campesino, tender hacia una visión empresarial, pues se trataba de establecer una “empresa chiquita” (sic) [Lira, miembro del despacho].
Se proponía que la empresa ULMA, de origen español, fuera el proveedor del invernadero, mientras que la capacitación estaría a cargo de un grupo de personal técnico propuesto por las SPR y que sería capacitado en España. Los beneficiaros podrían incorporarse, si lo deseaban, a las labores de cultivo, o bien podían pagar a un tercero. En tanto, la comercialización estaría asegurada, fijando un precio de antemano para todo el año. Después de 4 años, el invernadero sería manejado por los socios directamente. Esta forma de amortizar la inversión implicaba ceder la administración del invernadero al despacho con la finalidad de absorber la brecha tecnológica. En su propuesta de funcionamiento técnico especificaba que el proyecto estaría a cargo del denominado “Despacho Consultor de Negocios” que él representaba.
            El costo de gestión para cada SPR ascendía a 4,500 mil pesos por gestión ante Alianza, y un endoso de 25,000 pesos por concepto de capacitación, una vez autorizado el recurso. Para expresar sus relaciones con funcionarios estatales, Blázquez dijo:
-No lo vayan a mencionar, pero el gobernador se comprometió a respaldar las solicitudes de Alianza, a destrabarlas pues.
-Tuvimos que echar algunas madres como dicen ustedes, porque en este país a veces para que te hagan caso debes echar madres. Tenemos casi un año tramitando este proyecto, ahora en cuestión de una semana, lo hemos resuelto.
Con esto se dejaba claro que el proyecto ya estaba “amarrado”, y el aspecto técnico sería responsabilidad de la empresa y de los técnicos de enlace, los cuales recibirían una capacitación en España por cuenta de la empresa ULMA. Capacitándose a dos agrónomos por cada 10 invernaderos, de preferencia que fueran parte del proyecto e integrantes de alguna SPR, para que existiera mayor compromiso. Al término de cuatro años, el invernadero ya amortizado pasaría a ser propiedad del grupo, considerando que:
La responsabilidad de los beneficiarios será vigilar que la producción se lleve a cabo de la manera prevista, manejando los instrumentos sofisticados de un invernadero automatizado, cuidando la inocuidad del producto, apoyándose de técnicos capacitados que brindaran la asesoría [Blázquez]
Se ‘pedía’ un cambio de perspectiva en cuanto a la forma de trabajar tradicionalmente, donde se incluyera el uso de la computadora, conocer sobre componentes químicos y además ser contadores. Se tenía previsto constituir una comercializadora, que sería la encargada de acopiar el producto de la región y transportarlo a España, dándole el manejo adecuado a la hortaliza y se presentó también el esquema de la comercializadora. Durante los cuatro años que durara el contrato, la empresa de Blázquez compraría el jitomate. La comercializadora costaba 25 millones de pesos, y los productores tendrían el 49% de las acciones, explicaba:
El recurso se obtendrá a través de un préstamo con un banco europeo al 5% anual, sujeto a la inflación europea, que según las estadísticas es mínima, esto aplica también a la compra de insumos. El precio convenido será de 5 pesos por kilo de jitomate. Después de 4 años se amortizaría el pago del invernadero.
El proyecto contemplaba un seguro a la producción, que buscaba abatir los riesgos del cultivo.
En el despacho se expresaban favorablemente del delegado regional de la SEPLADE,
A pesar de ser una persona de distinta profesión (médico), está interesado y se ha empapado de conocimientos técnicos agrícolas.
Por su parte el funcionario, durante las reuniones informativas inquiría a los participantes del proyecto para que, estando presente el despacho, se aclararan las  dudas que pudieran existir,
-- para que después no me pregunten a mí.
Esta actitud no era exclusiva del delegado regional, también los representantes de las dependencias involucradas en el proyecto, daban a entender que desconocían algunos aspectos técnicos y financieros del proyecto, y preferían mantenerse a la expectativa, conscientes de los alcances de comprometerse al margen de sus respectivas normativas, coincidiendo que para acceder al proyecto los grupos deberían constituirse como SPR y tener representatividad moral.

Los documentos requeridos para conformar la SPR, incluían la solicitud de un permiso ante la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE). Este se podía realizar vía internet, y no debería contraponerse con otra sociedad ya existente. El permiso debería recogerse en las oficinas en Morelia dentro de los tres días posteriores a su gestión, teniéndose seis meses para constituir la SPR ante notario. Los socios participantes en la SPR requerían de una identificación oficial, como la credencial de elector original, una copia del acta de nacimiento y una constancia de ser productor agropecuario expedida por autoridad ejidal o de la pequeña propiedad. Estos documentos fueron requeridos por la Notario para conformar el acta constitutiva.
La representación del grupo se daba mediante una reunión de los socios, donde se establecía la mesa directiva, conformada por un presidente, un secretario, un tesorero, y un consejo de vigilancia. Por reglamento, la representación es de forma conjunta entre los tres primeros, pero se podían dar atribuciones a un representante legal para realizar gestiones específicas en torno al proyecto de invernaderos. Todo esto quedó asentado en el acta de asamblea, nombrándose a un responsable para protocolizarla ante notario público. Los gastos derivados de esta gestión, que ascendieron a 3,000 pesos, se cubrieron entre los socios. Dos días fueron suficientes para que el acta constitutiva de una SPR estuviera lista. Al recibirla se especificó verbalmente ante notario público que el capital social descrito en el acta de las SPR no existía como tal, se trataba solamente de un requisito. La Notaría expidió entonces un documento comprobatorio dirigido a la SRE, informando que el nombre solicitado había sido utilizado en la constitución, lo mismo se hizo para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quedando inscrita la SPR como persona moral. Este trámite se hizo en la oficina de Zacapu, a sugerencia de la encargada de la SHCP se especificó que se haría declaración semestral y anual. La persona responsable de la SHCP en Zacapu, conocedora de las gestiones de las otras SPR’s, relleno los formatos requeridos, ingresándolos al sistema informático. Completado este proceso, en diez días hábiles se tendría el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en el domicilio legal de la SPR, señalado en un comprobante de domicilio reciente. Éste sería verificado por el personal de la SHCP en los próximos días. El RFC es requerido para el manejo contable, y es acorde a la actividad señalada y compatible con el objeto social especificado en el acta. Después, el acta constitutiva quedó registrada en el Registro de Comercio. Este trámite costaba 1,200 pesos y este acto tenía efectos contra terceros.

Aunque la intención de los socios era iniciar la producción y comercialización de jitomate para exportar, se encontraron con limitantes para iniciar. La primera de ellas fue el desconocimiento que se tenía del negocio en la región [3] y [4], el apalancamiento previsto por las dependencias en el SUPLADER estaba condicionado a una serie de requisitos colectivos, para lo cual se establecen las SPR y después la Unión. El proyecto de invernaderos involucró a diversos actores [8] que buscaban beneficiarse; el despacho consultor, los ayuntamientos, y los funcionarios proponen su propia agenda. El no entender este proceso llevaría a los socios de la Unión por un intricado vericueto de rutas insalvables, mientras que lo contrario acortaba rutas para lograr el objetivo. En la información vertida por Blázquez, no estaba claro quien administraría el proyecto; aunque la SEPLADE convocaba, al mismo tiempo se desligaba de la gestión realizada por el despacho [17]. Podría ser riesgoso invertir en un proyecto con manejo de crédito; tampoco existía una lógica a seguir. Se buscaba gestionar recursos valiéndose de una figura como la Unión de Invernaderos Ruta de la Libertad, que aún no existía legalmente. En el documento emitido por SEDAGRO, solo se especifica que se apoyaría con 2 millones de pesos a la Unión, sin mediar ningún proyecto; también se encubrían prácticas de conveniencia al interior del SUPLADER para favorecer a los ayuntamientos. Al surgir nuevas solicitudes de grupos que apelaban a la normativa del SUPLADER para ser considerados en el proyecto como “sociedad civil”, estos nuevos actores disputarían los recursos del proyecto ante el SUPLADER y la SEGADRO, incursionando en la Unión que fue conformada el 23 de septiembre del 2003; para entonces fueron consideradas 28 SPR. Al interior de la Unión sucedieron conflictos y negociaciones, autogestión y aprendizaje esbozados por los actores inmersos en la cruzada que se ha denominado “en pos de la lana”, cuyo premio sería producir jitomate para exportarlo. Esto tardaría en acontecer, y sería necesario pagar el costo del aprendizaje.

En este acercamiento se delinea un proyecto que busca ser implementado en la región de la ciénega de Zacapu. El SUPLADER es la instancia responsable de impulsar el desarrollo a través del Fondo de Desarrollo Regional. La agenda fue propuesta por los funcionarios encargados de la planeación regional. El constituirse como SPR aportaba ventajas de gestión, e implicaba legitimar los grupos ante el Estado, estableciendo vínculos al cumplir con las normativas especificadas por las dependencias participantes. El proyecto de invernaderos corresponde a múltiples proyectos individuales, es colectividad y participación, con agencia completa [13] y redes.
Se identifican procesos de intervención [6] y [7] argumentando un cambio tecnológico e innovador, mediante conocimientos útiles de aplicación práctica [16]. La innovación se desarrolla en un ambiente interactivo e inmerso en un contexto social, cultural, institucional y territorial. Estos elementos son imprescindibles para comprender cómo funcionan y se generan los procesos que la impulsan [12]. El vínculo entre lo generado y lo aplicado en el medio rural se rompió cuando el Estado dejó de proporcionar la extensión agrícola [17]. En ese momento toman relevancia los despachos que ofrecen servicios de vinculación con el Estado y las redes con funcionarios y el conocimiento de un proceso se consideran como un activo preciado por los gestores. Hasta cierto punto los intereses de estos actores condicionan el desarrollo local a su agenda particular. Estas estructuras se asemejan al ‘negocio de los siniestros’ que menciona Gordillo [18], el cual consistía en fingir que la cosecha sufría daños, para luego cobrar el seguro.
            Aunque las instituciones proponen reglas y esquemas, sus representantes las reinterpretan y le asignan una connotación distinta. La normativa flexible del SUPLADER que permite planear regionalmente, facilita que en todo momento exista capacidad de maniobra para adaptarla por sus integrantes. La Unión, como figura de segundo nivel, obedece a una estrategia para acceder a los recursos estatales; no surge por la necesidad de los grupos, sirve únicamente como referente, mientras que las SPR representan los intereses de quienes promovieron el proyecto. En lo individual, los socios no fueron asociados a los objetivos del proyecto ni tampoco a la producción agropecuaria, obedeciendo su inclusión a vínculos de cercanía familiar, afectiva, política o económica. Al principio, la Unión no estaba representada ante el SUPLADER, y dependía de los presidentes municipales o el delegado de la SEPLADE Zacapu, quienes deberían de interceder por el proyecto. Los socios promueven la apertura en el SUPLADER y las interfaces [14], ofrecen la apertura para que la “sociedad civil” tenga el derecho a voz en las reuniones [15].

Referencias
[1] Palerm, Jacinta y Martínez Tomás (2000). Antología sobre pequeño riego vol. II. Colegio de Postgraduados. México.

[2] Friedrich, Paul (1981). Revuelta agraria en una aldea mexicana. México, CEHAM/FCE, 1981.

[3] Rionda, Luis Miguel (1986). Agricultura campesina y migración: El impacto de un cultivo comercial en un pueblo de migrantes. Revista: Relaciones, Estudios de Historia y Sociedad. Vol. VII No. 26, primavera 1986. Zamora: El Colegio de Michoacán. Pp. 69-93.

[4] Servín-Juárez, Roselia (1995). Algunos aspectos sobre costos de producción y comercialización de lenteja en el municipio de Coeneo de la Libertad, Michoacán. Tesis: Economía Agrícola, Universidad Autónoma Chapingo.

[5] SUPLADER (2002). Reglamento interno del Subcomité de Planeación para el Desarrollo Regional del estado de Michoacán, región 02, Zacapu. 2002.

[6] Escobar, Arturo (1995). Encountering Development: The Making and Unmaking of the Third World. Princeton University Press.

[7] Diego, Roberto (1997). Programas y Proyectos de Desarrollo: Principios, Bases y Perspectivas para el México Rural. Argumentos 28, diciembre 1997.

[8] Long, Norman (2007). Sociología del Desarrollo: Una perspectiva centrada en el Actor. El Colegio de San Luis, CIESAS, 2007.

[9] Mitchell, Clyde (1983). Case and situation analysis. The Sociological Review.

[10] Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul (2007). Ethnography. Principles in practice.
Third edition. Routledge, 2007.

[11] Law, John (1994). Organizing Modernity. Oxford: Blackwell.

[12] Latour, Bruno (2005). Reassembling the social. An Introduction to Actor-Network- Theory. Oxford, Oup, 2005.

[13] Callon, Michel and Law, John (1997). After the Individual in Society: Lessons in Collectivity from Science, Technology and Society. Canadian Journal of Sociology 22(2): forthcoming.

[14] Long, Norman (ed) (1989). Encounters at the interface: a perspective on social discontinuities in rural development. Wageningen Agricultural University.

[15] Grillo, Ralph (1997). Discourses of Development: The view from Anthropology in Grillo, Ralph and Stirrat, R. L. (eds). Discourses of Development. Oxford, New York.

[16] Muñoz, Manrrubio y Santoyo, Vinicio (2010). Del extensionismo agrícola a las redes de innovación. En: Aguilar-Ávila, Jorge [et al.] (2010). Del extensionismo agrícola a las redes de innovación rural. Universidad Autónoma Chapingo, CIESTAAM, 2010.

[17] Diego, Roberto (2010). Los agentes de cambio en el mundo rural y la producción de lo social. VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Porto de Galinhas, 2010.

[18] Gordillo, Gustavo; [et al.] (1999). La segunda reforma agraria de México: respuestas de familias y comunidades, 1990-1994. Colegio de México. FCE, 1999.