CONCLUSIONES:

Si algo destaca de esta exposición y análisis planteado sobre los asesinatos de periodistas en México, es que a pesar de que desde el año 83 a la actualidad ha habido en el país un avance importante en libertades democráticas y derechos civiles, a la vez se ha producido una grave disminución de la libertad de prensa, y por tanto del derecho fundamental a la información y a la libertad de expresión. Sin estos derechos la democracia está incompleta y en realidad se balancea sobre el terrible abismo marcado por la corrupción, las élites de poder y el crimen organizado. A la vez que todo esto sucede, el narco se está convirtiendo ya en el país en un “gatekeeper” de facto en el proceso de producción informativa, llegando a marcar en determinados casos qué es lo que se puede y no se puede publicar.
La violencia contra los medios de comunicación tiene su máxima expresión en el asesinato de periodistas. Éste es quizás el acto más contundente que se puede llevar a cabo en contra de la libertad de información y la libertad de expresión en un país democrático. Cuando se asesina a un periodista lo que se está haciendo en realidad es poner en cuestión el derecho de la sociedad a recibir información real, objetiva, libre e independiente de cualquier presión. Así, en el momento en el que un estado contempla impasible cómo se asesina a los profesionales de la información sin llevar a cabo ningún tipo de medidas excepcionales para evitarlo, se está poniendo en evidencia que los poderes “legales o ilegales” que están detrás de dichos crímenes dominan incluso sobre el poder político. De este modo la impunidad acaba imponiéndose en este tipo de crímenes en México y muy pocas veces se pone a los responsables a disposición de la justicia. La situación se ha convertido en un asunto tan serio que decenas de organizaciones internacionales de todo tipo se han pronunciado en múltiples ocasiones en los últimos años al respecto de dichos crímenes. Sin embargo, más allá de las buenas palabras, poco se ha hecho en realidad para solucionar dicha situación.
Si lo analizamos detenidamente es obvio que a los poderes de un estado les conviene sobremanera que los medios de comunicación no informen sobre los asuntos realmente importantes que suceden en un país, por varios motivos. En primer lugar debe mencionarse que el hecho de que los medios no puedan informar de los sucesos, hechos y acontecimientos más importantes a la sociedad, es una situación muy útil para todos poderes, sean reales o “de facto”. Principalmente porque la información es poder, y quien la posea tendrá ventaja sobre el resto. De este modo, a nivel mundial los estados, a través de (entre otros organismos) sus servicios de inteligencia, acceden a información veraz sobre la actualidad. ¿Qué ocurre con la sociedad civil?. El único mecanismo que tiene ésta para acceder a la información son los medios de comunicación que actualmente se combinan con las Tecnologías de la Información y del Conocimiento. De este modo el Estado y los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado no sólo ejercen su derecho al monopolio de la violencia en democracia, sino que además parten de una clara ventaja con respecto a la sociedad civil. Mientras éstos saben lo que ocurre en la actualidad con una precisión “quirúrgica”, la sociedad es únicamente informada mediante los medios de comunicación.
El problema viene cuando la información que reciben los ciudadanos no es lo más importante para sus intereses e incluso está sesgada. En este escenario la sociedad está “ciega” y es perfectamente manipulable por cualquier poder presente en el aparato de Estado o incluso por cualquier otro, sea “legal o ilegal”. Curiosamente, en democracia, la sociedad es la que en un principio se encarga de decidir sobre el destino y el rumbo que quiere que siga el país. Así, se eligen a los políticos para que tomen las decisiones en todos los asuntos relevantes para dicho estado, con el principal objetivo de seguir los patrones que marca la sociedad. Sin embargo, a pesar de la lógica de este sistema, el principal escoyo llega cuando la sociedad no sabe lo que sucede porque sus medios de comunicación no se lo cuentan. ¿Y por qué pasa esto?. Primero porque no quieren, debido a todos los intereses económicos que suelen estar detrás de los órganos directivos y empresariales de los medios. En segundo lugar porque los mecanismos de producción informativa y selección de noticias (entre los que destacan los valores noticias de los que se ha hablado en extenso en varios artículos, ponencias y un libro) impiden que se informe de lo más importante en términos prácticos para la sociedad. Así, los medios de comunicación informan exclusivamente de aquello que les va a interesar a sus audiencias o públicos objetivos, de modo que lo que pudiese ser del interés de las personas que, o bien no son audiencia o bien no pueden consumir medios debido a que no tienen capital suficiente como para hacerlo, no es tenido en consideración. Por todo ello, una gran parte de la sociedad no es tenida en cuenta a la hora de seleccionar las noticias, generando así una dinámica en la que se informa solo de aquello que interesa a una parte de la población. Por lo tanto, el resto del panorama de la actualidad queda a la sombra de la sociedad. A consecuencia de ello solo se acaba conociendo una pequeña parte de los hechos, sucesos y acontecimientos que suceden, mientras el resto queda silenciado. Y debido a que uno de los patrones de selección de noticias es la concurrencia informativa (es decir, que los medios de comunicación acaban seleccionando aquellos acontecimientos que publica también la competencia), si los medios que sirven como referencia no publican un hecho, suceso o acontecimiento, es muy probable que el resto tampoco lo haga, debido a que no obtiene la “importancia” necesaria.
Por todo lo anterior, si la sociedad tiene como única forma de acceder a la información la labor ejercida por los medios de comunicación, y si a la vez los medios no informan de todo lo que sucede sino únicamente de una parte, en consecuencia la población está desinformada. Pero, si encima de todo lo comentado, los medios sufren el asesinato de sus periodistas, ni siquiera acaban pudiendo informar bien de los temas que cubren y publican. Así, el derecho a la información, que en una situación de normalidad no sería del todo satisfecho por factores ya comentados anteriormente, en un contexto de violencia extrema contra los medios se ve casi totalmente conculcado. Es más, como consecuencia de toda esa situación y para añadir un punto más de surrealismo al problema de la libertad de prensa en México, en los últimos años varios son los periodistas que han tenido que exiliarse, autocensurarse o simplemente dejar de ejercer debido a las amenazas, las presiones y el miedo por su vida, ante un peligro real y cada vez más difícil de ocultar. Asimismo, curiosamente todos los periodistas que han sido asesinados y que se han mencionado en esta lista previamente expuesta habían investigado, inmediatamente antes de su muerte, sobre narcotráfico, crimen organizado o corrupción policiaca y política.
Con este panorama desolador solo queda plantearse qué ocurrirá en el futuro y cómo poder revertir una situación que afecta a la propia evolución política, social y económica del país. Y es que si se sigue cumpliendo la tendencia de años anteriores, a medida que pase el tiempo el número de periodistas asesinados aumentará, a la vez que disminuirá la libertad de prensa y por lo tanto el derecho fundamental a la información que debe tener la sociedad civil. Así, el surrealismo hace acto de presencia cuando los periodistas que informan sobre lo que sucede a la sociedad mexicana tienen que exiliarse, cambiar de profesión o arriesgarse a ser “levantados”, agredidos, torturados o asesinados por el simple hecho de hacer bien su trabajo: investigar e informar de lo que suceda, independientemente de quien esté implicado.
El hecho de silenciar el periodismo en México a base de la violencia y el asesinato de los profesionales que lo ejercen, es en realidad un intento claro por impedir el desarrollo democrático del país, que sin duda necesita medios de comunicación que informen a la sociedad civil de lo que sucede, para que de este modo ésta pueda tomar decisiones adecuadas en consecuencia. Y es que una sociedad desinformada es una sociedad fácil de manipular y dirigir.
Quizás, de esto se trate todo: de dejar desprotegida a la sociedad, de impedir que pueda utilizar aquellos mecanismos que la defienden del autoritarismo y de la imposición de sus gobernantes y de los poderes fácticos existentes. En el momento en que estos mecanismos de protección son neutralizados, la población camina hacia un futuro incierto ya que desconoce el presente. Por su puesto el más importante de dichos mecanismos son los medios de comunicación, que no por otra cosa son identificados por parte de organismos como la UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) como los que otorgan a la sociedad civil del derecho a la libertad de información y de expresión. Así, “ciega”, la sociedad que no conoce la realidad que la rodea está completamente expuesta e indefensa ante la manipulación de élites que se consideran con el derecho de decidir con autoridad sobre el futuro, la vida y el destino de sus congéneres.
Ante este panorama, en el que una parte de los periodistas se “pliegan” a las imposiciones de los poderes mientras los que cumplen con su obligación ética de informar e investigar son impunemente asesinados, queda claro que no todos los profesionales de la información sufren la misma situación de violencia. Por tanto, es necesario hacer una distinción importante entre los dos tipos de periodistas que existen y que han existido siempre. Si nos remontamos al inicio del periodismo como hoy lo entendemos, nos damos cuenta de que desde un primer momento fue percibido como un instrumento útil para la comunicación. Rápidamente fue acaparado por los intereses económicos y políticos que pretendían influir en la opinión pública. El periodismo, por tanto, no surge como un “grito” en defensa de los derechos humanos, principalmente porque en aquel momento todavía se estaba lejos dicha declaración universal de principios. Así, los intereses en la profesión eran claros: Se pretendía una herramienta que difundiese los acontecimientos más relevantes de la actualidad, no para mantener a la sociedad necesariamente informada, sino como una forma muy útil de “inocular” ideas políticas y económicas afines a los intereses de los propietarios y “accionistas” de los medios. De este modo, desde siempre, a pesar de que una gran parte de las noticias publicadas en la mayoría de los medios coincide, la forma de trasmitirlas así como los enfoques con las que se tratan varían sobremanera.
Es en 1983 con el documento de la UNESCO  titulado “Principios de ética profesional del periodismo” publicado en París, cuando dicha organización internacional establece cuáles tienen que ser los principios y códigos deontológicos que deben regir la labor de los periodistas y los medios de comunicación. A pesar de que dichos códigos éticos estaban en la mente de una buena parte de los profesionales del periodismo con anterioridad a la fecha mencionada a través del ejemplo que sentaban con su práctica diaria los denominados medios serios, no fue hasta la fecha citada que un documento escrito y aprobado a nivel internacional recogió dichos principios deontológicos. A partir de ese preciso momento el cumplimiento de los mencionados principios periodísticos dejó de ser una cuestión teórica discutible para pasar a convertirse en un elemento de necesario cumplimiento, al menos en desde el punto de vista de la ética y de la deontología.
En 30 años de códigos deontológicos para el periodismo se puede decir que poco ha cambiado en la práctica, ya que a pesar de que éstos existen no son de obligado cumplimiento, ya que no existe ningún organismo profesional o legal que se encargue de sancionar a aquellos medios o profesionales que no los contemplen. Es más, a pesar de lo sorprendente que pueda resultar, a día de hoy la profesión periodística puede ser ejercida por cualquier persona que decida contratar el medio de comunicación en cuestión. Esto, evidentemente, conlleva que la persona que la ejerce no tiene porque conocer dichos códigos deontológicos ya que no se ha formado profesionalmente como tal, sino única y exclusivamente ha trabajado en medios de comunicación sin necesariamente conocer toda la teoría que hay detrás de dicha profesión. Por tanto, aquí surge el primer problema de una realidad mucho más compleja de lo que se piensa, pues una parte de sus profesionales no conocen las implicaciones y deberes éticos de dicha profesión y por lo tanto no los cumplen. La otra parte de los profesionales, aquellos que se forman con el surgimiento de miles de facultades de periodismo en todo el mundo en los últimos cuarenta años, son conocedores de dichos códigos deontológicos pero, sin embargo, no pueden cumplirlos en una gran cantidad de ocasiones debido a que las dinámicas productivas y de selección de noticias en los medios lo dificulta sobremanera.
Por tanto, ¿cuáles son las consecuencias de que una parte importante de los periodistas no cumplan (por desconocimiento o por omisión) los códigos deontológicos?. Pues que no hacen lo que deberían hacer: investigar e informar de todos aquellos asuntos que son importantes para toda la sociedad (no sólo para sus audiencias o públicos objetivo). De esto modo, aquellos periodistas que por convicción, ética y valores, deciden investigar sobre cualquier asunto relevante se enfrentan a un serio problema: por una parte debido a todo lo comentado previamente, los poderes existentes en el estado en cuestión no están acostumbrados a dicha actitud y por lo tanto reaccionan con contundencia. La consecuencia más dramática de este proceso es el asesinato de los periodistas. Esto se traduce en una terrible realidad: los periodistas son asesinados por cumplir con las normas éticas y morales que indican los códigos deontológicos de la profesión.
Así, con todo lo señalado anteriormente podemos concluir que el verdadero problema no es que se asesinen a periodistas de forma indiscriminada, sino que dichos asesinatos responden a una intencionalidad concreta: la de silenciar a los que investigan aspectos que grupos de poder quieren mantener ocultos. Por lo tanto son crímenes selectivos, intencionados y consentidos por las propias autoridades que no hacen nada para evitarlos. Así, la impunidad es una característica permanente en este tipo de asesinatos. Mientras esto siga ocurriendo, no se podrá hablar de libertad de información, de expresión o de prensa en el país, ya que esta sólo existe para aquellos que acceden a las demandas de los poderes establecidos, investigando exclusivamente aquello que se le permite.