LA CONTRATACIÓN ECONÓMICA EN EL MINISTERIO DEL AZÚCAR DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

2.5 Funcionamiento de los grupos arbitrales.

El MINAZ cuenta desde el año 1992 con los grupos arbitrales los cuales fueron constituidos a partir de la Resolución  No. 321 emitida por el organismo y plantea como fundamentación para su constitución el Decreto Ley No. 129  2 el cual dispone que “ las controversias económicas y los conflictos económicos que anteriormente eran conocidas por el Arbitraje Estatal adscripto a los Organismos de la Administración Central del Estado, son resueltos administrativamente por dichos organismos, en la forma y mediante el procedimiento que regulan sus Jefes, sin que pueda ser sometido su conocimiento a la jurisdicción de las Tribunales Populares”3 plantea además que las discrepancias internas que surjan en la concertación de contratos, convenios y otros documentos, suscritos entre empresas y demás dependencias que integran la unión, así como los incumplimientos que se produzcan en su ejecución, se conocen y deciden por el consejo de dirección de la unión.
En la misma resolución se expresa que…” las actividades de carácter preventivo y las relacionadas con la solución de los conflictos precontractuales, las realizan directamente los Órganos y Organismos del Estado, así como en las Organizaciones correspondientes en relación con las entidades que le están subordinadas y en especial, las referidas al control y exigencia sobre la concertación y el cumplimiento adecuado de los contratos económicos”.4 Este fundamento legal se deriva del mencionado Decreto-ley  129 y sirvió de sustento  legal para constituir los grupos  arbitrales en las uniones de empresas, delegaciones provinciales y el ministerio que era la estructura organizativa existente en ese momento.
 Durante los años analizados el funcionamiento del grupo arbitral nacional  se comportó de la forma: En el año 2006 se resolvieron 143 expedientes porque estaban pendientes 29 del año anterior y quedaron 12 de ese año para el 2007,  pero debemos plantear que se presentaron más demandas que no fueron aceptadas por no cumplir con los requisitos de elaboración  y en otros casos por estar fuera de término.
En el 2007  se aprecia un insignificante número de expedientes radicados, esto está dado como consecuencia del reordenamiento realizado en el sector se trasladaron para otros organismos algunas de nuestras entidades, por ejemplo para  el Ministerio del Transporte  MITRANS  se traslada la empresa FERROAZUC 5  que era fuente constante de reclamaciones y demandas por incumplimiento en los planes de transportación .
En el 2008 la mayoría de las reclamaciones y demandas que se presentaron fueron por impago por lo que el grupo arbitral  se limitó a franquearle la vía para la Sala de lo Económico de los tribunales populares mediante los procesos ejecutivos que correspondan.
En el año 2009 se resolvieron 73 expedientes quedando 22 para el próximo año y se realizaron indicaciones por parte del grupo central para que las empresas continuaran utilizando la vía jurisdiccional por ser más rápida  efectiva y vinculante ante el banco y se orientó también la realización de conciliaciones sistemáticas en las provincias todas estas orientaciones fueron para enfrentar la causa fundamental de reclamaciones que era los impagos. En el 2010 se resuelven 65 expedientes porque existían pendientes de año anterior y se mantiene la misma política del año anterior. 6  Ver Anexo No. 9.
En este aspecto no podemos dejar de hacer referencia a una instrucción emitida por el vice ministerio de Economía del sector en el año  2003 porque aunque no está dentro del periodo de tiempo objeto de la investigación la causa que diera origen a su emisión si resulta de vital importancia en esta investigación.
 En el año 2002 en el MINAZ se realizó un profundo cambio estructural y funcional originado por la reducción de las empresas azucareras, producto de la caída brusca del precio del azúcar en el mercado internacional lo que conllevó a que en las provincias se extinguieran las delegaciones provinciales y se crearan en su lugar los grupos empresariales producto de lo cual una considerable cantidad de procesos que se resolvían en las delegaciones provinciales, pasaron  a la competencia del Grupo Arbitral Nacional, por lo que se hizo necesario, hasta tanto se dictara  el nuevo Reglamento( todavía no se ha emitido) regular algunos aspectos que permitieran la continuidad y funcionamiento adecuado del grupo arbitral.
Era necesario, dinamizar la solución de litigios de carácter económico y hacer más ágil su ejecutividad en aras de lograr la disminución de las cuentas por cobrar y pagar en el organismo y lograr una mayor eficiencia económica,  pero además teníamos que tener en cuenta la Instrucción No. 160  del Tribunal Supremo Popular que  dispuso que “las Salas de lo Económico del Tribunal Supremo Popular y de los Tribunales Provinciales Populares, conocerían en el ámbito de sus respectivas competencias, de los litigios que se suscitaran sobre la ejecución de letras de cambio, los pagarés y los cheques”.7
También estaba sucediendo que en la práctica, después de cumplir el procedimiento que establecía  la mencionada  resolución  del  MINAZ No. 32, los dictámenes de los grupos arbitrales referidos a impagos, no se cumplían con la debida diligencia, siendo menester en ocasiones hacer varios requerimientos para su cumplimiento y hasta someter estas desobediencias a procesos disciplinarios.
 El organismo central decide  establecer 8 como política lo siguiente:

• Los litigios que se produzcan entre entidades de subordinación nacional o entre éstas y una subordinada a los  GEA provinciales, o entre empresas integradas a GEA de diferentes provincias, serán de la competencia del Grupo Arbitral Nacional del MINAZ.
• Los litigios que se susciten sobre la ejecución de letras de cambio, los pagarés y cheques entre empresas del MINAZ, se tramitarán ante las Salas de lo Económico de los Tribunales Provinciales Populares  y del Tribunal Supremo Popular, cuando  proceda.
• Los litigios que se produzcan, por la causal de impago, no serán de la competencia de los Grupos Arbitrales creados en el organismo, sino que deberán presentarse ante los tribunales, mediante un proceso ejecutivo, para lo cual deberán presentar, fundamentalmente, los siguientes documentos:
• Escrito de demanda
• Escrito de reconocimiento de la deuda
• Documento probatorio de la razón de la deuda.

Se exceptúan los casos de impagos por capacidad de compra o crédito comercial  del MINAZ en USD, donde el instrumento de pago sea el cheque, los que continuarán tramitándose ante los Grupos Arbitrales del organismo, siempre que se presente el reconocimiento de la deuda o la factura debidamente firmada por el cliente o receptor del producto o servicio, así como el presupuesto de ingresos y gastos en divisas aprobado.
Los Grupos Arbitrales no admitirán demandas por las causales de faltante o diferencias en peso  de azúcares contra los productores, sin enviar la prueba de que el medio de pesaje esté  o no apto; por el pago de penalizaciones y/o bonificaciones por el incumplimiento o sobrecumplimiento de los índices de calidad de los azúcares, de hasta el 3%, donde las partes no hayan pactado esta obligación en el contrato y no  radicarán  los procesos extemporáneos, ni en la etapa de la reclamación, ni  en la demanda.
Las demandas que se presenten violando las instrucciones anteriores, se rechazarán mediante auto, con el correspondiente Especial Pronunciamiento.9
 Como podemos apreciar esta es la causa fundamental de la baja radicación de procesos arbitrales en el grupo nacional y en los territorios.
En la revisión de expedientes que realizamos detectamos como principales deficiencias reiterativas  en la materia las siguientes:

•  En las UEB se firman contratos, se realizan reclamaciones y demandas sin la delegación del director  de la empresa que es quien tiene personalidad jurídica para ello.
•  Se realizan mal los cálculos de los daños y perjuicios, pues se hacen sobre la base del precio del producto y no de lo que realmente se deja de ingresar y los gastos en que se había incurrido.
• Plantean causas de justificación sobre incumplimientos y sin embargo no se prueban documentalmente.
• Realizan reclamaciones  y demandas fuera de término.
•  Las conciliaciones orientadas no siempre se efectúan, en ocasiones se realizan sin que quede constancia de los acuerdos adoptados, ni las fechas de revisión del acuerdo.
• Presentación de documentos probatorios con enmiendas, borrones y tachaduras lo que hace dudar de la autenticidad de los mismos.
•  No se firman los suplementos al contrato cuando estos se modifican por decisiones del organismo u autoridad competente por alguna causa plenamente justificada.
• Demora en la emisión de los dictámenes por diversas causas.
• Concesión de prorrogas para presentación de pruebas que motiva quejas de la contraparte por la morosidad.
• Reclamación de impagos y no se presentan las facturas que lo demuestran.
• Confusión entre las conciliaciones de producción que se realizan y las conciliaciones desde el punto de vista contractual.
• Morosidad en la ejecución de los dictámenes que ha sido necesario llevarlo hasta los consejos disciplinarios.

Como se aprecia existen elevadas deficiencias  no solo en materia contractual sino también  en materia  arbitral por lo que consideramos que esta legislación debe ser analizada.