CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO (1970 – 2010)

II. Desarrollo industrial

En materia de desarrollo industrial las reformas orientadas al fomento de la economía regional obedecen a la necesidad de darle a la organización privada del trabajo y la producción la capacidad de admitir una forma de organización, como de relaciones industriales, más flexible y apta para anexarse a los procesos de la producción compartida que son parte de la globalización.

De las reformas más destacables por su nexo con el desarrollo regional esta la siguiente:

Fecha 30/04/1985 Medida: se publica el Programa para el Desarrollo Integral de la Industria Mediana y Pequeña, cuyos principales objetivos son: incrementar la generación de empleos productivos y permanentes; mejorar la balanza de pagos; impulsar el desarrollo regional equilibrado, e integrar en mayor grado la economía nacional. Entre las medidas inmediatas consideradas en el Programa están un crédito revolvente por 25,000 millones de pesos; 1,000 millones que usará el Conacyt en investigación tecnológica y 4,000 millones canalizados al ISSSTE para facilitar el pago a proveedores medianos y pequeños  (Aguirre, 2000)1 .

Este programa tiene una finalidad macroeconómica pues no aplica propiamente en el ámbito de la empresa, sino de fomento sectorial, que es parte de la estrategia de promoción de las exportaciones, en especial en la modernización de la mediana y pequeña empresa y su vialidad económica de incorporar innovaciones como nuevas tecnologías productivas. La flexibilidad de este tipo de organizaciones implica la implementación de la flexibilidad laboral, por lo que se crea un fondo dirigido a las liquidaciones implicadas en las nuevas relaciones industriales y la vigencia de la Ley Federal del Trabajo.

También se tiene la siguiente reforma institucional:

Fecha 22/01/1986 Medida: mediante decreto se otorgan estímulos fiscales a las actividades industriales prioritarias y al desarrollo regional. Con ello se pretende apoyar la inversión productiva y la generación de empleos remunerados en la pequeña industria y en las actividades prioritarias; desarrollar la microindustria e impulsar de manera selectiva la producción de bienes de capital y de uso intermedio. Los estímulos se otorgarán mediante Certificados de Promoción Fiscal hasta por 40% del valor de la inversión beneficiable (Aguirre, 2000)2 .

Esta reforma obedece a la formalización de la política fiscal a la cual se le dota de la capacidad de incidir a favor del fomento a un nivel no solo regional, como tradicionalmente se viene haciendo, sino de fomento regional, favoreciendo a las actividades que se conciben como prioritarias o estratégicas, cuya modernización debe gozar de cierta capacidad propia de capitalización.

Como parte de esta reforma, dos años después se tiene otra más:

Fecha 26/08/1988 Medida: se otorgarán estímulos fiscales para las pequeñas industrias o microindustrias que alienten el empleo, la inversión en ramas prioritarias y el desarrollo regional, así como para el fomento de la construcción y adquisición de vivienda destinada al arrendamiento, y de la industria y el comercio del libro  (Aguirre, 2000)3 .

Que en realidad va dirigida a pequeñas y micro empresas que logren su nexo con el esquema maquilador, como parte de la formación de los concadenamientos industriales, como las sinergias empresariales propicias para el fortalecimiento del aparato productivo moderno.

En respaldo de las iniciativas de descentralización y federalismo, en Banco Mundial aporta un fondo financiero que se dirige a la capitalización de los agronegocios, especialmente aquellos de corte transnacional. En su gran mayoría más que productoras se trata de empacadoras, cuyo mercado de destino es el exterior, principalmente.

Fecha 26/06/1991 Medida: el Banco Mundial otorga tres créditos a México por un total de 950 mdd. Los recursos se destinarán al proyecto de Descentralización y Desarrollo Regional del Programa Nacional de Solidaridad, apoyar la modernización gradual del campo y desarrollar el sector minero. Los créditos son contratados por Nafin y tienen un plazo de amortización de 17 años, incluyendo cinco de gracia, y una tasa de interés de 7.73% anual, ajustable semestralmente  (Aguirre, 2000)4 .

Igual que para el caso del sector primario, en el sector secundario la pretensión es respaldar las acciones, como prever las consecuencias, como costos sociales de las reformas en materia de privatizacion agraria, del uso del suelo como del subsuelo, no solo para las industrias directamente involucradas en la explotación de los recursos naturales, sino también a aquellas que están en la transformación de las materias primas.

Subrepticiamente, también es parte del apoyo esperado en razón a las reformas institucionales en materia de propiedad agraria. El pro del interés de la privatización del subsuelo, el monto lleva un sello político en el caso del fomento minero y la búsqueda de favorecer el privatización del petróleo.

Se puede ver que las reformas en materia desarrollo industrial a nivel regional llevan la directriz de la privatización de la propiedad agraria como de la explotación del subsuelo. La dimensión del desarrollo regional es con base a que es inseparable del uso y explotación de los recursos del suelo, como del subsuelo.