EL SECTOR COOPERATIVO EN EL MERCOSUR DURANTE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI

1.1.d. Uruguay

Diferentes autores coinciden en identificar antecedentes cooperativos ya en el año 1870, época en que los principios cooperativos se confunden con las mutuales (Bertullo, 1993). De forma paralela a otros países latinoamericanos, la iniciativa de conformar cooperativas llega a Uruguay mediante las oleadas de inmigrantes quienes impulsaron diversas organizaciones colectivas: la información disponible establece la creación en mayo de 1870 de la Sociedad de Socorros Mutuos por obreros tipográficos, y en 1877 la Sociedad de Socorros  Mutuos por empleados del ferrocarril (Bertullo, 2003). Entre los antecedentes también se mencionan la creación de las Cajas Populares y los Sindicatos Cristianos Agrícolas, experiencias realizadas a principios de siglo XX desapareciendo hacia fines de la década del ’60.
Las cooperativas propiamente dichas surgen en Uruguay con mayor firmeza hacia 1920 con una clara predominancia de las cooperativas de consumo,  en un proceso que termina de madurar en la década del cuarenta cuando se produce legislación específica para el sector cooperativo. En 1941 se sanciona la ley No. 10.008, específica para el sector agropecuario, y en 1946 se sanciona la ley No. 10.761, o “Ley General”, que abarca a varios sectores, consumo, producción / trabajo.
Se destaca en este periodo la definición formal y jurídica de las diferentes modalidades de cooperativas: cooperativas agropecuarias (incluye agroindustriales), cooperativas de consumo, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de producción (trabajo), cooperativas de vivienda, cooperativas escolares.
De forma similar a otros países de la región, el período dictatorial (1973-1984) significó para el sector cooperativo uruguayo una fase desfavorable para su desarrollo por la persecución a la que fue sometido. Sin embargo, el movimiento cooperativo logró acumular fuerzas transformando a estas organizaciones en espacios de libertad donde en muchos casos, se ejercían formas de organización y poder popular.
A partir de 1984 acompañando la apertura democrática del país,  se avanza en la articulación de tercer grado del movimiento cooperativo uruguayo al crearse la Mesa Nacional Intercooperativa, y en 1988 se firma el documento de creación de la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas (CUDECOOP).
Si bien Bertullo reconoce en la historia del cooperativismo en Uruguay una “clara diferencia según los grupos de interés que involucra”, postula también la existencia de ciertos elementos comunes entre los que cita: la vinculación con organizaciones gremiales, el papel determinante del Estado tanto en su fomento como en su obstaculización, la fuerte presencia en el interior del país, y su marcada autonomía y pluralidad.
En el origen, evolución y desarrollo del movimiento cooperativo uruguayo existe una clara vinculación con los movimientos sociales –gremios, sindicatos, organizaciones laborales, etc- en un vínculo “recurrente tanto a nivel de trabajadores urbanos asalariados (consumo, producción, ahorro y crédito, vivienda), como con las organizaciones gremiales de pequeños y medianos productores rurales (cooperativas agrarias, ahorro y crédito, etc.)” (Bertullo, 2003:54).
Asimismo, tanto el surgimiento, como la expansión y el crecimiento del sector han estado ligados a la acción del Estado que por medio de leyes, normas, o diversas disposiciones, ha manifestado su apoyo o no a este desarrollo. “Sin embargo, también se destaca su total independencia de los poderes públicos; en la intrínseca y compleja relación entre el Estado y el sector cooperativo, las formas de procesamiento de ciertas formas legales han facilitado u obstaculizado, circunstancialmente el desarrollo del movimiento cooperativo” (Bertullo, 200:55).
Otro elemento distintivo del cooperativismo uruguayo es su fuerte presencia y desarrollo en el interior del país; salvo las cooperativas de vivienda que presentan una fuerte concentración en la capital, las cooperativas del interior dan cuenta de casi el 70% del total, pese a que la mitad de la población del país se encuentra en Montevideo (Bertullo, 2003:55).