EL DESARROLLO LOCAL COMPLEMENTARIO

Mario Blacutt Mendoza

La Revolución de 1952

El modelo oligárquico entra en decadencia y el 9 de abril se inicia la acción armada que daría lugar a lo que se conoce desde entonces como la Revolución Nacional,

El Voto Universal otorga el derecho de voto a hombres y mujeres mayores de 21 años y de 18 si eran casados. En las elecciones de 1956 en muchos lugares los opositores aparecen con cero, como si ni los candidatos respectivos hubieran votado por si mismos.

La Reforma Agraria, cambia la estructura de la propiedad de la tierra, pues hasta entonces, el 4% de la población tenía el 70% de la tierra. Con la medida se deseaba: lograr una función social de la tierra; la abolición servidumbre, la liquidación de feudalismo, el aumento la producción y el desarrollo agroindustrial y que la tierra fuera de quien la trabajara. Se quería crear y expandir el mercado interno, para ello se pensaba transferir recursos de venta de minerales, pero los precios y la baja productividad no lo permitieron. Varios autores dicen que en Santa Cruz hay proce-so de desarrollo por que no hay indios

La Nacionalización de las Minas se logra luego de pagar subvenciones que excedían el valor de mercado de las minas nacionalizadas

El Capitalismo de Estado, permitió que Bolivia saliera del sistema de hacienda, basa-da en la explotación del trabajo de servidumbre gratuito. En cierto sentido, tomó las tareas propias de la empresa privada ante la ausencia de un grupo empresarial en el país. La corrupción y el clientelismo diseñaron una imagen muy pobre de lo que podría haber sido la fuerza generatriz de nuestro desarrollo.

La nueva acumulación del capital, ante la ausencia de un empresariado organizado y consciente de sus tareas históricas como nervio motor del desarrollo, el gobierno de entonces utilizó una  forma de acumulación extraña. En aquella época había un régimen de tipo de cambio fijo, pero el dólar estaba muy sub valuado por lo que apareció un mercado negro donde el precio de la divisa era muchísimo más alto que el oficial. La intención era que con este diferencial, los privilegiados tendrían el capital suficiente para iniciar procesos de inversión en la industria nacional. Como una manera complementaria de acumular el capital original, hubo privilegiados a quienes se otorgó la exclusividad de importar bienes de consumo en calidad de monopolios comerciales, tal como sucedía en las Colonias Españolas de antaño. Los monopolistas, consagrados como tales por la gracia del Estado, multiplicaron sus ganancias a escalas nunca vistas hasta entonces. Sin embargo, aunque la intención de ambas medidas parecía tener una lógica muy congruente para iniciar el proceso de desarrollo nacional sobre la base de una acumulación original del capital y su respectiva inversión en los sectores productivos, los privilegiados no respondieron a las expectativas, pues en vez de invertir las grandes cantidades de dólares recibidos prefirieron darles asilo en cuentas abiertas en bancos de los EEUU. Las ganancias fueron orientadas a incrementar el consumo de bienes de lujo.

Así, nuestra primera camada de empresarios nacionales había aprendido de sus homólogos norteamericanos las pautas de consumo pero no las de inversión, por lo que desde entonces se acostumbraron a vivir de lo que el Estado les ofrecía, conformando una clase empresarial incipiente y parasitaria, algo que ahora está cambiando rápidamente.

El Decreto 21060

El mismo hombre que había sido presidente de Bolivia en las jornadas del 52, lo fue otra vez el 85: Víctor Paz Estensoro. Esta vez también pensó en una gran reestruc-turación, pero ya no en el sentido revolucionario, sino en la intención de adecuar el Estado boliviano a las nuevas corrientes neoliberales que recorrían el mundo. Se decidió la inserción del país con y en la economía de mercado, lo que a su vez exigió la reducción del aparato estatal. Las fronteras arancelarias fueron abiertas al exterior y rebajadas al 10%. El aparato financiero tenía que hacerse moderno. El tipo de cambio se hizo flexuoso para que fuera espejo de las preferencias del mercado. Se acabó con la hiperinflación que había acumulado una tasa del 25,000% anual.

La estrategia general era hacer estable la economía y luego ingresar en una segunda fase que permitiría su reactivación, mediante un plan de inversiones destinado a incrementar la producción nacional. En esta estrategia el gobierno no olvidó que lo primero que debe hacerse al ingresar por la senda de la tasa del beneficio era implantar la disciplina del capital. Desarticuló el movimiento obrero que hasta entonces había estado concentrado y vanguardizado por los trabajadores mineros. Para eso, sólo le bastó decretar la división por distritos de la (COMIBOL), empresa estatal formada sobre las minas nacionalizadas y que controlaba la gran mayoría de la producción de minerales. Con esta medida se despidió a 25,000 trabajadores bajo el lema de "relocalizarlos" en otros sectores de la economía, algo que nunca se hizo. Los relocalizados se enfrentaban también a un enemigo invisible: el mercado y sus supuestas leyes, cuyo desenvolvimiento y accionar no entiende, como no lo entendie-ron los europeos del siglo XIV hasta el XVIII, con la ventaja de que éstos tuvieron dos siglos para adaptarse a las imposiciones del mercado, mientras que nuestros indígenas no tuvieron ninguna oportunidad de enterarse de  las famosas “leyes” de la economía de mercado y tuvieron que pagar con mayor pobreza y sufrimiento la ignorancia con que la historia les había castigado y la arbitrariedad de un gobierno ajeno al conocimiento y necesidades de esos indígenas, a quienes les había otorgado el título de “compañeros campesinos. Por otro lado, una buena parte de esos mineros relocalizados se fue al Chapare y desde entonces se inició la Guerra de la Coca, una guerra que está muy lejos de ser ganada.

Las medidas del Decreto 21060 fueron el impulso fundamental para que el país ingre-sara a un sistema capitalista, cuya modalidad fue identificada por el pueblo como "neoliberal". Roto el fuete del feudal, Bolivia empezó a prepararse para recibir en las espaldas el azote de los látigos inflexibles de las curvas de oferta y demanda del sistema de libre mercado. La Historia de Bolivia es una rapsodia barroca en negro.

La Ley de la Participación Popular

Esa Ley, dictada en 1994 tiene una trascendencia tan importante como la Ley de Refor-ma Agraria, pero, al igual que ésta, también fue desvirtuada desde sus comienzos. El contenido de la Ley permitía la distribución de una parte de los ingresos nacionales entre los 327 municipios que había en el país. El reparto de los ingresos así asignados se realizaba de acuerdo con el número de pobladores de cada municipio y su grado de pobreza. Antes de la dictación de la Ley, sólo los municipios de las capitales de los nueve departamentos recibían ingresos del Tesoro General de la Nación. Después de la Ley, todos los municipios bolivianos tenían derecho a percibir una parte de esos ingresos, los que eran inscritos en un presupuesto formulado por el alcalde y los concejales de los municipios. La Ley creó también los Comités de Vigilancia para que, teóricamente, realizaran tareas de fiscalización sobre los gastos presupuestados. Poco después se vio que los ingresos se esfumaban en proyectos inexistentes con la compli-cidad del alcalde, algunos concejales  y miembros de los comités de vigilancia. En la práctica, la opinión pública percibió la implementación de la Ley como una especie de “democratización de la corrupción, pues si bien antes el robo de los ingresos del Estado sólo estaba reservado a los representantes de las élites más conspicuas del país, con la Ley, las élites tuvieron que compartir el botín con las autoridades de 327 municipios”. Esto sin contar con las grandes peleas que hubo de parte de organizacio-nes indígenas para que sus respectivas comunidades fueran elevadas a rango de municipio y así tener la oportunidad de gozar del botín general”. Es increíble ver, cómo el contenido de medidas tan trascendentales para el país, son transformadas en motivos para aumentar el robo institucional, sólo por la falta de integración nacional, falta que priva a la población percibir a Bolivia como una nación propia, no como una ocasión para el usufructo personal de sus recursos.

La Ley de Capitalización

Gonzalo Sánchez de Lozada fue electo Presidente con un programa de capitalización bajo el brazo, por el que las empresas estatales debían vender acciones a inversionis-tas foráneos con participación nacional popular. Esta participación sería en una pro-porción del 50%, 48% y 2%, para el capitalizador, para los mayores de 21 años y para los trabajadores de las empresas capitalizadas, respectivamente. Este proceso emer-gió con grandes irregularidades y se empezó a hablar de negociados en la transferen-cia de las empresas nacionales al capital extranjero a precios muy por debajo de sus evaluaciones reales. Por otra parte, ya se han dado las muestras de la deficiencia capitalizadora. El LAB ha sido desmantelado para salvar de la quiebra a una empresa brasileña que la había capitalizado. ENTEL se ha convertido en un monopolio, con todas sus singularidades. ENFE no ha hecho nada desde que fuera capitalizada. La riqueza petrolera y gasífera también fue capitalizada.

La Historia del Presente

El año 2006 el MAS, partido de raíces ideológicas y bases indígenas gana las eleccio-nes generales y anuncia que el “gobierno de los indígenas ha comenzado” La revisión de los contratos con las empresas transnacionales que explotan el gas nacional fue el primer objetivo cumplido exitosamente, pues los ingresos del Estado por tal concepto aumentaron del 18% al 50%, lo que significa un incremento significativo de los recur-sos financieros nacionales, departamentales, municipales y universitarios por ese rubro. Su política social se basa en el principio de lograr una mayor igualdad en la distribución del ingreso nacional, para lo cual el gobierno del MAS establece la vigencia de varios bonos anuales entregados en efectivo. Esta medida de incrementar directamente el ingreso de las familias pobres, aunque nunca en cantidades suficien-tes, es parte de una política que, a mi modo de ver, es adecuada, pues a diferencia de las subvenciones a la gasolina, al transporte o a los productos de consumo, llegan directamente a los segmentos de la población que se tiene como objetivo y no a las clases medias o de ingresos altos.

 Su objetivo de conformar un amplio frente sudamericano para “derrotar al imperia-lismo norteamericano” hizo que se asociara muy estrechamente con Cuba y Venezue-la, aunque las acciones destinadas a concretar esa aspiración ha costado a Bolivia se excluida de los beneficios del ATPDE y de las facilidades que otorgaba la Unión Europea. En realidad, incluso la política económica interna ha sido relegada a segundo plano por el deseo de conformar una alianza antiimperialista en América Latina. Lo peor de todo es que el actual gobierno del MAS empieza a obrar como si la eventual Confederación de Estados Latinoamericanos ya fuera un hecho y como si todos los países supuestamente involucrados tuvieran el deber de obrar como partes de esa confederación inexistente y no en provecho de sus propios países, tal como ocurre con Perú y Colombia, cuyos gobiernos han sido calificados de “traidores” por el actual Presidente Boliviano.

Otra de la medidas del gobierno del MAS fue la de despedir gran parte de la planta de empleados de la administración pública, para poner en su lugar indígenas y gente que no está preparada para la gestión pública. La primera institución que sufrió el efecto pernicioso de esta política fue Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, cuya admi-nistración fue entregada a miembros connotados del MAS pero con poco o ningún conocimiento de los aspectos técnicos que la administración de YPFB exige. Al contra-rio, en vez de mayor eficiencia, lo que se descubrió fue una red de corrupción que ocasionó el asesinato de un empresario que, de acuerdo con las investigaciones, debía entregar varios cientos de miles de dólares al presidente de esa institución, el  mismo que está recluido, por lo menos hasta ahora, en una de las cárceles públicas.
El Racismo, siempre existió en nuestro país; por alguna razón que nunca se ha podido entender bien, el indígena boliviano, en sus expresiones de comunitario, campesino, fabril, artesano, limpiacloacas, sirvienta…… el que realmente  produce lo que Bolivia come, ha sido discriminado como persona y excluído como grupo socio-cultural en toda la historia nacional. Este racismo no era muy notorio hasta 1952, debido a que el indígena era un fenómeno más bien rural y no urbano; de esta manera, sus protestas reivindicativas podían ser ignoradas por los gobiernos de turno. Pero desde 1952 la cosa empezó a cambiar en algo, especialmente cuando el subdesarrollo y la pobreza obligó a la migración campo-ciudad de una buena parte de los pobladores de las áreas rurales, lo que causa concentraciones que aumentan gradualmente y dan mayor soli-dez y poder a los movimientos indígenas. Este proceso se hace mucho más explícito cuando el MAS, en nombre de los indígenas, toma el poder el año 2006. El indígena ya no acepta que lo discriminen ni los pueblos originarios, que lo excluyan.

Como grupo sociocultural en función de gobierno, los indígenas han creído que ahora “les toca a ellos” después de 500 años de sufrimiento y algunos han empezado a obrar en consecuencia. Los indígenas, mediante las llamadas movilizaciones sociales, sienten que participan en la toma de decisiones sobre el país, pero que necesitan participar más directamente desde los curules parlamentarios y los cargos escritoriales. En estas condiciones, el racismo cobra la fuerza que tiene ahora, el mismo que se hace más claro en las relaciones que existen entre las élites y gran parte de las clases medias de Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija.

En este proceso, las élites más conservadoras de las cuatro regiones citadas, cuyo conjunto conforma la denominada “media luna”, decidieron llevar adelante procesos autonómicos, aunque la CPE aún no los había incluido en sus disposiciones. Más tarde, el gobierno denunció una conspiración terrorista para desmembrar el país por medio de la cual las élites de Santa Cruz, Beni y Pando declararían la independencia de esos tres departamentos. Los afanes conspirativos habrían convocado la presencia de mercenarios extranjeros, algunos de los cuales murieron en un enfrentamiento con las fuerzas del orden y otros están en las cárceles públicas, mientras la justicia dicte su veredicto.

En este enfrentamiento étnico-cultural, la Corte Suprema de Justicia tomó el lado de los acusados de conspiradores y de todos los actores de lo que el gobierno denominó matanzas y genocidios, especialmente en lo que se llamó el caso “Porvenir” donde según el gobierno hubo una emboscada armada a campesinos desarmados, por parte de autoridades prefecturales de Pando y de algunos miembros de los comités cívicos de la “media luna”. Actualmente, el entonces prefecto de Pando guarda detención en la cárcel de San Pedro y el frente de la extrema derecha del país, lo ha nombrado candidato a la vicepresidencia con miras a las elecciones de diciembre del presente año; lo ha hecho en razón de que el detenido aún no tiene sentencia ejecutoriada y de usarlo como un “símbolo de la dignidad nacional en virtud de la injusticia que se comete contra su persona”. En todo este entrevero, el poder judicial se halla completamente en estado de caos, pues unos y otros jueces de los diferentes departamentos reclaman jurisdicción sobre los casos de genocidio y de terrorismo, a sabiendas de la opinión pública de que el dictamen de inocencia o de culpabilidad que los acusados reciban dependerá de la jurisdicción en que se los juzgue.

Por otro lado, la ineficiencia del sector público se ha hecho más notoria por la ausencia de personal calificado y la presencia de funcionarios nombrados, en su mayoría, por lealtad política y no por méritos profesionales. La opinión pública se queja del maltrato recibido por estos funcionarios, en cuyas tradiciones no existe el respeto a la persona, pues los pueblos originarios sólo reconocen las relaciones de jerarquía, de tal modo que el que manda es déspota con el subordinado y es servil con su superior. No hay en la cultura quchuo-aymara ninguna noción importante de “individuo” o de “persona”; sólo la que se entabla entre las jerarquías. Este es un problema que va a causar muchos resultados negativos en el corto plazo, si es que el gobierno continúa ignorando la importancia que, al lado de la distribución del ingreso, la eficiencia tiene en los procesos de desarrollo de los países atrasados.

Por último, toma el poder y establece un gobierno indígena para gobernar “en nom-bre del pueblo” pero el significado de “pueblo” parece sesgado hacia los pueblos originarios solamente. La necesidad de consolidar el gobierno indígena ha hecho que otorgue una mayor preferencia a los aspectos ideológicos y políticos, los que han llevado a segundo lugar los objetivos económicos. Las próximas elecciones presiden-ciales, programadas para diciembre del presente añ0 2006, se pronunciarán sobre las fortalezas y debilidades de un gobierno así concebido y así ejecutado.

En cuanto al manejo de la Economía Nacional, cuyo detalle se incluyó en capítulo anterior, el actual gobierno ha sorprendido a propios y extraños. Es tal la solidez de su manejo económico, que ha logrado crecimientos significativos anuales del PIB en con-diciones internacionales muy deleznables. En realidad, el exíto del actual modelo del gobierno nacional ha convocado el interés de la empresa privada y los elogios del FMI y del Banco Mundial, quienes lo han puesto como ejemplo para otras naciones.

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