BREVE HISTORIA DE LAS IDEAS ECONÓMICAS

Guillermo Luis Luciano

La Teoría de las Ventajas comparativas y el Río de la Plata


Desde la formulación de la Teoría De Las Ventajas Comparativas, éste era un territorio emblemático para su ejecución.
Una extensa y fértil llanura en condiciones de producir enormes volúmenes de alimentos y materias primas para ser intercambiadas por productos industriales del Reino Unido, y una dirigencia que adoptó inmediatamente esta filosofía y conformó la estructura socioeconómica que imperó en los siguientes dos siglos.
Los intereses británicos y nuestra clase dirigente establecieron los términos del intercambio, conformando localmente un poderoso sector social, al que se bautizó posteriormente como la oligarquía, que tenía el control del territorio y su administración política.
Los beneficios locales de esta articulación, tal lo sospechado por David Ricardo en su escéptico diagnóstico sobre el destino de la sociedad industrial, fueron entonces a parar a manos de una clase ociosa, incapaz de generar un modelo económico que incluyese a todos los habitantes de estos territorios.
Las rentas acumulados por las familias que usufructuaban el pacto comercial, no eran invertidas en aumentar  y potenciar las capacidades productivas del territorio sino que se aplicaban al gasto suntuario destinado a tratar de reproducir, localmente, el estilo de vidas de los aristócratas europeos, a quienes nuestra clase dirigente trataba de emular.
Ostentosos palacetes que construyeron y sobreviven en la ciudad de Buenos Aires, y en sus establecimientos de campo, testimonian, hoy día, las visiones que tenían del mundo y sus aspiraciones de clase.
Uno de los momentos culminantes de esta asociación fue el tratado Roca-Runciman, que tratamos.
La propuesta de integración económica justificada por la teoría de las ventajas comparativas tenía entonces, en nuestro país, una sólida verificación a manos de un sector social que se beneficiaba económicamente con la renta agropecuaria y en consecuencia, tenía el control de las instituciones de la nación.
Tal lo preveía Marx, (mal que le pese a varios), una superestructura jurídica, cultural y militar subordinada que garantizaba la permanencia y reproducción del modelo.
Esta hegemonía empezaba a resquebrajarse por la propia dinámica del sistema.
Una  vez repartidas las tierras fértiles de la pampa húmeda, entre las familias patricias, como les gustaba ser llamadas y algunos sectores vinculados a la conquista del desierto, se hizo imprescindible incorporar manos de obra especializada en la agricultura.
Uno de los aspectos mas significativos de este reparto de tierras fue el otorgamiento de territorio a los militares que participaron del proceso de expropiación a los pobladores originales.
Una vez finalizada la campaña, el general Roca dio forma definitiva a la conformación del Ejercito Argentino, tal lo conocimos durante la mayor parte del siglo XX.
La Ley 1.628 de 1885, conocida como la: Ley de Premios Militares, distribuyó parte de las tierras conquistadas a 541 militares que habían formado parte del ejército expedicionario.
Este dato no es menor, porque confirma el definitivo entrelazamiento entre la oligarquía y el ejercito, alianza que fue nefasta durante el siglo pasado y que tuvo su expresión mas brutal con el sangriento golpe de 1976.
Las artes productivas practicadas en el virreinato se basaban en la ganadería, oficio poco demandante de mano de obra.
Las tierras arrebatadas al indio permitían imaginar la explotación agrícola para completar la oferta exportable, pero aquí no existía tradición, experiencia y cantidad de trabajadores entrenados como para posibilitarla.
Entre 1890 y 1915 se afincaron en el territorio más de tres millones de inmigrantes, básicamente europeos que venían a cubrir esta carencia.     Cuando llegaron, las tierras ya tenían propietarios a diferencia de lo ocurrido en otros países, entonces solo les quedó la posibilidad de ser empleados por los terratenientes, quienes incorporaron a los recién llegados como aparceros y arrendatarios, en condiciones muy desventajosas para estos, situación que era garantizada por el sistema jurídico y por las fuerzas militares y policiales.
Esto provocó que los gringos, como se los conocía  explotaran en una revuelta que la historia recuerda como el Grito De Alcorta:
En la Sociedad Italiana de la localidad de Alcorta, el 25 de junio de 1912 se inició la protesta que levantó a más de 100.000 colonos, en reacción por el régimen de arrendamiento de tierras vigente.
Los intereses de los terratenientes se cobraron la afrenta con la vida del Dr. Francisco Netri, asesinado por ser el abogado que se había puesto a cargo de la defensa de los pequeños agricultores, utilizando un procedimiento habitual en nuestra historia: el asesinato del opositor por sicarios que se encargaran del crimen.
Luego de este suceso se creó la Federación Agraria Argentina, poniendo el primer mojón de límites al poder irrestricto que hasta ese momento había tenido la oligarquía.
 La segunda guerra mundial vino a sembrar semillas de otros modelos sociales, que finalmente diseñaron la realidad argentina a partir de la segunda mitad del siglo XX, hasta el presente.
La incipiente industrialización local, consecuencia del desabastecimiento bélico, permitió imaginar otra Argentina, más inclusora, dinámica y equitativa.
Pero esto no estaba en los planes del viejo stablishment que pretendía retrotraer la historia a los tiempos de la sociedad pastoril y reafirmar sus privilegios económicos y políticos.
El golpe militar de 1930 había mostrado la incondicional subordinación del Ejército a  los intereses más reaccionarios de la sociedad.
El sostenimiento de las formas democráticas de gobierno estaba condicionado a que en este marco estuviesen resguardados los intereses de la clase gobernante.
Cualquier expresión social que los pusiera en riesgo era inmediatamente punida, sin que las libertades públicas y los derechos ciudadanos fueran un límite.
Terminada la guerra los intereses económicos extranjeros reclamaron el espacio perdido y se reencontraron localmente con sus históricos aliados: la clase social hegemonizada por los terratenientes que durante más de un siglo habían estado asociados al modelo.
Se encadenaron entonces los golpes militares, asi llamados porque el ejército se prestaba para actuar subordinado como guardia pretoriana de los intereses que garantizaban el sostenimiento del modelo económico cuestionado.
El de 1930 había mostrado el camino: la toma del poder por la fuerza, desconociendo el pronunciamiento democrático.    Con este antecedente comenzó la segunda serie de golpes de estado: en 1955 primero y 1966 después y se sentaron las bases del más brutal de todos, en 1976. 
Más allá de las obligadas y polémicas consideraciones políticas que estas interrupciones de la democracia implicaron, nos interesa establecer el hilo conductor.
Los golpes ocurridos en la segunda   mitad del siglo XX apuntaron a desarticular la perspectiva histórica amanecida en la posguerra de un proyecto industrial autónomo tecnológicamente, donde la administración de la sociedad pasara de la oligarquía a las mayorías incorporadas por el proyecto industrial.
A fin de la década del sesenta comenzaron a sentirse con mayor intensidad las consecuencias de estas políticas, la prosperidad a frenarse, las fábricas a cerrarse y el ingreso a concentrarse regresivamente.
En la noche de los bastones largos, apaleó y expulso del país a los intelectuales que daban sustento filosófico y tecnológico al modelo alternativo a la Argentina pastoril, anticipando la atroz pesadilla inaugurada en 1976.
El golpe militar de 1966 liderado por el general Onganía envió un claro mensaje a la sociedad.
Por supuesto que nuestro nivel de actividad económica en estas condiciones no generaba excedentes genuinos para financiar la adquisición de estos productos industriales, que venían a sustituir los producidos localmente.
Pero esto no era problema: nuestros proveedores disponían enormes excedentes financieros que nos facilitaban en forma de créditos internacionales.
Por un lado, cerraban nuestras fábricas, con la creciente  desocupación y pobreza que esto implicaba, y por otro, nos endeudábamos en condiciones que les permitía a estos países proveedores tomar decisiones sobre nuestra economía, lo que les garantizaba a largo plazo la permanencia del modelo.
Las consecuencias para nuestra sociedad fueron terribles, el descontento social  gano las calles y la inestabilidad política consecuente sentó las bases del golpe militar de marzo de 1976, que estableció el terror como mecanismo de control de las crecientes demandas sociales.
Las naciones ricas, especialmente EEUU, lograron en esos años imponer sus planes para los países de la región, terminando el sueño de países industrializados.
La represión brutal de las lógicas e inevitables protestas sociales, era imprescindible para instalar este modelo, y solo se podía concretar en un contexto de dictadura y suspensión de las garantías constitucionales.

Ya hemos señalado que el matrimonio entre el ejército y la oligarquía tenía  sólidas bases: el General Julio Argentino Roca, destacado miembro de este sector social había conformado el ejército moderno, incluida la institución de la conscripción, y como dote de esta unión lo había hecho cómplice económico de su proyecto por medio de la Ley 1.628, otorgándole a mas de quinientos miembros de la institución militar parte de las tierras arrebatadas a los indios.
Ambos compartían la nostalgia de las épocas  en que gobernaban el país enseñoreados en sus prebendas territoriales y anhelaban volver a los tiempos en que nadie les disputaba el control de la sociedad.
Los jóvenes que habían tomado las armas durante la década del sesenta lo habían hecho con la convicción de que la única forma de democratizar el país era terminando con esta sociedad entre la oligarquía, el ejército y los intereses de aquellos países que ansiaban tenernos como proveedores de materia prima y consumidores de sus bienes industriales.
Finalmente un endeudamiento enorme (6.700 millones de U$S en 1976 se transformaron en 32.000 millones en 1983) que hipotecaba nuestro futuro y les garantizaba a ellos la colocación de sus excedentes industriales y financieros, acumulados durante el período precedente.
Mirando la historia en perspectiva se nos hace evidente la intencionalidad económica que motivó la complicidad de estos intereses internacionales con el golpe militar de 1976, porque, entre otras verificaciones, cuando volvió la democracia en 1983, la castigaron casi triplicando los intereses a pagar por la enorme deuda contraída durante la dictadura, imponiendo enormes penurias a nuestros ciudadanos para hacer: “…honor a nuestros compromisos internacionales”, como exhortaban cínicamente los mentores, voceros y socios de esta trampa.

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