2. La coyuntura

2.1 Contexto histórico

El Estado Burocrático Autoritario comenzó a regir en Argentina con el régimen militar iniciado en 1966 –autodenominado Revolución Argentina- que consideraba que “para solucionar la crisis de autoridad, la intranquilidad de las fuerzas laborales y la indisciplina social, características del periodo 1955-1966, debían abandonar el modelo de intervención tutelar y participar directamente en los asuntos de gobierno” (Rapoport, 2005: 513). El golpe fue promovido por la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, quién designó como presidente al general Juan Carlos Onganía.
El perfil ideológico del gobierno era antiliberal en lo político y liberal en lo económico, y Onganía acentuó el autoritarismo promulgando diversas leyes de corte represivo, interviniendo los medios de comunicación y restringiendo la libertad de prensa. Fue a los tres años que este gobierno alcanzó su punto máximo de deterioro y las protestas sociales comenzaron a multiplicarse -insertas además en un contexto mundial de protestas desencadenadas por el “mayo” francés y las movilizaciones contra la Guerra de Vietnam en los EE.UU-, y el gran estallido social tuvo lugar en Córdoba el 29 de mayo de 1969, y fue conocido como “el Cordobazo” (Rapoport, 2005: 514).
La década de 1970 inició con el general Roberto M. Levingston en el poder por un breve período de nueve meses, y con el comienzo del accionar de la guerrilla, cuyo funcionamiento perduró hasta el golpe militar de 1976.  Levigston fue reemplazado en 1971 por el entonces jefe del Ejército, Alejandro A. Lanusse, quién era consciente de que no se podía gobernar sin la legitimidad y el consenso de las masas populares, por lo cual decidió restablecer las actividades de los partidos políticos y anunció un próximo acto de elecciones populares (Rapoport, 2005: 515). Ante la evidencia del agotamiento de la Revolución Argentina, y en vistas de que la impopularidad militar crecía y la agitación contra el régimen era generalizada, Lanusse propuso, en busca de una salida honorable, un acuerdo denominado el Gran Acuerdo Nacional, que daba paso a la restitución de la democracia, pero con un control militar. Perón, exiliado en España, dio su negativa a tal acuerdo. En este contexto, las guerrillas adquirieron mayor espectacularidad, las manifestaciones de protesta de sectores medios y obreros se multiplicaron, y la represión y los procedimientos ilegales se intensificaron. De este modo, frente a un escenario de caos y descontento popular, Perón aparecía como la única alternativa viable capaz de recuperar la tranquilidad social (2005:516).
En su primer regreso al país el 17 de noviembre de 1972, luego de 17 años de exilio, Perón organizó el Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI), constituido por el peronismo, el desarrollismo, la democracia cristiana, el conservadurismo popular, desprendimientos del socialismo y del radicalismo y algunos partidos provinciales. La fórmula del FREJULI se conformó con Hector J. Cámpora como candidato a presidente, y Vicente Solano Lima como candidato a Vicepresidente, formula que ganó las elecciones en marzo de 1973 (Rapoport, 2005: 547).
En el clima político transcurrido desde las elecciones en marzo hasta la asunción de Cámpora en mayo, los atentados terroristas se multiplicaron y comenzaron los enfrentamientos entre Perón y la Juventud Peronista radicalizada. Luego, la asunción de Cámpora el 25 de mayo “revolucionó el espacio público. Esa misma noche, bajo la presión de una movilización de miles de personas, se liberó a los presos políticos. La División Policial de Actividades Antidemocráticas (DIPA) fue disuelta por el ministro Esteban Righi. El lunes siguientes se ocuparon todas las facultades públicas de las universidades de Buenos Aires y La Plata” (Ruiz, 2001: 137). Además, el grupo montonero impulsó la ocupación física de lugares de poder, la derecha peronista tomó las emisoras de radio y casi la mitad de las huelgas habidas entre junio y septiembre se realizaron  con la toma del lugar de trabajo (2001: 137).
 Incluso luego de la asunción del nuevo presidente, los conflictos internos del peronismo se intensificaron, y sumados a la convulsión popular, llevaron a Cámpora y a Solano Lima a presentar su renuncia al Congreso en julio, tras pocos meses de gobernar, siendo reemplazado provisionalmente por el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri. Este hecho dio espacio a unas nuevas elecciones presidenciales.
Perón, que estaba ya instalado en el país desde el 20 de junio de 1973, luego de un convulsionado regreso conocido como la “masacre de Ezeiza” , encontró así el espacio para su postulación a las nuevas elecciones en las que, acompañado en la fórmula por su esposa María Estela Martínez de Perón, superó con un 62 % de los votos a la fórmula radical, encabezada por Ricardo Balbín y Fernando de la Rúa. Su propuesta, que consistía en  volver al orden legal y constitucional, encontró eco en todos los sectores políticos del centro y de la derecha; Perón retornaba así a poner fin al vacío de poder (Rapoport, 2005: 548).
La tercera presidencia peronista se propone llevar a cabo un fortalecimiento del poder estatal frente a actores sociales y económicos, por medio de “una democracia integrada que encauzara los conflictos sociales, controlara las relaciones entre trabajadores y capitalistas y garantizara la estabilidad política del régimen” (Rapoport,  2005; 548). En el primer semestre de 1973 se firma el Acta de Compromiso Nacional, instrumento principal de las nuevas políticas que implementaría el gobierno peronista, acordado entre el Ministerio de Economía, la CGE (Confederación General Económica) y la CGT (Confederación General del Trabajo). José Ber Gelbard –Ministro de Economía- pretendía por medio de un Pacto Social “establecer las condiciones necesarias para el crecimiento económico, la redistribución del ingreso a favor de los asalariados, el fortalecimiento del mercado interno, las restricciones a la operación del capital extranjero y la industrialización” (2005; 564).

2.2 Situación agraria pampeana en la década de 1970

Lo agrario en relación con el desarrollo del capitalismo en el país es de una importancia decisiva, ya que a principios del siglo XX la Argentina se incorpora sólidamente al mercado mundial como gran exportador de productos agropecuarios. La economía agroexportadora es clave en la modernización del país en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX, y esta centralidad del agro pampeano no cambiará aún con el desarrollo de una economía industrial. Además, las condiciones de la producción agropecuaria desempeñan un papel fundamental en la determinación interna de los salarios y de su poder adquisitivo (Guillermo Flichman, 1977).
En relación al agro pampeano, el período comprendido entre 1964 y 1975 se caracterizaba por ser una etapa transformadora. A mediados de la década de 1960, pueden identificarse características diferenciales de la estructura agraria respecto del período anterior, las cuales “estarían dadas por la salida del estancamiento de la producción agropecuaria que caracterizó las décadas del cuarenta y cincuenta, y por la importancia que tuvieron en ese proceso los cambios tecnológicos, institucionales, y la mecanización, que se percibían como instrumentos efectivos y mucho menos conflictivos que la expropiación y distribución de tierras para promover el aumento de la producción” (Lattuada, 1988: 40). Otra característica diferencial fue la descompresión de conflictos, regulados en principio por controles estatales, tales como  prórrogas y congelamiento de los arrendamientos rurales, legislación contractual, laboral y social, y la organización sindical de los sectores asalariados rurales. Las transformaciones implicaron “una disminución significativa en los sectores rurales no propietarios, y con ellos su importancia como caudal electoral, que en otro momento ejercían una presión directa sobre el sistema de tenencia de la tierra y el “normal” desarrollo del proceso productivo, ya sea este el caso de los arrendatarios y aparceros por su transformación en pequeños y medianos propietarios, o por su proletarización y expulsión del medio rural junto a un significativo número de trabajadores rurales”. En esta etapa la estructura agraria da cuenta de un sector asalariado poco significativo, ya que la mecanización reemplazó a los trabajadores asalariados transitorios o de cosecha (Lattuada, 1988: 41). A su vez, la cantidad de  pequeños y medianos productores propietarios iba en aumento y, por ejemplo, sólo un 36% de los cien mil miembros de la FAA seguían siendo arrendatarios hacia 1966 (Rapoport, 2005: 586). De este modo, la imagen del terrateniente “parásito” ajeno al sector productivo –figura opuesta al del trabajador no propietario- se fue transformando en la imagen del empresario “que hace de las inversiones rentísticas y especulativas una opción empresarial racional y se caracteriza por un gran peso de la tierra en su patrimonio y la elección de estrategias extensivas de producción” (Lattuada, 1988: 41).
Entre 1960 y 1970 adquiere nuevamente centralidad en el debate público y político argentino la cuestión de la economía agropecuaria pampeana. Durante la década de 1960 las campañas resultaron oscilantes y pasaron de arrojar rendimientos particularmente favorables, para declinar luego hasta 1969 y a ascender nuevamente durante la campaña 1968-1969. La década siguiente comenzó con el fin del histórico conflicto entre propietarios y arrendatarios, al desaparecer los últimos contratos amparados en las prórrogas producidas entre 1942 y 1968 (Barsky-Gelman, 2001: 360).
Por otra parte, el inicio de los ´70 tuvo como protagonista en el sector agrario la incorporación de nuevas tecnologías, el proceso de sustitución de cultivos y el desarrollo del cultivo de soja; este último avanzó aceleradamente y se convirtió en el eslabón entre las semillas mejoradas y los agroquímicos que permitían una segunda cosecha por año. Este desarrollo se mantuvo durante toda la década de 1970, y entre 1972 y 1974 el valor de la producción se incrementó un 23% en todos los grupos de cultivos (Rapoport, 2005: 587-588). En este período estuvo también presente la discusión sobre el problema del acceso y tenencia de la tierra, y los constantes intentos de aplicarles impuestos (Makler, 2006). Las propuestas agrarias del inicio de los ´70 estuvieron orientadas a solucionar problemas que se percibían como económicos, a fin de maximizar las condiciones de eficiencia. De este modo, la atención se centra en las tierras improductivas, cualquiera sea su extensión, y se advierte al minifundio como un problema fundamental por lo antieconómico para la producción (Lattuada, 1988: 43). Las medidas legislativas aprobadas durante este período fueron: Suspensión de juicios de desalojo de tierras (ley 20.518, publicada en el boletín oficial el 6 de agosto de 1973); Otorgamientos de créditos para la compra de tierras y herramientas por arrendatarios y aparceros (ley 20.543, publicada el 29 de octubre de 1973); Intervención estatal en la comercialización de carnes (ley 20.535, publicada el 10 de octubre de 1973) e Intervención estatal en la comercialización de granos (ley 20.573); Uso y  tenencia de la tierra (20.538, publicada el 14 de noviembre de 1973). En este contexto de debate político que fue adquiriendo la problemática agraria es que se inscribió la cuestión del acceso a la propiedad y a la tenencia de la tierra. Estas medidas legislativas y proyectos reabrieron una discusión en donde se marcaron las posiciones ideológicas respecto a la propiedad de la tierra.
Desde el inicio del gobierno peronista en 1946, se incorporaron medidas tendientes a fragmentar los grandes  latifundios, y se sancionaron nuevas leyes de arrendamientos, expropiaciones, colonizaciones, créditos rurales e incrementos impositivos a los grandes latifundios, acompañados por los discursos de que la tierra debe ser para quién la trabaja, ya que no es un bien de especulación sino de uso (Blanco, 2007; 455). Las transformaciones en el sistema de tenencia de la tierra en la región pampeana argentina de mediados de siglo XX estuvieron caracterizadas por “una reforma agraria no formal que adquiere renovado impulso durante la particular coyuntura económica y política de los años cuarenta y que procura responder a una latente conflictividad social desde los años 20” (2007; 483).  El último gobierno peronista, iniciado en 1973, retomó la idea de que la tierra debía tener una función social y las políticas estuvieron a cargo del secretario de Agricultura, Giberti, quién se encargó de llevar adelante la planificación.
Hacia septiembre de 1973 se instrumentó un acuerdo denominado inicialmente “Acta de Compromiso del Estado y los Productores para una Política Concertada de Expansión Agropecuaria y Forestal (al cual adhirieron las 33 entidades vinculadas con el agro y 24 instituciones asociadas a la CGE, excepto CARBAP), conocida finalmente como “Acta de Compromiso del Campo” (Lattuada, 1986; 223) mediante el cual el gobierno se comprometía a aumentar los precios mínimos de los productos agropecuarios, a otorgar incentivos fiscales y una política crediticia favorable al sector, mientras que las entidades se comprometían a duplicar la producción en un período que rondaba los seis años. En este sentido fueron elaborados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a cargo del Ingeniero Horacio Giberti, el IRNP (impuesto a la Renta Normal Potencial) en 1973, y el Proyecto de Ley agraria en 1974. Ambas tenían como objetivo “sancionar a quienes produjeran por debajo de las posibilidades que brindaran las tierras y estimular un aumento de la productividad y de la producción” (Rapoport, 2005; 589). Las medidas agrarias procuraban incrementar la producción y la productividad de la tierra, pero este tipo de medidas tendientes a modificar la estructura de la tenencia de la tierra o a incrementar gravámenes al sector rural se encontraban con la oposición de sectores sociales que poseían un alto grado de poder y que generaban una parte sustancial de las divisas (2005; 565).

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