TLCAN Y BANXICO

Como lo comenté en el artículo pasado, la reforma al artículo 27 constitucional de diciembre de 1992 pone la tierra agrícola al juego del libre mercado, como deja a los campesinos vulnerables a tiranías del mismo ante la pérdida de la tutela del Estado. Inminentemente se viene la formación del latifundismo como fórmula de explotación agraria moderna (fordista, producción a gran escala que minimiza los costos). Los agronegocios logran mediante la estrategia de los oligopsonios, cautivar y controlar los mercados de sus insumos y proveedores, de tal manera que en el campo mexicano se deja de cosechar la mesa de los nacionales para orientar la agricultura a productos tipo hortalizas de exportación, o productos forrajeros para ganaderías de exportación.

Ante la pérdida de la protección del Estado al campesino, para evitar que esta “nueva orfandad” sea traumatizante para este importante sector de la población se implementa el programa social “Solidaridad”, así como se acompaña posteriormente de nuevos subsidios como lo es “Procampo”, mismo que debió terminar en el 2006 pero que continúa al menos hasta el término del mandato de la actual administración federal.

Colateral a las reformas respecto a la propiedad del suelo como del subsuelo, en 1994 se celebra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluye los productos nacionales en mercados dominados por grandes transnacionales y cuya dimensión como condición son abiertamente desventajosos para los productores nacionales, especialmente el agro. Desaparecen previamente a la firma del tratado toda forma de subsidio a la industria (considerados dumping social), así como los precios de garantía al consumidor como al productor en bienes básicos. La CONASUPO se redimensiona cada vez a mercados más modestos, como a menos bienes en materia de abasto y termina por atender a las poblaciones más marginales, hasta su sistemática desaparición.

La CONASUPO en los mercados urbanos no solo atendía el desabasto que los monopolios hacen en los mercados de bienes básicos (componentes de la canasta básica), sino que por otra parte sus precios son fuerzas gravitacionales que “estacionan” los precios de los monopolios a niveles socialmente admisibles. Al desaparecer la CONASUPO no solo se pierde la atención en abasto a la población trabajadora, sino que se quita este mecanismo antimonopolio.

La canasta básica que tiende la CONASUPO se integra mayoritariamente, o al menos de manera muy representativa, por bienes de consumo humano tales como alimentos y vestuario, productos que derivan de actividades agrarias, aún en lo textil al realizarse con hilos de algodón y lino, principalmente. Por tanto, la firma del TLCAN conlleva a su vez que los productos del agro queden a las fuerzas del libre mercado en condiciones de competencia imperfecta. Quienes pierden ante esta situación son los minifundistas y pequeños productores.

Las tierras de los ex ejidatarios bien terminan por rentarse a medieros o venderse para fraccionamiento urbano, usos industriales, habitacionales, pero sobre todo para la formación de grandes latifundios de dimensiones nunca antes vistas como son propiedades en el Bajío de más de 4 mil hectáreas, y el inminente control de los productos agrícolas tales como el ajo, el brócoli, el espárrago, entre otros. El efecto es el aumento del éxodo campesino a las ciudades medias, grandes urbes y sobre todo a las áreas en el extranjero de atracción laboral como es California, Texas y otros estados de la Unión Americana.

En 1993 se tiene al reforma a la Ley Orgánica del Banco de México en razón de otorgarle mayor autonomía. El sustento es que la Federación siempre ve al Banco de México como “la maquinita de hacer dinero” para saldar sus déficit operacionales. Así, la continua disposición de “dinero extra” para saldar la situación financiera del Gobierno es la principal causa de la alta inflación vivida hasta el momento. Su autonomía supone que el Estado tendrá que hacer un mejor uso de sus recursos financieros y sus “abusos en gasto”, remediarlos mediante la deuda pública y un redimensionamiento del gasto a favor de atender los rubros considerados más esenciales.

Este redimensionamiento del gasto vino en perjuicio de los programas sociales, especialmente de los subsidios al campo. La paulatina suspensión de subsidios estatales a los campesinos agrava la situación de pobreza de este grupo de la población mexicana. La estabilización económica conlleva el sacrificio del sector campesino. La lucha contra la inflación, con las reformas adquiere el carácter de ley constitucional y la principal premisa de este instituto financiero es la estabilidad macroeconómica. La reforma al artículo 28 constitucional indica que “…ninguna autoridad podrá ordenar al Banco de México conceder financiamiento…”.

Es durante la administración zedillista que “las reformas de primera generación” son profundizadas y dimensionadas en su expresión social. El objetivo económico viene y seguirá siendo hasta la actualidad la estabilización económica. El costo es el financiamiento a la inversión social, quienes la sufren es la población trabajadora. La banca, privatizada desde 1992, ante el bajo nivel de ahorro nacional pone el nivel del encaje legal a un índice de porcentaje de liquidez con tasa 0%, por lo que se requiere crear contraparte, para amparar a los ahorradores ante la posible quiebra de los inversionistas, el fondo bancario para la protección al ahorro (afamadamente conocido como FOBAPROA). Desde luego, con creado con fondos públicos para amparar los negocios de los particulares, so pretexto que la estabilidad financiera “nos beneficia a todos”. El fondo es de alrededor de 100 MMD (cien mil millones de dólares, en tiempos donde solo se debían 130 MMD al exterior). Todo para favorecer a una docena de banqueros. En 1994 los abusos y la especulación bursátil de acciones de las grandes corporaciones en coalición al sistema bancario desploman la economía nacional a solo 20 días de haber iniciado la administración de Ernesto Zedillo.