REFORMAS INSTITUCIONALES ANTE LA POSTMODERNIDAD

El artículo 25 habla de la rectoría del desarrollo nacional por parte del Estado. Las reformas pertinentes para la transición al régimen de producción flexible se dan el 03 de febrero de 1983, que corresponde a la primera etapa que abarca el periodo de 1976 – 1983, donde se vive el declive del Estado del bienestar. Su segunda etapa va de 1986 – 1994 donde en se implementan los pactos económicos para la estabilización de la economía nacional. Es destacable que un requisito indispensable para abrir la economía al comercio exterior, como vincular la inversión nacional a la extranjera es la estabilidad de precios.

Se recuerda que la crisis de 1976 si bien marca el inicio del agotamiento del esquema de desarrollo endogenista y de corte nacionalista, a su vez inaugura un periodo de sucesivas crisis donde la economía nacional no solo ve cuestionadas sus instituciones postrevolucionarias, sino le legitimidad de un régimen político fundado en la social democracia.

Las crisis se dejan sentir en 1976, 1982, 1985, 1987 y 1994. Todas ellas cíclicas, recurrentes y cada vez más críticas. El sustento de un régimen de poder político no puede darse en el contexto de crisis cuyo efecto es el aumento de la pobreza y la desigualdad. La profundización de la crisis del fordismo en México conlleva un costo social y político que engendra una crisis de legitimidad y de conducción de la economía por parte del Estado.

La salida a la crisis, ante el agotamiento de las reservas internacionales y un ahorro interno bastante modesto, es el endeudamiento externo de forma sistemática. Si para 1970 la nación debe alrededor de 4 MMD, para 1995 la deuda supera los 160MMD. La desigualdad social se agranda y la inequidad es cada vez un problema mas profundo.

Las crisis económicas velan la inoperancia de las instituciones modernistas implementadas desde 1917. Las reformas de hecho miran al papel del Estado en la economía. Se requiere una nueva institucionalidad tocante al carácter del Estado como sujeto económico. El grado de intervención del Estado social mexicano es financieramente muy costoso. Desde 1976 se viene a sufragar el gasto social gracias a las ventas petroleras que para 1983 ya representan entre el 70% y el 80% de los ingresos del Gobierno.

El sostenido aumento del endeudamiento externo como el crecimiento demográfico que se traduce en el aumento de las demandas sociales en servicios públicos lleva al estado a la quiebra financiera. El gobierno se ve en la necesidad de pactar empréstitos de contingentación al servicio de la deuda (desvestir un santo para vestir otro). Los acreedores imponen sus reglas y con ello tanto el Plan Nacional de Desarrollo, con aspiraciones de autonomía nacional, así como las orientaciones endogenistas de la CEPAL pasan a un segundo plano. Arriban a la nación políticas de corte neoliberal que se resumen en las siguientes características:

1. Se desea un Estado menos interventor.

2. Se desea a su vez un Estado menos propietario.

3. Se afirma que el gobierno que mejor gobierna es el que menos gobierna.

4. Nace el interés por un estado mínimo.

5. Se redimensiona a una expresión mucho menor el gasto social del Gobierno.

6. El estado admite su papel liberal como juez, que emite leyes, policía que supervisa se cumplan y gendarme que resguarda a la nación.

7. A su vez se afirma que el papel del estado en lo económico debe resumirse a tres aspectos: la eficiencia económica especialmente en materia ecológica, las externalidades de las organizaciones tocantes a sus efectos colaterales y a la sinergia que se desea del sistema capitalista, y la competencia económica tocante a las imperfecciones de los mercados y a los monopolios.

8. Se desea cancelar la atención del estado respecto a la previsión, la atención y la seguridad social, pasando al mercado de los seguros financieros y la banca los fondos empresariales que son prestaciones laborales (nace el SAR, surgen las AFORES, entre otros). Se descredita a la institución más noble del país, el IMSS por sus internalidades de las que destaca la corrupción y la pérdida de solvencia, como de calidad de ciertos servicios de primer contacto.

9. La burguesía, especialmente al alta burguesía inicia la enajenación del Estado. Se vienen más de 2 mil privatizaciones de 1982 al 2000. Para 1983 se tienen 1155 paraestatales, en 1987 quedan 807 y en 1996 solo restan 230, de las cuales 35 están en su fase de desincorporación.

10. Se adhiere el país al GATT, posteriormente OMC. Se celebra en 1994 el TLCAN y la apertura económico – financiera se concibe dentro de la esfera de la inversión bursátil, la globalización financiera y la sujeción del sistema financiero nacional a los organismos financieros multilaterales tales como el FMI, el BM y la Reserva Federal estadounidense.

11. La enajenación del Estado por la alta burguesía, plutocracia, hace a un lado a la clase media (socialdemócrata) como clase política, por una nueva clase media demócrata cristiana, de derecha, obediente a los dogmas de legitimidad del poder (Iglesia y Empresa). El presidente de México acaba por ser quien fue el Presidente en toda Latinoamérica de la Coca Cola, y ahora lo es en la región de la democracia cristiana.

12. La propiedad privada, el mercado y la empresa son los emblemas de la nueva clase política. La supremacía del Estado se subliman como “la mano invisible” y divina que todo regula y del que todo depende. La divinización del mercado y la degradación del Estado, de lo público y lo colectivo. La nueva ética es la conveniente al individuo en condiciones del capitalismo salvaje donde la ley del más fuerte es la que priva.

13. Finalmente, las reformas por una parte redefinen el papel económico del Estado creando la desregulación y la apertura económica, como el redimensionamiento de lo público, pero por otra parte, tocan a la propiedad privada y la privatización de la banca (1992).

De 1982 a 1986 se reforman 40 artículos constitucionales, de las que 7 son de corte económico. Destaca la reforma al Artículo 25 constitucional que como ya se dijo viene al caso del rol económico del Estado, donde la orientación va a la desregularización económica, la minimización estatal, la competencia económica y la libre empresa.