ENERGÍA, POLÍTICA Y NACIÓN

Siendo México una nación petrolera desde fines del siglo XIX, y que las concesiones de explotación a extranjeros fueron dadas por Porfirio Díaz en 1904 – 1906, este hidrocarburo adquiere relevancia conforme el modernismo ingresa como esquema de organización del trabajo y la producción, desplazando al carbón como principal insumo industrial en materia de generación de energía.

La expropiación petrolera en 1936 atiende a preparar la fase del desarrollo industrializador de corte nacionalista, propio de régimen post revolucionario. El control de la energía, las comunicaciones y la minería (especialmente del carbón y del petróleo), son bastiones necesarios para el fortalecimiento de la industria nacional.

Pero el petróleo no es tan significativo en dicha época. Va a ser hasta mediados de la década de los años 70 que adquiere relevancia. Se da la crisis de hidrocarburos en 1973 como efecto de la cuarta guerra árabe – israelí. Previamente se tiene la crisis de las instituciones financieras pactadas desde Bretton Woods (USA 1944), con el rompimiento del esquema oro – dólar y la creación del nuevo sistema de cambios de corte fiduciario, donde los Estados Unidos de América salvan la situación en gran medida respaldando su oferta de dinero no solo con sus reservas de oro en el Fuerte Nox, sino con sus reservas de petróleo.

La crisis financiera del primer lustro de los años 70 invierte el resultado de la cuenta corriente dentro de la balanza de pagos del país que desde los años cuarenta hasta 1973 es persistentemente superavitaria. Las reservas internacionales se agotan y en 1976 abiertamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esgrime la devaluación de casi un 100% de la paridad del peso respecto al dólar estadounidense (de $12.50 a $24.75).

Este evento marca el fin de la estabilidad y el crecimiento que caracteriza al Milagro Mexicano basado en un esquema económico proteccionista y con alta participación del Estado (endogenismo).

Coincidentemente, en el territorio nacional se descubren importantes yacimientos del llamado oro negro. La falta de infraestructura extractiva como la situación económica causan que la nación incremente su adeudo con el extranjero de 4 MMD (1970) a 20 MMD (1976).

La petrolización de la economía mexicana si bien sirve en su momento para restablecer temporalmente la estabilidad económica, vuelve paulatinamente dependiente la economía nacional de este único producto pasando de una economía oligoproductora a casi monoproductora. La participación del hidrocarburo llegó a representar el 80% del valor de la canasta de exportaciones y casi el 60% de los ingresos del Gobierno.

Esta grave dependencia acentuada con el tiempo hizo a la economía vulnerable de los cambios en el precio internacional del petróleo. Las crisis de 1983 y 1985 de hecho son causa de esta situación. Si bien la economía mexicana al perder reservas internacionales en lo 70 pierda la estabilidad, como auténtica yatrogenia, la excesiva dependencia en cuanto finanzas públicas de este producto que primero alivia la situación, en un segundo momento es causa de crisis de liquidez.

El régimen político basado en un corporativismo clientelista, subsidia el salario real mediante subvenciones a los componentes de la canasta básica, así como mantiene la paz social mediante un convenio político con las organizaciones populares, tales como lo son los sindicatos.

El gasto público llega a estar a la par con la inversión privada y la tutela del Estado sobre la economía resta espacio a la inversión. La falta de capitales ante la insuficiencia de ahorro nacional crece sistemáticamente ante esta forma de convención política. El petróleo fortalece la infraestructura estatal pero es el gasto corriente el que más crece vía salarios y prestaciones a servidores públicos. El crecimiento demográfico que en 1980 presenta una tasa anual de 3.6% causa la necesidad de generar un volumen de empleo de cerca de 800 mil plazas, las que se pueden crear si el PIB crece anualmente en al menos 7%. El Estado lo resuelve creando empleo público. Paralelamente el empleo privado crece a una dimensión mucho menor.

Ante la baja productividad y el crecimiento del sector público sostenido por los ingresos petroleros, es evidente que la economía no tiene bases autónomas para sostenerse. Una leve caída del precio internacional del petróleo pone a temblar todas las finanzas del país.

Ante la creación de empleo improductivo, las presiones inflacionarias crecen. No obstante la contabilidad nacional asume el valor agregado de los servicios públicos, la economía real pierde capacidad de sostener un crecimiento con estabilidad. De hecho el crecimiento se logra mediante la inflación. Inflación que entre otros males resta margen de ganancia a los negocios, expectativas de prosperidad y certidumbre para la inversión. Por otra parte, empobrece a los perceptores de rentas finas como polariza la distribución social del ingreso nacional.

El esquema endogenista pierde asiento ante una economía que se sostiene principalmente por las percepciones petroleras. Para rescatar al esquema las captaciones de ingresos petroleros debieron destinarse a fortalecer el crédito privado y no las finanzas públicas. Así la empresa nacional se hubiera fortalecido y crecido con generación de empleos productivos en el sentido de una economía real, no tanto de servicios. El crecimiento de la industria hubiera mantenido la diversificación productiva restando fuerza a la dependencia del sector petrolero.

De hecho la petrolización de la economía mexicana es el principal error que se comete por los gobiernos clientelistas, más en su fase populista. La necesidad de mantener la concordia nacional entre las fuerzas políticas “arregladas” mediante prestaciones de todo tipo por parte del Estado, hace que el Gobierno desvíe los ingresos petroleros a fortalecer su gasto social, antes que amparar la liquidez internacional del peso mediante la creación de reservas internacionales que respalden un sistema financiero con créditos baratos.

Tardíamente, cuando la situación crece a una dimensión que roza con lo crítico, el Estado admite los costos sociales de sostener un régimen político subvencionado mediante los ingresos petroleros. Tratar de dinamizar la industria nacional conlleva un cambio de política que provea de mercado a los negocios del país. Es precisamente cuando se implementan las llamadas políticas neoliberales (1982).

El principal requisito es abandonar el régimen político social demócrata cuyo sostenimiento se había corrompido por el clientelismo estatal exacerbado (bien llamado populismo). Inconsistente promover lo público y la colectivización cuando se tiene un esquema basado en la propiedad privada y en el mercado. Evidentemente esta es la contradicción fundamental que causa la crisis del sistema socio económico y socio político del país.

Liberar de su carga social al Estado es una tarea que implica por un lado desmantelar el corporativismo basado en sindicatos y en relaciones industriales cautivas por la cláusula de exclusión del Artículo 123 constitucional. El nuevo sindicalismo democrático y la flexibilidad laboral son el camino para ello.

Implica terminar con la social democracia, que como fuerza política representa el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Por otra parte, inventar un partido de derecha cuya oferta política sea una nueva forma de corporativismo donde la alianza cívica sea entre las fuerzas conservadoras (Iglesia católica dogmática y moralista), la base emprendedora e innovadora (la empresa pragmática y anárquica), como conciliar los intereses de extranjeros en el país (principalmente de Estados Unidos de América). Un partido de orientación demócrata cristiano: el Partido de Acción Nacional.

Si Miguel De La Madrid Hurtado da los primeros pasos a la apertura económica, es Carlos Salinas de Gortari quien inventa el nuevo régimen de poder. Sus iniciativas son marcadas de forma inmediata por el arresto del líder sindical petrolero Hernández Galicia (la Quina). 16 de 31 entidades federativas desbancadas durante su sexenio, San Luis Potosí tuvo 5 gobernadores en solo 6 años, como en Guanajuato se da el famoso “ramonazo”. Crímenes políticos tales como el del Arzobispo Posadas Ocampo, Luis Donaldo Colosio, Ruiz Massieu, el surgimiento del movimiento zapatista el 01 de enero de 1994, y otros tantos atentados que enturbian el clima político dejan de manifiesto que la transición dista mucho de ser pacífica.

El PRI pierde disciplina desde fines de los años 70 y origina otro partido más radical compuesto por los elementos más radicales de la social democracia que desilusionados del partido organizan su propia alianza política: el Partido de la Revolución Democrática, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.

La insurgencia en México siempre tiene un patrocinador tras bambalinas. Así como el EZLN se genera gracias al apoyo de sindicatos priístas (como lo fue Ruta 100), que buscan desestabilizar el sistema político y crear una fuerza popular basado en la revolución mexicana contra el salinismo, más tarde será el PRD quien formará su propia guerrilla rescatando a los militantes de los movimientos de guerrilla en Guerrero Genaro Vázquez y Lucio Cabañas.

Desmantelar el corporativismo social demócrata no es tarea fácil como la historia reciente lo demuestra, menos aún será fácil realizar reformas institucionales de corte post fordista para darle sentido al cambio y orientación a la reestructuración económica. Menos aún cuando se pierde la disciplina y la concordia política.

El esmero por echar a andar el neoliberalismo no es suficiente para evitar continuos tropiezos, muchas veces insalvables. Las viejas instituciones, aún obsoletas, demuestran tener arraigo en contrato político social establecido desde tiempos post revolucionarios, especialmente entre la clase media del centro del país, altamente beneficiada por el clientelismo basado en subsidios, no se diga en el Distrito Federal.

El costo político del desmantelamiento del sistema político social demócrata es la radicalización de las fuerzas políticas que buscan defender sus interese ante la nueva impostura del Estado neoliberal. Este grupo fortalece al PRD, que conforme avanzan las políticas de mercado y apertura económica, se ve nutrido por la inconformidad popular ante la pérdida de prestaciones, subsidios, subvenciones como nivel de vida.

A 25 años de políticas neoliberales y ante un contexto socio político de este corte la búsqueda de fortalecer a la industria nacional a costa del gasto social, la falta de estabilidad económica y de crecimiento económico entrevera la pertinencia de seguir este esquema. No obstante el régimen se empeña en seguir el concesionamiento de lo público a lo privado. Especialmente de ramos económicos estratégicos como prioritarios. Recientemente la cuestión de la energía donde aparece la posible privatización de la industria eléctrica como la del petróleo.

Tema controvertido cuando se sabe que las nuevas fuerzas políticas al amparo de la democracia cristiana no han logrado la concordia y la pacificación del país, el que por cierto presenta síntomas de violencia previa a una disrupción social. Ya no es cosa del narcotráfico ni del llamado crimen organizado, la violencia es general y la delincuencia adquiere las dimensiones propias de alimenta la pobreza extrema de más de 60 millones de nacionales sumidos en ella.

Si bien, la izquierda se nos presenta como conflictiva, la derecha a su vez se manifiesta corrupta. La oferta política es controvertida y la alternativa poco significativa. Ante la pérdida de control, el panismo busca alianza con su viejo enemigo, el PRI, quien demuestra tener la suficiente fuerza como para conciliar grupos políticos que permitan una transición pacífica (se vio en el 2006). Al parecer la vieja dictadura benévola, con todo, deja en claro que sus formas al menos dieron 71 años de paz a la nación. A 8 años de poder, están a un paso de llevar a una revolución social a la nación.

La plutocracia adquiere una riqueza que genera en solo 20 años a las 10 familias más ricas del mundo. Contraparte, más de 60 millones de mexicanos están sumidos en la pobreza extrema. Mientras los primeros pugnan por sus intereses de capitalización, la mediana y pequeña empresa mexicana naufragan en las tormentosas aguas de los mercados restringidos y altamente imperfectos.

Mientras en 1970 la relación del salario respecto a la productividad promedio per cápita nacional era de 1 a 4, ahora es de 1 a 12. Esto es, mientras un trabajador en la industria manufacturera gana $55 al día, el valor de su producción es 12 veces superior ($660). A pesos actuales el salario de 1970 equivale a $165 (3 veces superior al salario real actual). Para los mismos años, el coeficiente de dependencia paso de 1:6 a 1:2. Es decir, en 1970 con el sueldo de una persona se sostenía una familia de 6. Ahora con el sueldo de una persona se sostienen solo 2.

Aún así la persistencia de las políticas neoliberales y su apego ortodoxo están costando a la nación la pérdida gradual del patrimonio nacional, de la estabilidad económica, de soberanía y autonomía, como la paz social.

No será suficiente una alianza nacional contra la delincuencia y el crimen organizado, mientras no se comprende la necesidad de un mejor reparto económico, más justo (que cada quien tenga lo que se merezca), equitativo (a cada quien de acuerdo a sus necesidades y a sus capacidades), igualitario (que nadie goce de privilegios, que todos accedamos a las mismas oportunidades) y sustentable en lo social (bienestar), en lo económico (eficiencia, autonomía, estabilidad y crecimiento), en lo político (soberanía y paz), en lo ecológico (racionalidad), como en lo cultural (tolerancia y respeto).

Es momento de reconsiderar.