BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

ANALISIS Y EVALUACIÒN DE LAS POLITICAS LABORALES Y SOCIALES EN APOYO DE LOS DISCAPACITADOS EN MEXICO

Genaro Sanchez Barajas y alumnos




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I.- ANTECEDENTES

Desde que el hombre comenzó a vivir en sociedad, tuvo la necesidad de proteger sus intereses por encima de los miembros de mayor poder dentro del grupo al que pertenecían, sin embargo con la evolución humana y la aparición de la civilización y, las nuevas estructuras de organización social, comenzaron a aparecer instituciones destinadas para tales fines; los romanos ya contaban con instituciones como lo fueron, las collegia tenoiurum; en el Cristianismo encontramos las Hermandades de ayuda a menesterosos y, que con el descubrimiento de América y posteriormente la Conquista a México por parte de los Ibéricos , se transmite el culto con sus instituciones; México desde sus primeros años como Estado Independiente abogó, por la ayuda jurídica y social de las clases menos favorecidas, surgió como un derecho social y fue Ignacio Ramírez, entre los días 7 y 10 de Julio de 1856, quien literalmente diría: “Derecho Social son los medios jurídicos para proteger a los menos favorecidos.

Es importante analizar que de manera general el derecho a las personas con discapacidad esta dentro del derecho social como partes de una sociedad que según el concepto de Ignacio Ramírez son los menos favorecidos.

Con el paso del tiempo y la evolución del mundo jurídico, grandes teóricos del derecho comienzan a establecer nuevos conceptos al respecto, que resultan más estables y concretos, y comienzan a notar que no solo están las personas económicamente débiles, sino también personas físicamente débiles y es cuando entonces el derecho sobre todo el social comienza a crear programas e instituciones jurídicas para éstas.

Otra de las definiciones, con mayor amplitud es, la que da el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien dice que, “el Derecho Social establecerá y desarrollara a través de normas jurídicas, principios y procedimientos que protejan a los individuos socialmente débiles”.

Ciertamente México en 1856 es quien crea la idea del Derecho Social, por encima de Gierke, de la Constitución de Weimar de 1919, de Lyon Paul Pic, de Arthur Rousseau, de Duguit y entre muchos más.

Sin embargo no basta ser el creador de alguna idea, lo verdaderamente importante es desarrollarla en la sincronía legislativa y la diacronía social, procurando que ambas vayan de la mano y, acotar la distancia entre el ser y deber ser.

De acuerdo al Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad 2009 – 2012; el primer esfuerzo nacional para la atención de personas con discapacidad se dio el 13 de enero de 1977 con la creación del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) , cuya finalidad fue brindar asistencia social, como obligación del Estado y en beneficio de la población marginada, a las personas con discapacidad o las personas en desventaja social. Posteriormente el Plan Nacional de Desarrollo 1983‐1988, incluyó el compromiso de realizar acciones encaminadas a impulsar la protección social a los menores en edad escolar, a personas con discapacidad y a la familia en general. Esta acción dio origen en 1987 al Programa de Rehabilitación, el cual incluyó servicios de atención al sistema neuro‐músculo‐esquelético, comunicación humana, ceguera o debilidad visual, así como las que afecten la salud mental.

Con el paso del tiempo estas acciones marcaron en nuestro país el inicio de las políticas públicas de tipo asistencialista dirigidas a la población con discapacidad, que a pesar de que ya existían ideas y pensamientos para tomar en cuentas dentro de estas políticas las cuales fueron respaldadas por la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1986. Esta Ley planteó que el Sistema Nacional de Salud en materia de asistencia social debería establecer y llevar a cabo programas interinstitucionales para asegurar la atención integral de los grupos sociales vulnerables. Asimismo, incorporó a las personas con discapacidad por ceguera, debilidad visual, sordera, mudez, alteraciones del sistema neuro‐musculo‐esquelético, deficiencias mentales, problemas del lenguaje y otras deficiencias, entre la población beneficiada por los servicios de asistencia social .

Uno de los avances más importantes para el desarrollo de las personas con discapacidad en la historia de nuestro país, fue la incorporación de una política de Estado en el Plan Nacional de Desarrollo, 1994‐2000 documento que se elabora en cumplimiento al Artículo 26 sobre planeación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con estándares internacionales, lo que motivó la elaboración y puesta en marcha del Programa Nacional para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad (CONVIVE).

Este programa fue presentado el 12 de mayo de 1995 y estuvo orientado a generar políticas transversales e interinstitucionales en diversos campos, para transformar el modelo asistencial que había prevalecido hasta entonces en un modelo de desarrollo social, con la activa participación de organizaciones de y para personas con discapacidad. Este programa fue coordinado por la Comisión Nacional Coordinadora para el Bienestar y la Incorporación al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, y estuvo conformado por ocho subprogramas que promovieron la reproducción de acciones similares a nivel estatal, con base en los lineamientos de las Normas Uniformes de las Naciones Unidas.

Lo anterior hizo posible que el 10 de Junio de 2005 que en México se publicada la Ley General de las Personas con Discapacidad, que da potestades al Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad (CONADIS) para el establecimiento de una política de Estado en la materia, así como para promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones, estrategias y programas derivados de la Ley.

De acuerdo al cuadro I “Programas de atención a personas con discapacidad desarrollados en la Administración 2000‐2006”, del documento PRONADDIS (ver bibliografía), en este mismo periodo de administración pública federal, el Sistema Nacional DIF, prestó servicios de rehabilitación integral a la población con discapacidad o en riesgo de presentarla, con el propósito de contribuir a su integración social. La secretaria de Trabajo y Previsión Social hizo lo propio con el Programa de Integración Laboral para personas con discapacidad, con el objetivo de integrar o reintegrar a las personas con discapacidad en actividades productivas, así como estas la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaria de Comunicaciones y Transporte y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, realizaron actividades congruentes en su área a las personas discapacitadas en nuestro país.

Esto resalta la importancia que tienen los discapacitados en México, pero habría que estudiar los resultados de estas acciones, propuestas por cada unos de las programas de cada secretaría, es decir realmente se cumplieron los objetivos o solo fue un requisito más que cumplieron cada una de ellas.


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