Genaro Sanchez Barajas y alumnos

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La Nación mexicana mediante el Estado busca permanentemente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos  igualando   las  oportunidad   para  el acceder  a los servicios asistenciales básicos, así como el acceso al estado actual del arte en conocimientos y a los conocimientos  frontera de la actualidad, en virtud de que con esos acervos se gesta la formación de recursos humanos  con perfiles competitivos para su incursión exitosa en el mercado laboral y en la sociedad como un todo. Para su consecución ha dotado al Estado de un basamento jurídico como lo es  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  la cual  a través de su  Artículo  1 le asigna al Estado  la responsabilidad de velar por la igualdad  entre todos los mexicanos, es decir, que debe trabajar para que no  exista ningún tipo de discriminación entre los mexicanos, en particular de los ciudadanos discapacitados mexicanos.

Al respecto, como antecedente, cabe señalar que en nuestro país  desde la colonia  en cierta forma se registran acciones de  apoyo a este estrato social, en particular de salud, educación y asistencia social, quizás una de las reminiscencias importantes sea el Hospital de Jesús  en la Ciudad de México, fundado por Hernán Cortés en el siglo XVI . En este contexto, ya durante   el siglo XX  se formularon e instrumentaron políticas y programas avanzados  con los que se han pretendido  incidir en su mejoramiento personal  para  insertarlos en forma  humana, igualitaria y con calidad en la sociedad permanente en la sociedad.    Recientemente, sabemos  que en los últimos treinta años se gestaron  importantes avances en el marco jurídico que norma el apoyo en materia de atención y reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en México. Destacan en este sentido, las modificaciones  en 1984 a la Ley General de Salud en beneficio  de las personas con discapacidad; también,  las realizadas en 1986 a la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social,   así como  las que se hicieron en 1993 a la Ley General de Educación.