VII.- EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN APOYO DE LOS DISCAPACITADOS

Aun cuando dentro de la planeación nacional el gobierno federal busca la equidad y justicia social, instituciones especializadas como Coneval ( 2008) señala que su objetivo es reducir las contrastes sociales, económicas y culturales que desde hace mucho se observan entre los diferentes estratos de la sociedad, de tal manera que no exista forma alguna de discriminación, en particular hacia Grupos Vulnerables que incluyen a los discapacitados, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 no les da un tratamiento específico preferencial como factores de la producción que puedan mejorar sus ingresos para acceder a estratos socioeconómicos superiores dentro de la sociedad, sino que para beneficiarlos los contempla casi de manera implícita dentro de la política de seguridad social, inmersos en el estrato que comprende a los mexicanos identificados con niveles de subsistencia en el país, ya que no tienen acceso a los mínimos de bienestar por estar identificados en condiciones de pobreza extrema.

Lo anterior se constata con la interpretación que se hace del señalamiento en Coneval ( 2008: 2) de que el programa de Atención a Personas con Discapacidad, implementado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, tiene como fin “La prevención, rehabilitación, integración social y profesionalización de los recursos humanos se contribuya a la igualdad de oportunidades para el desarrollo de la población con discapacidad y, que su propósito es Instrumentar acciones de prevención, rehabilitación e integración social dirigidas a la población con discapacidad y en riesgo de presentarla, para contribuir al ejercicio pleno de sus derechos.” En nuestra opinión ello es muy laxo al no precisar de qué manera lo anterior. Esto último es congruente con su propia evaluación dado que al hacer la valoración de los resultados (idem, 8) indican que éstos son limitados.

Así, al no existir programas de superación personal para estos mexicanos como agentes económicos eficaces, los apoyos institucionales se expresan básicamente, desde el punto de vista institucional, en programas ( por cierto algunos muy buenos) de salud, alimentación, vivienda, educación, de empleo y de estímulos fiscales, etc. con los cuales se pretende mejorar su estado físico, su nivel educativo, su rehabilitación y, en el mejor de los casos, en la economía real, de manera preferencial con trabajo manual avocado al desarrollo de sus habilidades y aptitudes para el desempeño de actividades fructíferas, lucrativas y productivas, en las que indiscutiblemente están en desventaja con los mexicanos “normales” que laboran en los sectores primario, secundario y terciario de la economía nacional.

Lo anterior además de colocarlos en situaciones de inferioridad en sus niveles de producción, de circunstancial y menor remuneración, en muchos casos requiere que se desplacen hacia los centros de trabajo, lo cual por lo general no es fácil dado que el transporte pocas veces es el adecuado y suficiente para traslado, como las vialidades tampoco son las apropiadas su movilidad o, en las factorías, talleres, oficinas en que trabajan no cuentan con instalaciones para proporcionarles el servicio de conexión que requieren los equipos médicos, dispositivos, prótesis, etc. que necesitan a ciertas horas para realizar o continuar realizando sus actividades económicas.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social en su calidad de cabeza del sector laboral expresó recientemente por medio de su titular, el C. Javier Lozano (2010), que la propuesta en la materia contempla en forma prioritaria el acceso de los jóvenes al mercado laboral y de los grupos vulnerables, dentro de los que se intuye que están comprendidos los discapacitados. Lamentablemente su propuesta no ha sido analizada en el seno del Congreso de la Unión, por lo que no se visualiza un escenario institucional certero sobre cómo es que podrían mejorar.

Independientemente de la fecha en que se efectúe y del contenido de la reforma laboral de esta administración federal. Adicionalmente, hablando de la legislación en vigor, en México, aun cuando se ha avanzado mucho en la legislación sobre prevención de riesgos, de asistencia oportuna en casos de emergencia, de orientación para llevar a cabo ciertas tareas clasificadas de alta peligrosidad o de otra índole en que se evidencien situaciones que atenten contra la vida, en general, para todo tipo de trabadores, prevalecen condiciones inadecuadas o limitantes del aprovechamiento de su potencial para incrementar la productividad y rentabilidad de las unidades económicas en que laboran. Ello incide en mayor grado en los mexicanos con problemas de equilibrio y de sincronía derivadas de sus capacidades diferentes, puesto que los limita en su movilidad oportuna y adecuada para evitar o reducir los accidentes en sus centros de trabajo, identificándolos así como sujetos con alto riesgo de lesionarse.

Por su parte la Secretaría de Economía en su carácter de promotora del desarrollo empresarial en México, cuenta con interesantes programas para el impulso de las micro y pequeñas empresas dado que éstas brindan una doble opción para los discapacitados: una, que sea su propio negocio y dos, que sea su fuente de empleo. Al respecto, la información disponible indica que con base en el número existente en el país, son pocos los mexicanos minusválidos que han accedido a estos programas de los gobiernos federal, estatal y municipal.

Por otra parte, es digna de encomio la estrategia de educación media superior orientada a personas con discapacidad ( Székely, 2009), misma que ha sido instrumentada por la Secretaría de Educación Pública, ya que pone de manifiesto el interés que tiene el gobierno federal por apoyar de manera enfática, concreta, a estos compatriotas. Sin embargo, pareciera que no es del todo completa ya que cabría preguntarse por qué no está considerado el nivel de educación superior, ¿será por el bajo nivel educativo y la discriminación que en este campo describen en su encuesta SEMS? ¿Será por el bajo presupuesto asignado: 150 millones de pesos? ; igualmente, los cuatro tipos de apoyos que les dan: becas, el bachillerato no escolarizado, el impulso a la empleabilidad y la especialidad de asistencia familiar y de salud, ¿Acaso ellos y el tipo de equipamiento serán los indicados y su contenido corresponderá en la actualidad a las posibilidades que ofrece la sociedad del conocimiento?

A las anteriores desventajas, insuficiencias, atención de que son objeto sin un enfoque integral productivo, debe agregarse la discriminación de que son objeto, tanto en su hábitat social como en el laboral. La Secretaria de Desarrollo Social periódicamente realiza una encuesta sobre igualdad entre los mexicanos; sus resultados revelan sistemáticamente que son discriminados los que carecen de algún miembro o tienen dificultad para accionarlos con regularidad y la sincronía que requieren los procesos productivos, los de comercio y servicios en general.

La existencia de alrededor de dos millones de mexicanos en condiciones de exclusión e invalidez física actualmente, pone en tela de duda la efectividad de las políticas públicas implementadas en su beneficio. En particular, esta falta de congruencia entre las políticas de seguridad social y la laboral, invita a reflexionar sobre la conveniencia de reencauzar su mecanismo de operación para optimizar el gasto público erogado en su provecho, con un enfoque distinto al instrumentado hasta el momento.

Al respecto, para reducir los costos de administración y organización para la disposición de los recursos regionalmente, dicho encauzamiento institucional debe continuar ligado al combate a la marginación y a la pobreza, puesto que existe una alta correlación entre estas variables y las condiciones en que viven muchos mexicanos minusválidos. Debemos reducir y si se puede eliminar, la existencia de una masa de mexicanos que coexisten en condiciones inimaginables, ya que se piensa que con el avance de la seguridad social desde la década de los cuarenta del siglo pasado, que se han superado significativamente los agobiantes problemas de subsistencia entre los mexicanos. Ejemplo de ello es la frase que círculo durante los primeros cinco años de la administración federal de 1977-1982, de que “debíamos acostumbrarnos a administrar la abundancia”. Así, muchos teóricos y operadores de las políticas públicas, pensaban que los problemas no eran cuestión de necesidades humanas elementales como la salud, la educación, el vestido y la vivienda, sino de aprender a vivir con confort, de establecer metas cualitativas de realización personal en una sociedad cuya economía había resuelto los problemas nacionales de empleo y bienestar en general, por señalar algunos de los que inciden en el prosperidad de la comunidad.

En la actualidad aun cuando las condiciones de pobreza no son exactamente las mismas del pasado inmediato, dado que por ejemplo, aumentó la población urbana y disminuyó la rural, hoy en día continua la desigualdad de oportunidades al observarse en las grandes ciudades mexicanas que han aumentado los “cinturones de miseria” en que están segregados y moran millones de mexicanos sin acceso a los mínimos de bienestar o como se dice ahora, a la canasta básica, a la cual obviamente deben agregarse otras limitaciones como son las relacionadas con los aspectos sanitarios, de salud, de empleo, vivienda, etc.

En este contexto es que en 2006 se decía que 44.6 millones de compatriotas vivían en condiciones de extrema pobreza, cantidad a la que el Banco Mundial en julio de 2010 incorporó otros seis millones de conciudadanos a consecuencias de los efectos devastadores de la crisis financiera internacional de 2009.

Así pues, ante la inminente recesión que vaticinan para el corto plazo algunos estudiosos de las expectativas de crecimiento de la economía mundial, que indudablemente incidirá en México; ante la paulatina reducción que se observa de los derechos laborales y ante la ausencia de reformas laborales que podrían mitigar o reducir la aberrante y cruel pobreza que padece la sociedad mexicana, en la que muchos discapacitados se ubican como grupo vulnerable entre los más desprotegidos en materia de seguridad social y de oportunidades para realizarse como factores de la producción en forma distinta a la conocida, se sugiere que los escasos recursos que les son asignados anualmente por el H. Congreso de la Unión, dados los modestos resultados obtenidos con las políticas públicas implementadas, que en lo sucesivo sean asignados con criterios complementarios o distintos con el propósito de integrarlos en mejores condiciones de autosuficiencia y de orgullo a los circuitos de la producción y a los niveles de actuación personal que les hagan sentirse realizados, para que vean que ha mejorado su calidad de vida, que ya representan una menor carga para sus familias y para el Estado Mexicano, es decir, que se instrumenten políticas públicas que garanticen que además de ser útiles al sistema económico, de que sea factible que obtengan ingresos mayores y permanentes, que vean que pueden, que es factible que vivan más y mejores años.