INTRODUCCIÓN

La Nación mexicana mediante el Estado busca permanentemente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos igualando las oportunidad para el acceder a los servicios asistenciales básicos, así como el acceso al estado actual del arte en conocimientos y a los conocimientos frontera de la actualidad, en virtud de que con esos acervos se gesta la formación de recursos humanos con perfiles competitivos para su incursión exitosa en el mercado laboral y en la sociedad como un todo. Para su consecución ha dotado al Estado de un basamento jurídico como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual a través de su Artículo 1 le asigna al Estado la responsabilidad de velar por la igualdad entre todos los mexicanos, es decir, que debe trabajar para que no exista ningún tipo de discriminación entre los mexicanos, en particular de los ciudadanos discapacitados mexicanos.

Al respecto, como antecedente, cabe señalar que en nuestro país desde la colonia en cierta forma se registran acciones de apoyo a este estrato social, en particular de salud, educación y asistencia social, quizás una de las reminiscencias importantes sea el Hospital de Jesús en la Ciudad de México, fundado por Hernán Cortés en el siglo XVI . En este contexto, ya durante el siglo XX se formularon e instrumentaron políticas y programas avanzados con los que se han pretendido incidir en su mejoramiento personal para insertarlos en forma humana, igualitaria y con calidad en la sociedad permanente en la sociedad. Recientemente, sabemos que en los últimos treinta años se gestaron importantes avances en el marco jurídico que norma el apoyo en materia de atención y reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad en México. Destacan en este sentido, las modificaciones en 1984 a la Ley General de Salud en beneficio de las personas con discapacidad; también, las realizadas en 1986 a la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, así como las que se hicieron en 1993 a la Ley General de Educación.

En este sentido es que conviene agregar que en 1994 también se modificaron otros ordenamientos federales, dentro de los que destacan la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En esta última, se precisa la coercitividad que tiene la Administración Pública Federal de atender, proporcionar mediante planes y programas la asistencia, prevención, atención y tratamiento a las personas con discapacidad. Por su complejidad, se indica que su acción debe complementarse con la participación de otras dependencias asistenciales, ya sean estas públicas y/o privadas (INEGI et al, 2001).

Derivado de lo anterior es que debe mencionarse que dichos esfuerzos han sido replicados exitosamente en los otros dos órdenes de gobierno, con un enfoque espacial. Es satisfactorio verificar que en prácticamente todas las entidades federativas y en los municipios, se ha legislado sobre la protección e integración de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones al tejido social mexicano.

Al respecto, dado que transcurrido un lapso importante de tiempo, cabría preguntarse sobre la efectividad de estas políticas y programas establecidos por los tres órdenes de gobierno, presuntamente con un corte espacial y sectorial y quizás, por tamaño de las empresas en que predomina la presencia de los discapacitados, ya sea como empresarios o como trabajadores en el mercado laboral. Lo anterior es muy importante estudiarlo puesto que la discapacidad suele asociarse con la pobreza y la marginación, mismas que hasta el año 2006 se decía que las padecían 44.6 millones y que en opinión del Banco Mundial (2010), recientemente aumentaron en un poco más de seis millones de mexicanos a consecuencia de la crisis financiera de 2009.

En este contexto es que aprovechando el interés que tienen la AMC/CONACYT por que los estudiantes de licenciatura de las universidades del país desarrollen su capacidad para investigar científicamente, mediante el programa anual de “Verano Científico” que beca a los interesados en trabajar en las investigaciones de algunos de los académicos que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, y dado que este año se han incorporado a mis investigaciones varios estudiantes de universidades de los estados de Sinaloa, Tabasco y Yucatán, considero que su motivación es una gran oportunidad para que juntos iniciemos el estudio del apoyo institucional a los discapacitados, es decir, que después de orientarlos sobre las características que tiene el método científico, qué mejor que ilustrar su aplicación en un tema tan humano como indagar el apoyo oficial a los mexicanos con capacidades diferentes.

En particular, el suscrito, como investigador social me he interesado en estudiar este estrato social que en México actualmente representa alrededor de 2 millones de personas. En este sentido cabe reflexionar sobre su situación actual, es decir, como factor social: ¿Se les da un trato igualitario o discriminatorio en las escuelas y empresas? ¿Han sido adecuadas y suficientes las políticas públicas de apoyo para su desarrollo? ¿Están satisfechos con su integración a los mercados de trabajo? ¿Son una carga seria para las familias? ¿Estas son humildes? ¿Dónde se localizan más regionalmente? ¿Podría mejorarse el apoyo oficial optimizando el gasto público con nuevos o mejorados criterios de aplicación en beneficio de estos mexicanos?

Para dar respuesta a estas preguntas se sugiere realizar esta investigación, cuyo eje rector metodológico es el análisis comparativo de indicadores en México. La comparación nos permitirá, en una primera instancia, saber si estamos avanzados o atrasados en su cuidado. Así, los resultados de este estudio darán información para evaluar su situación actual para que, posteriormente en 2011 cuando ya se disponga de la información del XIII Censo de Población y Vivienda del 2010, se pueda profundizar en su caracterización y se puedan sugerir cambios en las políticas de fomento de su desarrollo socio-económico y cultural.

Al respecto, la investigación que se realizó sobre los instrumentos institucionales que existen en apoyo de este estrato social, destaca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, mismo que al analizar sus objetivos, programas y acciones revelan que está constituido para combatir la pobreza y la marginación en general, sin que exista un tratamiento especial para los minusválidos.

Se analizaron los datos de las tendencias económicas y sociales de corto plazo, las cuales tampoco hacen ninguna alusión concreta para el cuidado de estos mexicanos. En este sentido, cuando se realizó la evaluación que hicieron sobre la política de desarrollo social en México, se indica que aumentó la cobertura de servicios básicos, asimismo, que disminuyó la pobreza, en particular, la pobreza alimentaria entre los 44.7 millones de mexicanos registrados en situación de pobreza en 2006. Lamentablemente no dicen nada explícitamente del 1.8 millón de discapacitados que existen en el país, que son presumiblemente uno de los grupos más vulnerables y por consiguiente, que requieren ser estudiados en detalle.

En este contexto, sería loable saber si hay congruencia entre la política laboral y la de seguridad social, encuadrada esta congruencia en el ámbito de los derechos sociales. Esta opacidad atenta en contra de los derechos sociales y genera pocos empleos formales, salarios bajos y por lo general, que no son permanentes.

Con el fin de empezar a conocer sus características relevantes que nos permitan arribar a un diagnostico con la escasa información disponible del Censo de Población y Vivienda de 2000, cuyos datos sirvan en primera instancia para evaluar su efecto en este estrato social y, en segunda instancia, para que una vez identificadas sus fortalezas y debilidades se esté en condiciones de sugerir el diseño de una política pública de aliento para este sector altamente vulnerable, acorde con su perfil humano y económico en el sistema socio-económico en que se desenvuelven, se propone iniciar su estudio con el siguiente:

Objetivo: Diagnosticar la situación actual y perspectivas de los discapacitados, así como evaluar los resultados del apoyo oficial implementado para integrarlos con decoro a la sociedad y competitivamente, como factor de la producción, en la economía mexicana.

Alcance:

a).- Contar con la información básica para evaluar los resultados del apoyo oficial para enseguida proponer cómo mejorar la cantidad y calidad de los servicios que reciben los discapacitados en México;

b).- Identificar dónde debe ampliarse la cobertura de los servicios de salud, de educación y de capacitación para el trabajo;

c).- Dar elementos para realizar una planeación estratégica para el desarrollo socio-económico de los discapacitados, es decir, hacer congruente la política de asistencia social con la laboral;

d).- Dar elementos para la consecución de la equidad de género en este grupo social vulnerable;

e).- De ser posible, brindar información para la formulación de la política educativa- laboral de formación para su incursión, basada en la sociedad del conocimiento y en las inteligencias múltiples;

Importancia: Contar con la información necesaria para evaluarla y posteriormente de ella derivar recomendaciones sobre las políticas públicas a aplicar en su beneficio, así como los programas y acciones cuya instrumentación mejore la situación de estos mexicanos en su ámbito familiar, en el mercado de trabajo y, en general, en igualar sus oportunidades con las del resto de la fuerza de trabajo y de la sociedad en general.

Metodología: Aplicación del método comparativo en la identificación, cuantificación y descripción de la magnitud de los indicadores, la relación entre ellos, si es que existe, y de su importancia para caracterizarlos y para formular programas de apoyo para estos mexicanos, en términos absolutos y relativos, cuando proceda.

Problemática para la realización del estudio con rigor científico y originalidad:

1.- Predomina la información captada por el XII Censo General de Población y Vivienda, así como la de encuestas que proporcionan información estimada que no siempre es congruente con la cuantificación y evolución esperadas de los discapacitados en México.

2.- También, las diferentes definiciones de discapacidad que existen además de dar idea de su complejidad, hacen difícil el estudio completo de este estrato social en México. Para atenuar estos problemas es que en esta etapa, 2010, se propone hacer el diagnóstico en las condiciones arriba descritas y, continuarlo en una segunda etapa en 2011, año en que ya se contará con los datos del XIII Censo de Población Vivienda, mismos que permitirán hacer con rigor técnico un estudio sobre las perspectivas de los discapacitados en México.

3.- En escasos dos meses disponibles es muy difícil transmitir adecuadamente las características del método científico y además, ilustrar su aplicación en el análisis de algún fenómeno socio-económico de interés para la sociedad y la economía mexicanas.

4.- Derivado de lo anterior es que en el estudio de un estrato social tan complejo, del que no se tiene la información adecuada ni actualizada, para el que tampoco se cuenta con el tiempo necesario para realizarlo ortodoxamente, ni con el perfil que debe tener un investigador, es que este trabajo debe verse como uno de los primeros esfuerzos de los estudiantes del Verano Científico 2010 por familiarizarse con el uso del método científico aplicado al estudio de un grupo de mexicanos dignos de mejor suerte en el entorno socio-económico en que se desenvuelven.

Los resultados a que se lleguen con esta investigación, las recomendaciones, omisiones, incongruencias o fallas que pudiera tener son responsabilidad de:

Dr. Genaro Sánchez Barajas, Coordinador del estudio y de sus asistentes, los alumnos:

Castro De La O Manuel

Hernández Toledo María De Jesús

Magaña De Los Santos Asbel

Montecino González Ismael Adrian

Pérez León Belcenia

Salvador Valencia Sara Maricel

Tún Magaña Alberto Alonso