BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y POLÍTICAS MIGRATORIAS

Julieta Nicolao




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IV. 2. PERÍODO 1989-2001

El segundo subperíodo que comprende los años 1989-2001, va a estar caracterizado en el plano internacional por una serie de transformaciones que en los primeros años de esta etapa determinan la redefinición del sistema mundial: el fin de la guerra fría y la desintegración del bloque socialista, el ascenso de los Estados Unidos a la hegemonía mundial, el avance de la globalización y la transnacionalización económica, la proliferación de acuerdos de integración regional, son algunos de los más importantes. Asimismo, “el papel de los Estados aparece severamente cuestionado por su creciente incapacidad de controlar las interacciones de las fuerzas del mercado dentro y a través de las fronteras nacionales”. (Colombo; 2000: 182). El conjunto de estos cambios se volvieron indicadores de que “el neoliberalismo y la inserción en el mundo capitalista conformaban la única estrategia posible de estabilidad y crecimiento” (Colombo; 2000: 182).

En la mayoría de los países de América Latina, el Consenso de Washington fue la forma que adoptaron las recomendaciones de esta nueva visión de la economía y del mundo; la idea del “Estado Mínimo” fue ganando espacio en el diseño de sus políticas económicas, pues, el final de la llamada “década perdida” en la región (por su casi nulo crecimiento económico), creó las condiciones necesarias para la aceptación del nuevo recetario neoliberal (Blanco; 2004).

En este contexto mundial y regional debe desenvolverse el nuevo presidente argentino, Carlos Saúl Menem (1989-1999), quien asume con cinco meses de antelación ante el abandono abrupto del poder de su predecesor en medio del caos social producto de la hiperinflación y la recesión que azotaba la economía. Desde su llegada al gobierno, dejó atrás sus discursos populistas preelectorales y modificó sustancialmente el rumbo de la política económica que, a grandes rasgos, se basó en la apertura de la economía, desregulación financiera, privatización de casi todas las empresas públicas ; reducción del número de empleados públicos, una rígida disciplina fiscal y monetaria; privatización parcial del sistema de seguridad social, política de congelamiento salarial y flexibilización de la legislación laboral, entre otras (Colombo; 2000). Esta reforma estructural no significó otra cosa que la puesta en práctica de los postulados del Consenso de Washington.

El modelo de desarrollo implantado benefició claramente a los grandes grupos económicos nacionales que se venían concentrando desde los años 70’ y que se consolidan en este decenio, a sectores vinculados a la agroindustria, actividad que experimenta un espectacular crecimiento económico en estos años y a las empresas transnacionales instaladas en el país, principalmente aquellas pertenecientes al sector petrolero y de los servicios, sectores todos que conformaron la base de apoyo del menemismo.

La nueva administración puso en marcha una serie de programas económicos para hacer frente a la crisis hiperinflacionaria de los primeros años de gobierno, constituyendo la dolarización el ancla antiinflacionaria (Vitelli; 1999). El Plan de Convertibilidad ideado por el Ministro de Economía Domingo F. Cavallo, fue exitoso en sus propósitos inmediatos y se vio acompañada inicialmente por altas tasas de crecimiento económico. El PBI (Producto Bruto Interno) aumentó 9% anual durante 1991 y 1992, y 6% durante 1993. Interrumpido el crecimiento en el año 1995 por la crisis del tequila, retomó su expansión hasta 1998, año en que la economía entró en una aguda recesión que perduró hasta el estallido del 2001 (ver cuadro 10).

El positivo desempeño económico inicial estuvo asociado a un viraje favorable de la coyuntura internacional derivado del descenso de la tasa de interés, el incremento de la oferta de fondos líquidos y un escenario más laxo para la renegociación de la deuda externa (Rapoport; 2000).

En cuanto a los costos vinculados a las transformaciones que se operaban en la economía, el más grave fue el incremento de la tasa de desempleo, como consecuencia de las privatizaciones, de la reducción de funciones del Estado y del proceso de desindustrialización y concentración de la actividad económica, que disparó la desocupación de un 6,9% a comienzos de la década, a un 18,4 % a mediados de 1994 y permaneció en torno al 15% hasta el final de la misma. Sin contar el aumento que también se operó en los niveles de subempleo, se puede afirmar que durante los años 90’ se multiplicaron por 2,5 las personas sin trabajo .

En el transcurso del año 1991, los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el Tratado de Asunción, dando nacimiento al Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Los esfuerzos para su concreción realizados en la década precedente, tuvieron como eje el acercamiento argentino-brasileño, en un contexto en el que urgía consolidar los procesos de redemocratización, afrontar los problemas de la deuda y las presiones externas, y paliar la recesión e hiperinflación que sufrían las economías de estos países. En medio de este clima, el proceso de integración se consideró un instrumento central para el desarrollo nacional y regional y para una mejor y más sólida inserción de los Estados parte en el escenario mundial.

Si bien desde su inicio, el enfoque integracionista se planificó sobre la base de los principios de gradualidad, flexibilidad, equilibrio y sectorialidad; en los años 90’, el neoliberalismo terminó impregnado la orientación del mismo, que lo llevó a marginar estas metas y a inclinarse por los mecanismos del mercado, lo cual se tradujo en el viraje comercialista que adoptó el bloque desde su inicio .

De forma paralela al inicio del MERCOSUR, en 1990 Estados Unidos lanzó la Iniciativa de las Américas y Argentina manifestó desde un principio la mejor disposición para participar en ella . Esta actitud, entre otras, conduciría a nuestro país a confrontaciones políticas con sus socios del Cono Sur.

En correspondencia con el modelo económico que se estableció, y justificado teóricamente por los preceptos del realismo periférico , el gobierno menemista optó, en materia de política exterior, por el alineamiento automático con la potencia hegemónica, subordinando la agenda diplomática a la relación privilegiada con los Estados Unidos . La relación especial generó diferencias con los países latinoamericanos, quienes veían a la Argentina como un actor individual que se desentendía de la región y para el cual, evidentemente, Latinoamérica no era una prioridad . El comportamiento argentino inspiró desconfianza particularmente en Brasil, su principal socio comercial . Esta situación se iría modificando en el segundo mandato del presidente justicialista, en el cual se trabajó para lograr una estrategia de negociación conjunta. El alineamiento con los Estados Unidos no impidió un acercamiento a los países de, en ese entonces, la Comunidad Económica Europea (CEE), por el contrario, durante su gestión hubo un avance extraordinario en las relaciones con la misma .

En 1995, habilitado por la reforma constitucional del 94’, el presidente Menem es reelecto, resultando crucial para su victoria la estabilización económica lograda durante su primer mandato. Sin embargo, durante su segundo gobierno comienzan a sentirse los efectos de la crisis financiera internacional , y con ella, la huida de capitales y la retracción de inversiones. A la iliquidez en el mercado se le suma el hecho de que ya no quedan sectores estratégicos para privatizar, sistema que había jugado un papel importante como generador de ingresos temporarios. Paralelamente, la situación social comienza a deteriorarse: a la desocupación en el sector público se le agregaba la del sector privado, junto al problema del subempleo, los despidos, las bajas de salarios, la redistribución del ingreso regresiva, etc. . Ya para fines de los años 90’, estaba claro que el modelo económico neoliberal no era exitoso, o que al menos lo había sido para unos pocos.

El presidente Menem terminó su mandato en medio de una profunda crisis económica y con su imagen absolutamente desprestigiada. Lo sucedió el gobierno de la Alianza , encabezada por Fernando De la Rúa, quien canalizó, electoralmente, el hartazgo de una población que aún no rechazaba de lleno la política económica de la década menemista, pero que no estaba dispuesta a soportar los intolerables niveles de corrupción existentes en el gobierno (Aranda; 2004).

La Alianza no realizó transformaciones sustanciales, sino que más bien mantuvo los principales lineamientos de la política económica del menemismo y con ella, la convertibilidad. Pero las consecuencias de la misma seguían multiplicándose: aumentaron los índices de desempleo, pobreza e indigencia, se recortaron los sueldos de la administración pública con lo cual se incrementaron las huelgas y la protesta social. La desconfianza de los inversores en la paridad cambiaria y en la capacidad del Estado para pagar sus deudas fue en aumento, la bolsa de Buenos Aires registro bajas sucesivas y el riesgo país fue incrementándose llegando a convertir a la Argentina en la nación más proclive a suspender sus compromisos. A su vez, disminuyó el consumo y la actividad productiva y no existió ningún tipo de recuperación económica como para poder recobrar la confianza en el país; la fuga de capitales por temor al default no cesó.

La gravedad de esta situación se puso de manifiesto cuando a las movilizaciones y los paros se le sumaron saqueos a comercios y el descontrol total de la protesta social que, tras dos jornadas muy violentas los días 20 y 21 de diciembre de 2001, en las que hubo más de veinte muertos, una brutal represión por parte del gobierno y decreto de estado de sitio, el presidente De la Rúa abandonó el poder, dejando al país hundido una histórica crisis económica, social y política.


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