BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales

MIGRACIÓN INTERNACIONAL Y POLÍTICAS MIGRATORIAS

Julieta Nicolao




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III. FUENTES INSPIRADORAS DE LA NUEVA POLÍTICA MIGRATORIA

Para el análisis de las medidas implementadas por el gobierno nacional en materia de política migratoria, objetivo central de este capítulo, se vuelve imprescindible destacar dos aspectos fundamentales, característicos del proyecto kirchnerista, que hacen al contexto en el que se han desarrollado las mismas y se constituyen en elementos explicativos del cambio de rumbo asumido. Estos son: el compromiso explícito de su gobierno con la promoción y defensa de los derechos humanos convertido en política de Estado, y la nueva apuesta al MERCOSUR y Sudamérica como estrategia para profundizar la inserción internacional de la Argentina, y el objetivo declarado y compartido con sus principal socio del bloque (Brasil) de profundizar el proceso de integración, con un novedoso eje en las cuestiones sociales e institucionales.

Al menos desde el discurso, lo actuado en el plano migratorio se presenta como funcional a los objetivos mencionados. En palabras del Director Nacional de Migraciones: “(…) la nueva lógica de las políticas migratorias debe fundamentar su concepción como parte de las relaciones internacionales entre los países, buscar su inserción en los objetivos de integración, y por sobre todo responder a la dimensión ética del respeto por los derechos humanos” .

Para entender la vinculación que aquí se plantea, se esbozarán los lineamientos principales de estas dos propuestas.

III. 1. Política pública de promoción y defensa de los Derechos Humanos.

Es sabido que la promoción y defensa de los derechos humanos se ha vuelto una verdadera política de Estado en la gestión de Néstor kirchner. Se trata de un compromiso ético que el sector dirigente señala explícitamente como la plataforma que sirve de sustento para definir las opciones políticas de la "nueva Argentina" a la cual se aspira. Esta propuesta adquiere significado en un contexto atravesado por el proceso de reconstrucción de la identidad nacional luego de la crisis de credibilidad interna y externa que sufrió el país con el colapso de 2001. En tal sentido, parecería que el gobierno pretende que, a partir de ciertas medidas y acciones llevadas a cabo a nivel doméstico y también en el plano internacional, la defensa de los derechos humanos se identifique como un componente crucial de la nueva identidad nacional en proceso de reconstrucción.

Al respecto, las palabras del Canciller Jorge E. Taiana son elocuentes:

“La Argentina considera que su historia le asigna una responsabilidad particular para promover y proteger los derechos humanos hacia adentro y hacia fuera de las fronteras nacionales. Los valores que sustentan nuestras prácticas internas deben ir acompañados por una contribución sostenida a iniciativas internacionales y una participación activa en los foros multilaterales” .

“Una Argentina con un alto perfil en derechos humanos consolida su identidad como nación y acrecienta su capacidad para liderar un tema esencial para el presente y futuro de la comunidad internacional” .

Este activismo en materia de derechos humanos se erige como un elemento diferenciador del actual Gobierno respecto de administraciones anteriores, e incluso el oficialismo se ha esforzado en presentarlo de esta manera. De acuerdo al presidente Kirchner: “En materia de derechos humanos, luego de más de dos décadas de vigencia de la democracia, en la Argentina vivimos desde 2003 un verdadero cambio de paradigma, respondiendo a los mandatos de la sociedad en su conjunto. Los tres poderes del Estado han adoptado, en sus respectivos ámbitos, decisiones coincidentes que van en contra de la impunidad, preservando la memoria, la verdad, la justicia y procurando la reparación” .

En el marco de esta política, está claro que la condena a la violación de los derechos humanos realizada bajo la última dictadura militar y la lucha por la memoria de los desaparecidos en la década del 70’, se ha constituido en el eje prioritario. En correspondencia con ello, en el año 2003, el Congreso Nacional derogó las leyes de “punto final” y “obediencia debida” (sancionadas en 1986 y 1987, respectivamente), que eximían de culpa a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante los años del Proceso de Reorganización Nacional. A esto le siguió la declaración de inconstitucionalidad de las mismas en 2005 por parte de la Corte Suprema de Justicia. Estos avances representaron un paso fundamental para iniciar el proceso de justicia y esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante 1976-1983.

Rodolfo Mattarollo explica al respecto que esta política no está pensada en términos de una mera revisión del pasado, sino que aborda cuestiones de importancia capital para el futuro del país, pues está apuntando esencialmente a la recuperación de los fundamentos éticos del Estado, al mejoramiento de la calidad institucional y a la recuperación de la confianza de vastos sectores sociales en el sistema democrático (Matarollo; 2004).

Asimismo, señala que la otra gran vertiente de la problemática de los derechos humanos es su vulneración ante la crisis socioeconómica y la exclusión social, como sucedió luego de la aplicación de políticas neoliberales en nuestro país durante los años 90’, que determinaron un desmantelamiento de la protección social, aumento de la desocupación y la precarización de las relaciones laborales, desplazando a vastos sectores asalariados hacia la marginalidad. Este proceso dificultó el ejercicio de los derechos civiles y políticos —un desocupado, un indigente, difícilmente puedan participar y ejercer en plenitud sus derechos políticos y son especialmente vulnerables ante el abuso de poder—, pero también -y más grave aún- trajo aparejado el quebrantamiento de todo el plexo de los derechos económicos, sociales y culturales y los de incidencia colectiva (Mattarollo; 2004).

Estas realidades, señala el autor, también requieren mecanismos e instituciones del Estado y de la sociedad civil capaces de ejecutar las tareas de observación activa de las obligaciones de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos y, es en este camino en el que está transitando el gobierno (Mattarollo; 2004). En esta segunda vertiente entran en escena los inmigrantes irregulares, constituyendo un grupo altamente vulnerable por haber estado desprovistos de todo tipo de derechos hasta diciembre de 2003.

La administración de Néstor Kirchner ha emprendido un activo trabajo a nivel doméstico y en el exterior, destinado a la protección y promoción de los derechos humanos. Pueden citarse como ejemplo, la ratificación del Protocolo de San Salvador sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la elaboración de un Plan Nacional contra la Discriminación, la suscripción y ratificación de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; la sanción de una nueva ley de protección para los refugiados; la suscripción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo; el voto a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre otras.

La sanción de la nueva ley de migraciones y la implementación del Programa Patria Grande podrían ser entendidas en este marco de acción del gobierno, por estar dirigidas a lograr el reconocimiento de los derechos humanos de un grupo muy vulnerable en nuestro país: los extranjeros indocumentados, especialmente los de procedencia limítrofe o regional. El contenido de estas medidas, que se expondrá con detalle más adelante, contribuye a confirmar esta idea.


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