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LA DIMENSIÓN INMATERIAL DEL PAISAJE. UNA PROPUESTA DE DOCUMENTACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

Juan Martín Dabezies Damboriarena


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EL TRATAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL EN SUDAMÉRICA

Este apartado tiene por objetivo dar a conocer de forma sucinta la situación del estado del arte del PCI en Sudamérica. Esta descripción por países está basada en un informe del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL), encargado a consultores nacionales. Cabe destacar que se trata de un informe que está en revisión ya que tuvo un carácter muy heterogéneo (MONSALVE, 2008).

Me referiré en especial a los órganos gubernamentales involucrados en el tratamiento del PCI en cada país, del respaldo de planes o programas y de existir mencionaremos enfáticamente la presencia de sistemas de información o instancias de inventariado o catalogación sistemáticas a nivel nacional.

En la mayoría de los países de Sudamérica, la legislación sobre PCI es bastante reciente y no forma parte sólida de los sistemas de protección y gestión, ya sea por falta de figuras tutelares o por falta de su real implementación. Por otra parte existe una muy débil articulación entre las propuestas del estado y la sociedad civil (MONSALVE, 2008).

Los órganos gubernamentales que participan en la gestión del PCI, son también muy dispares y en general operan a nivel departamental, estadual o provincial (dependiendo de las características del país). En suma, lo que se puede afirmar es que existe importante falta de planificación central a gran escala y a largo plazo, y que esté acompañada de planes estatales (MONSALVE, 2008).

Las estrategias de gestión suelen ser decimonónicas, dentro de las cuales se aplica la lógica de gestión del Patrimonio Material (que en muchos casos es obsoleta hasta para el Patrimonio Material) a lo inmaterial, el cual es cosificado y congelado. Además los presupuestos públicos destinados a la salvaguardia del PCI siguen siendo sumamente reducidos, en comparación con el financiamiento destinado a reconstrucción o puesta en valor de monumentos, edificios y lugares históricos que forman parte del Patrimonio Cultural Material (URRUTIA, 2008).

Existen algunas excepciones como es el caso de Colombia, Venezuela y Brasil. Los dos primeros de muy reciente implementación en el ámbito del PCI, pero el caso de Brasil es destacable por su trayectoria y articulación central.

En el caso de Uruguay, el tratamiento del PCI se ubica dentro de la órbita de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura.

Según Nelson Caula (2005), el Grupo de Trabajo del Patrimonio Inmaterial se conforma en julio de 2004. Este Grupo define el PI de acuerdo a lo establecido en la Convención para la salvaguardia del Patrimonio Inmaterial. El Grupo de Trabajo ha ordenado informalmente un inventario tentativo como

propuesta para la discusión y el acuerdo por las organizaciones y personas competentes”, en el que incluye, como Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del P.C.I.: El Lunfardo, El Cuento Campero y el Cuento Urbano, El portuñol. Artes del Espectáculo: Las Criollas (Vestimenta, Baile, Canto, Trato del Caballo), La Payada, El Carnaval. Usos sociales, rituales y actos festivos: El Asado (hecho social reunitivo), El Candombe (como expresión de la Cultura de los grupos Afro y Afro descendientes en Uruguay), Conmemoraciones religiosas (San Cono, Virgen del Verdún, Corpus Christi, Iemanjá). Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo: La Herboristería Medicinal, El Mate (como vínculo para la comunicación grupal). Técnicas artesanales tradicionales: El Rancho Criollo (de Fajina, Adobe y Quinchado), Trabajo Campero en Cuero (guasquería), La Fabricación de Ladrillos y Tejas de Campo (LORENZO, en CAULA, 2005).

También a nivel departamental existen comisiones de patrimonio que se agrupan en la órbita de Intendencias Municipales y de Muses (bajo la égida del Ministerio de Educación y Cultura). Estas comisiones suelen ser comisiones de notables, que cobijan su gestión en una concepción de cultura o patrimonio vinculado a las bellas artes. El PCI es algo bastante novedoso y está empapado de una visión mercantilista, siendo objeto de fomentos económicos o institucionales para la celebración de fiestas que tienen como objetivo principal la promoción turística.

En el caso de Bolivia, la gestión del PCI está dentro del Ministerio de Culturas. No se cuenta con una definición explícita de PCI, pero sí con una definición general de Patrimonio, dentro del cual se incluye el PI:

El Patrimonio Cultural de la Nación está constituido por todos los bienes culturales intangibles y tangibles, tanto muebles como inmuebles, encontrados y/o producidos en el territorio nacional, como producto individual o colectivo, que como testimonio de creación humana material o inmaterial artística, científica, arqueológica, urbanística, documental o técnica que sean susceptibles de una declaración de este carácter.

El Estado boliviano reconoce la conformación pluricultural, multiétnica y plurilingue de la Nación; y consagra los principios de interculturalidad, interinstitucionalidad y participación social como pilares de la conservación integrada del Patrimonio Cultural de la Nación.

El Estado boliviano tiene como una de sus más altas funciones, la protección con equidad del patrimonio tangible e intangible de todas las culturas que se desarrollan en el territorio nacional y que conforman el Patrimonio Cultural de la Nación; y promueve el reconocimiento, rescate, recreación, preservación, conservación integrada, acceso y difusión del patrimonio cultural como un derecho de los bolivianos

(http://www.culturasdebolivia.gob.bo/)

También se ocupa de la gestión del PCI el recientemente creado (1999) Consejo Nacional de Cultura Tradicional y Popular, el cual contó con apoyo de la UNESCO. En el año 2000, se crea el Consejo Departamental de Cultura de Oruro, institución que define las políticas y las estrategias regionales para el patrimonio oral e inmaterial. Esto estuvo fomentado por la proclamación del Carnaval de Oruro como parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

En el caso de Paraguay el concepto de PI recién fue introducido prácticamente desde la década del 90. Aunque anteriormente, en la década del 80, como reacción a la pérdida de elementos identitarios, se impulsó el festejo del día del Folklore, dando pie a una serie de iniciativas para la puesta en valor y revitalización del patrimonio inmaterial, pero con un alcance muy limitado (es una actividad de un solo día) (MIRÓ, 2005).

La legislación explícita para proteger y gestionar el PCI es muy pobre y vaga, aunque existen declarados una serie de bienes como elementos del Patrimonio Intangible paraguayo. Lo mismo ocurre con las instituciones gubernamentales involucradas en la gestión del PCI, aunque cabe mencionar que se ha creado recientemente (1998) la Dirección General de Investigación y Apoyo Cultural en la órbita del Viceministerio de Cultura, que se encarga del área antropológica, étnica y social contribuyendo con el registro, revitalización y difusión de los elementos que atañen al patrimonio inmaterial, además de trabajar estrechamente con el área educativa y los gobiernos descentralizados (MIRÓ, 2005).

El caso de Argentina tiene un antecedente similar, que también estuvo empapado por un folkorismo amateur, cuando en 1921 el Ministerio de Educación organizó la llamada Encuesta del Magisterio con la cual se formó la Colección de Folklore. Esta encuesta se realizaba en las escuelas argentinas y el material a recolectar debía referirse a tradiciones populares antiguas nacionales y/o locales (GARCÍA, 2005).

En la mayoría de las provincias argentinas los temas de patrimonio inmaterial son estudiados y protegidos en el ámbito de las Secretarías de Cultura o las Direcciones de Patrimonio de cada jurisdicción. En general no se maneja una definición de PI, sino que se trata de figuras ambiguas. Uno de los distritos que más trabaja el tema y que ha elaborado los términos de la definición de la UNESCO, es la Dirección de Patrimonio del Gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, quien presenta una definición de esta figura (GARCÍA, 2005).

En el caso de Chile, la situación es un poco más alentadora, más que nada a partir del año 2000. Existe una normativa dentro de la cual se puede ubicar la salvaguarda del PCI, en el marco de las propuestas de la UNESCO. Se trata del Decreto de Creación Comisión Patrimonio Oral (Decreto N° 0124 del 03 de abril de 2001), por el cual se crea la Comisión Nacional Asesora de Patrimonio Cultural Oral e Intangible. Ha sido uno de sus objetivos conseguir la proclamación de una obra cultural intangible al Patrimonio Mundial desde el año 2002 y desarrollar en el país el sistema de Tesoros Humanos Vivos (NAVARRETE, 2005).

También existen otros organismos gubernamentales abocados a la gestión del PCI, como es el caso del Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional, creado en 1992 con el fin de registrar expresiones orales de la cultura chilena. Otro organismo que trabaja en el ámbito del PCI, es el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (creado en el 2003), dentro del cual se crea la Línea de Patrimonio Inmaterial. Pero todos estos organismos de reciente creación, no han dado frutos concretos al día de hoy (NAVARRETE, 2005).

El caso de Perú es muy curioso, ya que existe a nivel gubernamental un conflicto en las estrategias a seguir para gestionar el PCI. Existe una visión mercantilista muy marcada que choca con una visión conservacionista que se contrapone a ella (Alfaro, 2005).

Actualmente, la densidad institucional dedicada al patrimonio inmaterial dentro del Estado ha logrado crecer pero no articularse. Existen más instituciones que intervienen en el patrimonio pero siguiendo orientaciones políticas de acción cultural diferentes, sin ninguna planificación de por medio (ALFARO, 2005).

Así, mientras el Instituto Nacional de Cultura (INC) se dedica básicamente al registro y difusión de fiestas, danzas y música enmarcando su trabajo en la agenda global de instituciones multilaterales como la UNESCO o el Convenio Andrés Bello; el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Comisión de Promoción de la Exportación y la Comisión de Promoción del Perú se encargan de promover la inserción de las artesanías y la gastronomía a los mercados internos y externos; el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) realiza labores de protección de la propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales vinculados a la diversidad biológica en reacción a la creciente biopiratería protagonizada especialmente por empresas farmacéuticas multinacionales (ALFARO, 2005).

En relación a la normativa peruana sobre PCI, es recién con la actual Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (Ley Nº 28296, en vigencia desde julio del 2004), donde hay un mayor y verdadero acercamiento normativo para su difusión y protección (ALFARO, 2005).

En el caso de Ecuador la situación es bastante pobre. En este país no existe una secretaría, departamento o directorio que dedique sus esfuerzos a la recuperación y preservación del PCI. En lo que respecta a legislación sobre Patrimonio la normativa más concreta es la Ley de Patrimonio Cultural, la cual tiene entre sus atribuciones la conservación, preservación, divulgación del Patrimonio Cultural, pero en lo relativo al PCI es muy general (ERAZO, 2005).

Dentro de esta carencia de organismos gubernamentales dedicados a la gestión del PCI, uno de los roles más activos lo ha desarrollado el Ministerio de Turismo en el año de 1996, cuando implementó un Inventario de Atractivos Turísticos que permitió recuperar información de una buena parte de la cultura intangible de de este país (ERAZO, 2005).

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), es el organismo gubernamental que se dedica a la gestión del PCI en Ecuador. Dentro de las acciones más destacadas se encuentra la recopilación de registros etnomusicales realizado por expertos de la UNESCO (en 1984) y la declaratoria de Patrimonio Inmaterial de la Nación del 11 de Abril del año 2002 a los danzantes de Pujilí (ERAZO, 2005).

El caso de Venezuela es muy interesante ya que es de los pocos países en donde se está manejando una figura explícita de PCI y con una importancia fundamental dentro del desarrollo social y cultural de la nación. A tales efectos se han creado instituciones y en su seno se han generado proyectos sumamente interesantes, coordinados a nivel central. Además, el enfoque que se está siguiendo resulta muy interesante desde el punto de vista de la perspectiva de la UNESCO.

A partir del año 1994 Venezuela cuenta oficialmente con un instituto responsable de la defensa, protección y gestión del PC, el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), que se rige por la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural del año 1993. La acción del IPC ha estado dirigida fundamentalmente hacia el inventario, conocimiento y protección del patrimonio mueble e inmueble del país, a través de la alianza con los gobiernos municipales y regionales (MORALES, 2005).

A partir del año 2004 el Instituto del Patrimonio Cultural diseña el proyecto “I Censo del Patrimonio Cultural Venezolano”, entendido como una iniciativa para el registro y reconocimiento, a lo largo y ancho del territorio nacional, de todo aquello que es característico y significativo para la identidad de los venezolanos.

Este proyecto nació en el año 2003 con la intención de recorrer cada población del territorio nacional y registrar todo aquello que es característico y significativo de la cultura de las distintas regiones venezolanas sean tangible o intangible (http://www.ipc.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=34)

Cabe resaltar la intención del proyecto del Censo la experiencia de participación directa en las comunidades, realizado con maestros en cada uno de los municipios del país, y la publicación de un catálogo donde se documenta el patrimonio registrado por municipio (MORALES, 2005).

En Colombia el PCI como tal, es un tema relativamente nuevo para el país. Dentro de los mandatos constitucionales está su protección y es la Ley General de la Cultura la que regula lo relacionado al PC. La Ley en su artículo sobre la definición del PC no contempla una definición explícita, se trata más bien de un listado de ámbitos o expresiones, dentro de los cuales se puede ubicar el PCI (RUBIO, 2005).

El tema del PC entra en la órbita de acción del Ministerio de Cultura, dentro del cual se ubica la Dirección de Patrimonio. La Dirección trabaja a partir de un concepto integral que incluye tanto lo tangible como lo no tangible. Entre sus responsabilidades está el liderazgo de la campaña nacional contra el tráfico ilícito de bienes y la conformación del Sistema Nacional del Patrimonio. Entre sus programas están: Inventario y Registro del Patrimonio Cultural de la Nación; Declaratorias de Bienes de Interés Cultural de la Nación; Investigación en Patrimonio Cultural; Turismo Cultural y Difusión del Patrimonio. Los planes a su cargo son: Recuperación de Centros Históricos (en su mayoría de carácter arquitectónico y parques nacionales naturales) y Prevención de Riesgo y Protección del Patrimonio Cultural. No obstante, la aproximación conceptual de la que parte la Dirección de Patrimonio, en ésta desde conformación ha existido un énfasis en el patrimonio cultural material que se evidencia en su estructura interna, en sus recursos humanos y en los programas y proyectos que lidera (RUBIO, 2005).

El Grupo de Patrimonio Inmaterial está dentro de la órbita de esta Dirección, y se ocupa de acompañar a las comunidades en la identificación de su patrimonio inmaterial, en el proceso de investigación endógena y auto diagnóstico y de sus planes de salvaguardia. Asimismo, asesora a los entes territoriales en la definición de sus políticas de PCI, y elabora conceptos sobre los proyectos de ley alrededor del PCI, emitidos por el legislativo (http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=1371).

El programa de Inventario y Registro del Patrimonio Cultural es un programa del cual se ocupa la Dirección de Patrimonio. Es definido como:

la etapa que precede y en la que se fundamentan las acciones de conservación, recuperación y divulgación de los bienes que lo conforman. La información que de él se deriva es fundamental para sustentar los proyectos de apropiación, divulgación y sostenibilidad de los bienes.

El objetivo primordial del programa es consolidar un Sistema de Inventario y Registro que permita coordinar y desarrollar las acciones relacionadas con la identificación, protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de la Nación.

Desde el año 2006 el Ministerio de Cultura cuenta con los Manuales de inventario de bienes culturales muebles e inmuebles, en los que se expone la metodología para realizar el inventario. En 2007 se desarrolló un módulo privado de inventario en el SINIC, que constituye una herramienta de recolección de datos y registro de los bienes. En 2009 se proyecta abrir este portal al público general, para que pueda acceder a la consulta y registro de los bienes inventariados (http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=1313).

Dentro de la órbita del Ministerio de Cultura de Colombia se inscribe el Sistema Nacional de Información Cultural (SINIC), el cual se define como:

instrumento integrador de la información del sector cultural, generada por los agentes, redes y sistemas, mediante su procesamiento, consolidación, interpretación, análisis y difusión, para apoyar los procesos de toma de decisiones en materia cultural en los diferentes niveles de la administración pública, y para fortalecer el conocimiento ciudadano en los temas relativos al sector cultural y su institucionalidad

(http://www.mincultura.gov.co/?idcategoria=1847).

La situación del manejo del PCI en Brasil es francamente la más destacable de Sudamérica y puede ser tomada como un ejemplo mundial. El reconocimiento del papel de las expresiones de la cultura popular en la formación de la identidad brasilera se remonta a los años 30´ y forma parte del contexto de creación del Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN), primera institución gubernamental del país dirigida a la protección del patrimonio cultural. La preservación de bienes culturales de naturaleza inmaterial ya estaba prevista en el anteproyecto que dio origen a esa institución, el cual fue elaborado en 1936 (SANT’ANNA, 2005).

En los últimos 60 años, la preocupación con la documentación de tradiciones populares no estuvo ligada solamente a las instituciones de preservación del patrimonio. Otros organismos también se preocuparon por este asunto. Entre éstos se destaca la Comisión Nacional del Folklore, creada en 1947, institución que realiza importantes trabajos de conservación, promoción y difusión de la cultura popular y desarrolla acciones de apoyo a la preservación de sus manifestaciones. Más tarde transformada en Centro Nacional de Folklore y Cultura Popular, la institución se encuentra, actualmente, vinculada al IPHAN (SANT’ANNA, 2005).

El manejo del PCI por parte del IPHAN se basó en un concepto de PCI no tan enfocado en la cosa, sino que sigue una línea oriental, más bien como la que propone Japón, Tailandia y Filipinas, o sea, más centrada en la transmisión del conocimiento, aunque no solamente enfatizando ese aspecto.

El aspecto de la transmisión del saber es, sin duda, extremamente importante, pero algunas veces no es ese el problema que la manifestación cultural enfrenta de manera más grave. Muchas veces los problemas son económicos, ambientales o, por ejemplo, de dificultad de acceso a las materias primas. Pueden también ocurrir cuestiones relacionadas a la falta de organización grupal o comunitaria. También tomamos en cuenta la tradición de los registros etnográficos brasileños que focalizan la expresión cultural o el fenómeno cultural en su globalidad, y los riesgos de clientelismo o asistencialismo que un programa limitado al reconocimiento de personas podría proporcionar. Finalmente, en los países asiáticos los llamados Tesoros Humanos Vivos son figuras centrales porque la cuestión de la ‘autenticidad’ de la expresión cultural (esto es, la forma canonizada de hacer) es más importante que para nosotros. Tenemos cultura más híbrida, más mutante y más antropófaga. El maestro es importante para nosotros, no como parámetro que debe ser seguido a raja tabla, sino como alguien que enseña algo que será transformado o adaptado en seguida. En nuestra cultura (o culturas) el maestro, en general, es un buen ejecutante o un buen creador (MENEZES, 2005, págs. 16-17).

El Departamento del Patrimonio Inmaterial del IPHAN dio prioridad, para el bienio 2004/2005 a la realización de inventarios de referencias culturales en áreas ocupadas por comunidades tradicionales, indígenas o afro-descendientes, en núcleos urbanos declarados patrimonio nacional y en mega-ciudades que abrigan situaciones de multiculturalismo. Para su ejecución el departamento de PCI del IPHAN cuenta con 21 unidades descentralizadas, localizadas en casi todos los estados del país, con apoyo de socios gubernamentales y no gubernamentales y con la colaboración del Centro Nacional del Folklore y Cultura Popular (CNFCP) (SANT’ANNA, 2005).

A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países citados anteriormente, la legislación a nivel central va por delante de la estadual (como es el caso de Bahía, Ceará , Espíritu Santo, Minas Gerais , Pernambuco y el Distrito Federal, que han promulgado leyes en base a la normativa central o a normativas de la UNESCO). Se trata del decreto nº 3.551/00, que instituyó el registro como una forma de reconocimiento de aquellas expresiones de naturaleza inmaterial que son parte integrante del patrimonio cultural brasilero, como un modo de buscar su valorización y de establecer el compromiso del Estado en documentar, producir conocimiento y apoyar su continuidad (SANT’ANNA, 2005).

El IPHAN ha venido trabajando exhaustivamente en la elaboración de una metodología de inventario que fuese adecuada a los bienes culturales inmateriales, lo cual ha dado como fruto el Inventario Nacional de Referencias Culturales (INRC), el cual busca describir cada bien cultural inmaterial cuidadosamente, para permitir una adecuada comprensión de los procesos de creación, recreación y transmisión que lo circunscriben, así como de los problemas que lo afectan. Se trata de una tarea primordial para el conocimiento de este universo de bienes culturales y para fundamentar las demás acciones de salvaguardia. Además cabe destacar que el IPHAN deja a disposición esta metodología para instituciones públicas y privadas, realiza el entrenamiento de los equipos técnicos movilizados por fichas instituciones, acompaña y orienta el desarrollo del trabajo de inventario (MENEZES, 2005).

Todas las acciones de salvaguardia del PCI a nivel federal (incluido el INRC) están acompañadas de una planificación global y multilateral, apoyadas por diversos planes, a saber: el Programa Nacional del Patrimonio Inmaterial (PNPI), el Programa Nacional de Apoyo para la Cultura (Pronac) y el Programa Nacional de Cultura, Educación y Cidadania (Cultura Viva) (MENEZES, 2005).


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