EL CONFLICTO ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY POR LA INSTALACIÓN DE LAS PAPELERAS:
UN CASO DE ESTUDIO

EL CONFLICTO ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY POR LA INSTALACIÓN DE LAS PAPELERAS: UN CASO DE ESTUDIO

Valeria Llamas

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Relocalización

Luego de las presentaciones en La Haya, la empresa española Ence suspendió la construcción de la planta procesadora de pasta de papel de Fray Bentos, hasta que la Corte Internacional se pronunciara sobre el diferendo generado. La empresa tomó esta decisión por encontrarse con un conflicto de marcado carácter político y por lo tanto tomaba esta decisión hasta que se clarifique la situación.

A consecuencia de una cuestión de funcionamiento, ya que se consideraba inviable que pudieran operar juntas dos empresas de las características de Botnia y Ence, está última decidió trasladarse, según sus propias explicaciones, manteniendo su inversión en Uruguay.

El presidente de la empresa, Luis Arregui, manifestó que la decisión no fue respondiendo a un tema medioambiental, ni al conflicto con Argentina, sino desde la visión que el nuevo emplazamiento de la planta podría producir el doble de pasta de celulosa de la que pensaban en la anterior ubicación.

Entre otras causas para la relocalización, se mencionó que Ence estaba haciendo una reestructuración general, ya que se encontraba trasladando sus oficinas de Madrid a Pontevedra para centralizarse y como parte de esos cambios decidió mudar la planta de Fray Bentos.

La empresa no mencionó que la decisión podría haber sido a causa de las protestas en Gualeguaychú, las que provocaron una caída de las acciones de Ence. Tampoco mencionó la preocupación por las presiones que realizó el gobierno argentino para ahogar financieramente a las pasteras.

A pesar de esto, el gobierno uruguayo aceptó la decisión satisfactoriamente y se comprometió a que ayudaría a gestionar con rapidez los trámites para la nueva localización.

Ence, hasta ese momento, llevaba invertido en Uruguay cerca de 270 millones de dólares y había comprado otras 500 hectáreas para forestar en el departamento de Rocha, contaba con un puerto con zona franca pero mantenía paralizadas las obras desde marzo, cuando los presidentes Kirchner y Tabaré Vázquez pidieron a las empresas un parate para poder iniciar un estudio de impacto ambiental conjunto.

Con el anunció de la relocalización, se realizaron especulaciones como su traslado a Paysandú, ante lo cual los vecinos argentinos de Colón, frente a donde quedaría supuestamente la pastera, comenzaron a manifestarse en contra de la misma.

Por otra parte, los asambleístas y Cancillería compartían el recelo provocado de esta situación, ya que Botnia podía legitimarse, con el argumento que los riesgos de contaminación podían ser controlados al quedar solo una planta. Además, el peligro de la radicación de dos pasteras a tan poca distancia entre sí era una de las razones a favor de la Argentina para redactar el memorial para el juicio de La Haya.

Viabilidad Ambiental de Localización autorizó al grupo español a ubicarse en el Departamento de Colonia, frente a Buenos Aires, donde el río Uruguay desemboca para conformar el estuario del Río de la Plata. La empresa preveía que la fábrica se pusiera en marcha en el segundo semestre de 2009 y la inversión total ascendería a cerca de 1.200 millones de dólares . Además recibió la autorización de la Dirección General de Medio Ambiente solicitadas para la planta y el puerto.

Según la empresa, la nueva ubicación permitía una mejora de la logística de la madera, cuyo transporte se realizaría mayoritariamente con barcazas fluviales, lo que reduciría el impacto en las infraestructuras viarias.

Otra de las hipótesis que se manejó, fue que por la condición de Ence de ser una ex empresa del estado, los directivos de la misma tomaron la decisión tras una recomendación que recibieron de la realeza y del gobierno español.

La relocalización de Ence a Colonia, a nivel social y ambiental para Uruguay, implicaba que la empresa elevaría su producción de 500.000 a 1.000.000 de toneladas . Con esta salida, se iba a necesitar el doble de químicos y la planta iba a tener el doble de emisión de efluentes.

Además, provocó que representantes de Uruguay Natural Multiproductivo (UNAMU), Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, el Grupo Guayubira y la Casa del Pueblo Arco Iris (Tarariras, Colonia) solicitaran al Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, información sobre la solicitud de autorización de ENCE para la explotación de una Zona Franca en Colonia.

Esta solicitud no fue respondida por el gobierno uruguayo, argumentando que la empresa privada estaba protegida por el derecho comercial. (Ver Los movimientos sociales en Uruguay)