EL CONFLICTO ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY POR LA INSTALACIÓN DE LAS PAPELERAS:
UN CASO DE ESTUDIO

EL CONFLICTO ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY POR LA INSTALACIÓN DE LAS PAPELERAS: UN CASO DE ESTUDIO

Valeria Llamas

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Los movimientos sociales en Uruguay

En primer lugar, hay que recordar que en 2003 los argentinos son los que se suman a los reclamos que venían realizando los uruguayos y que en forma conjunta firmaron la Declaración de Gualeguaychú, además realizaron los primeros actos sobre el puente internacional para oponerse a la construcción de las plantas.

Cuando el Parlamento uruguayo ratificó el tratado con Finlandia para la protección de la inversión de Botnia y Ence, el Frente Amplio se oponía también a esta causa. Pero cuando Tabaré Vázquez asumió la presidencia y anunció la continuación del proyecto, ganó el apoyo del Frente Amplio, la central sindical de PIT-CNT y de una parte de la sociedad uruguaya.

A pesar que en la zona de Fray Bentos el proyecto concitaba respaldos entre trabajadores que estaban desocupados y que lo veían como un salvavidas en medio de la desesperación, en Gualeguaychú lo rechazaban pues, para estos, provocaría daños profundos en el medio ambiente. Estas diferencias llevaron a que la PIT –CNT (sindicato de trabajadores uruguayos) y la CTA (sindicato de trabajadores argentinos) a conformar un espacio permanente de ambas centrales donde se debatiera y se intercambie información a los fines de arribar a conclusiones conjuntas.

Los dirigentes de ambas centrales (Cacho Cachón, secretario ejecutivo de PIT-CNT, y Víctor de Gennaro por la CTA) pusieron el acento en la necesidad de empezar a elaborar proyectos propios de integración que sean lanzados como alternativas frente a las propuestas contaminantes de inversores de países centrales cuya aspiración, según ellos, era trasladar sus industrias sucias a otros puntos del planeta para no contaminar sus propios territorios (En www.pca.org.ar) . Lo más importante es que por primera vez trabajadores de Uruguay y Argentina resolvían abrir un espacio de creación de proyectos alternativos para impulsar, desde la visión de la clase obrera, la integración de los pueblos.

Como se mencionaba, no todos los sectores uruguayos apoyaban la instalación de las pasteras como es el caso de unos 200 militantes de organizaciones ambientalistas uruguayas como Guayubira, Redes-Amigos de la Tierra, y la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida . Estas organizaciones se manifestaron frente a la sede del gobierno de Uruguay en contra de las pasteras.

Los sectores opositores al proyecto presentaron el caso de Ence y Botnia ante el Tribunal de los Pueblos de Viena. Además realizaron acciones contra Ence en España, para que no se le brinden créditos por parte de diversos organismos del Estado español para la instalación de su planta en Uruguay. También, lograron que el ING Bank no otorgue créditos. Dentro de Uruguay, desarrollaron diversas acciones, aunque tuvieron baja repercusión en la opinión pública, porque el conflicto con Argentina llevó a que los partidos políticos y los medios convergieran en un bloque de defensa de las inversiones y que cualquiera que se opusiera fuera acusado de antipatriota. Estos sectores pretendían lograr un debate sobre qué modelo de desarrollo nacional se quería, sobre todo porque la población había dado un gran mensaje de cambio en las últimas elecciones presidenciales de 2004, pidiendo la transformación del modelo económico y productivo que se venía aplicando.

La oposición solicitó información sobre la autorización de Ence para la explotación de una Zona Franca en Colonia pero el gobierno uruguayo rechazó este pedido, argumentando que la empresa privada estaba protegida por el derecho comercial. Razón por la que estas organizaciones presentaron una acción de amparo ante el Juez Pablo Eguren .

La acción de amparo implicaba conocer los fundamentos manejados por la empresa española Ence, para operar en el departamento de Colonia en régimen de “zona franca”. El recurso que en esta oportunidad se interponía aparecía como la única vía eficaz para garantizar aquello que flagrantemente se había visto lesionado: el acceso a la información.

El acceso a la información es un derecho en sí mismo así como un medio necesario para el ejercicio de otros, ya que la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales está supeditada en gran medida a la definición previa de la conducta debida por el Estado y la misma resulta a su vez imposible sin información previa acerca de la situación de cada derecho. Como derecho humano fundamental (derivado del derecho a la libertad de expresión), supone: recibir información sin ser perturbado e investigar sin ser obstaculizado. Además se constituye como esencial para hacer efectiva la transparencia de la acción y gestión de los gobernantes y autoridades públicas; y por tanto esencial para la democracia.

El ejercicio del derecho a la información tiene como contracara el deber de las Autoridades públicas de informar con rectitud, sin deformaciones ni abusos. El derecho a la información se encuentra consagrado en la Constitución uruguaya, en los artículos 7 y 72, así como en la legislación internacional (Declaración de Río, entre otras). En materia ambiental, puntualmente, el acceso a la información pública tiene una regulación normativa específica que lo refuerza, el artículo 47 de la carta magna y el artículo 50 .

Redes Amigos de la Tierra y el Grupo Guayubira advirtieron sobre los riegos ambientales y sociales que implicaba la producción a gran escala de pasta de celulosa. En ese sentido, también denunciaron las consecuencias sociales, económicas y ambientales del modelo forestal uruguayo, caracterizado por las grandes extensiones de monocultivos de eucaliptos y pinos. Ese modelo forestal se consolidaba con el desarrollo de la industria de la celulosa, que necesitaba de la madera como materia prima y es ambiental y socialmente insustentable. En ello contradecía el artículo 50 de la Constitución uruguaya, que consagraba un paradigma de desarrollo productivo. Estas organizaciones señalaron que desde la aprobación de la Ley Forestal en 1987 las empresas forestales estaban liberadas del pago de impuestos, beneficio que se extendería ahora a las compañías dedicadas a la producción de pasta de celulosa y que sin embargo no se aplicaba a los productores agropecuarios.

La preocupación no era sólo por los efectos ambientales del modelo de monocultivo ambiental para la producción de celulosa, sobre el agua y sobre el ecosistema de las pampas, sino también por los efectos sociales que ese tipo de cultivo generaba. Se estaba expulsando a los trabajadores del campo, porque los dueños vendían la tierra y los trabajadores que la ocupaban se veían obligados a salir, o por la contaminación que conlleva el monocultivo. Además, estaba generando un proceso de concentración de la tierra nunca visto en Uruguay.

Por otro lado, según una encuesta nacional , la construcción de las fábricas de celulosa contaba con la aprobación del 60 por ciento de los uruguayos. Tras cortes de puentes internacionales y de militantes ecologistas acechando contra la instalación de las papeleras, el gobierno cosechó el apoyo de todos los partidos políticos, las cámaras de industria y comercio y la central obrera PIT-CNT. Algunos legisladores oficialistas y referentes de los partidos blanco y colorado hablaban de apoyar una “causa nacional” y agregaban “dignidad”.

Los uruguayos, según estos sectores, estaban discutiendo la cadena de valor de la industria maderera que representaría en los próximos diez años, el cambio más profundo que había vivido Uruguay a nivel productivo en el último siglo. Las planificaciones e inversiones en desarrollo forestal, que sumaban 700.000 hectáreas y continuaban aumentando, representaban el 6 por ciento del territorio nacional, por lo que Uruguay debía definir si quería ser un exportador de materia prima básica (troncos y astillas) o si participase del proceso industrial y agregarse valor, tecnología a esa madera. En diez años y a este ritmo, los productores madereros serían el principal rubro de exportación nacional.

Paralelamente, en estas circunstancias, el gobierno de Tabaré Vázquez promovió una ley para expulsar a extranjeros ante situaciones de ingresos irregulares, como el que protagonizaron militantes de Greenpeace durante una protesta en enero de 2006 . La iniciativa establecía la expulsión, en un plazo de 24 horas, de quienes “... alteren el orden público, se entrometan en los asuntos internos o afecten el honor de jefes de Estado extranjeros...” . Esta ley se promulgó teniendo en cuenta que se produjeron ingresos al país en forma irregular por las pasteras, por lo que se entendió pertinente tener una normativa, por los manifestantes de Greenpeace y otros manifestantes en general. El objetivo era prevenir una situación más grave que se pueda dar si llegara haber un ingreso masivo de gente que altere las condiciones de vida y no se cuente con una herramienta rápida para expulsarla.

En conclusión, desde la costa argentina, se argumentaba que las pasteras producirían daños para la salud humana. En cambio, desde la costa uruguaya, a pesar de la oposición, se veía con optimismo la instalación de las plantas de celulosa, por las razones económicas que conllevan. Estas razones, implicaban excelentes oportunidades de empleo y desarrollo industrial por ser la mayor inversión en la historia de Uruguay.

El presidente Tabaré Vázquez respondía a los reclamos de los asambleístas y comunicaba a sus ciudadanos el deber de monitorear la evolución de las condiciones medioambientales para determinar si causan o no daños al ecosistema y, a partir de allí, realizar los reclamos y proponer los cambios que correspondan.