EL CONFLICTO ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY POR LA INSTALACIÓN DE LAS PAPELERAS:
UN CASO DE ESTUDIO

EL CONFLICTO ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY POR LA INSTALACIÓN DE LAS PAPELERAS: UN CASO DE ESTUDIO

Valeria Llamas

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PRIMERA PARTE: POSICIÓN DE URUGUAY

La actuación de la Cancillería uruguaya ante al conflicto por las pasteras

La cancillería uruguaya desde el momento en que surge el conflicto social, salió a responder todas dudas de los ciudadanos de ambos países y a comunicar que toda la información se hallaba disponible.

La actitud del Presidente Tabaré Vázquez, al acordar una comisión técnica mixta para controlar el impacto de las industrias pasteras no fue seguida de igual gesto por la cancillería argentina al presentar su preocupación con el ente financiero del Banco Mundial, por tal motivo no participó la delegación uruguaya en la comisión planeada.

La cancillería uruguaya la justificó como una actitud diplomática y las posteriores declaraciones del canciller Bielsa ante los medios de comunicación produjeron incomodidad en Uruguay. De la cual se defendió, de una manera clara cuando el canciller Gargano mencionó que las empresas utilizarían una tecnología llamada “... libre de cloro elemental...” y que “... la decisión de sí se instalan o no, en Uruguay, es uruguaya...” . Además intentó comprender la actitud argentina como especulación de política interna.

En Uruguay aseguraban que las diferencias irían superándose una vez que los argentinos tuvieran conocimiento pleno de los informes técnicos de las autoridades de Medio Ambiente del Uruguay, en los que se aseguraba que no habría contaminación.

En la reunión de ministros de relaciones exteriores del Grupo Río, se le entregó al canciller Gargano, un petitorio con las exigencias de los Asambleístas de Gualeguaychú. En la misma ocasión, los cancilleres de ambos países acordaron realizar un estudio de impacto ambiental no vinculante para Uruguay. A su vez, la cancillería argentina pidió que mientras trabajara la comisión binacional técnica, se paralizaran las obras de ambas empresas, pero esto no se pudo concretar ya que la empresa Botnia anunció su contrato con cinco empresas argentinas para distintas tareas de construcción.

Mientras tanto Tabaré Vázquez, envió una carta al presidente del Banco Mundial en la que se destacaba la importancia que tenía para Uruguay la construcción y financiamiento de las dos papeleras y exhortaba a la entidad crediticia a acelerar la resolución del tema.

En octubre de 2005, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti sostuvo en una radio argentina, que “... a lo mejor había recibido algún incentivo para que Uruguay aceptara las papeleras...” . A pesar que al otro día Busti aclaró sus palabras. La declaración fue considerada un agravio por el gobierno uruguayo, quien decidió llamar en consulta a su embajador en Argentina y lo mismo sucedió con el embajador argentino en Uruguay. El interés uruguayo al realizar este acto, era conocer la opinión del gobierno argentino, es decir, si compartía las declaraciones de Busti.

El diferendo terminó con un comunicado del gobernador Busti, en el cual aclaraba lo que para él significaban incentivos, mencionando entre otras cosas la magnitud de la inversión y los puestos de trabajo.

Según el canciller Gargano, el gobierno uruguayo realizó esfuerzos para desactivar las acciones motivadas por sanas preocupaciones de la gente. Uruguay defendía sus derechos soberanos a decidir sobre su territorio que es lo que impactaría ambientalmente y que no, para lo que poseía leyes muy exigente, las cuales lo catalogaban – por las organizaciones internacionales – como el tercero en el mundo en materia de calidad medioambiental, detrás de Finlandia y Suecia.

Cancillería uruguaya no creía en un enfrentamiento entre ambos países, ya que se conversaba y discutía día a día. Ellos no querían ser manipulados ni manipulear, pero si creían que Greenpeace buscaba crear un diferendo, involucrándose en los conflictos sociales. En cancillería creían que esta negociación se debía manejar con equilibrio y racionalidad, evitando que renacieran nacionalismos reprimidos, que en general, son de ultraderecha y buscaban entorpecer el proceso de integración regional.

La decisión de no parar con la construcción de las papeleras se debía en principio a la convicción que no son contaminantes, además había cientos de personas que se encontraban trabajando y, por último, la inversión tenía plazos que repercutían en los resultados económicos.

Bajo diplomacia espontánea, en un encuentro en Chile, ambos presidentes firmaron una declaración conjunta en la que exhortaban a los ambientalistas argentinos y a las dos empresas que construían las plantas en el Uruguay a hacer un gesto que permitiera la reapertura de negociaciones entre ambos gobiernos. El gesto consistía en que los empresarios debían frenar las obras por 90 días y que durante el mismo período, quedarían suspendidos los cortes de dos de los tres puentes que unen a ambos países.

Si las partes aceptaban la propuesta, Kirchner y Tabaré retomarían personalmente las negociaciones en dos encuentros cuyas sedes habían sido fijadas: el primero se haría en Anchorena (Departamento de Colonia) y el segundo en Mar del Plata. Allí deberían definir como se evaluaría el impacto ambiental de las papeleras.

En primera instancia la empresa Botnia suspendió sus obras por 90 días, para dar lugar a las negociaciones. Posteriormente, mientras se esperaba la repuesta de Ence, Botnia anunció que suspendería sus obras sólo por 10 días. Esta decisión la puso como un protagonista político desafiante a la voluntad negociadora de los presidentes.

La decisión de Botnia fue argumentada por su inversión en Fray Bentos, la cual significaría el 1,6 % del PBI uruguayo y la creación, por vía directa e indirecta, de 5.000 puestos de empleo . Además, agregó que una paralización prolongada dañaría su posicionamiento en los mercados internacionales. Botnia gozaba además de un tratado de protección de inversiones firmado entre Finlandia y Uruguay, lo que las naciones en litigio se enfrentarían así a un dilema nuevo que no esperaban. Ante tal situación, el gobierno uruguayo aceptó la postura de la empresa aunque pidió que recapacitara para facilitar el diálogo con Argentina.

Dada la situación, en abril de 2006 el canciller Gargano, dió por terminadas las negociaciones directas con Argentina. El próximo paso de la cancillería uruguaya sería convocar al Consejo del Mercosur para protestar por los cortes de ruta en Entre Ríos y notificaría la situación a la Corte Internacional de La Haya.

La nota envíada a La Haya fue un documento que se presentó como un antecedente ante futuras demandas que el país decidiera iniciar y fue considerada con valor favorable a los intereses uruguayos, para cuando Argentina iniciara el litigio.

Durante febrero de 2007, el presidente Tabaré Vázquez mostró optimismo en la reanudación del diálogo con Argentina asegurando que mantenía su más firme disposición a una salida diplomática, destacando la misión del enviado del Rey de España Juan Carlos para intentar acercar posiciones y encontrar una solución al conflicto.

El presidente Tabaré Vázquez participó en la inauguración del puerto de la papelera Botnia en la localidad de Nueva Palmira, a fines de agosto de 2007, pese a la queja diplomática del Gobierno de Kirchner y a la protesta de los asambleístas entrerrianos. En el acto no habló el presidente, en su lugar lo hizo el ministro de Transporte, quien negó que la presencia del mandatario implicara una provocación al gobierno argentino. Sin embargo, al respaldar públicamente con su presencia la iniciativa de Botnia, agudizaba la tensión entre ambos países.

Luego de la puesta en funcionamiento de la empresa Botnia, terminada la mediación del Rey Juan Carlos I de España, los responsables de la Dirección Nacional de Medio Ambiente comunicaron que en la primer semana se realizaron intensos monitoreos con buenos resultados, los cuales “... continuarían controlando estrictamente y que no dudarían en aplicar medidas si incumplían alguna de las normas; hasta cerrarla si fuera necesario” . Por otra parte, comunicaron que estaban de acuerdo con el plan de control que realizaría Argentina y que se encontraban dispuesto a intercambiar información para un mejor registro.