EL CONFLICTO ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY POR LA INSTALACIÓN DE LAS PAPELERAS:
UN CASO DE ESTUDIO

EL CONFLICTO ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY POR LA INSTALACIÓN DE LAS PAPELERAS: UN CASO DE ESTUDIO

Valeria Llamas

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El gobierno argentino y el Banco Mundial

Luego del acuerdo entre los presidentes de Argentina y Uruguay de dejar el control oficial de las aguas en manos de la Comisión Administradora del Río Uruguay, los reclamos de la Asamblea ambiental de Gualeguaychú continuaron incrementándose. Por ello, de manera estratégica, el embajador argentino en Estados Unidos, José Octavio Bordón, realizó una presentación ante el presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, manifestando la preocupación argentina por la instalación de las fábricas.

Esta presentación se realizaba a causa de que las empresas Botnia y Ence habían solicitado la cofinanciación a la Corporación Financiera del Banco Mundial.

Respondiendo a las exigencias de sus estatutos y al reclamo del Gobierno argentino, la Corporación Financiera Internacional (CFI), subsidiaria del Banco Mundial suspendió el financiamiento hasta que se realizara una evaluación del impacto ambiental. Dichos estudios, serían llevados adelante por la corporación y luego comunicados a ambos países.

El jefe de la delegación argentina del grupo técnico mixto, Raúl Estrada Oyuela, se justificó explicando que “... los pedidos del gobierno de Kichner ante la Comisión Administradora del Río Uruguay fueron desoídos por su par uruguayo...” , por lo que no quedó otra posibilidad que expresar su preocupación ante la Corporación Financiera Internacional, que participaba en el apoyo financiero a las obras.

En esta situación, la cancillería uruguaya sostuvo la decisión de instalar las plantas y anunció que no enviaría sus delegados a la comisión mixta de estudio ambiental, en actitud diplomática, hasta que Argentina no reconsidere su actuación en el Banco Mundial. El embajador Rafael Bielsa respondió considerando que lo adecuado sería llegar a un punto de entendimiento y que en caso contrario acudirían a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Durante la primera quincena de octubre de 2005, los técnicos de la Oficina de la Ombusman de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial arribaron a Gualeguaychú y luego a Uruguay, para estudiar si el polémico proyecto de las plantas, cumplía con las directrices ambientales de ese organismo.

La aceptación de la demanda permitía un período limitado de evaluación para que la Ombusman recibiera información e investigara los temas de preocupación y su posible resolución. La evaluación determinaría cómo debía ser atendida la demanda y debía concluir con una decisión sobre si proceder o no, y estableciendo un marco claro sobre el curso de acción a seguir.

La visita realizada por el equipo técnico finalizó con la promesa de juzgar en forma independiente y recta toda la información obtenida para evaluar que sustento real y científico tenían las denuncias del gobernador de Entre Ríos.

A fines de diciembre de 2005, la Corporación Financiera Internacional emitió un informe preliminar, el cual mencionaba que, las pasteras cumplían los requisitos técnicos ambientales, pero en raras ocasiones podían emitir gases olorosos a una distancia de entre 5 y 10 kilómetros. Además desde una perspectiva técnica, en términos de emisiones de las plantas, el estudio realizado demostraba que las fábricas cumplían los requisitos de mejores prácticas.

Las principales conclusiones del informe fueron:

• En cuanto a la calidad del aire, en raras ocasiones, durante la preparación inicial de las plantas, que dura entre tres y cuatro meses, podrían detectarse gases olorosos hasta una distancia de 5 a 10 kilómetros de las plantas, dependiendo de las condiciones del viento. Los vientos que predominan en la región son del norte al noroeste. Durante la operación rutinaria de los molinos, las emisiones olorosas podrían detectarse ocasionalmente a una distancia de entre 1 y 2 kilómetros de los molinos durante períodos de menos de 1 hora. Las emisiones de aire de las plantas, sea para materia particulada, óxidos de nitrógeno o dióxido de azufre, cumplirán con las normas del Grupo del Banco Mundial.

• En cuanto a la calidad del agua: un modelado detallado por computadora de descargas de agua de desecho tratada de las plantas demostraba que las descargas al río Uruguay no serían detectables a una corta distancia de las plantas y no afectarían la vida acuática o el uso recreativo del río, lo que infiere que no traería problemas ambientales para la Argentina .

En el informe también mencionaban que habría un impacto limitado de los molinos, que serían construidos, según el informe, usando la mejor tecnología de control de contaminación disponible, y señalaron que el impacto visual de los molinos en áreas turísticas sería bajo.

Por un lapso de 60 días, el público en general y los especialistas técnicos podían opinar sobre la metodología y las conclusiones del estudio.

Para el gobernador de Entre Ríos, este informe preliminar pertenecía a una consultora y no a un organismo, además creía que no tenía nada que ver con el informe de Ombusman del Banco Mundial que próximamente se daría.

El canciller Taina, cuestionó el informe de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, mencionando que “... las plantas pueden generar perjuicio sensible a la Argentina y ello causaría responsabilidades patrimoniales muy serias para, entre otros, las empresas industriales y las entidades financieras participantes ...” . De esta manera el Gobierno le respondió oficialmente al Borrador del Estudio de Impactos Acumulativos. Taina además agregó, que el proyecto “... no se ajusta a las propias Políticas Operacionales de la CFI, el documento no analiza métodos de producción libres de cloro y carece de indicaciones para prevenir la contaminación con efluentes líquidos y emisiones gaseosas, ni crea adecuados sistemas de control de las contingencias que puedan suscitarse, que son frecuentes en esta industria” .

En abril de 2006, se dió a conocer el segundo informe que compilaba las conclusiones del científico canadiense Wayne Dwernychuk que aceptaba y descartaba críticas al informe preliminar que había elaborado un experto elegido por la Corporación. Este segundo informe mencionaba que “... los comentarios que expresan la preocupación de que las plantas causen daños ambientales catastróficos carecen de sustento, son irracionales e ignoran la experiencia de muchas otras modernas plantas de kraft de celulosa blanqueada” . Esta definición apoyaba la postura uruguaya.

En busca de precisiones favorables a la postura argentina, se detectó que “... para la Corporación el proyecto dejó de ser sustentable ...” , es decir que el crédito no podía seguir adelante sin las correcciones recomendadas. Por otro lado, el informe recogía las observaciones que Argentina hizo al primer documento elaborado por la Corporación, pero por otro lado, no concluía que las plantas deban ser relocalizadas.