EL CONFLICTO ENTRE ARGENTINA Y URUGUAY POR LA INSTALACI?N DE LAS PAPELERAS: UN CASO DE ESTUDIO

INTRODUCCIÓN

A) Planteo del Problema

Durante las décadas de 1980 y 1990 Uruguay, con el apoyo del Banco Mundial, promovió y subsidió fuertemente el desarrollo de plantaciones de eucaliptos con miras a la producción de celulosa para la industria del papel.

La plantación de eucaliptos y la instalación de plantas de celulosa es una estrategia productiva que se fue generalizando en Sudamérica.

En el caso particular de Argentina, las plantaciones de eucaliptos se concentraron en las provincias de Corrientes y principalmente en Entre Ríos. Argentina cuenta en total con 10 plantas de celulosa de cierta envergadura.

Por otra parte, autoridades provinciales de Argentina, entre ellas el gobierno de Entre Ríos había tenido tratativas con multinacionales dedicadas al negocio de celulosa a fines de la década de 1980 y principios de la década de 1990 . Finalmente, la crisis económica hizo que se retiraran las posibles inversiones. Cuando estas volvieron, pero con la intención de instalarse en la margen oriental del río, la posición de las autoridades argentinas cambió .

En 2002, el Gobierno uruguayo presidido por Battle, negoció con dos multinacionales, la Empresa Nacional de Celulosa Española (ENCE) y la finlandesa BOTNIA, la instalación de dos grandes plantas de celulosa. El proyecto de ENCE se denomina “Celulosa M’Bopicuá – CMB”, y el proyecto de BOTNIA se denomina “Orion”. Algunos analistas sostienen que se trataría de la transformación productiva más importante de la historia uruguaya.

Las empresas ENCE S.A. y BOTNIA S.A. nunca mostraron interés en edificar plantas en Entre Ríos. La firma española se encuentra radicada en Uruguay desde 1991, bajo el nombre de empresa Forestal EUFORES S.A.. Posee 60.000 ha de plantaciones de eucaliptos. La firma finlandesa se encuentra en Uruguay desde el año 2000, bajo el nombre de FOSA S.A., posee 50.000 ha de eucaliptos .

ENCE obtuvo su autorización ambiental en 2003 y BOTNIA en 2005.

Ambas empresas decidieron construir sus plantas a orillas del río Uruguay, frontera internacional entre los países de Argentina y Uruguay, a 4 y 12 Km. respectivamente, río arriba de la ciudad uruguaya de Fray Bentos.

La elección de la localización de las plantas se debió a varios factores:

1. A la política de inversión forestal impulsada por el Banco Mundial en Uruguay, desde hace más de 20 años

2. A la cercanía con los bosques para la provisión de la materia prima, la madera y del río para la obtención de agua constante, para el transporte fluvial de la pasta.

3. Por los controles flexibles que encontraron en Uruguay.

La planta de ENCE proyectaba producir 500.000 TN y la de BOTNIA 1.000.000 TN de celulosa al año. Esta última sería la planta de celulosa más grande del mundo y constituiría la mayor inversión de carácter industrial en la historia del Uruguay y también la mayor inversión del sector privado industrial de Finlandia en el exterior. Los proyectos tenían una inversión total por 1870 millones de dólares, de los cuales el Banco Mundial podía financiar hasta 400 millones. En las obras trabajarían unos 2000 obreros en la construcción, 2500 en actividades metalúrgicas y, una vez instaladas, generarían unos 300 puestos de trabajos directos. (La República, 18/01/06, p 4)

El conflicto comenzó, entre 1998 y 2001, como una protesta social y ambiental interna del Uruguay. En la cual participaban la coalición de izquierda Frente Amplio, junto a la central sindical uruguaya, el PIT-CNT, la Organización Ambiental Grupo Guayubira y Greenpeace.

En 2003 los argentinos de Gualeguaychú se sumaron a los reclamos que venían realizando los uruguayos. El 24 de septiembre, 2500 uruguayos y argentinos se reunieron en el lado argentino y firmaron la Declaración de Gualeguaychú . El 4 de octubre uruguayos y argentinos realizaron el primer acto conjunto sobre el puente internacional General San Martín para oponerse a la construcción de las plantas.

Hay que aclarar que aunque los movimientos de protesta mencionaban oponerse a “las papeleras” no se trataba en realidad de fábrica de papel, sino de pulpa de celulosa que es la materia prima con la que luego se produce el papel.

En mayo de 2004 el Parlamento uruguayo ratificó el tratado con Finlandia para proteger la inversión de Botnia y Ence, con la oposición del Frente Amplio. En junio de ese año, Argentina y Uruguay llegaron a un acuerdo en la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) para la instalación de las plantas. A fines del 2004 Tabaré Vázquez ganó las elecciones presidenciales y anunció que las plantas se construirían tal como estaba planeado; ello llevó también a que el Frente Amplio y la central sindical de PIT-CNT, adecuaran su posición y comenzaran a apoyar la instalación de las plantas en Fray Bentos.

En 30 de abril de 2005, una multitud de argentinos y uruguayos tomó el puente internacional General San Martín. La gigantesca movilización sacudió a ambos gobiernos y el conflicto tomó relevancia nacional e internacional.

A partir de entonces la población de Gualeguaychú se organizó en la Asamblea ciudadana ambiental, y comenzó a desarrollar una acción permanente y masiva de oposición a la instalación de ambas plantas, que a partir del 23 de diciembre se realizó principalmente mediante el bloqueo de los puentes sobre el río Uruguay.

Por otra parte, la postura de la mayoría de la población uruguaya fue cambiando de manera optimista, con respecto a la instalación de las plantas de celulosa, porque percibían y perciben que las mismas implican excelentes oportunidades de empleo y desarrollo industrial.

Como consecuencia del conflicto social planteado, el 5 de mayo del 2005 los presidentes de Argentina y Uruguay acordaron la creación de una Comisión Binacional para analizar el impacto ambiental, la cual debía trabajar durante 180 días.

Las relaciones entre Uruguay y Argentina vinculadas con el Río Uruguay se encuentran reguladas por un tratado internacional desde 1975, conocido como estatuto del Río Uruguay .

El 31 de enero de 2006 fracasó la Comisión Binacional. Las posiciones políticas y los informes técnicos aportados por cada país diferían de tal modo que fue imposible llegar a un acuerdo. Uruguay se apoyó en el informe ambiental elaborado por el Banco Mundial en diciembre del 2005. Argentina cuestionó la localización de las plantas, realizó varias críticas a los informes del Banco Mundial y de las empresas y exigió un informe independiente.

En mayo de 2006 el Presidente Kirchner participó en un acto en Gualeguaychú, donde dejó claro su apoyo a los reclamos de los asambleístas pero donde no dijo ni una palabra en contra de la instalación de las plantas, sino que protestó contra Uruguay por haber permitido su construcción en forma inconsulta. En el mismo mes participó en una cumbre de jefes de estado en Austria donde su discurso mostró un eje en lo ambiental, el cual antes se emprendía verbalmente contra los organismos de crédito, en ese momento enfocó la pelea a la responsabilidad de los países centrales por los altos niveles de contaminación ambiental.

Luego de este cambio de eje, para el gobierno uruguayo era destacable que el Presidente argentino haya planteado “...si al medio ambiente” y que no haya dicho “no a las papeleras...” , ya que abría la posibilidad del diálogo hacia una próxima solución.

En junio de 2006, se empezó a preparar la presentación ante la Corte Internacional de Justicia, que se realizó el 15 de enero de 2007, por la cual el gobierno argentino dejó de apoyar los cortes de ruta de los asambleístas de Entre Ríos porque podrían perjudicar la estrategia jurídica ante el organismo. Pero continuó apoyando la movilización social e intercediendo por estos ante los organismos de financiamiento como el Banco Mundial.

En julio de 2006 Uruguay presentó una demanda ante el Tribunal Arbitral del Mercosur para reclamar la libertad de circulación, que violaba el Tratado de Asunción; como consecuencia el gobierno argentino justificó los cortes de rutas durante el verano de 2006. En el mismo mes, Uruguay en un acto de cordialidad y de acercamiento, invitó al gobierno argentino a un monitoreo conjunto de la construcción y de la gestión de las plantas.

En septiembre de 2006, la empresa española ENCE suspendió las obras y anunció la relocalización de la planta.

En diciembre de 2006, Uruguay anunció su deseo de movilizar efectivos militares para custodiar la papelera de Botnia. Ante este hecho, surgió la necesidad de dialogar entre Argentina y Uruguay abriendo paso a la mediación de Juan Antonio Yánez Barnuevo, enviado del Rey Juan Carlos de España, con el fin de encontrar una salida al conflicto.

La actuación del enviado del Rey, se enfocó en la necesidad de que las partes en pugna flexibilizaran sus posturas en pos de encontrar una solución y exhibir un menú de potenciales acciones en tal sentido.

Mientras la mediación iba dando lugar, el presidente Tabaré Vázquez comunicaba que el tiempo pasado iba deteriorando la relación de ambos países en medio del enfrentamiento por las papeleras, aclaró que no estaba en la agenda de su Gobierno trabajar para la reubicación de la planta de Botnia, ni que se detuvieran las obras y lamentaba la posición del mandatario argentino al no realizar ningún planteo para evitar los cortes de los puentes binacionales. Ante tal planteo y situación Uruguay se presentó en el Tribunal Internacional de La Haya con tres objetivos: pedir medidas cautelares, documentar absolutamente todo y además denunciar que pese a las recomendaciones del propio Tribunal, Uruguay estaba sufriendo el bloqueo total de los puentes internacionales que comunican con Argentina.

En tanto el titular de la empresa española ENCE, anunciaba al Gobierno argentino la relocalización de su papelera en el departamento uruguayo de Colonia y además que la planta compraría madera a la Argentina. El empresario declaró que siempre aceptaron hacer el estudio de impacto ambiental y a su vez los estudios presentados garantizaban que los niveles de contaminación estarían por debajo de los estándares internacionales.

Durante la presentación uruguaya ante la Corte Internacional de La Haya, manifestaron que Argentina no sólo violó la ley, sino que intentó conseguir “... por medio de la coerción...” la razón que no le daban ni los tribunales ni los organismos internacionales en la disputa. Con esto, Uruguay exigía que la Corte Internacional obligara a la Argentina a terminar con los cortes de ruta y garantice el tránsito, pues los daños económicos, afectaban al turismo, al comercio y al transporte.

La Corte Internacional de La Haya, en enero de 2007, dictaminó que no existía un riesgo inminente de perjuicio irreparable a los derechos de Uruguay en la disputa por los cortes en los puentes y rutas que comunican ambos países. La Corte remarcó que pese a los cortes la construcción de la planta de Botnia continuaba en forma significativa desde el verano de 2006, por lo tanto los bloqueos no justificaban las medidas cautelares solicitadas por Uruguay. La Corte llamó a que ambos países implementaran los procedimientos de consultas y cooperación que determina el Estatuto de 1975 del Río Uruguay, es decir continuar el diálogo para una rápida resolución de la disputa.

En los meses siguientes de 2007, los bloqueos en sus diferentes métodos continuaron. La construcción de la pastera Botnia siguió adelante y la relación entre Argentina y Uruguay fue intentando acercarse en forma directa y a través de la mediación del Rey Juan Carlos de Borbón. En realidad, perpetuaron las trabas de uno de los dos gobiernos para una rápida salida diplomática, de diálogo y negociación, la cual debería haber evitado tres años de conflicto y enfrentamiento.

En noviembre de 2007, Uruguay autorizó el funcionamiento a Botnia, con lo que se dio por terminada la mediación y solo quedaba por esperar la resolución de la Corte Internacional de la Haya.