LA EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA: LA EXPERIENCIA DEL IFE

LA EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA: LA EXPERIENCIA DEL IFE

Carlos Alejandro Montes de Oca Estrada (CV)

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9. Resultados

Como ya citábamos a Latapí (2004), al referirse a lo que es una política de Estado, que implica “un mayor compromiso del Estado con ellas […] Lo característico de una política de Estado está dado por su contraste con una política meramente gubernamental, o sea, definida y ejercida por el gobierno en turno” (3). En este sentido, encontramos, en principio, que efectivamente sí es una de esas políticas, puesto que el IFE es un organismo público, esto opera con presupuesto proveniente de del erario público que anualmente el Congreso de la Unión tiene que aprobar, por cierto cada vez más oneroso. Así mismo, surge como alternativa a la autoridad anterior que calificaba los comicios federales y se le atribuye ser producto de una demanda ciudadana, entre otros aspectos. Sin embargo, es una política intermitente que se aparece de vez en vez, por lo que no tiene consistencia, lo que a su vez impacta en una deficiente “educación para la democracia”.

Si se quiere que las escuelas eduquen para la democracia, deben poner en práctica lo que predican organizándose de tal modo que fomenten las actitudes y los valores democráticos mediante la experiencia: donde el poder y la autoridad se desplazan del profesorado al alumnado, en lo que respecta a las decisiones sobre la gestión de la institución, al contenido de la enseñanza y a la manera en que ésta se imparte. Aunque cada establecimiento tenga sus particularidades, en toda institución escolar democrática estarán presentes ciertas características generales relativas a la organización y al plan de estudios. (Unesco, 1997)

Es de suma importancia la participación de las personas en la educación, porque, en primer lugar, la educación es un asunto público: lo público, como lo sustenta Cabrero (2000), es un espacio de todos, del Estado como ente abstracto, del gobierno como redes de organizaciones (el Ejecutivo, el Congreso) y de la sociedad como tejido orgánico y ciudadano. Esta posición rechaza entonces la idea de que lo que ocurre con la educación, con el diseño de sus políticas y con sus resultados compete sólo al Estado o es propiedad exclusiva de una burocracia sindical. Los ciudadanos, especialistas, padres y madres de familia y organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores, deben también involucrarse de manera responsable en la hechura de política pública educativa. Además, la participación social ayuda a develar el carácter ciudadano de los individuos que viven y actúan en un país que aspira a ser democrático. En cuestiones de índole ética también puede ser sustancialmente valiosa como sería el aminoramiento de condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión. Se puede hacer una crítica en torno a graves rezagos sociales que el gobierno mayoritario no garantiza – por ejemplo, la protección de los derechos de las minorías - hasta que el debate público dé a estos problemas suficiente visibilidad y status políticos como para producir el apoyo público generalizado. (Sen, 2004). El silencio, dice Sen, es poderoso enemigo de la justicia social.

De acuerdo a investigaciones sobre la naturaleza del lenguaje y el cerebro-mente del ser humano (Chomsky 1988), una de las consecuencias más importantes de las investigaciones es que, como hemos de ver, aportan pruebas casi concluyentes y argumentos abundantes a favor de una de las dos actitudes tradicionales y más importantes acerca de la naturaleza de la democracia y la naturaleza de la educación: la que toma la democracia por autogestión y la educación en gran medida como autodidáctica.

Se tiende a abandonar la idea, dominante en la pedagogía durante mucho tiempo, de que toda enseñanza provoca aprendizaje, así como su correlato, que todo aprendizaje es producto de algún acto explícito de enseñanza. Se reconoce así que existen contenidos enseñados que sólo se memorizan, que luego se repiten y, después se olvidan porque no son incorporados por los estudiantes al acervo del conocimiento propio y, por tanto, no se aprenden. Es desde allí que surge el desafío por identificar aquellas condiciones que podrían asegurar procesos educativos fecundos, en los que la enseñanza se traduzca en aprendizaje (Palma, 2000).

El Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (Conapase), creado en 1999, no ha sido tomado en cuenta en esta política educativa, ya que “es una instancia nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, cuyo objeto es promover la participación de la sociedad y el desarrollo de actividades tendientes a fortalecer y elevar la calidad de la educación básica, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, así como ampliar la cobertura de estos servicios educativos; en el que participarán padres de familia y sus asociaciones, maestros y su organización sindical, autoridades educativas y representantes de la sociedad especialmente interesados en la educación”. Todo ello a pesar de que este esquema de participación social fue impugnado “concepción oficialista”, su pesada estructura y su composición, ya que todos sus miembros son designados por los secretarios de Educación o los secretarios estatales.

El reconocer que la democratización no es un producto lineal y mecánico que brote desde la adecuada educación de los sujetos, no significa que esa formación de personas para la construcción de más democracia sea una acción inútil, ya que, tampoco se puede postular la parcialización contraria, esto es que la democratización va a surgir, automáticamente, de la modificación de las circunstancias condicionantes. El cambio de condiciones puede crear oportunidades para impulsar relaciones más libres y solidarias, pero esa innovación deberá -siempre- con voluntad y lucidez aprovechar las oportunidades que se han abierto. De allí la importancia de educar para la democracia, aún cuando se trate de una problemática acotada y parcial.

El programa del IFE debiera también promover una aproximación amplia a la ciudadanía que incluya no sólo los derechos civiles básicos, sino además los derechos políticos, sociales, económicos y culturales mencionados en la Declaración de 1948 y delineados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y, más recientemente, en la Carta Democrática Interamericana de 2001.

La priorización de la cultura democrática como objetivo educativo supone incorporar a la currícula, técnicas de intervención integral, que conllevan simultáneamente conocimientos, valores, métodos, herramientas de acción y formación actitudinal. Éste es siempre el gran desafío educativo. La cultura democrática no puede depender sólo de los políticos profesionales, ni de los gobiernos, ni del sistema educativo formal, ni de los medios de comunicación, con su enorme potencial, y menos de alianzas inconfesables entre el gobierno la alta burocracia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Requiere intervenciones programadas y la formación de “animadores”, educadores, especialmente capacitados para esta tarea. La educación para la democracia contiene didácticas substancialmente dirigidas a plantearse el asunto de las dinámicas identitarias y los principios de participación y pertenencia social. Su pluralidad y la reivindicación a ser titulares de los derechos a la diversidad y la diferencia, han de empatar se con las lógicas de la cooperación, inclusivas y generadoras de “orden” y gobernabilidad.

La educación para la democracia es una función sustancial de la escuela y está referida al desarrollo de las capacidades y habilidades para una convivencia social fundada entre otros valores, como ya lo decíamos, en la solidaridad, la

participación y el respeto. Esta función es crítica para efectos del desarrollo de la autoconciencia y la responsabilidad social, dado que permitirá a los estudiantes participar como sujetos solidarios y críticos, en la escuela y en la sociedad. La educación para la democracia implica el empoderamiento de todos los individuos para participar activa y responsablemente en todos los ámbitos de la vida política y social. Esta función democratizadora debería cruzar transversalmente y comprometer todos y cada uno de los procesos escolares, incluyendo el sistema de relaciones que en ella se tejen, los procesos curriculares que se implementan y las estructuras de poder institucionales. Requiere de la validación de los significados de los actos y prácticas que en ella se experimentan y convoca a alumnos, profesores y administrativos a participar solidaria y colaborando en la tarea de construir un orden social democrático.

La escuela puede cumplir esta función a través de la organización e implementación de prácticas educativas que fomenten procesos deliberativos y la participación activa conducente al desarrollo integral de los estudiantes y al cultivo de los valores democráticos. En este contexto, el escuchar y fomentar la expresión de sus voces estudiantiles es importante e imprescindible dado que los son los actores y protagonistas centrales de este proceso y la calidad de sus experiencias escolares constituye un aspecto clave de su formación integral. Todo ello no se ve consistentemente en la propuesta del IFE.

El hecho de ser protagonista del proceso formativo implica ubicarse en el centro de este y desempeñar activamente las funciones centrales del mismo. Hecho que interpela a profesores y directivos a fomentar formas variadas de participación, dado que constituye uno de los ejes articuladores de las prácticas sociales en la escuela y promueve y garantiza el desarrollo de los estudiantes. Así, no se ve en la propuesta del IFE la participación activa de estos deliberada y organizadamente, que podrían mayor conciencia del sentido y derivaciones de su participación y así transformarse en los verdaderos protagonistas del proceso. Una de las formas más simples de participación de los estudiantes lo constituye la expresión de sus voces. Sin embargo, se ha desestimado sistemáticamente el derecho y necesidad que tienen de hablar por

sí mismos y sus voces han permanecido separadas de los problemas que los aquejan. La voz difunde los significados y perspectivas más profundas de las personas y en el caso de los estudiantes, expresa y afirma sus propias identidades y refleja sus propias comprensiones y expectativas respecto del mundo escolar y la realidad que están viviendo (Fielding y Prieto, 2000). El favorecer su participación es crucial, pues no sólo apoya la realización de actividades sino que también la adquisición de responsabilidades en el proyecto escolar, convirtiéndose los alumnos en agentes de su propia formación y no simples destinatarios de la acción educadora (Santos Guerra,1995). La participación de los estudiantes, cualquiera sea su edad, constituyen principios orientadores de escuelas que desarrollan en sus alumnos sus capacidades creativas, incentivan su participación en la toma de decisiones y la generación demandas, favorecen la producción de comentarios analíticos y constructivos, y valoran sus acciones cuando les asignan responsabilidades (Mena, Prieto y Egaña, 1998).

Estando de acuerdo con Osler y Starkey (2004) que manifiestan que las principales características que deben cumplir las prácticas y textos sobre educación para la democracia, deberán contener los siguientes elementos, que en la propuesta del IFE brillan por su ausencia:

 Enfoque en educación sobre derechos humanos

 Promoción de desarrollo intercultural

 Preparación de los participantes/lectores para la inclusión social

 Enfoque antirracista