LA EDUCACIÓN JURÍDICA AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MIZC. 
PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES GENERALES

LA EDUCACIÓN JURÍDICA AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MIZC. PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES GENERALES

Aylí Díaz Bacallao

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CAPÍTULO 3. PROPUESTA DE BASES ESTRATÉGICAS PARA LA EDUCACIÓN JURÍDICA AMBIENTAL.

3.1 ¿Por qué una estrategia de educación jurídica ambiental?

A nivel internacional, la Cumbre de Río de Janeiro, celebrada en el año 1992, enunció una nueva concepción para la solución de los problemas relacionados con las zonas costeras y los recursos costeros y marinos: el MIZC. La creación en 1994 del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en Cuba (CITMA), marcó un importante impulso a la política y la gestión ambiental nacional y ello a su vez impuso la necesidad de revisar los marcos estratégicos y legales del país, en materia de medio ambiente y adecuarlos a las políticas internacionales.

La EAN y la ENEA, en el año 1997, fueron un buen intento para cubrir estas nuevas exigencias. La EAN constituyó el fundamento para el desarrollo de las Estrategias Ambientales Territoriales y las Estrategias Ambientales Sectoriales. Sin embargo, aún cuando puede afirmarse que la EAN y la ENEA han constituido herramientas claves del quehacer ambiental nacional por más de 8 años, la realidad en general se transforma y particularmente, las condiciones de vulnerabilidad de las zonas costeras se hacen cada vez más evidentes.

La realidad cubana nos muestra hoy un panorama caracterizado, entre otros, por los siguientes elementos: (ENA: 2005)

 Importantes transformaciones en sectores claves de la economía cubana: Se resalta la recuperación en sectores claves como la industria azucarera, la extracción y producción de petróleo y gas nacionales, la industria minera, la agricultura, la acuicultura y el maricultivo, entre otras.

 Desarrollo sostenido del turismo e impulso al turismo de naturaleza en los últimos años.

 El proceso de la Batalla de las Ideas, con un gran impacto en los nuevos programas educacionales, culturales y sociales y su consiguiente repercusión en la percepción ambiental de los cubanos, a la par de los avances alcanzados en la Educación Ambiental.

 El permanente perfeccionamiento institucional del CITMA, con un enfoque dirigido a consagrar su misión estatal en todo el territorio nacional, en aras de formular y garantizar la debida aplicación de la política ambiental cubana.

 La evolución de la política y la gestión ambiental nacionales, que en muchos casos ha rebasado los marcos estratégicos de la EAN.

 El nivel de implementación de la Ley del Medio Ambiente – Ley 81 de 11 de julio de 1997- como base del marco legal nacional y la aprobación y paulatina implementación de sus disposiciones complementarias.

 Los avances en la política ambiental internacional, reflejados en nuevos instrumentos vinculantes en materia de productos químicos, bioseguridad y cambio climático, entre otros y que alcanza su punto culminante con la aprobación de la Declaración Política y el Plan de Implementación de la Cumbre de Johannesburgo y su implementación a nivel nacional a través de normas jurídicas de nueva creación o adecuación de las ya existentes.

 Una creciente conciencia social acerca de los problemas ambientales y consiguientemente, una mayor exigencia ciudadana para un estricto acatamiento de la legislación ambiental

 El fortalecimiento de nuevos enfoques como el MIZC, el Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas, que aunque se planteó en la Cumbre de la Tierra, 1992, hoy se hace más urgente su implementación por el uso cada vez más creciente de las zonas costeras.

A todo lo anterior se añade particularmente en relación con la vulnerabilidad de las zonas costeras, que Cuba es un archipiélago, con una biodiversidad única y ecosistemas altamente frágiles. El país cuentan con una población de aproximadamente 1,5 millones de habitantes (más del 13% de la población del país) que viven a una distancia entre 0 y 1000 m de la línea de costa, 84 % de estos asentamientos, que agrupan más de 97% de la población costera, se ubican a menos de 200 m del litoral y clasifican como urbanos 63 y como rurales 181. De acuerdo con estudios realizados, existen 244 asentamientos costeros sometidos a los más diversos grados de peligro y condiciones de vulnerabilidad y riesgo, entre otras causas; por la limitada base de recursos naturales, la necesidad de recursos financieros, los retos del desarrollo económico y social y los efectos de la globalización. (ENA, 2005)

La fuerte interacción y competencia entre las actividades socioeconómicas por el uso de las áreas costeras, el medio marino y sus recursos, el intenso uso del transporte marítimo, el incremento de la contaminación por desperdicios generados por barcos, el vertido accidental de sustancias peligrosas y tóxicas y los efectos de fenómenos atmosféricos como ciclones tropicales, frentes fríos y bajas extratropicales y sus devenidas consecuencias, las penetraciones del mar e inundaciones costeras, hacen el archipiélago cubano altamente vulnerable.

Si bien es cierto que hasta el momento no se han registrado afectaciones notables, ya se evidencian indicios en especial en la costa sur de una elevación paulatina del nivel del mar (0,23cm/año); ocurriendo en determinados momentos penetraciones del mar en diferentes puntos de la isla, ocasionadas por tormentas y otros tipos de eventos extremos influenciados por los cambios climáticos. Si se agravara esta situación existirían serias afectaciones en nuestros cayos e islotes, infraestructura asentada en la zona costera, ecosistemas costeros y cultivos. (ENA, 2005)

Estas y otras muchas realidades, imponen cambios. La evidente vulnerabilidad del archipiélago cubano, ha estado en el centro de atención de las políticas ambientales del país. Actualmente la política ambiental se encuentra en un período de reformulación de las estrategias ambientales a nivel nacional y territorial. No queda dudas de un pensamiento más avanzado en las nuevas estrategias, sin embargo aún no logran cubrir todos los vacíos de los que ya padecían las primeras.

A los efectos de esta investigación, nos interesa plantear cómo introducir la relación MIZC- EJA en el contexto de la política ambiental educativa del país.

La realidad cubana descrita antes y especialmente matizada por la vulnerabilidad del archipiélago; el desconocimiento del marco político, legal e institucional sobre manejo integrado de zonas costeras en particular y la legislación ambiental en general; la importancia que para la concepción del MIZC presupone la capacitación de los actores sociales claves desde una perspectiva interdisciplinaria y el peligro que representa la ausencia de la dimensión jurídica como dimensión importante del proceso educativo en los documentos rectores de la política ambiental educativa (para la capacitación de la visión interdisciplinaria y la participación pública consciente en la solución de los conflictos, en el manejo de los recursos marinos y costeros); son algunas de las razones que están impulsando la necesidad de una estrategia de EJA general y para el MIZC en particular.

El objetivo estratégico general que se persigue con la introducción de la dimensión jurídica ambiental en las estrategias vigentes y las que deben ser desarrolladas es contribuir, a partir del conocimiento de la ley, a la implementación de las políticas ambientales y de MIZC, garantizando así un estadio superior en la protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales, haciendo un uso eficaz de los recursos financieros y materiales de que dispone el país, en aras de alcanzar las metas de un desarrollo económico y social sostenible.

Los objetivos estratégicos específicos son:

 Establecer el escenario y diseñar las acciones que conduzcan a la preservación y el desarrollo de los logros ambientales en el ámbito legal alcanzados por la Revolución.

 Favorecer la solución de las principales causas que atentan contra el desconocimiento e inobservancia de la legislación vigente en materia de MIZC, lo cual incluye la erradicación paulatina de las insuficiencias detectadas en la aplicación de la política y la gestión ambiental cubanas.

 Incentivar la participación ciudadana en los procesos que tiene lugar en las zonas costeras, lo cual facilita la creación de una cultura jurídica ambiental.