LA EDUCACIÓN JURÍDICA AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MIZC. 
PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES GENERALES

LA EDUCACIÓN JURÍDICA AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MIZC. PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES GENERALES

Aylí Díaz Bacallao

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Consideraciones generales.

El marco teórico de la temática que se aborda en este capítulo ha sido desarrollado respetando el orden lógico del conocimiento y ha estado dirigido al análisis y recapitulación de los beneficios que el hombre ha logrado y logra obtener de las aguas marítimas, de los recursos costeros en general y de las costas y zonas costeras en particular.

De manera que se ha podido llegar a la conclusión de la necesidad para las actuales y futuras generaciones de administrar los recursos costeros y marinos e impedir su agotamiento. La implementación de una visión integradora de manejo de los recursos costeros se presenta hoy como condición indispensable para la sostenibilidad de la zona costera como totalidad ambiental, frágil y susceptible al impacto humano y natural.

Por otra parte se expresa claramente la necesidad de un marco político, legal e institucional para la implementación del MIZC, que permita definir las tareas y acciones correspondientes a cada uno de los actores sociales involucrados y los derechos, deberes y obligaciones que se derivan de sus interacciones. Además se hace necesario que se conozcan los canales institucionales que permita la participación en la solución de los conflictos que se generen.

En relación al tratamiento institucional respecto al manejo se puntualiza que Cuba cuenta con las estructuras de gobierno adecuadas y la dirección de un organismo, encargado de ejercer el papel rector de la política ambiental, además de que concibe la gestión ambiental como función común de todos los Organismos de la Administración Central del Estado.

Además, el país cuenta con un marco jurídico que se corresponde con las nuevas tendencias de manejo y favorece el desarrollo de las actividades socioeconómicas en formas compatibles con la protección del medio ambiente, reconociendo los valores intrínsecos de las zonas costeras y estableciendo un acercamiento hacia el nuevo enfoque de MIZC y los principios difundidos por el desarrollo sostenible.

El Estado cubano tiene como una de sus funciones fundamentales la protección del medio ambiente. Esa función la revela a través de la institucionalización de múltiples dependencias que de una manera u otra están comprometidas con la solución de estos problemas y apoyándose en su función legislativa– coercitiva, es decir mediante el Derecho y también en las políticas expresadas en estrategias y planes de carácter ambiental.

Sin embargo la eficacia de las políticas ambientales y del sistema legal, no solo depende de la existencia real de la norma sino también de la capacidad real de cumplir y hacer cumplir la norma o política.

En cuanto a la aplicación de las leyes en general y las relativas al MIZC, la realidad cubana y de la región en sentido general está mostrando una situación precaria. Problemas comunes como la creciente creación de la legislación ambiental y desconocimiento de la misma incluso entre los juristas, además de la gran dispersión de los instrumentos jurídicos relacionados con el medio ambiente, han llevado a los conocedores de la materia a afirmar que “en nuestro país en el plano teórico y formal, la legislación ambiental existe, pero con dificultades objetivas en su aplicación y en la toma de una conciencia jurídico ambientalista por parte de la ciudadanía y de los encargados de aplicar la ley: los juristas.” (Pascual, 2006)

El MIZC necesita para su correcta aplicación del conocimiento del proceso y de la participación pública conciente en la toma de decisiones sobre los recurso costeros. Para lograr ambos objetivos es necesario conocer el marco político, legal e institucional que lo sustenta y la educación ambiental con un carácter interdisciplinario, constituye un instrumento fundamental que lo garantizará.

La educación ambiental como recurso indispensable para elevar la conciencia ambiental de los ciudadanos, debe ser trabajada a partir de todas las dimensiones mencionadas, incluso la jurídica. El cumplimiento eficaz de la norma implica la participación de todos los actores involucrados en el manejo de los recursos. La EJA constituye un mecanismo para estimular la participación pública consciente de los actores sociales involucrados en el proceso de MIZC, y a largo plazo, lograr una cultura legal y ambiental en los ciudadanos.