LA EDUCACIÓN JURÍDICA AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MIZC. 
PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES GENERALES

LA EDUCACIÓN JURÍDICA AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MIZC. PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES GENERALES

Aylí Díaz Bacallao

Volver al índice

 

 

2.2 La Educación ambiental en la Política Ambiental cubana: Las Zonas Costeras.

La política ambiental cubana se ha venido perfilando gradualmente a partir del triunfo revolucionario ocurrido en 1959. Esta se basa hoy en la concentración de los esfuerzos en los principales problemas ambientales nacionales pero sin descuidar los esfuerzos en los locales y sus prioridades.

Por su parte la gestión ambiental está concebida sobre la base de la concertación, la cooperación y la coordinación entre el Estado, los organismos, las instituciones, las de la sociedad civil y las comunidades; proyectando el desarrollo social y económico sobre bases sostenibles

Posterior a la Cumbre de Río en 1992 y la elaboración de la versión cubana de la Agenda 21, ocurrió una mayor compresión de la necesidad de lograr una integralidad en la gestión ambiental nacional y fue aceptada por Cuba la introducción de la concepción del MIZC. Este momento marcó un hito importante en el proceso de adecuación de la política nacional de medio ambiente. Dicho proceso parte de las modificaciones a la Constitución y se materializa en un reordenamiento de la estructura institucional del Estado con el objetivo de fortalecer su capacidad, en función del tránsito hacia niveles de desarrollo sostenibles. La Ley Marco sobre Medio Ambiente y la ENA, constituyen además, un elemento medular en la política de reformulación de las acciones nacionales en esta esfera y como una consecuencia lógica, se complementa ahora con la ENEA como elemento consustantivo a esta política y como el instrumento clave que contribuirá a la reorientación de la educación hacia el Desarrollo Sostenible.

La educación ambiental constituye un instrumento importante de la gestión ambiental para el desarrollo de la conciencia ambiental, a través de la integración de la educación, la divulgación y la información ambiental.

De acuerdo con el Artículo 27 de la Constitución de la República de Cuba, el Estado juega un papel rector en la protección del medio ambiente y en la procuración de un desarrollo sostenible. Así mismo, el mismo Artículo 27 reconoce explícitamente el Principio de Responsabilidad Intergeneracional, establece también el deber de los ciudadanos de cooperar y contribuir en la protección de los diversos componentes del medio ambiente de la República de Cuba. A pesar de no mencionar a los recursos costeros explícitamente, se interpreta en ese sentido. Genera también el mandato a los órganos competentes del Estado cubano para la aplicación de dichas políticas.

Adicionalmente, el Capítulo I de la Constitución, que define los Fundamentos Políticos, Sociales y Económicos del Estado, establece en su Artículo 11(b) la soberanía del Estado cubano sobre el medio ambiente y los recursos naturales. El capítulo sobre derechos deberes y garantías fundamentales deja claro el derecho de todo ciudadano a recibir educación gratuita. Por su parte, el Capítulo XII, de los Órganos Locales del Poder Popular, en sus Artículos 105(g) y 106(g) establecen las atribuciones de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular en materia de organización y actividades para la protección del medio ambiente.

En consecuencia con la Carta Magna, la Ley No.81 del Medio Ambiente, establece una serie de preceptos legales que sientan las bases conceptuales y jurídicas para la sofisticación actual de la legislación costera de la República de Cuba, y define en su artículo 18 a la educación ambiental como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental. En consecuencia dedica el Capítulo VII, desde el artículo 46 al 53 a esta temática.

En los artículos anteriormente mencionados se establecen las responsabilidades estatales e institucionales para todos los sectores de la economía, de los servicios, grupos sociales y población en general, en cuanto a la implementación y participación en las políticas que el CITMA establezca. Declara entre sus objetivos:

c) “Promover la participación ciudadana en la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

d) “Desarrollar la conciencia ciudadana en torno a los problemas del medio ambiente, integrando la educación, la divulgación y la información ambiental”

En el artículo 46 dispone que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente elaborará estrategias de educación ambiental y contribuirá a su implementación, promoviendo la ejecución de programas en todos los sectores de la economía y de los servicios, grupos sociales y la población en general. Para ello, dicho Ministerio establecerá las coordinaciones correspondientes, con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Cultura, los medios de difusión y otros órganos y organismos competentes. (Ley 81, 1997)

La ley hace distinción en cuanto a los diferentes organismos y actores que están responsabilizados con la educación ambiental. Así se refiere a: los órganos y organismos estatales, el sistema nacional de educación , las instituciones recreativas, culturales y científicas y los Órganos Locales del Poder Popular .

El papel de la comunidad es esencial para el logro de los fines de la presente Ley, mediante su participación efectiva en la toma de decisiones y el desarrollo de procesos de autogestión orientados a la protección del medio ambiente y la elevación de la calidad de vida de los seres humanos.

Aún cuando el ciudadano como usuario de la gestión ambiental, cuente incluso con un mandato constitucional, todavía no puede afirmarse que despliegue plenamente sus potencialidades, en lo cual inciden problemas de educación, conciencia ambiental y la falta de algunos mecanismos jurídicos de acción, los cuales deben proporcionárselos las disposiciones e instrumentos políticos complementarias a la Ley 81 de Medio Ambiente.

El instrumento a través del cual el CITMA establece su política de educación ambiental es la ENEA, la cual se trazó a partir de un estudio diagnóstico previo sobre el estado de la educación ambiental en el país, que incluyó un amplio proceso de consulta a maestros, especialistas, tomadores de decisiones de diversos sectores, entre ellos de la educación y los medios de comunicación.

Tal y como se señala en la ENEA de la República de Cuba, en este complejo proceso desempeñan un importante papel la forma de pensar y los estilos de comportamiento de las personas y las comunidades, las políticas de los diferentes sectores de la economía, de la ciencia, de la educación y de la cultura, pero sobre todo, la existencia de una voluntad política y la capacidad para integrarlos. (ENEA, 1997)

En Cuba, la educación ambiental se pretende organizar y desarrollar mediante un enfoque interdisciplinario y transdisciplinario, propiciando en los individuos y grupos sociales el desarrollo de un pensamiento analítico, que permita la formación de una visión sistémica e integral del medio ambiente, dirigiendo en particular sus acciones a niños, adolescentes y jóvenes y a la familia en general.

Como parte de la política del Estado cubano en relación con educación ambiental, además, se han elaborado estrategias ambientales nacionales y proyectos nacionales para el trabajo comunitario integrado y la educación ambiental

De hecho un elemento importante dentro de la gestión lo es la ENA de Cuba. La promulgada en 1997, a partir de un reconocimiento de los principales lineamientos de trabajo sobre zonas costeras, comienza a sentar las bases para introducir el enfoque del manejo integrado de las mismas. Entre los lineamientos propone que por medio de campañas de sensibilización y divulgación que destaquen la importancia de los recursos costeros y marinos, se haga partícipe a la población, de aquellos aspectos inherentes al manejo de las zonas costeras. De esta forma acentúa la educación ambiental en ello.

La ENA redactada para el período 2005-2010, aún no aprobada, reconoce expresamente como principio que sustenta la gestión y la política ambiental cubana, la aplicación, como elemento clave de la gestión ambiental cubana, de los principios del MIZC con un enfoque ecosistémico para dar solución a los problemas ambientales, teniendo en cuenta el carácter de archipiélago de Cuba.

La visión de la política ambiental cubana se focaliza, con el diseño de la ENA para el período 2005-2010, en un desarrollo económico y social sostenible que se apoya en tres pilares básicos, a saber: la equidad social, el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. En la materialización de esta visión hay importantes retos que deben ser también considerados, tanto en el orden interno, como en el externo. (ENA, 2005)

Durante 1998 y 1999 el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente acomete la tarea de implementar la ENA en los fundamentales Sectores de la Economía, los Servicios y los Territorios, conformando las Estrategias Ambientales Sectoriales y Territoriales .

Las estrategias ambientales territoriales de las 14 provincias y el Municipio Especial Isla de la Juventud, fueron aprobados en los Consejos de Administración Provinciales y su implementación abarca a Gobiernos Locales Provinciales y Municipales, Consejos Populares, Delegaciones Provinciales de los Organismos de la Administración Central del Estado, Empresas locales, Comunidades, Organizaciones de Masas, la ciudadanía en general. De modo que actualmente todos los territorios del país cuentan con su ENA y la dimensión educativa se inserta dentro de ellas. También las estrategias territoriales se encuentran en un proceso de adecuación a los lineamientos de la ENA y de las nuevas exigencias ambientales en los territorios y sectores para los que se diseñan.

Con más de 8 años de aprobación y constante implementación de las EAN y la ENEA, estas han constituido herramientas claves para la introducción de la dimensión ambiental en todos los ámbitos, la profundización de la interrelación economía-sociedad-medio ambiente y la capacitación de los ciudadanos en la participación en la toma de decisiones y en la solución de los problemas ambientales que contribuya a mejorar las condiciones de su medio ambiente natural, psicosocial, transitando hacia modos de vidas más sanos. (ENA, 2005)

Aún cuando se han logrado resultados favorables que rebasan en diversas áreas las expectativas proyectadas en estos documento rectores de la política ambiental del país, la realidad se transforma y nuevas soluciones se imponen. A partir del año 2004 comienza a materializarse un necesario proceso de adecuación de la ENA de 1997 y las estrategias provinciales en las que, conservando el núcleo de sus elementos principales, respondan a las actuales exigencias de la política ambiental nacional e internacional.

A los efectos de esta investigación analizaremos como se proyecta la educación ambiental en los principales documentos de la política ambiental del país, la ENEA, la ENA y la Estrategia Provincial de Cienfuegos, como ejemplo de una estrategia territorial. El análisis hará especial énfasis en el tratamiento que en los documentos vigentes, como expresión de la política ambiental estatal, se hace de la dimensión jurídica dentro del amplio espectro de la educación ambiental.