LA EDUCACIÓN JURÍDICA AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MIZC. 
PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES GENERALES

LA EDUCACIÓN JURÍDICA AMBIENTAL EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL MIZC. PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES GENERALES

Aylí Díaz Bacallao

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INTRODUCCIÓN

Las zonas costeras son consideradas un medio ambiente natural de incalculable valor pues contienen los ecosistemas de mayor diversidad y productividad del planeta, producen la mayor cantidad de recursos pesqueros y sostienen una significativa parte de la actividad portuaria y de transporte, la agricultura, la industria y el turismo mundial. Esto ha convertido a la línea de costa en un área objetiva para el establecimiento de asentamientos humanos a lo largo de toda la historia. De hecho, las dos terceras partes de las mayores ciudades del mundo están localizadas en áreas costeras y más de la mitad de la población mundial viven cerca de ellas. (Cincin-Sain, 1998)

Por los intereses y densidad poblacional alrededor de las costas, las zonas costeras constituyen marcos de extraordinaria importancia para la sociedad humana desde el punto de vista económico, social y medio ambiental (en su concepción reduccionista.) Al coexistir en ellas diversos ecosistemas de gran productividad y por consiguiente, necesarios para la subsistencia y desarrollo de comunidades humanas locales, debe tenerse en cuenta que son también muy vulnerables frente a la acción del hombre y se degradan rápidamente. (Castellano, 1997).

El agotamiento y deterioro de los recursos pesqueros como consecuencia de la sobrepesca comercial y recreativa, los daños a las playas por la extracción de arena y la eliminación de la vegetación para construir instalaciones para el desarrollo turístico, el incremento de la contaminación ocasionada por desechos domésticos e industriales provenientes de fuentes terrestres, entre otros, constituyen algunos de los problemas más comunes que afectan las áreas costeras y los recursos marinos y donde el hombre tiene la mayor cuota de responsabilidad.

Los problemas antes descritos reflejan la situación de las zonas costeras a nivel global y del área del Caribe. Cuba por su ubicación geográfica no está exenta de padecerlos. En la actualidad se evidencian en el medio ambiente marino y costero del archipiélago cubano problemas como: “la contaminación, el manejo inadecuado de algunas pesquerías, la erosión costera, el aumento de la salinidad en aguas someras, la degradación de hábitats naturales y la pérdida de la diversidad biológica en ciertas áreas.”(ENA, 2005)

Las causas de los problemas anteriores se sustentan en la propia complejidad del recurso y el ineficaz tratamiento del mismo. Todo ello ha conllevado a considerar con mayor urgencia la necesidad de un manejo integrado, racional y sustentable de estas áreas.

En Cuba, las primeras discusiones en cuanto al manejo de las zonas costeras fueron resultado de un proceso que comenzó a nivel internacional en los primeros años de la década del 90. Con la celebración de la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992 y el apoyo expreso a las acciones recogidas en la Agenda 21 y a los principios enunciadas en la misma, Cuba marca un importante momento en la extensión de la concepción del Manejo Integrado de las Zonas Costeras (MIZC).

Aún cuando el Estado cubano ha emprendido acciones para la conservación y uso racional de los recursos costeros y marinos y se han obtenido resultados positivos, en la actualidad resultan insuficientes y están muy distantes de dar solución a las necesidades de esta actividad, para lograr un aprovechamiento y uso sostenible de tales recursos. (Carballo, 2004)

Los conflictos y problemas que en la realidad se manifiestan en las zonas costeras como el dragado o relleno para usos sociales por solo citar dos ejemplos, en esencia, están manifestando el desconocimiento absoluto de las características ambientales que rigen el funcionamiento de estos recursos. (Miranda, 2005)

Se hace imprescindible por tanto, un cambio de mentalidad respecto al uso de las zonas costeras que garantice la visión integradora del manejo de los recursos costeros. La formación de valores en la sociedad se convierte entonces en una necesidad para lograr desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo. (Miranda y Castellanos, 2005)

La implementación de acciones educativas y transformadoras sobre los actores sociales involucrados en particular y los ciudadanos en general, se enfoca en función de elevar el nivel de instrucción respecto a las cuestiones ambientales y de apropiarse de soluciones alternativas a los problemas que enfrentan, propiciando el debate y la participación pública.

La adecuada política nacional de educación ambiental en función del MIZC tiene que garantizar una visión holística e integrada de los recursos naturales por parte de los ciudadanos y actores involucrados y crear una conciencia medio ambiental capaz de inculcar en el ser humano el amor por la naturaleza y una respuesta más consciente respecto a los resultados de su actuar en la vida socio-ambiental. En ese sentido la dimensión jurídica en la educación ambiental adquiere una relevancia significativa, que para el caso del MIZC, supone no solo la existencia de un marco político, legal e institucional sino también la necesidad del conocimiento a nivel social de estos, toda vez que el MIZC se sustenta en una participación pública consciente.

Al incursionar en las posibles causas que propician la degradación ambiental del ecosistema costero y basándonos en estudios realizados sobre la temática (Carballo, Seidedo, Dueñas, entre otros.) y sobre la implementación del MIZC, surgen las siguientes interrogantes: ¿Conocen los habitantes cuáles son las fundamentales normativas en relación a aguas marítimas y recursos marinos que existen en Cuba o en su localidad? ¿Conocen cuáles son sus derechos y deberes en relación al ecosistema marino? y ¿Conocen cuáles son sus obligaciones y a quién pueden reclamar? ¿Cómo garantizar este conocimiento? La respuesta a estas interrogantes, guían la reflexión del presente trabajo.

No resulta suficiente refrendar la obligación que tiene todo ciudadano de conocer las leyes y la correspondiente obligación del Estado en darlas a conocer. De hecho, en la práctica social cotidiana se observa:

1. El desconocimiento y/o inobservancia por los actores sociales de las zonas costeras de la legislación ambiental vigente en materia de aguas marítimas y recursos marinos, lo que se evidencia en ilegalidades concretas relacionadas con pesca ilícita, uso de artes de pesca inadecuados, etc.

2. Ausencia de participación ciudadana consciente en los procesos de toma de decisiones de estas áreas, aún cuando la concepción del MIZC supone estas como una necesidad.

3. La concepción en sí del MIZC presupone un conjunto de leyes muy específicas a nivel nacional e internacional cuya implementación puede no resultar exitosa si tenemos en cuenta que las personas involucradas como rectores sociales de la misma no están preparados para eso.

De ahí que se necesita realizar un trabajo orientado a fomentar la educación y concientización en los actores sociales involucrados en la zona costera, logrando en ellos la observancia del régimen legal existente, la participación pública conciente y la afluencia de la opinión ciudadana en los procesos de decisión en materia ambiental que tienen lugar en estas áreas.

Sin embargo, no se encuentra concebido en las estrategias ambientales y de educación ambiental diseñadas para el país (Nacional y Provincial) la dimensión jurídica como parte importante de la formación ciudadana para lograr fomentar el respeto y la acción conciente sobre los recursos naturales sobre la base del conocimiento de los mecanismos regulatorios que se establecen hacia los mismos, todo lo cual constituye en esencia nuestro problema de investigación.

Al faltar la dimensión jurídica en las estrategias formalmente concebidas, como pudieran faltar otras dimensiones, la aplicación de concepciones de manejo sustentable de los recursos, que exigen una visión integrada del asunto; entraría en conflicto con lo establecido.

Teniendo en cuenta el problema de investigación nos planteamos como hipótesis alternativa para minimizar o palear dicha problemática que: la educación ambiental es una vía importante para garantizar el conocimiento de la legislación en materia ambiental.

De ahí que, el trabajo se oriente en función de la dimensión jurídica ambiental en las estrategias ambientales nacionales y provinciales del país como su objeto de estudio.

A partir del esclarecimiento de esta problemática y con el convencimiento de la trascendencia e importancia de la temática de la educación jurídica ambiental (EJA) insertada en el amplio espectro de la educación ambiental para el logro del MIZC, el trabajo se plantea como objetivo general:

 Proponer lineamientos bases para la incorporación de la dimensión jurídica ambiental en las estrategias de corte ambiental vigentes.

Se proponen además, los objetivos específicos siguientes:

1. Analizar la dimensión jurídica de la educación ambiental en el contexto de las estrategias ambientales nacionales y locales.

2. Argumentar la necesidad de la EJA para los Planes de MIZC y de los recursos naturales en general.

Para el logro de los objetivos trazados y la consecuente solución al problema definido, se utilizan desde una perspectiva dialéctica materialista los métodos científicos de análisis y síntesis, la deducción– inducción y método de análisis histórico y lógico, los cuales son indispensables para la selección, sistematización, procesamiento de los datos doctrinales y legales contenidos en la bibliografía consultada.

Como métodos específicos particulares de la investigación teórica se aplica el método teórico- jurídico y el exegético - analítico. (Jiménez, 1998:44)

El método teórico-jurídico ha estado presente durante toda la investigación desde la observación, el diseño, el desarrollo y las propias conclusiones. Es utilizado en la fundamentación teórico-conceptual lo que permite comprender la esencia del problema que investigamos y definir adecuadamente las variables y categorías que posibilitan la materialización del diseño y permiten medir los resultados obtenidos con la aplicación de otros métodos teóricos o empíricos.

Por su parte el método exegético-analítico, ha sido utilizado para analizar la correspondencia existente entre las normas jurídicas que conforman el marco legal para el MIZC y la verdadera realidad socio-económica existente.

Para la realización de esta tesis, se analizaron diversas fuentes bibliográficas. La mayor parte de la información recopilada se obtuvo mediante una exhaustiva revisión documental de materiales relativos a la política y organización institucional ambiental, así como de instrumentos jurídicos nacionales y de bibliografía actualizada en materia de educación ambiental y MIZC. Se consultó, al unísono, los más significativos planes y estrategias ambientales y de educación ambiental vigentes en Cuba.

Como técnica para viabilizar el análisis de documentos e integrar los resultados en propuestas de lineamientos se utilizó la matriz DAFO.

Como resultado de esta investigación se obtiene una propuesta de lineamientos bases que garantizan la incorporación de la dimensión jurídica ambiental en las estrategias ambientales vigentes una vez que dicha dimensión resulta condición necesaria en la implementación del MIZC. El impacto científico está dado por la novedosa consideración de la concepción de EJA, hasta ahora no tratada, así como la propuesta de los lineamientos estratégicos para la incorporación de dicha dimensión para el MIZC.

Se ha concebido esta tesis bajo la estructura de tres capítulos, al final de los cuales se establecen conclusiones parciales que se retoman en una valoración sintética en el acápite de Conclusiones y Recomendaciones. Se incluyó además la Bibliografía consultada y un apartado para materiales anexos al trabajo.

A continuación se ofrece una breve descripción de los elementos que la conforman:

Capítulo I Marco Teórico Referativo: Se establecen las bases conceptuales en las que se sustenta este trabajo profundizando teóricamente en 4 direcciones fundamentales: el elemento jurídico en el MIZC, los actores sociales claves que intervienen en él, la EJA como instrumento de gestión y el marco legal, político e institucional vigente en Cuba en función del MIZC. Capítulo II La Política Ambiental en Cuba. Consideraciones Generales: Se realiza a partir de un análisis de la Política Ambiental cubana y la educación ambiental en función de la zona costera, una valoración crítica de las estrategias ambientales y de educación ambiental más importantes del país y la Estrategia de Cienfuegos como ejemplo de una estrategia provincial. Capítulo III Propuesta de Bases Estratégicas para la Educación Jurídica Ambiental: A partir de la identificación de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para la implementación de la EJA para el MIZC y el análisis de la matriz DAFO se realiza una propuesta de lineamientos para garantizar la inserción de la dimensión jurídica ambiental en las estrategias ambientales y de educación ambiental vigentes en el país, a fin de contribuir a la implementación de la concepción del MIZC en Cuba y en particular, en el territorio cienfueguero.

Finalmente se exponen las conclusiones a las que se arriban como resultado del estudio, las cuales se articulan en base al problema científico planteado, a los objetivos propuestos y al presupuesto hipotético concebido que guiaron la reflexión de la investigación; y se derivan un conjunto de recomendaciones que apuntan a la necesidad de comenzar a trabajar seriamente en la formación, en el contexto de las áreas costeras, de una EJA en los actores sociales involucrados, a tenor con las exigencias de un MIZC.