LA EDUCACI?N JUR?DICA AMBIENTAL EN LA EDUCACI?N AMBIENTAL PARA EL MIZC. PROPUESTAS Y CONSIDERACIONES GENERALES

3.3 Direcciones bases para lograr los objetivos estratégicos que se trazan en la estrategia de educación jurídica ambiental.

La vulnerabilidad a los efectos naturales que presenta el archipiélago cubano, ha gravitado sin dudas sobre la explotación de los recursos naturales de las áreas costeras. La intención de emprender acciones para su conservación lejos de debilitarse, se ha reforzado.

La necesidad de una comprensión por parte de los ciudadanos del MIZC y las ventajas de este nuevo enfoque, la búsqueda de mayor conocimiento del marco legal, político e institucional general en que se sustenta el MIZC y la educación ambiental como una vía importante para garantizar la formación de una conciencia jurídica que facilite una mayor consulta ciudadana y participación conciente en el manejo de los recursos costeros y marinos, son solo algunas muestras de lo que es necesario conciliar en las actuales circunstancias. Ello es posible sobre la base de la calificación técnica y científica de los ciudadanos. Así, dentro de las bases para lograr en el contexto del MIZC una cultura legal se encuentran:

 Atender a las necesidades materiales, espirituales, culturales y ambientales del hombre, como objetivo esencial.

 Potenciar la gestión ambiental nacional para buscar las soluciones más efectivas a los problemas existentes y evitar que surjan otros nuevos.

 Potenciar la visión interdisciplinaria de la educación ambiental que permita analizar los problemas ambientales como fenómenos complejos y en consecuencia sean valorados no solo como cuestiones ecológicas o como conflictos económicos, sino incorporando diferentes enfoques complementarios (ético, económico, político, ecológico, histórico, jurídico, etc.)

 Potenciar el desarrollo de la conciencia jurídica ambiental de la población y su participación activa en la solución y prevención de los problemas ambientales.

 Fortalecer la dimensión ambiental en la toma de decisiones y en las políticas, programas y planes de desarrollo económico y social a nivel nacional, sectorial, territorial y local, así como en el ordenamiento territorial.

 Potenciar el conocimiento público y la consulta a la ciudadanía sobre las decisiones y actuaciones, que de una forma u otra, tengan incidencia ambiental, a través de los espacios de participación ciudadana.

 Fortalecer la legislación ambiental vigente garantizando la eficacia y eficiencia de la misma.