LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MEXICANAS

LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MEXICANAS

Isaac Enríquez Pérez

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5.2.- La retracción del sector público en el proceso económico.

Los enfoques económicos de la oferta señalaron en la década de los setenta que el estancamiento con inflación, la baja productividad experimentada en esos años, y en general la crisis estructural del modo de producción capitalista en los países desarrollados, sólo eran atribuibles a las funciones económicas de un sector público inspirado en las orientaciones keynesianas que llegó a alcanzar dimensiones leviatánicas al provocar la inflación con las políticas de financiamiento deficitario; al instrumentar políticas tributarias que inhibían la innovación en las empresas y la productividad de los empleados; y, al imponer regulaciones excesivas y proteccionistas del mercado que terminaron por desincentivar el crecimiento de la oferta agregada y por acotar al empresariado privado (sobre estos temas véase Villarreal, 1986:capítulo IV; Friedman, 1992a).

En los Estados Unidos esta doctrina significó una resurrección discursiva del laissez-faire y del laissez-passer en el contexto sugerido de mercados monopólicos. Esta propuesta para desaparecer al aparato de Estado con orientación keynesiana en materia de políticas públicas se tradujo de la siguiente forma: reducir las elevadas tasas impositivas –sobre todo aquellas que son progresivas– debido a que los altos impuestos limitan la oferta al desincentivar la inversión, la producción y el trabajo; contraer la oferta monetaria para mantener un crecimiento fijo de acuerdo a la producción; elevar las tasas de interés para atraer y retener inversiones extranjeras; restringir el excesivo gasto público canalizado al Estado de bienestar; y, eliminar los controles y regulaciones gubernamentales de los mercados, sobre todo aquellos relativos a la protección del medio ambiente, de la salud y de la seguridad pública, y que han influido negativamente en los precios y en los altos costos que implican los esfuerzos para la innovación y el avance tecnológico. Se argumentaba que con estas medidas fomentarían un periodo de auge en la economía al brindar mayores incentivos al empresariado privado para producir, ahorrar e invertir, conduciendo con ello a su vez a aumentos importantes en el ingreso y a la reducción del déficit fiscal (Ibidem).

Desde las teorías económicas de la oferta son cuestionadas las políticas económicas que estimulan la demanda debido a que generan inflación, deprimen la productividad e inhiben la innovación y la creatividad de la economía; por tanto, se centra el énfasis en la oferta. El argumento es sencillo: la demanda no es capaz de crear la oferta puesto que sólo tiende a responder a ella. De esta forma, la creación de dinero por parte del Banco Central para financiar de manera deficitaria el gasto público debe restringirse y apostar así a políticas contraccionistas (Ibidem).

Estas mismas teorías argumentan también que si el gobierno, con sus políticas de ingresos y gastos, interviene en la economía quitándole dinero a los que más tienen para redistribuirlo entre los desposeídos, entonces, al ser esto un juego de suma cero, no logrará fomentar el crecimiento; más bien, con la política social sólo logrará inhibir la producción y estimulará la ineficiencia, la baja productividad, el ocio y el desempleo (una explicación detallada sobre estas teorías la ofrece Villarreal, 1986:capítulo IV).

Sin embargo, podemos decir que la economía de la oferta que se expande a manera de ideología bajo la consigna de reducir el intervencionismo del sector público en la economía, adolece de un profundo reconocimiento de la función de las instituciones en la construcción de mercados y en la distribución del ingreso. Es un enfoque ideológico que no reconoce que los mercados se encuentran inmersos en entramados institucionales que los proyectan, legitiman y estabilizan.

En México, a raíz del omniabarcador poder económico del sector público tanto en términos de regulaciones como en la tenencia de medios de producción y en la elaboración de bienes y servicios en el marco del régimen de economía mixta que tuvo su máxima y contradictoria expresión durante la década de los setenta, se consideró conveniente asumir que al aparato de Estado no le corresponde intervenir cuando los mercados están en posibilidades de asignar los recursos y distribuir el ingreso eficientemente; además, se estableció que la intervención reguladora en los mercados sólo se ejercería cuando estos fuesen incapaces de ofrecer acceso a cada individuo y de reconocer la pobreza y la marginación (sobre estos argumentos véase Aspe Armella, 1993).

Esto es, podemos argumentar que al sector público sólo se le atribuyó una función compensatoria en medio de su accionar económico acotado. Se estableció la consigna de ejercer una selectiva y desarticulada –y en variadas ocasiones hasta pasiva– intervención estatal en cuanto a las funciones económicas de rector, regulador, planificador, inversionista, financiador, empresario y promotor activo del proceso productivo y del bienestar social, en aras de un fortalecimiento del sector privado y de la mayor relevancia de la inversión extranjera directa como palanca del crecimiento económico.