LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MEXICANAS

LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MEXICANAS

Isaac Enríquez Pérez

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4.1.- La reestructuración de las económicas nacionales y su inserción en los sistemas internacionales de producción integrada.

Tras el agotamiento y el fuerte cuestionamiento de las estrategias de industrialización para la sustitución de importaciones experimentados en América Latina en medio de la recesión inflacionaria padecida por los países desarrollados desde principios de los años setenta, así como de los movimientos sociales que abiertamente se opusieron a aquellas perspectivas que concebían al desarrollo como sinónimo de crecimiento económico, en el ámbito de las relaciones internacionales emerge el interés por profundizar lo que ya en aquellos años se perfilaba como una transformación organizacional y estructural del capitalismo.

El llamado Nuevo Orden Económico Internacional pasó a ser durante la década de los setenta una de las principales prioridades en la agenda de los organismos internacionales. Paralelamente a las estrategias que apuntaron a la reestructuración de las economías nacionales y a su inserción actualizada en la dinámica del mercado mundial, algunos organismos internacionales encargados de la agenda social del desarrollo absorbieron reflexiones teóricas gestadas en las universidades, así como demandas presentadas por movimientos sociales ambientalistas y feministas, de tal forma que frente al largo periodo –prácticamente desde los orígenes del capitalismo en Europa– de degradación ambiental provocada por la acción del ser humano sobre la naturaleza a través de los procesos de industrialización y urbanización, y ante la exclusión y marginación de la mujer respecto a la toma de decisiones y a los beneficios del progreso material, las concepciones sobre el desarrollo se hacen más complejas y las conflictividades sociales comienzan a tener eco en eventos como la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano realizada en Estocolmo en 1972 bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas, así como en pronunciamientos de este mismo organismo en el sentido de declarar a los años transcurridos entre 1975 y 1985 como la Década de las mujeres.

De esta forma, a la crisis del patrón de acumulación taylorista/fordista/keynesiano experimentada en las principales economías capitalistas desarrolladas se le respondió –desde organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el FMI–, en cuanto la recesión inflacionaria se expresó mediante la crisis de la deuda en países como los latinoamericanos, con la promoción de estrategias orientadas al abatimiento de la inflación, a la apertura de los mercados nacionales, y a la retracción del sector público en la producción y comercialización de bienes y servicios.

En correspondencia con las circunstancias internacionales descritas anteriormente, mediante la Resolución 1.626 (XXV) la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró para la década de los setenta el Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1970-1980), el cual partió de la idea de que la responsabilidad principal para el logro del desarrollo socioeconómico debía estar a cargo de los mismos países subdesarrollados, en tanto que los países industrializados contribuirían para ello con financiamiento y con el establecimiento de políticas económicas y comerciales más favorables. Las medidas políticas para el logro de los objetivos de crecimiento del PIB (6% anual) y del producto per capita (3.5%) consistían en: favorecer a los países subdesarrollados mediante el trato preferencial y la eliminación de restricciones en el comercio internacional; lograr un financiamiento del desarrollo basado en la ayuda exterior y en las inversiones privadas extranjeras; y, fomentar la cooperación para la creación y fomento de las actividades científicas y tecnológicas que influyen en la expansión y modernización de las economías (recuperado en Diez de Velasco, 1997:280). Ya para entonces, la presión causada por la insatisfacción social que no coincidía con la concepción de reducir el desarrollo tan sólo al crecimiento económico, condujo a considerar en esta estrategia que el objetivo último del desarrollo consistiría en impulsar un mejoramiento sostenido del bienestar del individuo y en generalizar los beneficios, puesto que lo contrario significaba que la perpetuación de los privilegios de extrema riqueza y de injusticia social encaminarían al fracaso de los objetivos esenciales de la estrategia.

Para los años ochenta, a través de la Resolución 35/56 esta misma dependencia declara el Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1980-1990), expresando con ello cambios respecto a las dos estrategias anteriores a partir de que es cuestionada por diversos países la concepción filosófica de las Naciones Unidas sobre la cooperación para el desarrollo. Esta estrategia declaraba acelerar el desarrollo de los países subdesarrollados mediante metas como las siguientes: alcanzar un 7% en su tasa anual de crecimiento del PIB; una tasa anual no inferior al 7.5 u 8% en las importaciones y exportaciones de bienes y servicios; un nivel de inversión del 28% del PIB de los países subdesarrollados para 1990, y un crecimiento anual del 9% de la producción manufacturera; mientras que, para los países desarrollados la meta era alcanzar el 0.7% de su PIB para ayuda oficial destinada a los países pobres, y que el total de los recursos financieros transferidos a estos sea del 1% del PIB de los primeros. En estas tareas, influyó la concepción de una economía mundial interdependiente con responsabilidades para todos los gobiernos, es decir, se buscó apuntalar un nuevo orden económico internacional. Entre las novedades presentadas en esta estrategia resaltan: la especial atención a los problemas más urgentes de los países menos adelantados, y de los problemas específicos de los países en desarrollo sin litoral y de los pequeños Estados insulares; la referencia al respeto de los principios relativos de la soberanía e independencia de los Estados, a la prohibición del uso de la fuerza y al arreglo pacífico de controversias como esferas importantes para el logro de los objetivos de la estrategia; y la relación que se establece entre desarme y desarrollo en el entendido de que la disminución de las gastos militares de los gobiernos posibilitaría contar con recursos adicionales para el desarrollo económico y social (recuperado en Ibidem:281 y 282).

Por su parte, el FMI si bien en sus primeras décadas otorgó financiamiento oficial para apoyar programas de estabilización orientados a solucionar problemas de ajuste de la balanza de pagos, con la ruptura de los mercados financieros internacionales en 1982 el papel del organismo giró en torno a supervisar las políticas internas “adecuadas” y, a fungir como intermediario “prudente” entre los acreedores de la banca privada internacional y los gobiernos deudores, es decir, esta función consistió en presionar y orientar los procesos de renegociación de la deuda en América Latina al imponer sus condiciones tanto a deudores como a acreedores y al vincular el otorgamiento de sus propios recursos con las disposiciones de los bancos a conceder nuevos préstamos y reestructurar las deudas ya contraídas, de tal manera que su poder como organismo aumentó (Lisboa Bacha y Rodríguez, 1986).

Con la profundización de la condicionalidad expuesta en las llamadas cartas de intención, el FMI incursionó en el diseño y en el control directo de las políticas económicas de los gobiernos que solicitaban los créditos, de tal manera que en aras de lograr la estabilidad macroeconómica el organismo internacional recomendó e impuso la contracción de la demanda agregada y la restricción del crecimiento de la oferta monetaria.

En síntesis, desde la década de los setenta la concepción sobre el proceso de desarrollo sostenida por el FMI respecto a los países subdesarrollados establece lo siguiente:

*El mercado y la acción de la iniciativa privada son los principales factores para la asignación de recursos, en tanto que se considera necesario limitar la excesiva intervención del sector público que produce desequilibrios en las variables macroeconómicas fundamentales.

*La inflación definida como un fenómeno relacionado con el crecimiento de la oferta monetaria solo podrá ser abatida con la moderación de dicho crecimiento y con la reducción del déficit público –en especial mediante la disminución del gasto gubernamental financiado con la indiscriminada emisión de moneda–.

*La intensificación de la apertura de la economía nacional a la competencia propia de los mercados internacionales, de tal forma que el mercado interno pasa a un segundo plano tras privilegiar, en aras de restablecer la estabilidad en la balanza de pagos, el posicionamiento de los agentes privados con vocación exportadora –sobre todo los dedicados a la industria manufacturera– en los circuitos comerciales mundiales.

*Generar una institucionalidad adecuada para el establecimiento de las inversiones extranjeras, sobre todo en lo referido a la apertura de los mercados comerciales y financieros; la gestión de reformas laborales que apunten a flexibilizar las condiciones de trabajo y a disminuir los salarios; los mecanismos –como por ejemplo las devaluaciones de la moneda en el contexto de los tipos de cambio flexibles– que eviten tipos de cambio sobrevaluados capaces de generar desequilibrios en la balanza de pagos al abaratar las importaciones y al aumentar el precio de los bienes y servicios exportados; y, el ejercicio del proceso de privatización de empresas públicas y la definición y establecimiento de claros derechos de propiedad que le garanticen a los particulares la ausencia de amenazas de expropiación.

*El aumento de las tasas de interés para incentivar el ahorro interno, atraer capitales externos, detener las fugas masivas y propiciar el reingreso de las inversiones que habían decidido salir.

Elaborado a partir de: Rhomberg y Séller (1977), “Introductory survey”; Crockett (1981), “Stabilization policies in developing countries: Some policy considerations”; Larosiére (1982), “La necesidad de ajuste económico internacional: función del FMI”; FMI (1996), “El FMI sigue adaptándose al nuevo entono mundial”.

Se argumentó públicamente que con la orientación del aparato productivo de los países subdesarrollados hacia los mercados internacionales mediante la exportación de bienes manufacturados los desequilibrios externos desaparecerían e incluso las balanzas de pagos experimentarían tendencias superavitarias favorables para que los gobiernos respondieran a los compromisos del servicio de la deuda.

En suma, en América Latina se privilegiaron desde los años ochenta variables macroeconómicas como las monetarias aún a costa del crecimiento y del pleno empleo. En el nuevo papel del organismo, lo que se hizo fue adaptar los requerimientos a los promovidos y fijados por la banca privada mundializada, y como su condicionalidad tradicional ya no tuvo aplicación al no estar involucrados sus recursos, lo que resultó fue que la aprobación impartida por el FMI a las políticas de los países se utilizó para garantizar los préstamos otorgados por esta banca privada. Se trata pues, de que los programas, conjuntamente con su supervisión y evaluación, apuntaron a un crecimiento económico sostenido y a un comportamiento del sector externo que sean compatibles con las necesidades del servicio de la deuda. Los presupuestos gubernamentales desde esos primeros años de los ochenta se enfrentaron a dificultades por el servicio de la deuda como consecuencia del aumento de las tasas de interés, las devaluaciones y la nacionalización de grandes porciones de la deuda privada. A partir de esto, el FMI impulsó la generación de excedentes en las operaciones del sector público con la finalidad de cumplir con los intereses de la deuda. En síntesis, como lo explican Lisboa Bacha y Rodríguez (1986), más que un problema de balanza de pagos, tanto el FMI como los gobiernos latinoamericanos, lo que enfrentaron fue una adaptación de la economía a los acelerados y desbordantes procesos de ajuste derivados de la ruptura de los mercados financieros internacionales. En este nuevo viraje, los programas del organismo se caracterizaron por una secuencia de revisiones e interrupciones debido a la falta de cumplimiento con sus metas internas y a las inadecuaciones prácticas e inmediatas de los criterios de condicionalidad.

El Banco Mundial por su parte también modificó su concepción sobre el proceso de desarrollo y agregó a su estrategia el llamado enfoque del crecimiento con equidad o de la satisfacción de las necesidades básicas y redefine, ya entrados los años setenta, aquellas políticas y acciones inspiradas en las teorías de la modernización.

El enfoque del crecimiento con equidad que orientó la política y las acciones del Banco Mundial desde la década de los setenta y que se profundizó en los ochenta, tiene su primer antecedente en el llamado Informe Pearson, documento que se caracterizó por señalar que la preferencia por el sector industrial como motor del desarrollo restó importancia al sector agrícola, por lo que, con el desarrollo ineficiente de este último se generaron limitaciones a la expansión del mercado interno, insuficiente producción de alimentos y reducidos volúmenes para la exportación. Además, se apuntó que la estrategia de industrialización originó –mediante la política proteccionista y orientada al mercado interno y a la sustitución de importaciones– la formación de una planta industrial poco apta para el mercado internacional. Se reconoció que este desequilibrio entre los sectores agrícola e industrial, ligado a la restringida capacidad de importación generada en la limitada vocación exportadora, impidió que los países subdesarrollados alcanzaran un crecimiento autosostenido (Lichtensztejn y Baer, 1982:46 y 47).

Ante ello, el Informe Pearson propuso seguir avanzando en el proceso de modernización de la agricultura; corregir las distorsiones en el sector industrial haciendo más competitivos los productos en el plano internacional, otorgándosele un papel importante a la inversión privada extranjera; así como la mayor apertura del comercio internacional para lograr una mayor participación de los países subdesarrollados en las exportaciones de productos agrícolas y manufacturados (Ibidem:47 y 48). El Informe examinó también las problemáticas sociopolíticas en aspectos como la educación, el desempleo, el crecimiento demográfico, y la redistribución del ingreso. Con este documento, cuyo título original fue Partners in Development, se restó énfasis a las funciones de apoyo al crecimiento económico vía la creación de infraestructura y el aumento de las inversiones, y se profundizó en una visión cuyas nuevas estrategias y funciones responderían a los desequilibrios sociales internos de los países subdesarrollados en esferas como la satisfacción de necesidades básicas o el combate a la pobreza para lograr seguridad política; el desarrollo energético; y, los ajustes estructurales en sectores manufactureros y de exportación, con la finalidad, en el caso de estas dos últimas, de generar una dotación de recursos y la inserción productiva a escala internacional de los países subdesarrollados con cierta base industrial. De esta manera, el Banco Mundial reconoció que el crecimiento económico no redunda automáticamente en el generalizado bienestar de las sociedades subdesarrolladas.

Si bien todavía en los primeros años de la década de los setenta el Banco Mundial mantiene la concepción del desarrollo inspirada en las teorías de la modernización –el tránsito de una economía tradicional a una economía moderna a través de la industrialización y del mecanismo de ahorro-inversión–, se realiza una revisión de problemas sectoriales y consideraciones estratégicas reconociendo las posibilidades de desequilibrios estructurales. Entonces, hacia la década de los setenta para este organismo un mayor crecimiento exigió una expansión de la capacidad productiva, pero ahora orientada hacia el exterior, o sea, rearticulada con la dinámica del comercio y la circulación de capitales internacionales (Ibidem:51-53). El lineamiento básico de los países sería: “crecer exige expandir la infraestructura y la producción de bienes comerciables internacionalmente”, esto es, encontrar una adecuada inserción de los procesos productivos en la dinámica de la división internacional del trabajo, para lo cual sería necesario, una afinada organización comercial y financiera. En esta nueva concepción, la formación de capital y la industrialización continúan siendo el motor del crecimiento, pero con el objetivo de lograr una efectiva presencia internacional y de ingresar en una fase de exportación de manufacturas sobre bases reestructuradas, aprovechando las ventajas de especialización y de mayor escala en materia de mercado y de aprovisionamiento; en este sentido, el incremento de las exportaciones manufactureras de los países subdesarrollados permitiría a estos aumentar sus importaciones y mejorar su crédito en el mercado financiero internacional (Ibidem:53 y 54). En esta estrategia de crecimiento, la inversión extranjera –apropiada para la reestructuración tecnológica y administrativa– y la remoción de las barreras arancelarias proteccionistas desempeñaban un lugar importante.

Como complemento de la estrategia de crecimiento anterior, los lineamientos para la satisfacción de las necesidades básicas fueron: elevar la productividad para aumentar los empleos e ingresos personales que a la larga reducirían los niveles de pobreza, y aumentar el suministro de los servicios básicos en materia de control demográfico, educación (formación de capital humano) y salud (Ibidem:57-60). Sin embargo, el crecimiento económico continuó siendo el eje dinamizador del desarrollo en la concepción del Banco Mundial, mientras que el enfoque de la satisfacción de las necesidades básicas quedó subordinado al crecimiento económico, “asimilado” como parte del discurso y de la estrategia de desarrollo, más que presentarse como una “innovación teórica”. A decir de Lichtensztejn y Baer, la inclusión del submodelo de la satisfacción de las necesidades básicas se justificó porque fue considerado como un elemento de ajuste “progresista” a favor de una mayor justicia ante las crecientes contradicciones que empezaba a generar el modelo de transnacionalización de la producción y del consumo; además, se asumió que dicho submodelo se adecuaba económicamente a las necesidades de expansión capitalista, que no afectaría las bases de la propiedad, y que brindaría una plataforma mínima de control preventivo ante situaciones críticas y explosivas, al tiempo que son reconocidas las reivindicaciones populares.

Los mismos Lichtensztejn y Baer relatan que desde inicios de la década de los ochenta, con los préstamos para los programas de ajuste estructural, se perfiló la voluntad de influir en la política económica interna de diversos países, argumentando que el proteccionismo excesivo, la débil prioridad brindada a la agricultura o las equivocadas prioridades en materia de inversiones públicas fueron causas internas del déficit estructural de la balanza de pagos. De esta forma, resultó preciso hacer reformas con base en políticas de ajuste estructural que influyeran en el campo productivo:

Cuadro 3. Reformas propuestas por el Banco Mundial para influir en la estructura productiva

*En cuanto a política comercial y de precios se buscaba atenuar las “distorsiones” introducidas por los sistemas de producción industrial; liberalizar el comercio y bajar e igualar las tasas de protección efectiva para lograr con ello mayor eficacia del sector industrial; revisar los precios para favorecer la producción agrícola y minera; y, que los precios nacionales en la producción y consumo de energéticos reflejen los precios internacionales.

*En el rubro de la política de inversiones públicas se plantea su revisión para establecer sus prioridades en función de la marcha de la estructura de precios internacionales y de los recursos disponibles, lo cual significa privilegiar los proyectos que mejoren la balanza de pagos.

*En materia de política presupuestal se aconseja que para reducir el déficit fiscal y atender al máximo las actividades productivas se debe procurar la disminución drástica de los gastos improductivos como los destinados al consumo y en menor medida al bienestar social.

*En el ámbito de las políticas tendientes a reforzar la movilización más efectiva de los recursos se propone una política de empresas públicas para mejorar sus niveles de rentabilidad y eficiencia, así como una política de tasas de interés que alienten el funcionamiento del circuito ahorro-inversión.

Fuente: Lichtensztejn y Baer (1982), Políticas globales en el capitalismo: el Banco Mundial, pp. 91-93.

En América Latina, la presencia del Banco Mundial fue muy notable en los primeros años de la década de los ochenta. El ajuste estructural y la condicionalidad macroeconómica promovidos por el Banco mundial –en colaboración con el FMI– significaron para la región la descompresión financiera; la privatización de empresas paraestatales; la corrección de precios relativos y la apertura comercial; el ejercicio de políticas fiscales, cambiarias y comerciales de corte ortodoxo; la sugerencia de criterios para establecer los montos y la composición de la inversión pública; y, el ejercicio de reformas que permitieran el surgimiento o desarrollo de mercados de capitales. Sin embargo, aunque lo anterior se presentó, las funciones de este organismo internacional no lograron evitar la contracción de los flujos de capitales hacia la región, ni mucho menos logró articular claras medidas de emergencia para hacer frente a la crisis de la deuda debido esto último a que los mecanismos para enfrentar esta problemática respondieron más a las directrices del FMI (Lisboa Bacha y Feinberg, 1986:78).

A inicios de los ochenta, los patrones de crédito bancario se modificaron debido a los cambios en la actitud del Banco Mundial hacia las estrategias de desarrollo: durante los años cincuenta y sesenta, la política del Banco tuvo por objetivo dirigir los recursos para la inversión hacia los llamados “pilares” del desarrollo (infraestructura: energía, transporte y telecomunicaciones; así como a la agroindustria y a la minería orientada hacia la exportación); con Robert McNamara al frente de la institución, en los años setenta el Banco orientó sus políticas y recursos hacia el patrimonio (la agricultura de pequeña y mediana escala y a sectores sociales tales como la educación, salud, población, nutrición, desarrollo urbano, abastecimiento de agua y alcantarillado), hacia la industria, y en especial, hacia las instituciones financieras de desarrollo y la pequeña empresa (Ibidem:87 y 88).

Durante la década de los ochenta y principios de los noventa, tras las críticas a la activa intervención del aparato de Estado en la economía, el Banco Mundial mostró un interés por la racionalización del funcionamiento de las empresas públicas. En aquellos años, al cuestionar dicho intervencionismo estatal –e incluso la existencia de las empresas públicas– dejó de atender temáticas como la relación del crecimiento económico con la equidad social.

Por otro lado, las décadas de los setenta y ochenta fueron cruciales para la CEPAL: si en su fundación, este organismo internacional apostó a la industrialización, en tanto motor del desarrollo, con la finalidad de librar con ello el deterioro de los términos de intercambio y de rescatar los frutos del progreso técnico que regularmente tienen una propagación lenta e irregular desde los países centrales al resto del mundo (CEPAL, 1951); su pensamiento y sus propuestas se modificaron con el paso de los acontecimientos mundiales y con la transformación de las condiciones socioeconómicas latinoamericanas. Para la década de los sesenta, con el acentuamiento de la dependencia financiera y tecnológica, y con la vulnerabilidad del proceso de industrialización se pensó en la ya mencionada reforma agraria y en la distribución del ingreso como condición para reactivar el crecimiento económico y para redefinir la estructura social, esto es, se trató de reformar para viabilizar el desarrollo y de redistribuir para crecer. Para la década de los setenta, tras el endeudamiento y la insuficiencia exportadora se exploraron los diversos estilos de crecimiento con la idea de encontrar alguno viable que condujese a la homogeneidad social, tomando en cuenta una estrategia de industrialización sustentada en la complementariedad entre el mercado interno y el fortalecimiento de la capacidad exportadora de la industria. En la “década pérdida” de los ochenta, la asfixia financiera provocada por el excesivo endeudamiento condujo a la institución a pensar y a proponer un ajuste estructural con crecimiento y una oposición a los choques del ajuste, rescatando la necesidad de políticas de ingreso que a momentos tomaran en cuenta la conveniencia de choques estabilizadores; se trataba pues de renegociar la deuda para ajustar con crecimiento (Bielschowsky, 1998; CEPAL, 1998a y 1998b ; CEPAL, 2000; sobre los estilos de desarrollo véase Pinto, 1976; sobre la propuesta de ajustes expansivos véase CEPAL, 1984 y 1986).

La decadencia del pensamiento y de las funciones que la CEPAL venía desempeñando durante las décadas de los cincuenta y sesenta se evidenciaron con fuerza hacia los primeros años de la década de los setenta. La creatividad y la originalidad de las primeras décadas estaba declinando (véase Biachi, 2000:45).

Respecto a la crisis de la deuda, el desequilibrio de la balanza de pagos y el crecimiento exacerbado de la inflación, la CEPAL argumentó que principalmente serían superados con el logro de una coherencia y armonía en las políticas públicas nacionales ante los mercados mundiales a través del aumento de la eficacia de la acción del aparato de Estado y del ejercicio de una planificación más indicativa que coercitiva; y, con la posibilidad de adoptar estrategias de ajuste y estabilización en condiciones de expansión de la actividad económica y no de estancamiento y retroceso como era sugerido por los enfoques monetaristas ortodoxos (véase CEPAL, 1984 y 1986). Al respecto, Andrés Bianchi nos menciona que “para alcanzar ese denominado ajuste expansivo, se recomendaba combinar las políticas restrictivas de demanda interna y la elevación del tipo de cambio real con estímulos temporales y selectivos en materia arancelaria, paraarancelaria, crediticia y de promoción de exportaciones, a fin de incrementar con rapidez la producción de bienes transables y disminuir al mismo tiempo la demanda de éstos” (Ibidem:50). Se sugería que la inflación sería abatida con el aumento de los salarios reales y de los gastos reales del sector público, esto es, mediante medidas expansionistas; en tanto que el desequilibrio externo sería contrarrestado con la generación de divisas mediante la promoción de las exportaciones y con la negociación que el organismo pudiese sostener con los países desarrollados para que estos disminuyeran su proteccionismo y otorgaran trato preferencial a los productos latinoamericanos. Las llamadas políticas de ajuste heterodoxas propuestas por algunos sectores de la CEPAL enfatizaron la necesidad de lograr la estabilización macroeconómica afectando lo menos posible las necesarias medidas que apuntarían a contrarrestar las consecuencias de los efectos negativos en el aparato productivo y en la sociedad en general; esto es, la inflación sería abatida mediante la congelación de los precios y de los salarios.

Se trató pues de una renovada concepción del desarrollo que respondía a las condiciones adversas enfrentadas por la región. La renegociación de la deuda externa, el ajuste y cambio estructural, y la estabilización pasaron a ser las principales preocupaciones de la CEPAL desde inicios de la década de los ochenta, y en torno a las cuales se gestaron propuestas como las relativas 1) a la necesidad de asumir a la deuda externa como un problema compartido entre las naciones deudoras, la banca privada mundializada, los organismos financieros internacionales y los gobiernos de los países desarrollados; 2) a las vías alternas –el llamado ajuste expansivo, las políticas selectivas, las políticas graduales y de choque para el abatimiento y combate de la inflación– para manejar las políticas antiinflacionarias y de ajuste con la finalidad de que afectasen lo menos posible el crecimiento de la economía, el empleo y el combate a la pobreza; 3) a las modalidades graduales y secuenciales para emprender la desregulación y la apertura del comercio y del sistema financiero; y, 4) a temáticas como el estímulo y movilización del ahorro interno, el impulso a estrategias de desarrollo con equidad, formas renovadas de abordar la cooperación regional y las formas de cooperación internacional que posibilitasen la reducción de la transferencia negativa de recursos al exterior (véase González, 2000:68 y 69; CEPAL, 1984 y 1986).

En materia de política social, ante la desigual distribución del ingreso, la pobreza extrema y el desempleo, la CEPAL durante la década de los ochenta hizo referencia a las consecuencias que estos fenómenos comenzaban a manifestar en las clases medias-bajas, de tal forma que el organismo señaló la necesidad de concebir al crecimiento económico, al desarrollo humano y al cambio social como factores interdependientes en la consecución del desarrollo integral de las sociedades latinoamericanas. La educación fue vista como un mecanismo propicio para fomentar una igualdad de oportunidades en la población y para estimular la difusión de las innovaciones tecnologícas y de las nuevas modalidades relativas a la organización del proceso productivo.

En suma, a decir de Norberto González –ex funcionario de la CEPAL– hacia finales de los ochenta la institución enfatizó en sus reflexiones y propuestas la relación entre la transformación productiva, el aumento de la competitividad, la tecnología y el progreso técnico, la innovación y la equidad, reconociendo que ello sólo podría lograrse con cambios en la vinculación del mercado interno y mercado el externo, en la inserción internacional, en la estructura de la producción y en el papel desempeñado por los agentes privados y el sector público (Ibidem:69).

Sin embargo, en medio de la profundización de la crisis de la deuda, del desequilibrio externo, de la galopante inflación y de la drástica baja en la producción y el empleo, y ante la desatención que la CEPAL le imprimió, hasta muy entrada la década de los setenta, a las políticas macroeconómicas, al endeudamiento externo de la región y al estudio de los fenómenos financieros, cambiarios y monetarios, los gobiernos latinoamericanos y sus políticas públicas se vieron fuertemente influidos por las concepciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional que orientaron sus esfuerzos a la promoción de las estrategias deflacionarias inspiradas en los enfoques monetaristas. Tanto fue así la gravitación y el eco que ejercieron los enfoques deflacionario/monetaristas en las políticas económicas de los países latinoamericanos que hacia finales de los años ochenta buena parte de las concepciones y recomendaciones de los organismos internacionales influyentes se sistematizaron en el llamado Consenso de Washington. Esto es, la procuración de la disciplina fiscal; la racionalización y disminución del gasto público; la reforma fiscal orientada a la consecución de amplias bases impositivas; la apertura de los sistemas financieros; la apertura comercial y la reorientación de las economías nacionales hacia las exportaciones; los tipos de cambio fijados por las llamadas leyes del mercado; la supresión de restricciones a la inversión extranjera directa; la privatización de empresas públicas; la desregulación de la actividad económica; y, la definición clara y la garantía de los derechos de propiedad (Williamson, 1991), fueron todas ellas estrategias impulsadas por los organismos financieros internacionales, compartidas con reservas y matices por otros como la CEPAL, y adoptadas de manera convencida por los gobiernos latinoamericanos.