LA TRANSFORMACI?N DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POL?TICAS P?BLICAS MEXICANAS

3.1.4.- Los países subdesarrollados: el caso latinoamericano.

Las tendencias en el caso latinoamericano difieren marcadamente de los precedentes. Durante los últimos lustros, gran parte de los gobiernos latinoamericanos se orientaron, en mayor o en menor grado, a gestar las condiciones que faciliten el cambio estructural de sus economías para emprender una reinserción desventajosa en los mercados internacionales.

Con la reestructuración mundial del capitalismo y con el despliegue global de la manufactura flexible desde la década de los setenta, la nueva división internacional del trabajo y el rezago tecnológico experimentado en los países latinoamericanos posicionaron a la región como un territorio especializado en la producción de insumos –en especial de materias primas y de autopartes– para proveerse a las redes empresariales globales. Los sistemas internacionales de producción integrada que implican la transferencia de segmentos del proceso productivo, significan para América Latina una inserción actualizada en la economía mundial con base en el aprovechamiento y expansión de lo que los economistas llaman sus ventajas comparativas y competitivas.

Esta reinserción, que como afirmamos suele ser desventajosa y subordinada, tiene en los aparatos de Estado a uno de sus principales promotores y gestores. Con la crisis de la deuda, la autonomía en la toma de decisiones gubernamentales es trastocada e influida por diversas circunstancias, agentes y actores sociales tanto nacionales como internacionales. A raíz de esto, la principal apuesta de los gobiernos de la región consiste en incentivar y facilitar la competitividad de algunos negocios ante la creciente integración global del capitalismo.

En mayor o menor grado, orientados e identificados con estas directrices, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos emprendieron una reestructuración de sus economías nacionales, de tal manera que las funciones interventoras del sector público se redefinieron radicalmente.

La llamada reforma del Estado en América Latina parte del reconocimiento de los déficit fiscales en el sector público, de la creciente integración global de los mercados, de la desarticulación y desintegración de los mercados regionales al interior de los países, de la corrupción e ineficiencias en el sector público, y de las demandas sociales para la apertura y democratización de los sistemas políticos. Sus principales líneas de acción consisten en la apertura de las economías nacionales, la retracción del sector público y la transformación y limitación de sus intervenciones en el proceso productivo. Estas reformas comprenden desde el ajuste de la balanza de pagos y la procuración de la estabilidad macroeconómica con base en la redefinición de los incentivos y de los precios relativos, implicando también la privatización de actividades y empresas anteriormente a cargo del sector público y que al ser definidas como altamente rentables en las transacciones económicas son transferidas al empresariado privado –en especial al extranjero–, hasta las reformas institucionales propuestas en la década de los noventa para consolidar y brindar viabilidad a las medidas del Consenso de Washington.

Como lo explica Malcom D. Rowart (1999), el debate sobre la intervención gubernamental en América Latina se reduce a dos posturas: por un lado, se argumenta que el aparato de Estado sólo debe intervenir en aquellas actividades o en la provisión de bienes y servicios en que la iniciativa privada no cuenta con ventajas comparativas; por otro, se dice que la expansión selectiva o el fortalecimiento de las actividades e intervenciones gubernamentales es necesaria para compensar la baja provisión de bienes públicos, incluyendo los servicios básicos para el bienestar social.