LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MEXICANAS

LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MEXICANAS

Isaac Enríquez Pérez

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6.- Las nuevas funciones del sector público mexicano en el proceso de desarrollo.

A partir de la revisión, análisis e interpretación de las concepciones sobre el proceso de desarrollo promovidas en las políticas públicas, así como de las prioridades y estrategias enfatizadas en ellas, podemos argumentar que las funciones que el aparato de Estado mexicano realizó entre 1934 y 1980 se redefinen profundamente, sin que ello implique su desaparición como algunos argumentan. Esto es, las funciones tradicionales emprendidas durante ese periodo y que consistieron en posicionarse como rector, promotor, planificador, inversionista, propietario de medios de producción, regulador, banquero y benefactor en la estructuración del mercado, en la redistribución de la riqueza y en el proceso de desarrollo en general, se reelaboran para dar paso a intervenciones selectivas, compensatorias y orientadas –muchas veces débiles– a la promoción de la inserción de México en la economía global.

Entre las nuevas funciones que el aparato de Estado mexicano adopta en el proceso de desarrollo destacamos seis: la prioritaria generación y gestión de la estabilidad y de los equilibrios macroeconómicos; la nueva vocación o la reorientación geopolítica y geoeconómica que promueve la integración de México en la economía global; la promoción para el establecimiento de la inversión privada –sobre todo extranjera–; la construcción de marcos institucionales para la estructuración de los mercados; la democratización del sistema político mexicano; y, el impulso del nuevo asistencialismo social. Nos abstenemos de mencionar que en México se cumple cabalmente con una de las funciones definitorias de los aparatos de Estado: aquella relacionada con la posición del monopolio legítimo de la violencia y, el resguardo de la integridad física y del patrimonio de los ciudadanos –o la procuración de la seguridad pública–.

Decimos que esta función del aparato de Estado en tanto “guardián o custodio” no se realiza a cabalidad en México debido, en gran medida, a que no garantiza su poder ante los particulares y a que el país es sitiado, con mayor intensidad desde 1994, por la delincuencia organizada que estructura una economía criminal –nos referimos a actividades delictivas como el secuestro y el narcotráfico– de amplias magnitudes que se extiende exponencialmente por el tejido social, y que genera un estado de tensión permanente y de violencia que escapa a todo control de la autoridad. Esta debilidad del aparato de Estado se evidencia también con los homicidios masivos de mujeres en Ciudad Juárez; con las turbas violentas que procuran e imponen “justicia por mano propia” y que expresan enormes vacíos institucionales y policiales; con la presencia de organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha en el Sur del país; y, con la creciente impunidad y corrupción que permea en la administración pública y que imposibilita la oportuna, expedita y eficaz procuración de justicia. El meollo de estos delicados problemas se sitúa en la débil concepción que tanto el gobierno como la ciudadanía poseen respecto a la ley y a las instituciones en general.

Reconocido esto, procedamos a analizar cada una de las seis funciones gubernamentales mencionadas.