A partir de la revisión, análisis e interpretación de las concepciones sobre el proceso de desarrollo promovidas en las políticas públicas, así como de las prioridades y estrategias enfatizadas en ellas, podemos argumentar que las funciones que el aparato de Estado mexicano realizó entre 1934 y 1980 se redefinen profundamente, sin que ello implique su desaparición como algunos argumentan. Esto es, las funciones tradicionales emprendidas durante ese periodo y que consistieron en posicionarse como rector, promotor, planificador, inversionista, propietario de medios de producción, regulador, banquero y benefactor en la estructuración del mercado, en la redistribución de la riqueza y en el proceso de desarrollo en general, se reelaboran para dar paso a intervenciones selectivas, compensatorias y orientadas –muchas veces débiles– a la promoción de la inserción de México en la economía global.
Entre las nuevas funciones que el aparato de Estado mexicano adopta en el proceso de desarrollo destacamos seis: la prioritaria generación y gestión de la estabilidad y de los equilibrios macroeconómicos; la nueva vocación o la reorientación geopolítica y geoeconómica que promueve la integración de México en la economía global; la promoción para el establecimiento de la inversión privada –sobre todo extranjera–; la construcción de marcos institucionales para la estructuración de los mercados; la democratización del sistema político mexicano; y, el impulso del nuevo asistencialismo social. Nos abstenemos de mencionar que en México se cumple cabalmente con una de las funciones definitorias de los aparatos de Estado: aquella relacionada con la posición del monopolio legítimo de la violencia y, el resguardo de la integridad física y del patrimonio de los ciudadanos –o la procuración de la seguridad pública–.
Decimos que esta función del aparato de Estado en tanto “guardián o custodio” no se realiza a cabalidad en México debido, en gran medida, a que no garantiza su poder ante los particulares y a que el país es sitiado, con mayor intensidad desde 1994, por la delincuencia organizada que estructura una economía criminal –nos referimos a actividades delictivas como el secuestro y el narcotráfico– de amplias magnitudes que se extiende exponencialmente por el tejido social, y que genera un estado de tensión permanente y de violencia que escapa a todo control de la autoridad. Esta debilidad del aparato de Estado se evidencia también con los homicidios masivos de mujeres en Ciudad Juárez; con las turbas violentas que procuran e imponen “justicia por mano propia” y que expresan enormes vacíos institucionales y policiales; con la presencia de organizaciones criminales como la Mara Salvatrucha en el Sur del país; y, con la creciente impunidad y corrupción que permea en la administración pública y que imposibilita la oportuna, expedita y eficaz procuración de justicia. El meollo de estos delicados problemas se sitúa en la débil concepción que tanto el gobierno como la ciudadanía poseen respecto a la ley y a las instituciones en general.
Reconocido esto, procedamos a analizar cada una de las seis funciones gubernamentales mencionadas.