LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MEXICANAS

LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MEXICANAS

Isaac Enríquez Pérez

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Consideraciones finales sobre el capítulo.

El análisis e interpretación de las políticas públicas y de las concepciones que en ellas se expresan sobre el proceso de desarrollo posibilitaron situarnos en la perspectiva del nuevo institucionalismo económico que reconoce la relevancia de las instituciones en la economía. Esto es, reconocimos y corroboramos que los mercados no se construyen ni se desenvuelven en vacíos institucionales y sin la dotación exclusiva por parte del aparato de Estado de todo un tejido de infraestructura que abarca desde las redes carreteras y de telecomunicaciones que integran al mercado interno y a éste con la economía internacional, hasta la relacionada con los servicios educativos para la formación de capital humano y con el avance tecnológico para la satisfacción de las necesidades del proceso productivo.

Los mercados son entidades estructuradas y organizadas que no necesariamente responden a cabalidad a las señales de la oferta y de la demanda ni menos aún los precios relativos dirigen de manera absoluta la conducta y comportamiento de los agentes económicos. Dicha estructuración y organización es propiciada por los arreglos institucionales y por la formación de instituciones y de las estructuras de poder que al final de cuentas –y más allá de la capacidad y relevancia que el mercado tenga en abstracto– se convierten en los mecanismos centrales para la asignación y distribución de recursos. Es una relación simbiótica y generadora de sinergias en que tanto el mercado como las instituciones y las estructuras de poder que dependen de la correlación de fuerzas sociopolíticas cooperan en la asignación de recursos; y, en última instancia, el mismo mercado apoya la perpetuación de dichas estructuras (para mayores detalles sobre estos planteamientos teóricos véase Ayala Espino, 1999).

Con la revisión de las concepciones sobre el proceso de desarrollo en los documentos oficiales, es posible concluir que al modificarse los contenidos y orientación de las políticas públicas se transforman también el perfil, las funciones y las acciones del aparato de Estado en la vida económica y en la nueva definición del bienestar social. Esto es, no se trata sólo de un viraje en el discurso oficial, muchas veces plagado de retórica, sino también de un cambio en la manera en que el sector público, y en general las instituciones estatales, asumen su responsabilidad respecto a la intervención en el proceso de desarrollo.

Aquellas funciones tradicionales que el aparato de Estado ejerció bajo la orientación de la concepción keynesiano/estructuralista asimilada en los principios del nacionalismo revolucionario y que consistieron en su papel de rector, promotor, planificador, inversionista, propietario de medios de producción, regulador, banquero y benefactor en la estructuración del mercado y en la consecución del bienestar social, se transforman radicalmente desde inicios de la década de los ochenta, y se abre paso a multitud de concepciones y debates teóricos que apuntalan y pretenden otorgarle viabilidad a las estrategias de corte deflacionario/monetarista, que privilegian el cuidado y equilibrio de las variables macroeconómicas cuyos objetivos consisten en la estabilización, redefinición y adecuación de la regulación económica, privatización y apertura de la economía nacional. Entre ambas concepciones históricamente observadas se presentan matices y especificidades que son aprehendidas en categorías analíticas que rescatan y señalan el papel interventor del aparato de Estado en el proceso económico y en la redistribución de la riqueza. La construcción de dichas categorías –en el marco de un tipo ideal de desarrollo histórico–, objetivo central del presente capítulo, permite acercarnos a la manera en que se construyen los mercados y se incide en el proceso de desarrollo desde las políticas públicas, además de precisar las concepciones que están detrás de ello, más allá de los límites temporales impuestos por los periodos sexenales.

Estas categorías que trazan el horizonte histórico de la dinámica y transformación que experimentan las políticas públicas y las concepciones sobre el proceso de desarrollo arraigadas en ellas, se desdoblan en otras tantas que delimitan y precisan las funciones del aparato de Estado en dicho proceso, funciones estas que derivan de las medidas promovidas en el Consenso de Washington y en las siguientes generaciones de reformas estructurales que lo complementan y apuntalan. Los dos niveles de categorías –las referidas a las políticas públicas y sus especificidades, y las relacionadas con la transformación de las funciones del aparato de Estado– sirven para interrelacionar analíticamente las concepciones y las estrategias de desarrollo, manifestaciones ambas de las políticas públicas que expresan la simbiosis entre: 1)la manera de pensar y debatir teórica y políticamente la modelación de cierto tipo de sociedad, así como la conciliación y concertación en el marco de la correlación de fuerzas sociales que construyen las estructuras de poder, y en torno a las perspectivas y proyectos que proponen los actores y agentes hegemónicos; y, 2)la manera en que se incide en la vida social con objetivos explícitos, implícitos o encubiertos previamente delineados.

En síntesis, de la activa intervención del sector público en el proceso de desarrollo se transita con intensidad a una intervención selectiva y en ocasiones nula, inspirada en una concepción de corte deflacionario que pretende a toda costa la estabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal que proporcione certidumbre al empresariado privado transnacional y que compense los efectos sociales y ambientales negativos derivados de la escasa articulación entre las políticas económicas, sociales, sectoriales y regionales. Estos efectos negativos expresan las contradicciones estructurales de las concepciones sobre el proceso de desarrollo explícitas e implícitas en el diseño y aplicación de las políticas públicas con relación a la histórica polarización y fragmentación de la sociedad mexicana.