LA TRANSFORMACI?N DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POL?TICAS P?BLICAS MEXICANAS

4.2.- El desarrollo como integración de México a los circuitos de la economía global.

En el plano internacional, se inauguró un nuevo periodo histórico con la caída del “Muro de Berlín” en noviembre de 1989, hecho que resultó decisivo para la desintegración del bloque ideológico, económico y militar encabezado por la Unión Soviética. Paralelamente a ello, los intentos del gobierno presidido por Mijaíl Gorbachov por reformar y renovar el modo de producción estatista con economías centralmente planificadas fracasaron rotundamente, precipitándose así hacia 1991 el desmoronamiento definitivo de la Unión Soviética. Como consecuencia, el liderazgo ejercido por los Estados Unidos en las relaciones internacionales se afianzó, siendo sólo contrarrestado por la relevancia que adquiría la economía japonesa y por los esfuerzos políticos para la integración de la Unión Europea.

Hacia finales de la década de los ochenta, John Williamson (1991) sistematiza los postulados del llamado Consenso de Washington, que consistió en una serie de diez medidas que se generalizaban en América Latina al momento de diseñar e instrumentar las políticas públicas necesarias para impulsar los cambios estructurales en las economías de esta región. Diversas fueron las modalidades en que se instrumentaron estas medidas, pero en general sus resultados, a pesar de la retórica oficial, prolongaron la llamada “década perdida” de los ochenta, y aunque en repentinos momentos algunas economías crecieron y se democratizaron sus sistemas políticos, la década de los noventa y los primeros años del siglo XXI se caracterizan por una aguda inestabilidad económica y política en medio de profundas desigualdades sociales que se agravaron. Después de considerarse insuficientes e inconsistentes las políticas públicas derivadas del Consenso de Washington, se pensó en realizar una segunda generación de reformas basadas en la reestructuración de las instituciones con miras a fortalecer los mercados; proceso éste que aún está en marcha (sobre las reformas institucionales véase Burki y Perry, 1998).

En México, como consecuencia de la gravitación del Consenso de Washington en las políticas públicas, el aparato de Estado transitó de agente económico, rector, planificador y promotor del proceso de desarrollo a convocante, gestor y facilitador de la inversión privada, en especial de aquella proveniente del extranjero. Esta retracción del gobierno respecto a la actividad económica generó el fortalecimiento del sector privado, sobre todo del extranjero y de aquel nacional que está ligado a los intereses de éste, lo cual a su vez derivó en una transnacionalización de las decisiones empresariales.

A grandes rasgos, podemos argumentar que entre 1988 y 2003 se desplegaron políticas públicas para la construcción, proyección, gestión y legitimación de la integración de la economía mexicana en los sistemas internacionales de producción integrada y en las redes financieras globales.

En general, durante estos años no se crearon las condiciones necesarias para un crecimiento económico sostenido sino que prevalece el estancamiento, la vulnerabilidad y las debilidades estructurales. Por ejemplo: entre 1988 y 1994 la insuficiente reforma tributaria, las altas tasas de interés ofrecidas en valores gubernamentales para atraer capital externo, y la desincorporación y privatización de empresas públicas fueron factores fundamentales en la obtención de recursos financieros necesarios para impulsar el proyecto económico; en tanto que entre 1994 y 2000 para acceder al financiamiento del desarrollo se privilegió la vía del endeudamiento externo y la venta de las empresas públicas que aún restaban; sin embargo, no se procuró construir bases firmes y con perspectiva de largo plazo que permitiesen ciertas posibilidades de desarrollo en el marco de la inserción actualizada de México en la economía global. Ello en parte porque la concepción del desarrollo predominante privilegió estrategias deflacionarias que, en aras de la estabilidad macroeconómica, inhiben la creación de empleo y propician el estancamiento económico.