LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MEXICANAS

LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MEXICANAS

Isaac Enríquez Pérez

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6.6.- La aplicación de políticas sociales para la compensación de la desigualdad y para el empoderamiento de los grupos sociales marginados.

Uno de los instrumentos relevantes para el desempeño de las funciones del aparato de Estado en materia de redistribución de la riqueza consiste en la formulación y ejercicio de las políticas sociales. Los principales objetivos de éstas consisten en 1)estimular y regular el proceso de valorización y acumulación del capital mediante la reproducción de la fuerza de trabajo para la fase de producción y el apoyo al consumo de bienes y servicios básicos en la fase de circulación; y, 2)la legitimación del orden político implantado por el aparato de Estado con la finalidad de generar estabilidad sociopolítica y gobernabilidad tras suavizar las tensiones y conflictos sociales. En este sentido, la política social se diseña y se ejerce en función del patrón de acumulación y del sistema político predominantes (Enríquez Pérez, 2002c).

Entre 1934 y 1982 se edificó en México un modelo de Estado interventor corporativo que promovió el bienestar social mediante la provisión considerable de bienes y servicios básicos como la educación pública, la salud y la seguridad social; y los subsidios a la alimentación, al consumo y a la vivienda de interés social destinados a la población en general que accedía con prácticas clientelares y con apego a los lineamientos de las grandes centrales y organizaciones corporativas. Dichas prácticas, al privilegiar la atención de categorías profesionales y organizadas corporativamente –docentes, burócratas, militares, obreros pertenecientes a sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), etc.–, impidieron, salvo en materia educativa, la consolidación de políticas sociales con cobertura universal (Ibidem). Con este modelo de política social, el aparato de Estado absorbió los costos que implicaba la reproducción de la fuerza de trabajo, en tanto que el empresariado privado se vio exento de ello y los salarios se mantuvieron en niveles predecibles.

Esta política social que coincidió con las distintas etapas –que hemos categorizado con anterioridad en el presente capítulo– por las cuales atravesó el proceso de desarrollo en México desde 1920 experimentó algunas redefiniciones a partir de 1982 y con mayor intensidad desde 1988 con el diseño y ejercicio de un nuevo modelo de política social expresado en el Programa Nacional de Solidaridad.

Las nuevas políticas sociales se sustentan en la racionalización o ahorro del gasto público y del aparato burocrático que las aplica; en la adopción de un perfil transitorio, es decir, oficialmente se considera que al superarse los desequilibrios y desigualdades sociales acentuadas con las políticas de ajuste y de cambio estructural de la economía, el llamado “libre mercado” promoverá una eficiente y equitativa asignación y distribución de los recursos que favorecerá a las amplias mayorías y disminuirá a la población necesitada de asistencia social; en la descentralización –que se limita solo a la desconcentración si reconocemos que se relaciona más con la ejecución y operatividad de los programas que con la amplia participación en la toma de decisiones, el diseño y formulación de los mismos– y el traslado de competencias y funciones del gobierno federal a los gobiernos de las entidades federativas o de los municipios –en algunos casos se experimentan traslados paulatinos hacia el sector privado y hacia las organizaciones no gubernamentales, relegando con ello el papel protagónico de las centrales sindicales que se organizaron a partir de prácticas corporativas y clientelares–; y, en la focalización selectiva que tiende a desmantelar la política de subsidios generalizados para procurar la disciplina fiscal al privilegiar la atención y asistencia de los grupos sociales más vulnerables y marginados que padecen la pobreza extrema. Estas medidas implican una nueva forma histórica de redistribución de la riqueza emprendida desde el aparato de Estado.

Son políticas sociales que tanto en el papel como en su ejercicio experimentan la subordinación respecto a la política económica y a la mencionada reorientación de la vocación geopolítica y geoeconómica del gobierno. Más en concreto aún, las políticas sociales como el Programa Nacional de Solidaridad, el PROGRESA y Oportunidades presumen una vocación de compensación focalizada y selectiva respecto a los límites y promesas incumplidas de la democratización representativa, y a los efectos y desequilibrios sociales negativos derivados de la aplicación de las políticas deflacionarias. Esto es, más que transitar de una democratización representativa a una de corte participativo, y más que combatir a fondo las desigualdades sociales, se trata de proporcionar paliativos que las compensen, de evitar un mayor deterioro de los grupos sociales que se encuentran en la pobreza y de construir una nueva forma de control político sobre dichos grupos mediante los planteamientos de lo que se denomina como empoderamiento a través del aprovechamiento de su capital social y de la promoción de proyectos autogestivos.

A decir de Carlos M. Vilas, la política social asume una función de ambulancia que recoge a las víctimas de la política económica, una función de apagafuegos, de bombero que calma la intensidad de los incendios provocados por los excluidos sociales mediante sus protestas y movilizaciones sociales (Vilas, 1996:117 y 118).

Además de esta función de asistencia y de compensación social que privilegia el fomento de capacidades básicas, agregamos que las políticas sociales participan en el proceso de acumulación del capital mediante la procuración de la estabilidad sociopolítica que evite la inseguridad y que posibilite de manera adecuada la atracción y establecimiento de la inversión extranjera; las legislaciones que propician la privatización de los fondos de pensiones y que favorecen al sector financiero, así como a través de la promoción del autoempleo a partir del estímulo de actividades microempresariales y de la facilitación de financiamiento para que las micro, pequeñas y medianas empresas mejoren su productividad y su rentabilidad.