LA TRANSFORMACI?N DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POL?TICAS P?BLICAS MEXICANAS

3.- Sistema de argumentos.

Como este proyecto de investigación se inscribe en la tradición epistemológica comprehensivo/interpretativa de las ciencias sociales, entonces se manejan argumentos necesarios para interpretar el sentido y naturaleza de las concepciones sobre el desarrollo entrañadas en las políticas públicas, así como las motivaciones de los actores que hegemonizan al aparato de Estado en México respecto a estas concepciones y respecto a la dinámica de la economía mundial. En este sentido, fue necesario elaborar argumentos sobre la orientación de las acciones de los actores y las organizaciones a las que pertenecen y desde las cuales participan en la formulación de las políticas públicas que inciden en el proceso de desarrollo.

Las transformaciones relativas a las concepciones sobre el proceso de desarrollo manifestadas en las políticas públicas son expresión también de las motivaciones e intereses heterogéneos de los actores hegemónicos de los organismos internacionales entrelazados y complementados en su intergénesis con los ministerios estratégicos de los países. Una cierta compenetración, convencimiento y compromiso con sus respectivas dosis de resistencia existe entre ambos niveles de funcionarios; en algunos casos, no sólo se trata de una imposición vertical y unidireccional, pero en otros más, sí puede presentarse de manera deliberada, sobretodo si nos referimos a gobiernos débiles de regiones como América Latina, tal fue el caso de las medidas del Consenso Washington tras el agotamiento del paradigma keynesiano/estructuralista y de su estrategia proteccionista y sustitutiva de importaciones y, por la posterior crisis de la deuda que colocó a la banca privada mundializada en una posición ventajosa ante los gobiernos deudores. Las nuevas estrategias de desarrollo que estaban obligados a seguir los gobiernos latinoamericanos estuvieron permeadas por esas medidas y su correspondiente correlación de fuerzas.

En el fondo de todo ello, se perfila la construcción acelerada de una red de aparatos de Estado entrelazados con organismos internacionales, empresas transnacionales y otros agentes, contando con ciertos principios esenciales y actores o instituciones hegemónicos que la cohesionan, y conforman una red hegemónica global –o más precisamente, una red global de agentes hegemónicos–, esto es, más que una cosmopolitan governance (Held, 1995) o un Imperio (Hardt y Negri, 2000) lo que se presenta en la nueva dinámica de la realidad mundial es una redefinición de las funciones socioeconómicas básicas de los aparatos de Estado con marcadas diferencias según su ubicación geopolítica y geoeconómica; y más que el achicamiento de éstos en cuanto a su intervención en los mercados, lo que se debilita y se limita es la gruesa maquinaria burocrática concentradora y centralizadora de las decisiones y de los recursos. Esto es, el aparato de Estado se mantiene de manera compartida con otros actores y agentes –también hegemónicos– como un poder central de la sociedad; y más que una pérdida absoluta del poder de articulación del todo social, lo que ocurre es que el aparato de Estado se conjunta y se define a partir de la interacción con otros actores, organizaciones y agentes sean socioeconómicos y sociopolíticos, nacionales, transnacionales o supranacionales, para reencauzar a escala mundial al capitalismo como modo de producción hegemónico y como proceso civilizador.

La redefinición de las concepciones sobre el desarrollo expresadas en el proceso de planeación, de los arreglos institucionales y de los actores del aparato de Estado se ha asumido como una necesidad imperiosa para el ingreso de México a las condiciones de creciente articulación de los sistemas internacionales de producción integrada, a los encadenamientos mercantiles y a las redes financieras globales que se estructuran como un todo que funciona en tiempo real.

La misma redefinición de las funciones estatales implica que los planes y programas que publican parte de las políticas públicas, expresan la intergénesis con otras instancias y organismos internacionales, así como con los compromisos contraídos en acuerdos, tratados y regímenes interestatales. Se trata, en este punto, de analizar esa vinculación y de identificar las influencias, convergencias y divergencias entre ambos niveles de documentos, es decir, se trata de examinar e interpretar su relación orgánica.

En suma, nuestro sistema de argumentos entraña lo siguiente:

1) Las concepciones sobre el proceso de desarrollo se transforman porque se redefinen los actores en sus funciones y objetivos. Como el modo de producción capitalista experimentó a escala mundial una profunda reestructuración en sus dimensiones organizacional y productiva desde la década de los años setenta del siglo XX, fue necesario redefinir las funciones del sector público mexicano, implicando ello una transformación de sus estrategias y concepciones sobre el proceso de desarrollo.

2) Si el capitalismo experimentó transformaciones organizacionales y estructurales hacia finales del siglo XX, las concepciones sobre el desarrollo expresadas en las políticas públicas mexicanas se modificaron al cambiar la construcción y estructuración de los mercados, así como el proceso de distribución de la riqueza.

3) Las funciones del aparato de Estado en cuanto a la planeación, promoción y rectoría del proceso de desarrollo atraviesan por una redefinición que transforma a sus actores y a sus instrumentos de actuación, profundizando los mecanismos de poder y las políticas públicas que posibilitan las condiciones necesarias para la consolidación de la expansión e integración global del capitalismo y para la inserción actualizada de México a éste –dichas políticas públicas expresan las tendencias impuestas por estas transformaciones, e incluso con ellas se apuesta a un apuntalamiento de la red hegemónica global–.

4) Las concepciones sobre el proceso de desarrollo expresadas en los documentos oficiales han cambiado al ya no promoverse un desarrollo con orientación hacia adentro, exclusivamente nacional, sino uno que pretende rebasar las fronteras en aras de la inserción en la economía global.

De este sistema de argumentos se desprende la tesis principal que atraviesa de principio a fin nuestra investigación: luego de promover una concepción sobre el desarrollo que definía a este proceso como sinónimo de crecimiento del producto interno bruto mediante el fomento de la industrialización sustitutiva de importaciones, las políticas públicas mexicanas de los últimos veinte años evidencian una complejización en sus concepciones y estrategias de desarrollo, tal como se observa en el diagrama 1 (p. 28).

Sin embargo, a pesar de esta complejización en las concepciones sobre el proceso de desarrollo, en las decisiones y acciones del gobierno mexicano se presenta una interconexión subordinada sujeta a la directrices de las políticas deflacionarias y al ejercicio de una nueva vocación geopolítica y geoeconómica oficial. De esta forma, las funciones del aparato de Estado expresadas en las políticas públicas durante las últimas dos décadas en relación al diseño, promoción e impulso al proceso de desarrollo se orientan a la profundización de la desventajosa inserción de México en la dinámica de la economía mundial para estructurar y consolidar la red hegemónica global que se articula a partir de las redes de aparatos de Estado, organismos internacionales, Organizaciones No Gubernamentales Internacionales, redes empresariales globales, procesos de regionalización e integración económica, políticas públicas transnacionales, etc. Un ejemplo claro de ello se observa en la orientación geopolítica y geoeconómica del gobierno mexicano emprendida durante los últimos tres lustros, la cual es expresión de esta nueva forma de construir los mercados y el ejercicio de la dominación, es decir, la participación en procesos de integración económica que derivan en la formación de bloques regionales, así como la promoción de políticas públicas de corte transnacional como el Plan Puebla-Panamá que se orientan al reordenamiento del territorio y de las ciudades para la atracción de inversiones y la construcción de infraestructura, marcan la pauta de una retórica que publicita un concepto de desarrollo basado en la apertura comercial, en la exportación de manufacturas maquiladas y en la redefinición de la regulación, desestatización y privatización de amplios sectores estratégicos del aparato productivo nacional, pero que en el fondo responde a las condiciones asimétricas y jerárquicas de la nueva división internacional del trabajo.

Así pues, entre 1934 y 1982, el papel del aparato de Estado en México consistió en manifestarse como rector, promotor, planificador, inversionista, propietario de medios de producción, regulador, banquero y benefactor en la estructuración del mercado y en las formas de distribuir la riqueza. Con las transformaciones estructurales del capitalismo en el plano mundial y con la crisis de la deuda, desde inicios de la década de los ochenta en México –y con más intensidad desde 1988–, las funciones del aparato de Estado en el proceso de desarrollo que se pueden interpretar con base en los indicadores rastreados en los documentos oficiales observados han consistido en: 1) el constituirse como el garante de la prioritaria estabilidad macroeconómica, enfatizando el control de la inflación, la reducción del déficit fiscal y el equilibrio de la balanza de pagos; 2) el ejercicio de una vocación geopolítica y geoeconómica del aparato de Estado para lograr el posicionamiento definitivo de México en los mercados internacionales; 3) la promoción, gestión y facilitación de la inversión privada –sobre todo de la extranjera– y de las exportaciones de manufacturas maquiladas como parte de la reorientación de la economía nacional respecto a su acceso a los sistemas internacionales de producción integrada y a los encadenamientos mercantiles globales; 4) la creación de condiciones institucionales y políticas propicias para garantizar las transacciones económicas en los mercados, en especial, mediante el aseguramiento y resguardo de los derechos de propiedad entre los agentes económicos involucrados, y la garantía del cumplimiento de las obligaciones contraídas entre ellos; 5) el impulso de la apertura y democratización del sistema político mexicano con base en la realización de procesos electorales transparentes y creíbles que permitan la legitimación del gobierno y de los representantes de la ciudadanía que toman las decisiones fundamentales de la vida nacional; y, 6) la promoción del empoderamiento de las comunidades locales marginadas y la compensación, a través de la política social focalizada, de los efectos sociales negativos derivados de la instrumentación de la política económica.