LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MEXICANAS

LA TRANSFORMACIÓN DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MEXICANAS

Isaac Enríquez Pérez

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4.- Estrategia teórico/metodológica.

Como la praxis económica y, por tanto, la distribución de la riqueza cambia con la historia del capitalismo y con las formas históricas que adoptan los mercados, nuestra estrategia teórico/metodológica hace eco de las teorías del desarrollo reseñadas en las páginas anteriores en el entendido de que son indicadores que señalan que dicho objeto de estudio y el proceso económico están cambiando.

También, como parte de esta estrategia teórico/metodológica, resulta relevante plantearnos las siguientes interrogantes: si en los años que corren entre las décadas de los cincuenta y setenta, la teorización en torno al proceso de desarrollo fue una tarea central en las ciencias sociales latinoamericanas ¿qué sucede hoy en día con estos debates? ¿sigue presente el proceso de desarrollo como un objeto de estudio central, o si ha mudado como tal, qué modalidades ha adquirido en sus redefiniciones? ¿cómo se concibe y estudia hoy en día ese proceso en la teoría social latinoamericana?

Hacia principios del siglo XXI, los economistas del desarrollo y multitud de científicos sociales de las principales universidades del mundo orientan su atención a preguntas de investigación y a objetos de estudios que en un futuro inmediato se convertirán en los desafíos centrales de las teorías del desarrollo. Entre estos retos pendientes destacan: el estudio de la nuevas fallas del mercado y del sector público; la definición de un concepto de desarrollo que rebase con mucho la importancia del crecimiento de la riqueza y del ingreso; el análisis de lo que se ha denominado la economía del conocimiento y de los bienes intangibles; la identificación de las diversas fuentes del crecimiento económico; la interpretación y la creación de las instituciones adecuadas para el desarrollo; el estudio del significado y consecuencias del capital social; la reflexión más profunda en torno a las implicaciones de la globalización económica; la comprensión de la evolución de las instituciones financieras; el entendimiento de las relaciones de complementariedad entre el mercado y el sector público; y, el abordaje de todo lo anterior desde una perspectiva multidisciplinaria (Meier, 2001).

Respecto a América Latina, observamos que los debates en torno al proceso de desarrollo experimentaron tres caminos durante las últimas décadas: a) un impasse –que no implica su desaparición absoluta– influido por el predominio en las políticas públicas de los enfoques monetaristas que privilegian estrategias deflacionarias, y que instaurados como una doctrina hegemónica han vuelto irrelevantes a las reflexiones latinoamericanas sobre el proceso de desarrollo; b) varias de las teorías del desarrollo que predominan en la actualidad y que inspiran políticas públicas están apegadas a planteamientos liberales o neoclásicos; esto es, nos referimos a reflexiones como las elaboradas por Robert Putnam y su concepto de capital social, o por Amartya Sen y su enfoque de las capacidades, o las variadas teorizaciones sobre el medio ambiente y el desarrollo sustentable, y sobre los procesos de integración económica; y, c) en muchos casos, el concepto de desarrollo se redefine al no concebirse como un proceso integral –caracterizado por relaciones sistémicas– y al conceptualizarse como un problema o fenómeno sectorial, es decir, a partir del análisis de una esfera o un proceso sustantivo de la realidad social como el medio ambiente, las políticas sociales, el sector agropecuario, los problemas étnicos y de género, la democracia y los problemas de la representación, la educación, la superación de los efectos negativos derivados de las actuales políticas económicas, entre otros, se pretende esbozar una explicación e interpretación del desarrollo nacional (Enríquez Pérez, 2002d).

Sin embargo, aunque se dejan atrás las reflexiones que definieron al desarrollo como un proceso principalmente económico, no se logra una articulación analítica de todos esos objetos de estudio para conformar una teorización integral del desarrollo socioeconómico nacional ante la actual reestructuración de la economía mundial y la intensificación de los procesos de globalización, abandonando posturas etnocéntricas; es decir, no se trata de argumentar que el abordaje de estos procesos sustantivos sea innecesario e inadecuado, sino de intentar plantear la necesidad de una teoría o varias teorías del desarrollo que articulen a todos y cada uno de estos temas y estudios para construir una concepción general y abarcadora sobre la dialéctica desarrollo/subdesarrollo que sea apropiada para dialogar y debatir con las teorías del desarrollo acuñadas en Europa y en los Estados Unidos (Ibidem).

Esta problemática teórica se une con nuestro objeto de estudio al privilegiar en éste la revisión y análisis de las concepciones oficiales sobre el proceso de desarrollo y su vinculación con las condiciones marcadas por la reestructuración de la economía mundial.

Para analizar e interpretar la naturaleza de las estrategias y concepciones sobre el desarrollo expresadas en las políticas públicas, esta investigación reconoce y se inspira en la ya larga tradición forjada con las variadas teorías del desarrollo , sobretodo en aquellas de corte estatocéntrico o keynesiano que privilegian la intervención del aparato de Estado en la construcción de mercados y en la rectoría del proceso de desarrollo, y también en aquellas que lo han concebido no como un proceso lineal sino como un proceso que interactúa con su contraparte, el subdesarrollo.

Por lo demás, un concepto básico para nuestra investigación es el referido a las comunidades epistémicas (Haas, 1992), que como concepto constructuvista se refiere a las redes de profesionales que interactúan en espacios globales y que pertenecen a organizaciones que ejercen un fuerte control sobre el conocimiento y la información de problemas específicos de la política económica y social. Alejandra Salas-Porras (2002) señala que las Comunidades epistémicas cumplen variadas funciones: 1) funciones de tipo cognoscitivo al articular las relaciones de causa y efecto de dichos problemas, lo cual lleva a una homogeneización de la racionalidad con la que operan las instituciones e individuos asociados, y permite dictar una agenda hegemónica; así como 2) funciones de regulación al enmarcar los problemas para el debate colectivo, delinear las fronteras y delimitar las opciones, construir consensos y agendas de negociación, entrenar funcionarios y organizar instancias de elite, lo cual amerita establecer una base organizativa-institucional para ejecutar la agenda hegemónica, y 3) funciones normativas al proponer políticas y medidas concretas para cada país, diseñar estrategias de negociación, reestructuración y rescate, lo cual implica una agenda de ingeniería institucional, códigos y principios de regulación, paquetes de rescate, financiamiento al desarrollo, etc.

Otra categoría acuñada con mucha mayor anterioridad por Theotonio Dos Santos con el objetivo de lograr una mayor comprensión del fenómeno de la dependencia es la referida a la articulación necesaria entre los intereses dominantes en los centros hegemónicos y los intereses dominantes en las sociedades dependientes, reconociendo que la dominación externa sólo es factible cuando encuentra respaldo e identificación entre los sectores nacionales que se benefician de ella (Dos Santos, 1984:185 y186). De lo anterior surge el concepto de “compromiso” entre los distintos componentes internacionales y nacionales de la situación de dependencia.

El concepto de regímenes internacionales se recupera para señalar los procesos a partir de los cuales se imprime fuerza institucional a los acuerdos, convenios, tratados, etc. que signan los gobiernos nacionales en el plano internacional, así como para considerar la función reguladora de los organismos internacionales. Los regímenes internacionales son instituciones y modelos que orientan, prescriben y predicen los comportamientos cooperativos de los Estados y otros agentes y actores políticos y económicos en torno a temas y problemas específicos (véase Keohane, 1993). Su función consiste en corregir fallas institucionales de la política internacional con el fin fomentar el proceso de desarrollo a través de la cooperación internacional, la canalización de recursos, y la armonización y estandarización de políticas públicas.

Como es de notar, estos conceptos fueron necesarios para el análisis e interpretación de la relación e influencia entre los documentos dictados por los organismos internacionales y las políticas públicas nacionales y, para caracterizar la naturaleza de la intergénesis de los actores y agentes participantes.

En suma, la presente investigación se inscribe en un enfoque como el neoinstitucionalista, cuyas principales tesis se centran en reconocer que el mercado no se despliega en vacíos institucionales ni en entornos que no cuentan o no están dotados de infraestructura física, social, educativa, ambiental, financiera y tecnológica, que sólo puede ser construida o suministrada por el sector público y no por alguna empresa o por las señales del mecanismo de mercado (Ayala Espino, 1999). De ésta forma, Ayala Espino señala que ni la eficiencia económica ni el bienestar social se relacionan o dependen exclusivamente de las instituciones, del mercado o de las políticas públicas; sino que más bien son procesos gestados a partir de la articulación de arreglos institucionales que al mismo tiempo son económicos, sociales, legales y políticos (Ibidem:13).

Aunque se puede plantear que la economía de mercado es en sí misma un sistema de control social, los enfoques del nuevo institucionalismo económico argumentan que los mercados son lo que son y se desempeñan como lo hacen porque las instituciones funcionan –es decir, están legitimadas entre la población– y operan como mecanismos de control social que constriñen las acciones maximizadoras de los individuos; puesto que si éstas últimas se desplegaran según su propia lógica, conducirían a la destrucción de la economía o a un “estado de naturaleza hobbesiano”. El mecanismo principal de asignación de recursos no es, en abstracto, el mercado, sino las instituciones, y en especial las relaciones de poder que estructuran y organizan los mercados y que a su vez son perpetuadas por estos últimos (Ibidem:27).