LA TRANSFORMACI?N DE LAS CONCEPCIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO EN LAS POL?TICAS P?BLICAS MEXICANAS

Introducción general.

Lejos de ser un proceso repetitivo, el replanteamiento de ideas dentro de marcos nuevos entraña un enriquecimiento. Si hay un mundo que resulta inútil comparar con un movimiento continuo es el del pensamiento: el devenir de la “misma” idea en otro universo histórico cultural la convierte en algo diferente.

Entretanto, afirmar que una perspectiva de análisis intelectual podría haber ido más allá no entraña negar los avances logrados por ella. Por el contrario, estimo que es propio de una buena teoría dejar al lector con el gusto en la boca. Sólo los dogmáticos se preocupan por cerrar el círculo del conocimiento y elaboran sistemas que crean la ilusión de que son como la vieja esfinge que decía “adivina o morirás”. En la ciencia, el espíritu creador se mide por el ansia de superarla que despierta una teoría entre sus seguidores y, al hacerlo, tener que decir: sin este atajo no habría podido abrir la brecha que me permitió ver más allá (Fernando Henrique Cardoso, La originalidad de la copia: la CEPAL y la idea de desarrollo).

1.- Preámbulo.

Referencias empíricas como la industrialización de la economía estadounidense a principios del siglo XIX bajo la guía del federalista Alexander Hamilton, los cimientos del Estado benefactor promovidos por Otto von Bismark en Alemania, la política del New Deal emprendida por Franklin Delano Roosevelt, la creación de una economía mixta en México durante gran parte del siglo XX (Ayala Espino, 2001), el estímulo al crecimiento de los países del Sudeste asiático durante las últimas tres décadas del siglo pasado, la formación de las tecnópolis como nuevos complejos industriales en el norte del mundo (Castells y Hall, 2001), e incluso el fomento de capital social (Kliksberg, 1999) evidencian la importancia del aparato de Estado en el impulso y dirección del proceso de desarrollo; su papel, si bien en constante interacción con otros actores y agentes socioeconómicos y políticos, ha sido fundamental para construir, definir, planear, estimular, equilibrar y legitimar los mercados en los últimos doscientos años.

Desde la “Gran Depresión” –iniciada con el crac financiero de 1929– hasta la década de 1970, el papel del aparato de Estado se caracterizó por un dinamismo interventor en la economía y en la sociedad en general. En el caso de América Latina y más en particular en el caso de México, el aparato de Estado adoptó el paradigma keynesiano/estructuralista que inspiró funciones desarrollistas con la finalidad de promover el crecimiento económico, el empleo y el bienestar social mediante la provisión de bienes y servicios básicos como la educación, la salud, la seguridad social, el impulso a la construcción de vivienda, entre otros. Este aparato de Estado contó con un entramado jurídico/institucional para la construcción de infraestructura básica apropiada para la industrialización, para la tenencia de medios de producción y para garantizar aceptables niveles de empleo y de consumo. La naturaleza de las políticas públicas de este aparato de Estado desarrollista tuvieron como esencia estos principios.

Sin embargo, durante las últimas décadas del siglo XX estos postulados y funciones ingresaron a un proceso de constante reestructuración, y en no pocos casos ya desaparecidos o muy disminuidos en sus dimensiones fundamentales, ante la creciente intensificación y dinámica cambiante de las relaciones internacionales y de las tendencias cíclicas de la economía mundial causadas por la presencia de eventos que desde finales de la década de los sesenta y principios de los setenta transformaron estructuralmente al modo de producción capitalista a escala planetaria. Nos referimos a eventos como los siguientes: en 1971 el sistema monetario trazado en los tratados de Bretton Woods quiebra al ser desconocido el patrón oro por los Estados Unidos tras la devaluación del dólar frente a ese metal; en 1973, aumentaron bruscamente los precios internacionales del petróleo y sus derivados; y, aunado a ello, desde finales de la década de los sesenta y con mayor intensidad en los años setenta, se manifestó en Japón una transición organizacional en la división técnica del trabajo a nivel de las empresas que condujo a una acelerada expansión de las mismas en los mercados estadounidenses y europeos tras una mayor optimización del conocimiento aplicado a los procesos productivos y a las actividades gerenciales. Esta expansión de las empresas japonesas apoyada en la oferta de productos a precios agresivos y en eficaces estrategias de mercados derivó en una rivalidad empresarial que saturó los mercados internacionales y precipitó la caída y el colapso de las tasas de ganancia en la mayoría de las empresas más representativas de las economías europeas y estadounidense. Con la pérdida de competitividad en estas naciones, la producción a gran escala impulsada por el patrón de acumulación taylorista/fordista/keynesiano llegó a su límite y entonces comenzó a gestarse el nuevo patrón de acumulación de la manufactura flexible basado en una integración de las empresas más horizontal, en forma de red, y en la cual adquiere mayor relevancia el capital intelectual y la toma de decisiones con orientación geoestratégica.

Para la década de los ochenta, la recesión inflacionaria de los países industrializados fue trasladada a los países subdesarrollados a través de la crisis deuda; acontecimiento éste que comprometió a los gobiernos latinoamericanos a emprender un desmantelamiento del aparato de Estado desarrollista.

Más precisamente, la reconfiguración de los mercados en el mundo a partir de la reestructuración organizacional; y, la caída de la tasa de ganancia y la quiebra de importantes empresas condujeron a una transformación estructural de las economías nacionales primero en países como los europeos y los Estados Unidos, y posteriormente en regiones como la latinoamericana tras el estallido de la mencionada crisis de la deuda. Fue el endeudamiento de los gobiernos latinoamericanos lo que permitió la presión de los representantes de la banca privada mundializada a negociar nuevos plazos y tasas de interés para el pago de la deuda, situación que condujo a la solicitud de mayores créditos internacionales, los cuales se otorgaron a cambio, entre otras condiciones, del cambio estructural del sector público y de las economías latinoamericanas mediante la aplicación de las medidas del Consenso de Washington (sobre estas medidas véase Williamson, 1991).

Como resultado de todo lo anterior, el aparato de Estado atraviesa por una profunda reestructuración en todos las latitudes del mundo –claro que las especificidades de estas transformaciones son distintas en cada coordenada geográfica–, lo cual en muchos casos, con una falta de seriedad algunos piensan en la posible desaparición de sus responsabilidades económicas y sociales, mientras que otros, atinadamente hablan de una reforma que redefine sus fundamentos institucionales.

Un tema prioritario de esta reforma del aparato de Estado es el relacionado con sus responsabilidades y funciones en torno a la planeación, promoción, fomento y financiamiento del desarrollo nacional; concepto y proceso que se redefine con la intensificación de las tendencias marcadas por la globalización.

Tanto en sus actores como en sus instrumentos de actuación, el proceso de desarrollo atraviesa por redefiniciones que lo trastocan tanto en sus estrategias como en el rumbo que adopta. Si por desarrollo se entiende lo ya consensuado por el grueso de los especialistas, esto es, un crecimiento económico del país y la consecuente redistribución social de la riqueza, sostenemos que éste proceso no se limita a la participación tan sólo de los actores hegemónicos del aparato de Estado y de sus instrumentos de actuación como las políticas públicas, puesto que abarca desde los actores y agentes que construyen los mercados desde las organizaciones empresariales, pasando por las entidades internacionales y supranacionales como son los organismos internacionales y los bloques regionales, hasta las redes de confianza y reciprocidad que conforman el capital social de pequeñas comunidades.

Más aún, definir el concepto de desarrollo se vuelve más complejo si pensamos en que, por el hecho de ser un proceso específico o sustantivo de la realidad social, existen distintos enfoques o teorías que lo piensan de manera diferenciada en cierto contexto histórico; lo cual también implica que en esos enfoques, se enfatiza en el análisis de determinados instrumentos y actores como impulsores del mismo. Entre las visiones teóricas que aportan alguna concepción del desarrollo –que cuentan con la característica de ser diferentes formas de argumentar, que se refieren a distintos niveles de abstracción, que pertenecen a distintos momentos históricos y que responden a variadas necesidades conceptuales y prácticas– identificamos y reconocemos las siguientes: