LA ECONOM?A MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

PRIVATIZACIÓN DE LA ELECTRICIDAD. DOGMATISMOS E IGNORANCIAS

19 de febrero de 1999

El Estado Minimalista es una construcción teórica, que se asume a sí misma como neutral, desde donde se pretende juzgar “objetivamente” y descalificar como viable cualquier proyecto que implique la intervención estatal en la economía por considerar que su fundamento es primordialmente ideológico y político. Como si la misma teoría del Estado Mínimo no tuviera un fuerte sustento ideológico y no careciera, ella también, de esa supuesta neutralidad.

El jueves 18 de febrero, el Presidente de México, acusó de ignorantes y dogmáticos a aquellos que se oponen a la reforma de los artículos 27 y 28 constitucional que propiciaría la privatización de la industria eléctrica. (El Financiero, “Zedillo vs ignorantes del 27 y 28”. (19/02/99)

Desde luego, no es la primera vez que el Presidente Zedillo descalifica de una manera grosera e irrespetuosa a quienes no piensan como él, a quienes están en contra del neoliberalismo. Pareciera que la libertad de expresión le es incómoda y molesta. Como también le es incómodo y molesto que haya diversidad ideológica y teórica que permite que los problemas puedan ser enfocados desde una perspectiva distinta a la suya.

La actitud pendenciera del Presidente manifiesta una falta de madurez política para establecer un diálogo nacional con la oposición, para abrir un debate serio y sereno.

Al llamar a sus opositores ignorantes y dogmáticos, el Presidente se erige a sí mismo como el poseedor de la verdad absoluta, como el portador de las más sabias decisiones, que es capaz, cual juez infalible de determinar cuando se equivocan los demás. Eso es dogmatismo.

La actitud presidencial, denota una grave ausencia de fundamentos teóricos para defender su postura. Normalmente quien recurre a descalificar a los adversarios es porque ya se le acabaron los argumentos y no los pudo convencer. Y en lugar de pensar que es él, el que está mal, piensa que aquellos no tienen nivel académico que les permita entenderlo. Claro él es doctor en economía y sus opositores no. Y algunos que sí tienen nivel académico no se dejan convencer por dogmáticos. Porque, profesan teorías obsoletas.

La actitud presidencial denota, también, una incapacidad para sentir el palpitar de su pueblo, sus angustias y sus desesperanzas, sus anhelos y deseos. En el fondo porque la preocupación central de su proyecto, no es el pueblo. Porque, además, carece de una filosofía social que, efectivamente humanice ese proyecto.

Dice el Presidente Zedillo que la reforma constitucional para privatizar la industria eléctrica no vulnera la soberanía nacional. Pero sí la vulnera, como la han venido vulnerando muchas de las decisiones que su gobierno ha tomado en contra de la voluntad y las aspiraciones de las grandes mayorías de este país, que, a veces, por desgracia, no pueden reclamárselo.

La soberanía tiene que ver con la capacidad del pueblo para determinar el rumbo del desarrollo del país de acuerdo con los deseos, aspiraciones e intereses de todos los mexicanos y en función de su beneficio. Si se argumenta que la decisión atenta contra la soberanía es porque el Estado está perdiendo otro instrumento, muy útil, para impulsar el desarrollo del país a favor de las grandes mayorías del país.

No es profesión de dogma, ni pose nacionalista, ni mucho menos ignorancia. En los últimos años el Estado ha cedido a los grandes empresarios del país (que son muy pocos) y del extranjero, la mayor parte de los instrumentos con los que contaba para poderle imprimir un sello de justicia y equidad al desarrollo del país. En manos de empresarios privados, estos instrumentos, no sólo dejaron de ser patrimonio de los mexicanos, sino que, además, propiciaron un proceso de concentración del ingreso y la riqueza, pobreza e injusticia. Sí, se pierde soberanía, porque el pueblo pierde poder sobre los procesos económicos, sobre su propio futuro.

Dice el Presidente que la soberanía se mantiene porque el Estado mantendrá la rectoría sobre el desarrollo. Pero, esto es muy poco probable. Una vez que ciertas actividades productivas se encuentran en manos privadas, el gobierno ya no tiene capacidad mediante mecanismos reguladores para “... fomentar el crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza”, tal como lo señala la Constitución en su artículo 25º. De hecho, las consecuencias del proceso reprivatizador apuntan, todas, a una violación a este precepto constitucional, porque, precisamente, impiden que el Estado pueda seguir asumiendo la responsabilidad de alcanzar los objetivos que el mencionado artículo establece. Y si el Estado ya no puede asumir esa responsabilidad, entonces el pueblo ha perdido soberanía.

Dice el Presidente Zedillo que la decisión se toma porque en el futuro el Estado ya no podrá canalizar recursos a este sector a menos que descuide otras obligaciones. Y entonces ¿para qué contratar tanto profesionista graduado en el extranjero con maestrías y doctorados? ¿Acaso no son capaces, con tanta sapiencia, de idear mecanismos para administrar adecuadamente las empresas públicas o crear mecanismos para solventar sus gastos?

En más de una ocasión, se ha justificado la venta de empresas públicas con el argumento de que bajo control gubernamental no obtienen los recursos necesarios para su subsistencia.

Entonces el problema es quién administra las empresas y cómo las administra. Si las empresas están mal económicamente, eso sólo puede ser responsabilidad de los funcionarios públicos. Entonces, lo que hay que hacer es conseguir mejores administradores. El problema no es el modelo estatal de propiedad empresarial. El problema es la gente que administra ese modelo y cuyo nombramiento depende del Presidente.

Es necesario entender una cosa. Socialmente es inaceptable que ciertas actividades productivas estén en manos privadas, por los resultados que esto ocasiona. Ciertas actividades productivas deben estar en manos estatales porque a través de ellas es más fácil y efectivo cumplir con el precepto constitucional de fomentar el crecimiento y el empleo y mejorar distribución del ingreso. ¿Qué de dogmático hay en eso? ¿En dónde radica la ignorancia, si el razonamiento está estrictamente apegado a la Constitución?.

La ignorancia y el dogmatismo vienen, mas bien, de otro lado. Porque los defensores de la privatización a ultranza se comportan dogmáticamente pues, a pesar de que sus políticas aplicadas no han producido los resultados esperados, siguen empeñados en aplicarlas. Y se comportan con ignorancia, porque no advierten que su proyecto contraviene la Constitución e ignoran los problemas de pobreza, injusticia y desigualdad que aquejan al país y que no se podrán superar con sus recetas que ya fracasaron.