LA ECONOMÍA MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

LA ECONOMÍA MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

Hilario Barcelata Chávez

Volver al índice

 

 

 

 

LA DESNACIONALIZACIÓN BANCARIA

1990

Nuestro país ha sido víctima, una vez más, de un sistema político, del desequilibrio de poderes y del apoyo y la entrega incondicional y acrítica. Ayer el presidencialismo le dio la banca al Estado para regocijo y esperanza de quienes durante años han padecido la injusticia económica y social. Hoy, el mismo presidencialismo se deshace de ella para regocijo y esperanza de que una vez fueron su dueño, ese reducido grupo de mexicanos que hoy volverán a concentrar más poder y privilegios.

La única diferencia entre ambas arbitrarias decisiones es que ante las contundentes razones que orillaron a la nacionalización bancaria, las de su DESNACIONALIZACIÓN son apenas unas tímidas excusas que no resisten el análisis científico ni soportarán el juicio de la historia.

Asegura el texto de la iniciativa presidencial que “El Estado ha tenido que enfrentarse a un dilema: atender crecientemente todas las propiedades nacionales o responder eficazmente a las necesidades populares”. Pareciera que se concibe al Estado como si fuese un individuo que no puede dedicarse más que a dos o tres asuntos, y eso en ningún momento es aceptable, ya que el Estado está constituido por una muy amplia estructura capaz de atender cientos de asuntos y actividades a la vez: la historia lo ha dejado demostrado. Pero si el argumento que hay se esgrime y que es el mismo que se ha utilizado para justificar la venta de las demás empresas paraestatales es cierto, tendremos que aceptar entonces que hoy, como en ninguna otra época en la historia, tenemos el Estado más incompetente y limitado, que se declara así mismo incapaz de realizar dos funciones básicas para el desarrollo nacional: administración de los recursos nacionales y generación del bienestar social que no, no son actividades contrapuestas y sí, por el contrario necesariamente complementarias; por lo que es falso el dilema entre propiedad y justicia social.

La banca como todo el conjunto de empresas paraestatales son instrumentos para promover el desarrollo económico y la justicia social. No se es más injusto por ser más propietario ni por ser menos propietario se es más justo. Por el contrario es justamente a través de la propiedad como el Estado puede alcanzar sus objetivos de desarrollo y justicia en tanto ello le brinda la capacidad y los recursos financieros y materiales para cubrir las necesidades del país. Veamos: la venta del 66% del capital de los bancos en propiedad del Estado podrían significar un ingreso por una cantidad cercana a los 6.7 billones de pesos (bdp), esto es 2,800 millones de dólares (md), cantidad que no alcanzaría ni para pagar los intereses que generó la deuda interna en el mes de enero de este año que sumaron 10.8 bdp. Es más, el valor de las acciones bancarias representa, apenas, el 4.7% del total de la deuda interna que tiene el gobierno mexicano y significa un diminuto 1.1% del Producto Interno Bruto (PIB) esperado para este año. De esta forma podemos observar cómo a pesar de que los ingresos por la venta de la banca son elevados, definitivamente con el contexto de la economía nacional no representarán un alivio tan importante a las necesidades del país; porque, si bien es cierto que con ellos se podrán apoyar programas sociales del gobierno hay que tener en cuenta que sólo podrán invertirse por una sola vez.

Por el contrario de conservar la banca bajo propiedad estatal el gobierno dispondría como hasta hoy de un flujo constante para el financiamiento de los programas gubernamentales. En 1989, las ganancias netas de los bancos fueron del orden de 2.2 bp. esto es, el 33% del valor total de las acciones bancarias en manos del Estado.

Lo que significa, que si el gobierno no vendiese los bancos cada año estaría recibiendo una cantidad muy importante de recursos para atender las necesidades populares. Es más, de acuerdo a las cifras anteriores bastarían 3 años para que los bancos le produjeran al gobierno la misma cantidad que éste va a obtener por su venta. Con la ventaja de que tendría los recursos y mantendría la propiedad sobre esa importante fuente de recursos.

Si vende los bancos, como pretende, no sólo pierde su fuente de recursos, sino que además, recibirá una cantidad de recursos que no le alcanzarán para volver a invertir una segunda vez. Es por esta razón que tanto el argumento de la “iniciativa” como el usado por Pedro Aspe Secretario de Hacienda para justificar la DESNACIONALIZACIÓN, caen por su propio peso. El primero dice: “los mexicanos no podemos admitir un Estado tan propietario, con tan considerables recursos invertidos en la banca, en un país con nuestras carencias y necesidades, con urgencias sociales básicas”. El segundo afirma que: “el gobierno tiene una importante reserva de recursos invertidos (en la banca) inmovilizados que son indispensables para mantener la estabilidad económica del país, ampliar las perspectivas de desarrollo y atender las demandas más urgentes de quienes menos tienen”. Pero no es verdad; los recursos no están “inmovilizados”, ni están invertidos en algo improductivo; por el contrario se encuentran invertidos productivamente y es necesario mantenerlos ahí para que sigan generando los recursos que hasta ahora han producido, y que son los que deben utilizarse para el financiamiento de programas sociales. Lo cual significa el hecho de que se encuentren invertidos en acciones bancarias y no en otra cosa.

Por otra parte si las utilidades de los bancos no han servido para responder a las necesidades populares, nada asegura tampoco que el producto de la venta de las acciones sí vaya a orientarse a ese fin. Además, si de verdad se considera que los recursos deben servir para satisfacer las demandas de la población , ¿por qué en lugar de vender la banca, no se puso a disposición del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), el total o parte de las utilidades de la banca para financiar dicho programa? eso hubiera sido más útil y más congruente, económica y socialmente porque asegurarían un flujo permanente de recursos y no una cantidad única que producirá la venta de la banca. Yo me pregunto ¿cómo va el Estado a darle respuesta a las necesidades sociales de la población y elevar el bienestar sin instrumentos o mecanismos que produzcan recursos constantemente para tal fin? ¿cómo si justamente la banca y las empresas paraestatales que son los elementos que podrían servir para tal fin se están vendiendo a los particulares?. Pero aquí surge también otra pregunta, si el gobierno requiere vender los bancos para obtener recursos para llevar a cabo programas sociales. ¿A dónde han ido a parar, entonces, todas las utilidades generadas por la banca de 1982 a la fecha? y es que el texto mismo de la “iniciativa” invita a pensar que el problema ha sido no de generación de recursos, sino de asignación, ya que dice “un Estado excesivamente propietario es inadmisible en un país con tanta pobreza”. Lo cual evidencia que la propiedad, pese a generar riqueza, no ha sido utilizada para combatir la pobreza.

Por otra parte, desde el inicio de la actual gestión administrativa del gobierno federal se dijo que sólo se venderían aquellas empresas del Estado que representan una carga financiera onerosa para el Estado, que le hiciese desviar recursos para su mantenimiento, dada su ineficiencia o su falta de productividad. Sin embargo, los bancos no caen dentro de este renglón. A la fecha la banca es una de las empresas más eficientes, productivas y que más utilidades aporta al Estado. Así lo afirma la “iniciativa” la cual dice al respecto: “el país cuenta con un sólido sistema de banca comercial y de fomento. Estas instituciones están financieramente sanas y el Estado tiene importantes activos invertidos en ella. Se ha obtenido un buen rendimiento de los recursos de la nación...no se propone el restablecimiento de un régimen mixto de propiedad porque los bancos enfrenten problemas de solvencia o dificultades administrativas anormales... Al contrario, la buena gestión de la banca en general se ha acreditado en los últimos años”. No, la razón para su venta no es esa, sino una carente de toda lógica económica.

Se dice que: “Al ampliar la esfera de acción de los sectores privado y social en la prestación del servicio de banca y crédito, no será necesario canalizar fondos públicos adicionales en la aún necesaria capitalización e indispensable modernización de las instituciones”. Es decir que los bancos se van a vender porque al ser necesario capitalizarlos, se desviarían recursos públicos de otras áreas a ésta de menor prioridad.

El argumento, desde luego, cae por su propio peso. En primer lugar no es necesario tomar recursos públicos de ninguna parte para capitalizar los bancos, porque estos no tienen problemas financieros. Por el contrario se afirma y acepta que son empresas sanas, y lo son, con utilidades suficientes para “capitalizarlos” de ser necesario y para modernizarlos. Y en segundo lugar, si ya demostraron ser un buen negocio, ¿por qué no invertir más en su modernización y capitalización, si con ello generan más recursos para los fines deseados por el Estado”.

Pues aunque se tuvieran que canalizar fondos públicos adicionales en dicho proceso, (lo cual no es el caso por el margen de utilidades que tiene), ello se justificaría porque regresaría a manos del gobierno multiplicado por el premio a la inversión. Eso lo sabe hasta un alumno de primer año de Economía.

Otros de los argumentos de la “iniciativa” para justificar la DESNACIONALIZACIÓN de la banca es que las circunstancias que propiciaron la nacionalización han cambiado.

Definitivamente el país de hoy no es el mismo que el de mediados de 1982, sin embargo no podría decirse que la crisis ha sido salvada y que existe ya estabilidad y certidumbre en el ritmo de la economía.

Por el contrario, justamente porque no existe y el gobierno tiene un proyecto que lo apuesta todo al sector privado es que se pretende vender los bancos; para que los barones del dinero tengan confianza y certidumbre.

Se malentiende, sin embargo, la razón última y fundamental que llevó al Presidente López Portillo a tan trascendental medida. No fueron los problemas financieros en sí mismos los que provocaron la decisión sino la clara conciencia de que los bancos se habían convertido en el principal instrumento a través del cual se estaba desangrando a la nación. De que a través de ellos se llevaba a cabo un fuerte proceso de fuga de capitales. De que a través de ellos se obtenían exageradas utilidades dadas las restricciones financieras de las empresas. Pero principalmente de que servía como un instrumento para apoyar a un exclusivo grupo de industrias (incluso mediante operaciones fraudulentas) propiedad de los poderosos grupos de capitalistas que detentaban también la propiedad de la banca, a costa de serias restricciones de financiamiento en el resto de las actividades productivas que estaban prácticamente al margen del servicio bancario y por lo tanto sin posibilidad alguna de recibir apoyo financiero en aquellos difíciles días de 1982.