LA ECONOMÍA MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

LA ECONOMÍA MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

Hilario Barcelata Chávez

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GOBIERNO Y EMPRESARIOS

1990

En nuestro país no hay ley alguna que prohiba a los empresarios nacionales ocupar cargos públicos. Ya sean estos de elección popular o pertenezcan a la administración pública. En la constitución que nos rige a todos los mexicanos y en las de cada entidad federativa se establecen específicamente los requisitos para acceder a puestos de Gobierno. Ninguno de estos requisitos se refiere a la no posesión de negocios privados. Si antes, durante o después de su desempeño dentro del Gobierno algún gobernante establece una empresa ello no contraviene a la ley.

Lo que sí se encuentra expresamente prohibido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es que las personas que se desempeñan en algún cargo de Gobierno, utilicen éste como forma de enriquecimiento personal. Esto sucede, cuando dado el poder de decisión o la información que posee un servidor público, lleva a cabo acciones para beneficiar a sus propias empresas o de familiares. O para beneficiar empresas de terceros cuando esta acción se realiza con el fin expreso de obtener un beneficio personal.

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece claramente que, en su calidad de servidores públicos, estos no pueden aceptar “regalos” de terceros. Ello porque esa es la práctica más extendida de “recompensar” los favores que estos servidores públicos “prestan” , a veces, a ciertos particulares, para beneficio de sus negocios. Igualmente la ley establece que todos los servidores públicos deben hacer una declaración patrimonial (esto es una declaración de todos los bienes y propiedades que conforman su patrimonio personal) anualmente. Ello con el fin de cuidar que este patrimonio se incremente mediante medios lícitos. Y poder comprobar y explicar el origen del incremento de la riqueza de una persona al servicio del Gobierno.

La ley establece también, que los fondos y bienes públicos no pueden ni deben ser utilizados para beneficio personal de ningún servidor. El desvío de recursos constituye también un delito contra la Federación. Para cuidar que estas disposiciones se cumplan se creó la Secretaria de la Contraloría de la Federación.

Otras disposiciones legales como la Ley de Obras Públicas, (que establece la obligación de realizar concursos para construir obra pública y evitar, así, la asignación amañada y manipulada de éstas) son de rigor mencionarse. Sobretodo, ésta ya que es, justamente, en la ejecución de obra pública donde se infringe con mayor frecuencia y facilidad la Ley de Responsabilidades.

A pesar de esta legislación y reglamentación sobre la labor de los gobernantes y demás servidores públicos, aún persiste, en nuestro país un elevado número de violaciones a las disposiciones. Violaciones que se han vuelto costumbre y práctica cotidiana institucionalizada. Aceptada, incluso, por los particulares, quienes la consideran como “lubricante del sistema burocrático”.

Separar el beneficio personal del ejercicio de la administración pública ha sido la preocupación central del gobierno federal. Preocupación de la que derivan estas disposiciones legales. Ello como una respuesta a la ciudadanía que exige un Gobierno honesto y una transparencia y legalidad en el uso de los recursos públicos que pertenecen a todos los mexicanos.

Un empresario puede ser, entonces, al mismo tiempo, gobernante o desempeñar cualquier cargo dentro de la administración pública. Esto siempre y cuando el ejercicio de ese cargo esté perfectamente desligado de su actividad empresarial. Siempre y cuando las decisiones que tome como gobernante no involucren un lucro o le signifiquen un lucro. Pues como gobernante tiene un compromiso con la colectividad y a ella tiene que servir antes que a sus negocios. Desde luego que en el ejercicio público pueden tomarse decisiones o realizarse acciones que representen un beneficio social ( aparente o real) , pero cuyo fin último es el lucro personal. Pero ello no es sino hacer negocios a costa de las necesidades del pueblo.

El servidor público tiene, también, derecho a poseer un patrimonio personal en forma de negocios, creados honradamente. Si estos se encuentran al margen de las tareas y de las áreas de influencia de ese individuo.

Sin embargo. a pesar de no haber un impedimento legal para evitar la simbiosis gobernante-empresario, sí hay desagrado social cuando ésta se presenta. Ello se debe a variadas razones y apreciaciones subjetivas y hasta ideológicas. Primero, a que inmediatamente se asocia esa circunstancia con una posición de privilegio que conduce a hacer de la administración pública un negocio privado (por lo menos eso piensa mucha gente). Segundo, porque en este país con tantos rezagos sociales y tantas carencias económicas. En este país con tantos millones de pobres, la opulencia, producto de hacer negocios (aunque estos sean lícitos) no es una característica que la ciudadanía aprecie en sus gobernantes. Sobre todo porque provoca una imagen de injusticia, ya que evidencia la inequitativa distribución de la riqueza que prevalece en nuestro país. Y remite por otro lado, la identificación del poder económico con el poder político, hecho que es calificado en nuestra sociedad como un exceso. Tercero, históricamente en nuestro país los luchadores sociales, los defensores de las causas justas del pueblo; los guías populares; los héroes nacionales, pues, han sido gente del pueblo. O al menos esa la imagen que se tiene de ellos. Individuos cercanos al pueblo, en tanto que han compartido con él las mismas condiciones de injusticia y pobreza. Individuos de la misma clase y circunstancia social. Y cuatro, la historia de nuestro país es la historia de un enfrentamiento constante y violento entre ricos y pobres. Entre patrones y trabajadores. Lucha que ha desencadenado grandes conflictos revolucionarios (como la guerra de Independencia y la Revolución de 1910) y otros movimientos sociales de la magnitud pero de igual carácter (como los movimientos huelguísticos de la década de los cincuentas, sesentas y el crudo enfrentamiento en los noventas reflejado en la pugna entre salarios y precios). Hechos, estos, que causan recelo, rencor y desconfianza de los trabajadores hacia los empresarios. Empresarios que ubicados en el Gobierno (órgano de poder que se identifica teóricamente con la defensa del trabajador) producen la sensación de amenazar los intereses de dichos trabajadores y propician una confusión en cuanto a la “privatización” del ejercicio gubernamental.

Estas valoraciones subjetivas (¿o son objetivas?) han proporcionado la idea generalizada de que el empresario no puede ser gobernante. Pero sólo entendida en este plano tiene sentido la discusión de si tal simbiosis es viable o no.

Por otro lado, si lo que se discute es el manejo transparente y honesto de los recursos públicos y el afán de lucro de un gobernante-empresario, entonces no queda sino establecer claramente a los ojos de la ciudadanía los límites entre su ejercicio público y su interés privado. No sólo por el bien de su imagen personal sino también, y principalmente para la salvaguarda de las instituciones que representa.