LA ECONOMÍA MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

LA ECONOMÍA MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

Hilario Barcelata Chávez

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ÉXITO DE LA POLÍTICA ECONÓMICA: FRACASO DEL DESARROLLO SOCIAL

1991

Más crecimiento, menos inflación, más superávit financiero, tales son los pronósticos más relevantes contenidos en los Criterios Generales de la Política Económica para 1991. Si este año que termina fue satisfactorio en cuanto al alcance de los objetivos en materia económica, el siguiente año será la consolidación total del programa de ajustes implementado por el actual gobierno.

Los éxitos, sin embargo, no son del todo definitivos, ni bondadosos en toda su extensión. Así, por ejemplo, el superávit en las finanzas públicas que ya durante este año fue alcanzado, tiene un origen y un pasado tormentoso y fugaz. No hay que olvidar que dicho superávit ha sido alcanzado principalmente a través de la reducción de los gastos gubernamentales.

Dicha reducción se tradujo en disminución del empleo en las dependencias gubernamentales y menores gastos de inversión y para impulso del desarrollo. El bienestar de la población sufrió el fuerte impacto de esta política que desde la primera mitad de la década pasada fue implementada. Como consecuencia, el gasto público destinado a inversión física fue (según informes El Financiero 25 Nov 91) en 1991 uno de los más bajos de los últimos sexenios. El gobierno ejerce un gasto en este rubro 20% inferior al ejercido por De la Madrid y 33% menos ejercido en su sexenio por López Portillo.

Por otra parte y en el mismo sentido se prevé que para el siguiente año la planta burocrática se reduzca en 14 mil empleados. Más desempleo del que ya se ha acumulado hasta la fecha.

De igual manera una parte considerable de ese superávit se explica también por el incremento en los ingresos del sector público. Dicho incremento, a los precios y a tarifas de bienes y servicios que produce el gobierno. Aumentos que, si bien han permitido sanear las finanzas públicas, también han contribuido fuertemente al deterioro del poder adquisitivo de la población y, por ende, de su nivel de bienestar. Basta con observar los incrementos a los precios de las gasolinas, gas doméstico, electricidad y cuotas de tránsito, puentes y carreteras federales. Todos impactan directamente a los consumidores de los mismos e indirectamente a toda la población, ya que se traducen en incrementos a los precios de los productos en los que estos intervienen, de manera invariable, como insumos.

Los ingresos por ventas de empresas paraestatales (principalmente Bancos y Telmex) han propiciado una situación muy favorable para las finanzas del gobierno. Sin embargo, su obtención (y por tanto su participación en el saneamiento financiero) será por una sola vez. Y no hay duda que estos ingresos son los que más han contribuido al superávit financiero por lo que es posible prever que dicha posición superavitaria podría ser fugaz, si en adelante no se cuenta con nuevas fuentes de ingreso que sustituyan a estos. Como es difícil que esto suceda, la única opción para mantener las finanzas sanas será mediante nuevas reducciones al gasto, una vez que se agoten los ingresos hasta hoy acumulados.

Así pues, lo fugaz y circunstancial del superávit debe alertarnos sobre la vulnerabilidad del éxito de las metas que ha alcanzado la política económica. Y la norma en que éste se ha logrado propicia la reflexión sobre el elevado costo social que significa una meta de esa naturaleza.

Lo mismo sucede con la inflación. En 1991, será menor que el año pasado, y se prevé que para 1992 sea de un sólo dígito (9.7 % de incremento anual). Para nadie es un secreto que dichas metas se han alcanzado a través de la drástica reducción del salario real, vigente desde los primeros años de la década pasada.

Ahora tenemos tasas de inflación ya muy reducidas pero a un costo social y económico elevadísimo: una reducción total de los niveles de bienestar de la población asalariada (la mayoría) y una concentración sin paralelo en los últimos años en la demanda que conforma el mercado interno.

Así pues, una vez más los principios de eficiencia y racionalidad económica han prevalecido sobre los de igualdad y justicia social.

Esta realidad nos demuestra que los éxitos de la política económica no son (aunque tendrían que serlo) logros propios, reales y palpables para la mayoría del país. Y mientras esta situación prevalezca no dejaremos de insistir que la política económica está al revés (de cabeza, pues).