LA ECONOM?A MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

EL FRACASO DE LA REPRIVATIZACIÓN BANCARIA

23 de abril de 1998

La propuesta del gobierno para desaparecer el FOBAPROA y convertir la cartera vencida que se le compró a los bancos en deuda pública, vuelve a poner en el centro de la discusión y de la reflexión el dudoso éxito de los procesos de reprivatización en México y su pertinencia misma como mecanismo para impulsar el desarrollo y la modernización económica.

Hoy es evidente que la transferencia de la propiedad de las empresas públicas a manos privadas, no cumplió con los requisitos mínimos de la legalidad y la racionalidad económica. El caso de la privatización bancaria es el ejemplo más claro de ello. Veamos:

En primer lugar porque los bancos no eran empresas deficitarias al momento de su venta. De hecho desde su nacionalización hasta su reprivatización (casi diez años) estos operaron con ganancias. De modo que, en estricto sentido, el argumento de la ineficiencia estatal para su administración no era válido aquí. En segundo lugar, no hubo una selección adecuada de los inversionistas a los que se les transferiría la propiedad de los bancos. Ello quedó demostrado por varios acontecimientos. Algunos de los banqueros cometieron grandes fraudes y hoy son prófugos de la justicia. Otros no supieron manejar el negocio y prácticamente llevaron a sus empresas a la bancarrota. De hecho el que el gobierno tuviera que implementar un proceso de rescate bancario es una prueba de la impericia e ineficiencia de los inversionistas privados. Los bancos fueron manejados con gran irresponsabilidad, lo cual se reflejó en el inconcebible tamaño de la cartera vencida, el cual habla, precisamente del absurdo proceso mediante el que se otorgaron créditos sin observar el más mínimo principio de la racionalidad económica. Desde luego, la crisis del noventa y cuatro se atravesó para complicar las cosas. Pero el hecho de que los bancos no fueran capaces de resistir los embates de una crisis financiera, el que no pudieran contribuir a superarla y el que, por el contrario, impulsaran su propagación y agudización, manifiesta que el nuevo sistema bancario había sido entregado a individuos sin capacidad, compromiso y conocimientos suficientes para llevar manejar empresas, que si bien se constituyen un negocio privado, no por ello pueden dejan de tener una utilidad pública y por lo mismo deben ser manejadas con probidad, responsabilidad y siguiendo criterios de racionalidad económica y social. El papel fundamental que juega en una economía el sistema bancario obligaba al gobierno a poner mucho más cuidado y atención en los inversionistas.

El costo de los errores en la privatización se están pagando y muy caros. Primero porque el costo del rescate a los bancos ha sido muy alto y se ha tenido que realizar con fondos públicos provenientes de los contribuyentes. Segundo porque dichos fondos pudieron haber tenido una utilidad distinta en momentos de fuerte deterioro del bienestar social.

El costo puede elevarse en la medida que los diputados aprueben que se convierta en deuda pública toda la cartera vencida que el gobierno absorbió como resultado del rescate bancario, lo cual duplicaría el costo de dicho rescate y triplicaría el costo de la inadecuada decisión de privatizar los bancos. Lo triplica por tres razones: porque al venderse el gobierno perdió una fuente de ingresos públicos y la posibilidad de orientar y dirigir el crédito con fines sociales. Porque al llevarse a cabo la absorción de la cartera vencida, el gobierno invirtió más recursos de los que recibió por la venta de dichos bancos. Y porque al momento de convertir en deuda pública la cartera vencida, prácticamente se obliga a un nuevo desembolso, casi por la misma cantidad que se invirtió en el rescate bancario.

Lo más irónico es que el argumento para privatizar fue que se buscaba beneficiar el desarrollo del país y nada hay más lejano. Se argumentó que el rescate buscaba brindar estabilidad y certidumbre al sistema bancario y tampoco se logró. Por el contrario lo que se ha logrado es una mayor incertidumbre, un mayor costo para el país y la pérdida del control del sistema bancario a manos de inversionistas extranjeros.

¿Quién gana con todo esto? ¿Quién se benefició con estas medidas? ¿Dónde están los responsables del fracaso? ¿Quién restituirá al país, a la sociedad las pérdidas propiciadas por las pésimas decisiones? ¿Quién, en una palabra, hará justicia e impedirá que se siga actuando con tanta irresponsabilidad e impunemente en aspectos tan esenciales como estos que tienen que ver con el futuro de nuestro país?