LA ECONOMÍA MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

LA ECONOMÍA MEXICANA. CRISIS Y REFORMA ESTRUCTURAL. 1984-2006

Hilario Barcelata Chávez

Volver al índice

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL PACTO DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA

1988

Las siguientes líneas son parte de la ponencia del mismo nombre presentada en la mesa redonda “El Pacto de Solidaridad Económica”, organizada por la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana el día primero de febrero de este año.

La actual situación recesiva e inflacionaria que vive el país es producto de una serie de fenómenos que se han venido suscitando desde finales de 1981 y de las medidas de política económica con las cuales se ha tratado de darles solución, mismas que no sólo no han logrado vencer la crisis, sino que, por el contrario, la han agravado aún más. La estrategia económica adoptada por el actual gobierno para superar las difíciles circunstancias en las que se encuentra el país fue definida desde los inicios del sexenio en el Plan Nacional de Desarrollo, puesto en práctica a través del Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), y se ha mantenido invariable hasta ahora, a pesar de su evidente fracaso, el que se reconoce no como producto de un error en la implementación de la política económica, ni como producto de una equivocada concepción teórica de la situación económica, sino como desviaciones producto de la intervención de ciertas variables exógenas sobre las cuales no es posible intervenir.

Comentando el análisis del PSE en estos artículos, que los hemos dividido en cinco partes, planteamos un argumento de las medidas económicas y, además, proponemos otras. Esta es pues, la segunda parte:

Las medidas de la política económica que se han venido practicando desde entonces se encuentran en un marco teórico que considera como causa fundamental de la inflación un exceso de demanda existente en la economía, mismo que por superior a la capacidad de respuesta del aparato productivo genera un incremento en los precios. Por esta razón se impone que para detener el fuerte avance de los mismos es necesario comprimir la demanda. Adicionalmente se piensa que este exceso de demanda al impactar directamente en la formación de los precios relativos provoca un desalineamiento de estos, el cual debe revertirse como paso fundamental para el abatimiento de la inflación. Esto último sólo es posible lograrlo a través de la elevación de los precios que elimine los rezagos de tal manera que alcancen nuevamente su nivel real.

La versión oficial respecto a la crisis de principios de los ochenta indica que debido al auge petrolero se presentó un crecimiento desmedido de la demanda agregada, producto de un mayor gasto público financiado con crecientes déficits principalmente y de un aumento considerable en los salarios que no se correspondía con incrementos en la productividad del trabajo. Hechos que “sobrecalentaron” la economía, disparando la inflación al alza y creando una gran distorsión en los precios relativos de las mercancías, de acuerdo a la visión teórica que sustenta este enfoque, se supone que el mercado es el mecanismo a través del cual las variables económicas encuentran su nivel de equilibrio en función de la oferta y la demanda. Por tanto, había que dejar actuar el mercado para estabilizar la economía, pero a la vez había también que eliminar aquellos factores que impidieran su buen funcionamiento y que habían provocado los desequilibrios, a la vez que debería eliminarse todo exceso de demanda. Siendo que se considera que el principal factor que provoca el disfuncionamiento del mercado es la intervención del Estado y que los enormes déficits presupuestales de éste y los incrementos salariales por encima de la productividad generan el exceso de demanda, los pasos a seguir eran: contraer la demanda a través de la reducción del déficit público y la contracción salarial y “redimensionar la participación del Estado en la economía”. Para ello era necesario reducir el gasto público e incrementar los ingresos públicos. Por tal razón, en 1983 se da un violento incremento a los precios y tarifas de los bienes y servicios que produce el Estado y en los impuestos, al tiempo que reducen los gastos del mismo. Estos incrementos, según la lógica oficial, en un principio representarían presiones inflacionarias que eran necesarios para reducir inflación en el mediano plazo, ya que, como lo afirma el Plan Nacional de Desarrollo, “si el Estado no dispone de ingresos reales suficientes para cubrir los requerimientos de gastos de la sociedad, debe recurrir en forma repetida a la creación de dinero y, consecuentemente, al financiamiento inflacionario de su déficit, alimentando de manera permanente el ritmo de crecimiento de los precios” (PND Cáp. 5). Con ello se estaba no sólo tratando de reducir el déficit público, sino además realineando los precios de los artículos producidos por el Estado, los cuales, se argumentaban, se habían quedado rezagados del resto. La reducción del gasto obraba también a favor de la disminución del déficit, a la vez que se proponía reducir el exceso de la demanda creada por el mismo.

El otro factor que se considera como impulsor del exceso de demanda es el salario, el cual se supone se había incrementado en forma inadecuada por encima del resto de los precios, por lo que habría de contenerse su crecimiento y evitar que volviera a desalinearse. Esta consideración ha conducido a mantener los salarios deprimidos durante estos años, los cuales no podrán incrementarse hasta que no exista capacidad de respuesta por parte del aparato productivo, con el fin de evitar la aparición de un nuevo exceso de demanda.

Adicionalmente se impuso la exigencia de eliminar subsidios y controles a los precios que impedían que estos encontraran su nivel real de equilibrio.

Para actuar sobre otras variables que incidían en la profundización de la crisis, hubo también una estrategia que giraba en torno a dos factores: el tipo de cambio y la apertura comercial al exterior, la cual trajo como consecuencia inmediata al ingreso de nuestro país al GATT (Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio). Se supone que el manejo del tipo de cambio debe ser flexible y ha de adecuarse al comportamiento de la economía y la relación de precios con el exterior. La versión oficial argumentada por el peso no había mantenido un ritmo adecuado de depreciación acorde con la evolución de los precios y, por tanto, presentaba una fuerte sobrevaluación, por lo que se hizo necesario devaluarlo en los inicios del sexenio actual para adecuarlo a su nivel real, y posteriormente implementar un procesamiento de deslizamiento que lo mantuviera en su nivel adecuado.

Se piensa que de esta manera disminuyen las presiones sobre la Balanza de Pagos que, a su vez, inciden sobre el déficit presupuestal, se rompe con la dolarización de la economía y se vuelven más competitivas las exportaciones.

La apertura comercial se concibe como un mecanismo a través del cual se rompen las barreras proteccionistas en nuestro país que obstaculizan el libre comercio y que permitían el mantenimiento de una planta improductiva e ineficiente, la cual, libre de toda competencia con el exterior, había creado una fuerte posición monopólica, lo que impactaba sobre el nivel de precios y una oferta inadecuada. Se supone, entonces, que la entrada de mercancías del exterior, de mejor calidad y a un precio más bajo, crearía las condiciones necesarias para producir la modernización y reconversión de las industrias nacionales que, al verse en desventaja respecto a la competencia, tomarían las medidas necesarias para no perder sus mercados. Al mismo tiempo, esto contribuiría a corregir las deficiencias de la oferta y a impedir que los empresarios siguieran trasladando a los consumidores los costos de su ineficiencia; esto es, que los precios bajarían. Por último, dentro de la estrategia global, se consideró incrementar las tasas de interés por encima del crecimiento inflacionario, con el fin de obedecer rendimientos reales y atractivos a los ahorradores, con el cual, a la vez que se fomentaba el ahorro interno, se contraería la demanda al disminuir la liquidez en la economía. Al mismo tiempo, las tasas activas de interés también se incrementaban, con el fin de restringir el crédito al consumo y la inversión, contribuyendo así la contracción de la demanda.

A fuerza, pues, de una drástica reducción en la actividad productiva durante 1983 y 1984, los hacedores de la política económica encontraron algunos logros positivos en su estrategia.

Así, en el primer año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) tuvo un incremento de 80.3%, menor al 98.9% de 1982, y en el segundo este incremento fue de 59.3%. Al mismo tiempo, el déficit público como porcentaje del Producto Interno Bruto se redujo del 17.1% en 1982, a una contracción de la actividad económica, que tuvo como resultado una caída del PIB de 5.3% y 8.0% en el PIB per cápita en 1983. La estrategia había tenido éxito, ya que en la medida que la economía se contrae, los precios crecen a un ritmo más lento debido a la escasa demanda que limita dicho crecimiento. Sin embargo, el problema no fue resuelto, las causas de la inflación seguían latentes en la economía, los precios crecían a menor ritmo en tanto no se variara la política económica. Pero en la medida que las políticas restrictivas se relajaron con el fin de reanimar el crecimiento, la situación económica volvió a agravarse. Ante ello, a principios de 1986 se refuerzan medidas tomadas con anterioridad: más austeridad presupuestal y comprensión de los salarios y más rigidez en la política monetaria, lo que provocó una caída de cerca del 3.8% en el PIB, en ese mismo año que, sin embargo, llevó de la mano una inflación del 105.7%. En 1987 surge un descontrol total sobre la economía y la inflación llega a 159.2%, la más alta en toda la historia de nuestro país, a pesar que la rígida política de contención económica no mostró variaciones, lo cual dejó demostrado que las que se identificaron como causas de la inflación no lo eran tanto. El salario real de los trabajadores registró una pérdida acumulada de 1983 a 1987 del 50%. Mientras que la inflación ha crecido 3425.1% en lo que va del sexenio, los salarios se han incrementado en tan solo 1445.3%. Lo cual demuestra que la contención salarial no es la vía para reducir la inflación, ya que los incrementos en los salarios, aunque pueden ejercer alguna presión sobre los precios, no son la causa determinante del aumento de estos, ni por el lado de los costos, ni por el lado de la demanda. Según datos del Banco Nacional de México, el gasto gubernamental programable (sin considerar los gastos de intereses de la deuda externa e interna) cayó en un 70% de 1982 a 1987. Según la SPP, en este mismo período, dicho gasto pasó del 28.2% al 22.0% como proporción del PIB a través de la liquidación y trasferencia de empresas paraestatales, congelamiento del gasto gubernamental y recorte del personal que se desempeña inflación siguió su marcha ascendente.

La política de reducción del gasto público y de contención salarial, al llevar a cabo una fuerte reducción de la demanda, contrajo violentamente el mercado interno, lo que se tradujo en una caída de las ventas y provocó descapitalización y quiebra de muchas empresas, a la vez que provocó una brutal contracción de la inversión la cual descendió en 1983 un 30.6%., en 1986 19.5% y en 1987 6.0%, además de presentarse un incremento notable en la capacidad ociosa de muchas industrias, la cual llegó en este último año hasta el 40% y en algunas ramas como la construcción hasta un 50%, fenómeno que necesariamente se refleja en los precios de los productos finales, ya que los empresarios transfieren a estos los costos de esta ineficiencia. Así, la contracción de la demanda orilló a los empresarios a cubrir la caída de sus ingresos mediante el mecanismo de la elevación de los precios de sus productos, al tiempo que, aunado a la transferencia antes citada, trasladaban al consumidor por los constantes aumentos en los precios de los bienes y servicios que produce el Estado y el continuo deslizamiento del valor del peso frente al dólar que encareció los insumos importados.

Es en este sentido que operó la política cambiaria de la devaluación gradual y la subvaluación de nuestra moneda, que en el afán de ser más competitivas las exportaciones encarecieron el dólar y con ello las importaciones, impulsando la inflación las ventajas que reciben los exportadores. Al mismo tiempo, al permitirle la libertad cambiaria, se estimuló la especulación, con lo que sobrevinieron fuertes devaluaciones como la de noviembre del año pasado, que junto con las anteriores habidas desde diciembre de 1982 a la fecha suman un porcentaje de 3349%.

El manejo de la tasa de interés también obró, contrayendo la inversión e impulsando la inflación. El excesivo incremento de las mismas anuló casi cualquier posibilidad de financiamiento de las empresas, al tiempo que elevaba considerablemente los costos financieros de éstas, los cuales fueron trasladados a los precios de las mercancías. Por otro lado y en el mismo sentido, estimuló la inversión especulativa, en detrimento de la inversión productiva.

Así, la reducción del gasto público y la contracción de la inversión ha provocado un incremento alarmante de los niveles de desempleo, respecto a lo cual se calcula que existen ya en el país cerca de 5 millones de desempleados, que se incrementan constantemente por la misma recesión económica y porque anualmente ingresa al mercado de trabajo un número aproximado de un millón de personas.

Finalmente, la política económica contemplaba en su estrategia una apertura comercial con el exterior con el fin de romper posiciones monopólicas, ineficiencia, altos precios y baja calidad en la producción interna, derivados de un excesivo proteccionismo. Se supone que al permitir la entrada a las mercancías de importación de mejor calidad y más bajo precio, los empresarios nacionales se verían en la necesidad de elevar su competitividad a través de una reconversión industrial. Al mismo tiempo, esto permitiría reducir la inflación generada por los altos costos de las importaciones. De igual forma, posibilitaría gracias al GATT, el estímulo a las exportaciones y la subvaluación del peso incrementar las ventas de bienes y servicios al exterior.

Sin embargo, esta amplia apertura ha tenido efectos sumamente negativos al interior de la economía de nuestro país, ya que actuó en sentido inverso a como se espera. La desventajosa competencia está desplazando a una gran cantidad de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que carecen de los recursos necesarios tanto financieros como tecnológicos para llevar a cabo la reconversión, situación que se agrava por las restricciones crediticias, las altas tasas de interés y un mercado interno en constante contracción, lo que, lógicamente, impacta los niveles de empleo y recicla la caída de la demanda. Por otro lado, y en el mismo sentido, aunque se esperaba que la eliminación de las barreras arancelarias provocarían una disminución en los costos de los insumos y bienes finales importados para reducir la inflación, lo cierto es que la constante devaluación del peso frente al dólar ha anulado toda disminución posible en el precio de las importaciones y, por tanto, el efecto deseado en la inflación interna.

Por el lado de las exportaciones, la estrategia tampoco ha funcionado del todo: el sector industrial no cuenta con la capacidad necesaria para impulsar el crecimiento de éstas por las mismas razones financieras y tecnológicas, ya que de las 127,539 empresas que conforman el sector manufacturero, sólo 1200, esto es el 0.9%, tienen esa capacidad y sólo 300, es decir el 0.2%, lo hacen efectivamente, de los cuáles el 30% son empresas transnacionales, según datos de la SPP y la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM). Por otra parte, si bien ha habido un crecimiento de las exportaciones no petroleras, esto ha sido gracias a la creciente presencia de empresas maquiladoras en México, lo cual indica que este proceso se esta dando sin una relación orgánica con la situación económica de nuestro país, pues lejos de ser un efecto del propio desarrollo, este crecimiento de las exportaciones es producto de una especialización dictada por las empresas transnacionales, tal como sucedió en Japón, Taiwán y Corea. Fenómeno que por ser de esta índole no encadena su crecimiento a la economía en su conjunto, ni resuelve el problema del desempleo, ya que es sabido que tales empresas demandan muy poca cantidad de fuerza de trabajo debido a lo sofisticado de sus sistemas productivos. Y si se estimula este proceso contrario a la naturaleza de nuestro país es porque las exportaciones se están supeditando cada vez más al fin único de generar divisas para el pago de la deuda externa.

Esta grave situación descrita y su constante agravamiento fueron causa de un descontento generalizado que desembocó, en diciembre del año pasado, en una amenaza de huelga general si los salarios no eran incrementados de inmediato. Presionado por dar respuesta a las demandas populares, pero tal vez más por el inminente recrudecimiento de la crisis y el brutal crecimiento de la inflación, que evidenciaba el incumplimiento de los objetivos de la política económica, el gobierno decidió renovar con mayores ímpetus el combate de la inflación, a través del reforzamiento de la estrategia seguida desde 1982, sólo que ahora con una variante: se comprometió la voluntad de los trabajadores y empresarios para cumplir con las medidas decididas por el mismo. Es así como nace el Pacto de Solidaridad Económica; cuando los más afectados por la crisis reclamaban un cambio en la política económica, un mejoramiento en sus niveles de bienestar. Un Pacto que no es tal, ya que las líneas a seguirse fueron dictadas por el gobierno, sólo a ciertos sectores de la iniciativa privada dejó conformes y los trabajadores debieron aceptarlo ya que al parecer no tenían alternativa.

Las líneas estratégicas del PASE se reducen a un mayor endurecimiento y rigidez de la política económica para vencer el crecimiento de la inflación, la cual se sigue insistiendo, es provocada por el exceso de la demanda debido a los constantes déficits presupuestales y el crecimiento de los salarios, aunque se acepta también la presencia de una inflación inercial y por costos. En este sentido el PASE gira alrededor de las clásicas propuestas de estabilización económicas básicas: el control de la demanda y el realineamiento en los precios.

Las medidas tomadas se ubican en una u otra propuesta:

 Control de la demanda:

 Disminución del gasto programable total ajustando gasto corriente y de inversión.

 Desincorporación de empresas paraestatales

 Disminución y supresión de los subsidios.

 Reducción del personal ocupado por el sector público.

 Incremento de los salarios muy por debajo del nivel que compensa la pérdida de su poder adquisitivo.

 Incremento de las tasas de interés.

 Realineamiento de los precios.

 Incremento en los precios y tarifas de los bienes y servicios que produce el Estado.

 Corrección de rezagos en los precios de los productos de la canasta básica.

 Disminución de las barreras al comercio exterior para que la competencia ejerza una mayor disciplina sobre los precios internos.

Como podemos darnos cuenta el PASE no es más que una réplica de su hermano mayor el PIRE: En el PASE, al igual que en el PIRE el punto medular es el combate a la inflación con la diferencia que el segundo enfrenta una de 159% y el primero luchaba contra una de 98.9%. En ambos la estrategia gira alrededor de las siguientes medidas:

1. Disminución del gasto público.

2. Aumento de los ingresos públicos para frenar el déficit.

3. Incremento en las tasas de interés.

4. Contención salarial.

En ambos se acepta que el incremento en los precios será temporal y que los desajustes que este incremento logra, servirán para disminuir la inflación rápidamente por un plazo inmediato. Adicionalmente el PASE profundiza la apertura comercial reduciendo el arancel al máximo de las importaciones al 20%.

La estrategia del PASE provocará una severa contracción de la demanda a través de la reducción del déficit público y la contención salarial. Al mismo tiempo que se propone romper drásticamente la inercia inflacionaria realineando los precios de una sola vez a través de su incremento y fijación posterior, al tiempo que, supone una apertura comercial romperá la inercia existente en los precios de los productos no sujetos a control.

La estrategia puede funcionar en el corto plazo en la medida que los incrementos en los precios se concentrarán en un período muy corto, posteriormente al cual se estabilizará su crecimiento. Sin embargo, esta situación difícilmente podrá ser sostenida por mucho tiempo ya que la fuerte contracción a la que la economía está sujeta sólo deja como única vía para resarcir la caída de los ingresos por ventas en los productores el incremento de los precios, pero como esto solo provoca una mayor caída de la demanda cientos de empresas se verán en la necesidad de cerrar por quiebra, fenómeno que se verá impulsado por la competencia de cientos de productos que llegarán del extranjero.

El riesgo mayor del fracaso radica en el manejo del tipo de cambio cuyas variaciones al alza pueden provocar más rápidamente el repunte de la inflación en la medida que son una determinante fundamental de los costos de insumos de miles de empresas. Tipo de cambio que sólo podrá ser sostenido a través de comprometer una mayor cantidad de las reservas internacionales de divisas. De igual manera, las tasas de interés tan elevadas inciden sobre el déficit público ya que incrementan la deuda interna del gobierno el cual tarde o temprano se verá en la necesidad de incrementar sus ingresos por encima de cualquier fijación concertada de sus precios para cubrir ese déficit, lo que impulsará nuevamente el fenómeno inflacionario.

Así pues podemos concluir que los resultados que obtendrá el PASE serán muy parecidos a los del PIRE:

 Contracción del mercado interno.

 Quiebra de más empresas por reducción de sus ingresos y utilidades.

 Mayor contracción de la inversión pública y privada.

 Mayores índices de desempleo.

 Deterioro brutal de los niveles de bienestar de la población por la contención salarial y la pérdida de ingresos por desempleo.

 Pérdida de la posibilidad de implementar un desarrollo industrial nacional y autónomo.

 Alteración de los patrones de producción y consumo.

 Mayor presencia del capital transnacional dentro del país con escasa integración a la economía nacional.

 Pérdida de la posibilidad de reorientar el desarrollo económico hacia el beneficio de la población mayoritaria y con menores posibilidades de progreso, debido a la pérdida de la capacidad de rectoría del Estado en la economía en beneficio de la libertad de mercado.

 Y al final, resurgimiento de la inflación.

Dadas las condiciones actuales por las que atraviesa la economía de nuestro país es necesario implementar otro tipo de medidas de política económica que permita no sólo vencer el crecimiento inflacionario sino que, a la vez, aliente el crecimiento de la economía al tiempo que se elevan los niveles de bienestar de la población. Por tanto una estrategia alternativa deberá contener los siguientes elementos:

 Expansión del gasto público en inversión, salud y educación a través del punto 2.

 Reducción de la parte que se destina al pago de la deuda externa e interna que en 1986 era de aproximadamente el 50% del gasto público total y en 1987 llegó a representar el 73.6% de éste, de acuerdo a datos de la SPP.

 Incremento en los salarios que permita recuperar su poder de compra. Esto, en la medida que permitirá elevar los niveles de bienestar significará una expansión de la demanda que alentará el deprimido mercado interno y un crecimiento de la oferta. Esto, aunado al impulso a la demanda que provocará el incremento del gasto público estimulará la inversión privada y el uso de la capacidad que ha permanecido ociosa y que provoca elevados costos de operación y por ende elevados precios. Para a través de este estímulo incrementar el empleo.

 Disminución de las tasas de interés que permita una menor presión sobre el déficit público a la vez que sirve como desestímulo a la especulación y estimulo a la inversión productiva.

 Fijación de un tipo de cambio real sin subvaluación y un control generalizado de cambios para evitar fenómenos de fuga de capitales y violentas devaluaciones de nuestra moneda.

 Mayor participación del Estado en la producción y comercialización de productos de consumo básico para asegurar un abasto suficiente y control de sus precios. Así como en la producción de bienes de capital para disminuir la dependencia tecnológica con el exterior.

 Estímulos a la producción en áreas estratégicas mediante una política crediticia y bajos precios en los insumos que produce el Estado para permitir la reconversión de la planta industrial.

 Congelamiento de precios y salarios después del reajuste de estos últimos para evitar un nuevo impacto en la inflación.

 Establecimiento de una política de reconversión industrial que privilegie el uso de la fuerza de trabajo.

 Recomposición de las estructuras crediticias que canalice recursos financieros a los procesos productivos más necesitados.

 Mayor selectividad en el flujo de inversión extranjera, dando desarrollo principalmente de bienes de capital y que asegure un uso intensivo de fuerza de trabajo.

 Recomposición de las estructuras crediticias que canalice recursos financieros a los procesos productivos más necesitados.

Este tipo de estrategia plantea medidas buscando soluciones que no se limitan al corto plazo, que busca el reinicio del crecimiento económico sin desentender las necesidades sociales, al tiempo que posibilita la redefinición de la estructura productiva sin comprometer la soberanía del país y sobre todo reorientando la economía a través de una regulación directa del Estado evitando dejarlo todo a las fuerzas del mercado ya que esto sólo provoca que quienes controlan el mercado controlen la economía y concentren en sus manos la riqueza producida en el país.